Analisis caso Uribe: “Uno no puede ensamblar un caballo con un Mercedes-Benz”

Ante la decisión que tomó la Corte Constitucional de mantener en calidad de imputado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exfiscal, exprocurador y exministro de Justicia, analiza el fallo.

14/11/2021
Ante la decisión que tomó la Corte Constitucional de mantener en calidad de imputado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el exfiscal, exprocurador y exministro de Justicia, analiza el fallo.

Una álgida polémica se abrió en el país luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional decidiera que la indagatoria que se realizó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia es equiparable con una imputación de cargos en el sistema acusatorio. El fallo tuvo una cerrada votación de cinco magistrados a favor y cuatro en contra, lo que deja en evidencia la división y los criterios radicalmente distintos que hoy forman parte del debate.

La decisión, que deja al expresidente en condición de imputado en el sistema acusatorio (Ley 906 de 2004) fue analizada por el exfiscal, exprocurador y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien, en diálogo con SEMANA, aunque se manifestó respetuoso de la decisión del Alto Tribunal, sí manifestó que no la comparte, pero argumentó que este es un problema de fondo en la justicia del país.

Prueba de la división que se generó en el país por la decisión fue la misma cerrada votación de 5 contra 4. Ese es uno de los argumentos que plantea Gómez Méndez al señalar que “tratándose de un tema de esta magnitud, que tiene además efectos políticos, lo ideal hubiera sido una mayoría más holgada. Ya hay antecedentes, los hubo en la Corte Suprema de Justicia sobre un tema parecido, cuando los congresistas comenzaron a renunciar al fuero (escándalo de la parapolítica) la Corte dijo primero, por decisión de 5 a 4, que si renunciaban pasaban a la Fiscalía. A los pocos meses, con la misma votación, se dijo lo contrario; que los parlamentarios aun cuando renuncian a su fuero la investigación quedaba en la Corte. En este caso se corre el riesgo de que vuelva a pasar”.

En el análisis hecho por Gómez Méndez señala que este debate se da por una problemática de fondo y es la forma como fueron tramitados ante el Congreso los sistemas judiciales: el inquisitivo (Ley 600 de 2000) y el acusatorio (Ley 906 de 2004), que claramente no son compatibles.

“Todo esto es producto de la forma como, de mala manera, se impuso el Sistema Penal Acusatorio en 2004. Se mantuvo entonces el sistema inquisitivo para los procesos de la Corte Suprema, cuando han podido establecerlo para todas las instancias. Es más, en el año 2018, cuando se creó la sala de instrucción para el juzgamiento de aforados, se ratificó que aplicaba la Ley 600, y esa era una oportunidad para modificarlo. De ahí viene el origen del problema, está en el Congreso, ha sido incoherente, legisló mal”, advierte Gómez Méndez.

Sobre la decisión que tomó la Corte Constitucional de mantener la condición de imputado para Uribe, el exfiscal Gómez Méndez nuevamente advirtió la diferencia de argumentos y la cerrada votación en la Sala Plena, pero dijo que comparte más la posición, en especial los salvamentos de voto de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Alberto Rojas.

“Es claro que, como lo sostienen los salvamentos de voto, estos dos sistemas no son compatibles. Son radicalmente diferentes. Uno no puede ensamblar un caballo con un Mercedes-Benz. Hacer esta mezcla no correspondía”.

En este caso, el magistrado Linares advirtió que ”constituye un grave precedente que puede llegar a afectar las garantías procesales de cualquier investigado y violar sus derechos fundamentales de audiencia, defensa, contradicción y, en general, el debido proceso”, en el caso Uribe.

Para el togado Rojas, “la equivocada decisión mayoritaria de la Corte Constitucional ha borrado de un ‘plumazo’ el debido proceso clásico liberal que tanta sangre ha costado desde las ordalías o ‘juicios de Dios’ o la inquisición hasta nuestros días, y fractura lo que aún nos queda de la frágil construcción de la democracia moderna”.

Pero el análisis de Gómez Méndez fue más allá de los argumentos jurídicos, fue crítico ante la confesión que hizo el magistrado Alejandro Linares en entrevista con Vicky en SEMANA, en la que advirtió de llamadas hechas por los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos a algunos togados para conocer y, tal vez, presionar la decisión.

