El postconflicto de un país amenazado por el terrorismo depende de la manera como solucione ese conflicto. Así como no hay dos conflictos iguales, tampoco hay dos postconflictos iguales. Por esta razón la situación que vivirá Colombia dentro de unas décadas va a depender en buena medida del tipo de solución que le dé a su conflicto interno con el terrorismo.
En efecto, Colombia va a ser una si la paz se obtiene sin justicia, sin castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad, sin entrega de armas de los terroristas, con curules gratis en el Congreso como premio a sus crímenes, con entrega de parte del territorio nacional bajo su control, y con reformas de corte castro-chavista que atenten contra la propiedad privada, la inversión y el libre mercado. Y muy distinta será Colombia si la paz se logra con justicia, con castigo para los criminales, con verdad y reparación para las víctimas, con preservación de la integridad del territorio, sin entrega de parte del Congreso a criminales impunes, y garantizando los derechos a la propiedad privada, brindando garantías a la inversión, y sin atentar contra la libertad de mercado.
En el primer caso, que es indeseable, no habría reconciliación nacional plena, pues una paz sin justicia ni verdad y con armas en posesión de los criminales, crea las condiciones para que se reproduzcan nuevos ciclos de violencia. Además, si ese acuerdo de paz vulnera la confianza de los inversionistas por incluir medidas en contra de la propiedad y del libre mercado, entonces a la inseguridad física derivada de la violencia persistente se sumará la inseguridad jurídica ocasionada por el constreñimiento a la libre empresa. En consecuencia, el país no será un sitio atractivo para los inversionistas y se desperdiciarán sus enormes posibilidades de crecimiento y desarrollo derivadas de su gran potencial en recursos naturales, su privilegiada posición geográfica y su valioso capital humano.
En el segundo caso, que es el deseable, el acuerdo de paz solamente establecerá las condiciones para la desmovilización, la reinserción, el desarme de los terroristas, y las cuotas de justicia y verdad que exige la sociedad para voltear definitivamente la página del terrorismo. La supresión de la amenaza terrorista liberará muchos recursos del Estado que estaban empeñados en ese frente y será posible destinarlos para luchar con más eficacia contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común. Esto podría poner al país en el camino de la normalización en lo que respecta a la seguridad y dejar de ser uno de los países más inseguros de la región. Simultáneamente, se podrán reducir notablemente los altos estándares de corrupción que han estado vigentes en forma persiste en el país, pues el debilitamiento radical de las organizaciones criminales de todo tipo redundará en una lucha mucho más eficaz contra la corrupción que ha sido favorecida y propiciada por dichas organizaciones. Así, un país más seguro y menos corrupto será mucho más atractivo para los inversionistas.
Lo anterior significa que durante un cierto tiempo – unos quince años, al menos- Colombia tendría que mantener su actual esfuerzo fiscal e institucional para robustecer la seguridad y evitar coletazos de violencia que suelen ocurrir en condiciones de postconflicto. Una vez normalizado el país en este aspecto, una parte de los recursos fiscales hasta ese momento empeñados en la seguridad podría reorientarse hacia otros ámbitos de urgencia nacional.
Un acuerdo de paz que no afecte negativamente las condiciones de inversión y que, por el contrario, genere un ambiente favorable al desarrollo y al crecimiento económico podría contribuir en gran medida a que Colombia surja y se consolide como potencia emergente en la región, pues tiene todas las condiciones para serlo.
La supresión de la amenaza terrorista liberará muchos recursos del estado que estaban empeñados en ese frente y será posible destinarlos para luchar con más eficacia contra el narcotráfico.
Fuente: www.larepublica.co
Autor: Alfredo Rangel
Abril 4 de 2014