Alcanzar la paz es un anhelo de todo el pueblo colombiano, luego de más de seis décadas de crimen y barbarie. Pero la paz no reposa en un papel, no está escriturada a un presidente, Gobierno o partido político, y mucho menos puede ser adecuada para dividir el país entre amigos y enemigos de dicho propósito.
Consolidar la paz debe ser la más pura materialización de una sociedad, donde reine el imperio de la ley, y en la cual la seguridad sea la garantía para el pleno ejercicio de las libertades.
Las Farc, históricamente, se han burlado de las intenciones de paz del pueblo colombiano a través de sus gobernantes. Al presidente Belisario Betancur lo ilusionaron con un diálogo estéril, mientras fortalecían su estructura delincuencial. El presidente Andrés Pastrana, elegido para construir un acuerdo, logró importantes avances en la aproximación directa con la cúpula criminal de las Farc. La respuesta a sus señales no fue otra distinta a la del recrudecimiento de la violencia, al secuestro y asesinato de Consuelo Araújo, a la masacre del Presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y al agonizante fallecimiento de un niño invadido de cáncer que clamaba a los bandoleros poder ver a su padre secuestrado antes de morir.
Aun durante el Gobierno de la Seguridad Democrática, cuando se brindaron espacios de diálogo sobre puntuales inamovibles, las Farc respondieron con bombas y ataques. Esas son las Farc, las que juegan con la ilusión del pueblo colombiano, las mismas que el día en que el Congreso aprobaba el Marco Jurídico para la Paz, atentaban vilmente contra Fernando Londoño, dejando víctimas en las calles de Bogotá, o las mismas que ante la pregunta de si pedirían perdón a las víctimas respondieron con su repugnante sorna “quizás, quizás, quizás”.
Han pasado casi tres años desde que el actual Gobierno inició un nuevo proceso con estos verdugos del pueblo colombiano. Se les ha dado La Habana como santuario, se les brindó el fin de las investigaciones a la Farc-política, se les eliminó el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, se les aseguró un marco jurídico distinto a la Ley de Justicia y Paz, se les dio ingerencia en las políticas de Estado, se les brindó una justicia transicional o transaccional, en la cual la palabra ‘cárcel’ no aparece en el lenguaje, y se les dio tácitamente un vergonzoso estatus de beligerancia.
La respuesta, una vez más, ha sido la burla expresada en negar su condición de victimarios, desechar penas privativas de la libertad, exigir una constituyente, violar discrecionalmente su supuesto cese del fuego unilateral, sembrar minas cerca a una escuela y, recientemente, masacrar a once soldados.
La dignidad del pueblo colombiano no puede seguir a merced de la humillación de las Farc. Ha llegado el momento de exigirles, sin vacilaciones, verdad, justicia y reparación, entrega de armas, extinción de dominio y cárcel para delitos de lesa humanidad. Seguir el camino de burla, que, actualmente, transitamos, amerita que los colombianos exijamos CESE DEL JUEGO.