“Aquí hubo una claudicación del Estado en favor de las conspiraciones del terrorismo» 21 noviembre,2020. El Mercurio, Chile

Expresidente colombiano:

“Aquí hubo una claudicación del Estado en favor de las conspiraciones del terrorismo”

Álvaro Uribe niega los cargos en su contra y asegura que la situación en la que Santos dejó el país ha complicado la gestión de Iván Duque.

Carolina Álvarez Peñafiel

Figura fundamental de la política colombiana del siglo XXI, Álvaro Uribe fue primero Presidente y luego senador y ahora, desde el partido que fundó, el Centro Democrático, ya está pensando en las elecciones de 2022. Después de todo, los últimos dos mandatarios fueron considerados sus favoritos, aunque el primero de ellos, Juan Manuel Santos, se alejó tanto de su mentor que Uribe es ahora uno de sus mayores críticos.

“El gobierno anterior recibió un país que iba avanzando muy bien en seguridad, en inversión, en política social. Y entre 2010 y 2013 siguió esos avances. Pero cuando logró los mayores éxitos, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, cambió la política. En 2012, el gobierno anterior que había continuado las políticas que lo eligieron, las nuestras, mostró que los cultivos de coca se habían reducido a 42 mil hectáreas. Pero Santos se aburrió con el éxito y por darle el gusto al grupo terrorista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), cambió la política. Les dijo: el narcotráfico en el caso de las FARC es delito político, no hay cárcel, no hay extradición, no hay fumigación y la erradicación es voluntaria”, dice Uribe en esta entrevista por videoconferencia con “El Mercurio”, en la que recuerda que hacia el final del gobierno de Santos había más de 200 mil hectáreas de coca plantadas en Colombia. “Alrededor de eso se genera toda la criminalidad”.

El expresidente es severo para criticar a su sucesor inmediato y le achaca a sus políticas y al acuerdo de paz al que llegó con las FARC gran parte del empeoramiento de la situación de seguridad en el país, donde crecen las denuncias de masacres en las zonas que antes controlaba la guerrilla, asesinatos de líderes sociales y violencia contra los desmovilizados. “El Presidente Iván Duque heredó una situación muy difícil”, asegura Uribe, que defiende la gestión del actual mandatario, del Centro Democrático. “No le dejaron paz, al mundo le dijeron que era un acuerdo de paz, pero no hubo tal, aquí lo que hubo fue una claudicación del Estado en favor de las conspiraciones del terrorismo”.

“Si él (Santos) no hubiera sido presionado por el diablillo de la vanidad, el país habría avanzado mucho más en seguridad y habría hecho un proceso con la FARC y otros grupos sin el costo institucional que tuvo que pagar”, afirma el expresidente, en referencia a los cupos reservados para representantes de la exguerrilla y a la justicia transicional.

Uribe se dice confiado de que Duque “pueda superar todas esas dificultades heredadas”, incluyendo un endeudamiento al alza, así como las consecuencias económicas de la pandemia en el año y nueve meses que le queda de gobierno.

—El diagnóstico que comenta era compartido por el Presidente Duque cuando llegó al gobierno. ¿Por qué no ha podido frenar la violencia?

“El Presidente propuso tres observaciones a los acuerdos de la FARC y la Corte Constitucional no los avaló. Ahí hay una enorme dificultad. En el Centro Democrático hemos insistido en que esa justicia transicional hay que derogarla o, por lo menos, reformarla.

En cuanto a las reformas, yo le hablaría de dos, mínimas. Primero, sacar a los integrantes de las FF.AA. de Colombia de esa justicia transicional. No hay derecho a que un tribunal impuesto por el grupo terrorista FARC juzgue a los militares de Colombia. Las FF.AA. de Colombia han sido democráticas, respetuosas de la Constitución. Y cualquier error que alguien hubiera cometido ha sido sancionado severamente. Tienen que ser juzgadas por una entidad imparcial, que conozca sus reglas operativas.

La segunda es que los responsables de delitos atroces que representan a las FARC en el Congreso, salgan del Congreso Nacional. Allí hay personas responsables del reclutamiento, de violación de niños, de magnicidios, de cuantos delitos atroces están señalados en la legislación. Deben salir del Congreso. Mire, quien se roba una bicicleta en Colombia va a la cárcel y no puede ir al Congreso. Estos señores de las FARC, reclutadores de niños, ni un día de cárcel y están en el Congreso. ¿Se imagina que el gobierno mío le hubiera permitido a los paramilitares tener senadores o representantes a la Cámara? No se le permitió a los paramilitares y a las FARC se le permite y no solo eso, sino que se autoriza a la presencia de personas responsables de delitos atroces.

Y lo tercero. El Presidente Duque ojalá pueda empezar a fumigar rápidamente. En estos dos largos años no ha podido empezar a fumigar droga, por todas las dificultades que le dejaron. (…) Proponemos que se pueda no solo erradicar manualmente la droga, sino que fumigarla y a esas comunidades que viven en la selva, se les remunere para proteger la recuperación de la selva.

En cuanto a esa seguridad diaria, es muy injusto que la oposición se haya apoderado del discurso de seguridad y que le diga al mundo que aquí están matando a los reinsertados de las FARC o que están asesinando líderes sociales. Esa es una realidad heredada, no imputable al Presidente Duque (…)”.

El futuro

Hasta hace muy poco, Uribe era el político mejor valorado de Colombia. Pero en las últimas encuestas perdió gran parte de ese respaldo, probablemente después de que fue puesto bajo arresto domiciliario, acusado de fraude procesal y soborno por supuesta manipulación de testigos. La medida fue levantada el 10 de octubre.

