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Comunicado de la Vicepresidencia de la República

Bogotá, 6 jul (SP). El Gobierno de Colombia reitera su reconocimiento frente al contenido de la sentencia proferida el pasado 26 de mayo de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del homicidio del Senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido en 1994, y confirma su voluntad de cumplir con las medidas de reparación ordenadas en el fallo.

Para este efecto, el Gobierno Nacional ratifica su disposición de avanzar en el trabajo conjunto que permita concertar las condiciones de cumplimiento de las referidas medidas de reparación con sus beneficiarios y quienes los representan, tal y como lo ha hecho en todos los casos que han sido fallados hasta la fecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos ocho años.

El Gobierno de Colombia se permite informar que para dar cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal Interamericano, se debe adelantar un procedimiento interno, a través de la Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos, trámite que se surtirá en los próximos días, y en todo caso, dentro de los plazos establecidos para el cumplimiento de las reparaciones decretadas.

 
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Comunicado de la Vicepresidencia de la República

Bogotá, 2 feb (SP). Por declaraciones del subintendente de la Policía Juan Fernando Galicia, luego de ser liberado, se conoció la denuncia de que las Farc pretendían obligar a los miembros de la Fuerza Pública que liberarían, a dar declaraciones conforme a los designios de este grupo, chantajeándolos, además, con no ser liberados si no se sometían a esas instrucciones.

También se conoció que el periodista Hollman Morris era quien hacía dichas entrevistas.

1. El Gobierno Nacional considera que dicha actuación del periodista Hollman Morris es contraria a la objetividad e imparcialidad que debe acompañar la labor periodística.

2. El Gobierno Nacional informa que el señor Morris cuenta con medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a pesar de alegar riesgo extraordinario para su vida, se sometió a riesgo extremo, sin informar al Estado del cual demanda protección.

3. El señor Hollman Morris fue sometido a un control por parte de tropas del Ejército de Colombia en la Unión Peneya, control en el cual le fueron respetados todos sus derechos e integridad. Así mismo, el comandante de la base militar le ofreció, de manera preventiva, protección, lo que fue rechazado por el señor Morris.

4. El Gobierno también ha sido informado de que el señor Morris sorprendió a la Comisión del CICR y a Piedad Córdoba y pretendió que lo trasladaran en el helicóptero dispuesto para recoger a los secuestrados que iban a ser liberados.

5. El Gobierno respeta y garantiza la libertad de prensa, pero considera que ni la libertad de prensa ni la liberación de secuestrados deban ser utilizados para hacerle apología a la violencia y a quienes someten al pueblo colombiano al secuestro, a tratos inhumanos, a mutilaciones y a ataques terroristas.

6. Como ha sido un principio de este Gobierno, continuaremos trabajando por garantizar el ejercicio de las libertades en Colombia y convocamos a la unidad por la defensa de nuestra democracia y para combatir el terrorismo y el narcotráfico, que son las amenazas más grandes a los derechos de colombianos y colombianas.

Bogotá, 2 de febrero de 2009

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Comunicado de la Vicepresidencia de la República

Bogotá, 16 oct (SP). El Gobierno de Colombia ante la publicación del Informe ¿Rompiendo el control?, evaluativo de la acción del Estado para juzgar los crímenes de los grupos paramilitares en Colombia, declara:

1. Sería deseable que este tipo de Informes fueran conocidos previamente por las instituciones a las cuales pretende juzgar, y así permitir una reacción a todas las afirmaciones de un informe de 152 páginas.

2. La sociedad y las instituciones colombianas han tomado dos decisiones: garantizar los derechos de las víctimas y combatir y juzgar a todos los grupos armados ilegales. En ese sentido, preocupa al Estado colombiano que el Informe reduzca el problema al juzgamiento de unos cuantos y olvide todos los derechos de las víctimas.

3. Los colombianos y colombianas deseamos un esclarecimiento total y rápido de las circunstancias que han rodeado la violencia contra las instituciones y la población, por parte de todos los grupos armados. Pretender que ese no es el interés del Gobierno es ridículo. También decidimos abrir una puerta a las soluciones dialogadas, que implican hacer concesiones a cambio del cese total de las acciones violentas, y facilidades para la reincorporación a la sociedad.