“Es muy preocupante. Estamos en mora de que el magistrado Linares diga quienes fueron sus colegas que recibieron esas llamadas y, desde luego, las declaraciones de ellos para saber si es cierto o no. También las de los expresidentes mencionados para que digan si es verdad que ellos trataron de interferir en las decisiones. Las dos cosas son graves”, advirtió el exministro de Justicia, quien fue más radical al señalar que “lo único que no puede hacer la Corte frente a las declaraciones del magistrado Linares es decir que no debe investigarse. Desde luego que eso se debe investigar”.

Se trata de una polémica tanto de fondo como de forma que tiene dividido al país, siendo casi un espejo de la apretada decisión que se tomó en la Corte Constitucional, un vacío normativo que en esta ocasión llegó a uno de los casos político-judiciales más importantes de la historia reciente: el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El debate está servido.


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La defensa del expresidente buscaba que le fuera retirada la condición de imputado y, de este modo, se abría la puerta para pedir el cierre definitivo.Pero ahora se debe continuar con la audiencia de preclusión que solicitó el fiscal Gabriel Jaimes, quien ya expuso argumentos como pruebas manipuladas, testigos falsos y hasta una posible complot de la Fiscalía en la era de Eduardo Montealegre para incriminar a Uribe.

Desde la otra orilla, el senador Iván Cepeda, los testigos Juan Guillermo Monsalve y su expareja Deyanira Gómez, el exfiscal Montealegre y su vicefiscal Jorge Perdomo, entre otros, se han empeñado en seguir culpando a Uribe. Amparan la mayor parte de sus argumentos en la investigación que ya había adelantado la Corte Suprema.

De mantenerse el proceso, es probable que busquen sacar del camino al fiscal Gabriel Jaimes, recusándolo. Dudas La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional es polémica incluso desde el debate interno. Se dio un apretado resultado de cinco votos en favor de equiparar la indagación con una imputación de cargos, y cuatro en contra, que dejaron sendos salvamentos de voto.

Como el del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien se apartó prácticamente de la totalidad de la decisión al considerar que los dos hechos claramente no se pueden homologar. “Constituye un grave precedente que puede llegar a afectar las garantías procesales de cualquier investigado y violar sus derechos fundamentales de audiencia, defensa, contradicción y, en general, el debido proceso”, dijo Ibáñez.

Lo propio hizo el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien en su salvamento enumeró un rosario de irregularidades partiendo de que, a su juicio, se “ha borrado de un plumazo el debido proceso, fracturando lo que queda de la frágil construcción de la democracia moderna (…) se desconoció el mandato constitucional conforme al cual nadie podrá ser juzgado sino con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” y agregó que “la decisión quedará para la historia cubierta en sombras e incertidumbre”.

La controversia no es de poca monta, el magistrado Rojas expone 31 puntos con los que argumenta por qué la indagación no se puede equiparar con una imputación de cargos. Esta posición la comparte el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, quien en principio señala que la decisión de la Corte debe respetarse, pero agrega que la cerrada votación da cuenta de los argumentos encontrados, sobre los cuales, dijo, comparte más los planteamientos de los salvamentos de voto.

En este capítulo de la trama judicial hay un factor que no puede pasar desapercibido, y fue la confesión que hizo el magistrado ponente, Alejandro Linares, de que los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos llamaron a algunos togados de la Corte Constitucional para hablar sobre ese caso.

SEMANA consultó a reputados penalistas de la talla de Iván Cancino; al presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, y al exfiscal Guillermo Mendoza Diago. Las respuestas fueron contundentes: “Es una lavada de manos; descubrieron que el agua moja, esas audiencias ya existen y las pruebas se debaten en el juicio; no sabrían qué hacer en esa audiencia; denota un desconocimiento del proceso penal; da pena ajena que pongan en la sentencia algo para disfrazar de garantista lo que no es”, fueron algunos de los señalamientos.

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Antonio José Lizarazo, y el ponente de la decisión, Alejandro Linares, en la lectura de la sentencia que deja a Uribe en calidad de imputado.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Antonio José Lizarazo, y el ponente de la decisión, Alejandro Linares, en la lectura de la sentencia que deja a Uribe en calidad de imputado. – Foto: 

Esto puede llevar a la nulidad del proceso, y lo argumenta señalando que la Corte Suprema, máxima instancia en lo penal, ha dicho que cuando se comete un error de esa trascendencia “reclama la nulidad, porque todo lo actuado desde la formulación de imputación se encuentra afectado”.