Ya el país ha conocido los episodios sobre la llamada a interrogatorio a Oscar Iván y David Zuluaga y a Luis Alfonso Hoyos, así como la extradición de María del Pilar Hurtado para que, es la intención confesa, declare contra el expresidente Uribe. Por consiguiente solo los menciono para relacionarlos con la última de las manobras que se teje contra los dirigentes del partido Centro Democrático.
En una democracia la viabilidad de protestar y de explicar a quien considere conveniente lo que se perciba como persecución política, es esencial. Acallar al adversario impidiéndole ejercer estos derechos, es típico de las dictaduras. Así actúan Cuba y Venezuela. Así lo hicieron la Unión Soviética y sus satélites. De igual manera lo hicieron Hitler, Mussolini, Franco y Pinochet.
Pues bien, ese es el talante del presidente de la Cámara Alta, un señor de apellido Name, quien se adelantó a decir que no daría permiso al senador Uribe y a sus compañeros de bancada para que viajaran a Estados Unidos a exponer ante las máximas autoridades de ese país y organizaciones no gubernamentales lo que estos políticos colombianos consideran como persecución política por oponerse a la manera como se llevan a cabo las conversaciones de La Habana con la guerrilla de las Farc, según ellos e importantes sectores del país, a quienes representan, las consecuencias que éstas tendrían para el país.
Ya sabíamos que muchos políticos colombianos tienen rodilleras, pero el funcionario en mención se lleva la medalla de oro. ¿Con cuál autoridad moral viene este señor a decir que no les da permiso para el viaje porque hay citadas sesiones extraordinarias y el país les paga para trabajar? Él sabe que si alguna bancada es responsable frente a sus compromisos legislativos es la del centro Democrático, hecho reconocido, además, por tirios y troyanos. Y sabe también que hay situaciones de acoso político que no dan espera, por lo que es necesario que quienes se consideren víctimas de tal estrategia prendan las alarmas antes de que sea demasiado tarde y terminen con sus huesos en la cárcel como resultado de arbitrariedades fríamente calculadas. Y este parece ser, precisamente, el caso.
Un viaje de pocos días no afectará para nada la agenda legislativa ni las obligaciones que tienen adquiridas con los colombianos. Lo harán, además, con sus propios recursos, como para que no se pueda argumentar que se están gastando los dineros de la nación, como sí hacen tantos congresistas que van con dineros de los contribuyentes a las más absurdas reuniones. Impedir que estos legisladores viajen a Estados Unidos a hablar con quienes quieran, es un abuso realizado por alguien al que sería bueno mirarle cuál es su record de viajes al exterior en épocas de trabajo legislativo y quien, en caso de que lo haya hecho, le ha pagado sus gastos. Y claro, dirigido, como una marioneta, por sus patrones, en el alto gobierno, quienes utilizan cualquier artilugio y mezquindad para dificultar y hasta impedir el accionar de los congresistas y la dirección del CD.
Aunque la tal prohibición sólo tendría , aparentemente, el efecto de descontarles los días de salario que se tomen para el viaje, su impacto simbólico es muy importante, pues se trata claramente, una maniobra de desprestigio contra el CD. Preocupa que se recurra a manejos tan burdos para impedir que la oposición busque garantías para el ejercicio de su vital función. No puede uno menos que alarmarse frente al recorte sistemático de sus derechos, mientras que quienes sí violan la ley y patean la Constitución reciben tratos de excepción y de servilismo, precisamente porque son criminales. ¡Hasta dónde estamos llegando! Pobre país.