4. Hay dos hechos que no por repetidos ni por ausentes en el Informe, son menos ciertos: La Ley de Justicia y Paz es la Ley más exigente con los desmovilizados y más cuidadosa con los derechos de las

 
   
 

“La sociedad y las instituciones colombianas han tomado dos decisiones: garantizar los derechos de las víctimas, y combatir y juzgar a todos los grupos armados ilegales”, reiteró este jueves el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco, al leer el comunicado en el cual el Gobierno Nacional fijó su posición respecto al informe de Human Rights Watch sobre Colombia. Foto: Leonardo Sánchez – SP

víctimas en cualquier proceso de paz en el mundo, y el segundo hecho es que este Gobierno, es el Gobierno que con más fuerza, eficacia y decisión ha combatido a los grupos paramilitares en la historia de Colombia. La realidad es que sus bienes están en proceso de confiscación o en riesgo de ello, sus estructuras desarticuladas y sus jefes encarcelados en Colombia o en los Estados Unidos, como lo reclamaba Human Rights Watch en el 2005.

5. Las instituciones colombianas son un ejemplo de funcionamiento independiente, respetuoso y complementario entre ellas, y como en toda democracia, las diferencias propias del pluralismo se debaten públicamente. Pedir que las diferencias se oculten, o el unanimismo, es una pretensión ajena a la democracia que queremos fortalecer. Hay muchas opiniones diversas sobre cómo llegar a los objetivos, pero no hay ninguna diferencia respecto a los objetivos.

6. El Informe contiene afirmaciones que no son ciertas, dentro de las cuales vale la pena resaltar algunas:

– La Corte Constitucional ni reformó ni ordenó reformar la Ley de Justicia y Paz. En su sentencia sobre la constitucionalidad de dicha Ley, fijó parámetros de interpretación y aplicación que ya estaban contenidos en la Ley, en las leyes colombianas y en la jurisprudencia.

– El Gobierno tuvo la iniciativa, en el Plan Nacional de Desarrollo, de fortalecer los recursos de la Fiscalía General de la Nación, y de común acuerdo con ella, se contrató una consultoría para evaluar las necesidades y se incorporó la partida en el presupuesto del 2008. Esto no fue el resultado de la presión internacional, como lo dice el Informe, sino del interés de las instituciones colombianas de contar con los recursos para desarrollar una labor eficaz.

– Ni la Ley limitaba a un plazo de 60 días para desarrollar las investigaciones completas, ni relevaba a la justicia de la obligación de investigar los crímenes no revelados, ni establecía que los beneficios jurídicos no se podían perder si se incumplían los requisitos para obtenerlos. Esto ha sido así antes y después del fallo de la Honorable Corte Constitucional.

– El Gobierno nunca ha pretendido quitar o sustraer a los congresistas del juzgamiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno cree que estas y otras falsedades evidentes en el Informe, obedecen a problemas de comprensión de lectura de quienes lo redactaron, pues se niega a creer que estas imprecisiones obedezcan a malas intenciones.

7. El Gobierno ha llamado a la prudencia con respecto a las declaraciones vertidas en la Ley de Justicia y Paz, y a quienes se someten a la Ley les ha exigido comprometerse con la verdad. Pretender que lo que dicen los desmovilizados es verdad sólo cuando compromete a personas adeptas a este Gobierno, es prestarse a manipulaciones por parte de ellos. Exigencia de la verdad y trabajo serio de los órganos judiciales para verificar las versiones, es lo adecuado.

8. El Gobierno rechaza el uso chantajista de la aprobación del TLC con argumentos que desconocen la realidad y la voluntad de los colombianos. Tal y como lo expresó el Washington Post en un reciente editorial sobre la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos, a esta organización “se le están acabando las excusas para su campaña contra el Tratado de Libre Comercio”. La verdad es que la extradición de los jefes paramilitares interrumpió su reincidencia en crímenes, no sus confesiones.