El expresidente niega todos los cargos. “Me meten a la cárcel por hechos que nunca sucedieron”, dice y asegura que no es verdad que haya contactado a un testigo que iba a declarar en su contra y que en las interceptaciones a su teléfono, en 2018, “no hay una palabra mía que viole el Código Penal de Colombia”.

“A mí poco me han combatido políticamente; lo que han hecho no es combatir las tesis sino que afectar mi prestigio personal”, dice. “Todo ese descrédito de acusarme de paramilitar, cuando (el mío) fue el gobierno que desmontó el paramilitarismo, extraditó 13 cabecillas; los responsables de delitos atroces tuvieron que ir a la cárcel, entre 5 y 8 años; como en mi gobierno también ocurrió con mucha gente de las FARC, porque logré que sin costos institucionales en esa época se desmovilizaran 53 mil personas: 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros”.

—En su futuro político, ¿cuál es su siguiente paso?

“Antes de renunciar al Senado dejé proyectos de la mayor importancia social y económica. Estoy trabajando con todo el grupo de nuestros senadores, de nuestros representantes, estamos pensando también en sacar adelante estos proyectos, a ver cómo se enfrenta este alto desempleo que deja la pandemia, etc. (…). Y estamos preparando lo que llamo un borrador para unas preguntas sobre un referendo que entre otras cosas le pregunte a los colombianos por esas dos mínimas reformas a la justicia transicional”.

—¿Está pensando también en 2022?

“¡Por supuesto! Y con temor. Por eso le digo a los colombianos ‘ojo con el 2022′. Porque cuando yo estaba joven los socialistas eran francos: ellos hablaban de la socialización de los medios de producción. Hoy les da miedo. Hoy lo que hacen es hablar de equidad y de corrupción, desacreditan a los empresarios y entonces cuando llegan al poder expropian las empresas o las asfixian (…). A eso le tengo muchísimo temor, porque la única manera de salir de la pobreza es con iniciativa privada vigorosa y políticas sociales en expansión en un marco de libertades democráticas”.

—América Latina y en particular Sudamérica ha vivido en el último año diferentes manifestaciones sociales, Colombia también. ¿Cómo ve usted que se inserta su país en ese contexto?

“La situación es difícil. No creo que haya surgido de la noche a la mañana. Eso tuvo un proceso de incubación, de premeditación.

Cosas generales podría decir: es que hemos perdido 8 a 10 años de reducción de la pobreza, para recuperar una gran velocidad de reducción de pobreza no se puede sacrificar al sector privado, hay que darle un gran impulso, a todo lo que sean las políticas de emprendimiento. Ese tema sí se lo quiero repetir a la juventud latinoamericana: cuando veo el caso de Venezuela, tenemos que recordar que era líder en el avance económico y social de la región y mientras América Latina en los últimos 15-18 años en promedio había bajado la pobreza 18-20 puntos, Venezuela más que la duplicó con el régimen chavista. Acabaron la democracia, la iniciativa privada, más que duplicaron la pobreza.

Estoy muy pesimista porque esa tiranía la veo hoy estabilizada, por el poco petróleo que tienen, por el oro, de las remesas de muchos venezolanos que viven fuera y que las envían a sus familias. Una dictadura estabilizada por el narcotráfico, por la corrupción (…)”.

—Una de las cosas que vivió Colombia y que está por vivir Chile es el proceso constitucional. ¿Qué cree usted que le puede servir de esa experiencia a Chile?

“Un tema muy difícil para mí. Como Presidente tuve una relación muy fluida con el gobierno de (Ricardo) Lagos, de Michelle Bachelet, firmamos los acuerdos de libre comercio, de protección recíproca de inversiones, de desmonte de doble tributación; me correspondió el inicio del gobierno del Presidente Piñera. Tengo gran admiración, gran afecto por Chile.

Destacaría de los procesos constitucionales de Colombia el del año 91. En términos generales es una Constitución buena. Tengo discrepancias con la proliferación de instituciones burocráticas que surgió de esa Constitución, pero hay aspectos muy buenos. Uno es que en temas esenciales como en la salud y en la educación, el Estado no quedó subsidiario pero tampoco se abolió la participación del sector privado, eso quedó bastante equilibrado.

El otro proceso constitucional que ha vivido Colombia, es totalmente ilegítimo, espurio, impuesto por Santos, que es haber llevado a la Constitución el acuerdo con FARC, todo el daño que eso ha hecho.

De ese primer proceso destacaría el buen equilibrio que se creó para el Estado, porque al leer las razones de muchos que quieren cambiar la Constitución chilena, pues eso me ha hecho pensar en el rol del Estado (…).

Me tocó trabajar mucho en el desarrollo en la parte de la salud, en la parte de las pensiones. Colombia ha avanzado mucho en temas de solidaridad en materia pensional y por ejemplo, el mayor aporte al sistema personal lo tienen que hacer los empleadores, el menor los trabajadores, hay una garantía de pensión mínima, el Estado mantiene un sistema de prima media de regulaciones que compite con el sistema de los fondos. A mí me tocó sacar adelante esa legislación y tomé mucho el ejemplo chileno y yo diría que a pesar de que hay diferencias, los dos países tienen una gran ventaja: mantener una cuantiosa suma en reserva en materia de pensiones, eso es una garantía para los trabajadores y es una garantía macroeconómica para nuestros países frente a los choques externos de la economía o frente a un choque universal como este de la pandemia”.