9. El Gobierno y las instituciones tienen deficiencias y errores que nunca han ocultado, pero no tienen intenciones criminales. Con la autoridad que nos da reconocer las deficiencias cuando las hay, pedimos que este tipo de informes reconozcan los avances y los logros que cada día tenemos. Cuando se elaboran informes con sesgo y cargados de animadversión personal, se pierde la credibilidad y se debilita la lucha por los Derechos Humanos.

Bogotá, 16 de octubre de 2008.

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COMUNICADO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 

COMUNICADO
DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, 18 ene. (SNE).- El siguiente es el comunicado expedido
por la Vicepresidencia de la República:

“El Gobierno de Colombia respeta y valora la tarea que adelanta
Human Rights Watch en la promoción y defensa de los Derechos
Humanos en el Mundo.

Su más reciente informe acerca de la situación de
DDHH en Colombia contiene una importante valoración de los
principales procesos y asuntos relacionados con el tema, que serán
objeto de un cuidadoso análisis por parte del Gobierno.

En relación con los comentarios
incluidos en el mencionado informe respecto del proceso de paz
con las autodefensas ilegales
consideramos fundamental precisar:

1- La decisión inequívoca del Presidente Álvaro
Uribe es crear las condiciones que permitan y garanticen la desmovilización
total de las Autodefensas Ilegales, con el propósito concreto
de reducir la violencia en Colombia y muy especialmente los atentados
y atropellos contra la población civil.

2- En Colombia hay un marco normativo vigente
que prohíbe
cualquier beneficio a los desmovilizados que estén incursos
en crímenes de lesa humanidad y sus disposiciones se están
aplicando con rigor. La sociedad colombiana ha reclamado también
un instrumento que haga posible la desmovilización.

3- El proceso de paz estará sustentado en un marco jurídico,
a través de una Ley de verdad, justicia y reparación
que por sus alcances y trascendencia para el presente y futuro
del país, resultará de una amplia concertación.
Dicha ley se tramita democráticamente, con transparencia,
en plena sujeción a nuestro ordenamiento jurídico
y orientada al respeto de los derechos y de los intereses de los
colombianos”.

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COMUNICADO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMUNICADO
DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, 25 ago. (SNE).- El siguiente es el comunicado expedido
este miércoles por la Vicepresidencia de la República.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Vicepresidencia de la República quiere aclarar los hechos
sucedidos ayer en Arauca en la reunión con las organizaciones
sindicales, sociales y no gubernamentales de orden regional y departamental.

  1. La reunión se llevó a cabo por invitación
    de las centrales obreras.

  2. Las medidas de seguridad que rodean
    al vicepresidente son siempre las mismas en Arauca, en Bogotá o
    en cualquier lugar del país, cosa que conocen todas estas
    organizaciones que antes se han reunido con el vicepresidente
    en Bogotá o por fuera
    de la capital.

  3. Para la vicepresidencia no hay ONG’s buenas
    ni malas y la persona que allí asistió, el señor
    Aldemar Rodriguez, tiene una ONG de Derechos Humanos llamada
    Fundación
    de Liderazgo Social cuya página web es www.liderazgo.com.co

  4. El señor Rodriguez fue durante muchos años activista
    social de la región. Fue presidente de la
    Federación
    Comunal de Arauca (1993-94), secretario ejecutivo de DD.HH de
    la misma del 2000 al 2003.

  5. Es, además, testigo en varios
    procesos judiciales. La valoración
    de un testimonio en un proceso judicial no lo hace la vicepresidencia sino
    la Fiscalía y los jueces de la república. De todas maneras
    este gobierno si valora y estimula la cooperación de los ciudadanos
    con sus instituciones judiciales.

  6. Ante el pedido de estas organizaciones
    sindicales, sociales y de Derechos Humanos de expulsar al señor
    del recinto y no permitirle estar presente ni hablar se accedió a
    retirarlo. A pesar de ello algunas organizaciones sindicales de la región
    y todas las Ong´s de Derechos Humanos que los acompañaban
    se retiraron.

  7. La reunión se realizó con las organizaciones
    sociales y sindicales que allí se mantuvieron y con los presidentes
    y directivos nacionales de las tres centrales obreras, CUT, CTC y CGTD.

  8. Se firmó un acuerdo, anexo, que muestra la tolerancia
    y capacidad de interlocución de quienes allí se
    mantuvieron y se llegó a
    unos acuerdos importantes para la región.

  9. En noviembre se hará en
    la región un seguimiento a estos acuerdos
    y esperamos que todas las organizaciones decidan estar presentes
    para poder discutir frente a frente los temas y no a través
    de comunicados inexactos o declaraciones de prensa que en nada a
    ayudan a construir
    la confianza.

  10. Reiteramos la disposición del Vicepresidente
    y de todo el gobierno a mantener la interlocución y el intercambio
    de opiniones, eso si dentro del respeto y la sana crítica
    que todos merecemos.

REUNION DE LAS CENTRALES SINDICALES
CON DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA Y LAS IDFERENTES AUTORIDADES REGIONALES
EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Reunidos en el Auditorio de la Casa de
la Cultura Departamental, el día 24 de Agosto de 2004, luego de analizar la situación
de Derechos Humanos de los trabajadores en el Departamento de Arauca,
acordaron:

1. Ratificar el compromiso de todas las autoridades
para mantener las garantías y medidas de protección
al movimiento sindical, las Organizaciones de Derechos Humanos
y Sociales e general,
el compromiso de las diferentes autoridades y sindicatos en el
fortalecimiento de la Democracia, el rechazo a toda forma de
violencia y el respeto a la Constitución Política
y la Ley.

2. Respecto a los hechos acaecidos el pasado
05 de Agosto en la vereda de Caño Seco, jurisdicción
del municipio de Saravena, se plantea esperar las conclusiones
de la investigación
que actualmente adelanta la unidad de DDHH de la Fiscalía
General de la Nación, confiando en que está adelante
la mayor celeridad posible dentro de los términos legales.

3. Desarrollar
sendas reuniones entre el Gobernador, la Fuerza Pública,
los Dirigentes Sindicales, las Organizaciones Sociales y
Defensoras de Derechos Humanos, para tratar los siguientes
temas:

  • Garantías pare el Trabajo Sindical
  • Archivos de Inteligencia.
  • Mecanismos de Interlocución
    permanente.

Para efectos de lo cual se acordó realizar
la primera de las reuniones en mención el próximo
22 de Septiembre de los corrientes.

 

4. El Gobierno Nacional acoge
la propuesta de invitar a la Comisión
Interamericana de DDHH a una visita in loco al Departamento
de Arauca, para efectos de lo cual formalizará dicha propuesta
al interior de las Audiencias de Octubre del presente año,
con el fin de verificar la situación de Derechos Humanos
del Departamento y sus posibles soluciones.

5. El Gobierno Nacional Implementará el
proyecto de acompañamiento
de Comunidades en Riesgo al interior del Departamento de Arauca.

6. El Gobierno responderá a las solicitudes
de ASCATIDAR por medio de la dirección del Etnias del
Ministerio del Interior y Justicia y el programa Presidencial
de DDHH.

7. El Vicepresidente trasladará al Fiscal
General de la Nación y al Procurador General de la Nación,
las propuestas de hacer un informe público respecto a
las investigaciones de Derechos Humanos y de traslado de la Estructura
de Apoyo de
la Fiscalia fuera de las instalaciones de la Brigada 18 en el
Departamento
de Arauca.

8. El Gobierno toma nota de la solicitud planteada
con respecto a la OIT, para discutirla con las diferentes autoridades
competentes.

9. En la segunda quincena del mes de Noviembre
se realizará una
reunión de seguimiento de los compromisos aquí planteados
en el Departamento de Arauca.

Firman el Acuerdo dado en Arauca, el día
24 de Agosto de 2004.

FRANCISCO SANTOS CALDERON

Vicepresidente de la República

JULIO ACOSTA BERNAL

Gobernador Arauca

HERNANDO POSSO PARALES

Alcalde Arauca

LUZ STELLA ARANGO DE BUITRAGO

Viceministra de Relaciones Laborales

CARLOS FRANCO ECHAVARRIA

Director Programa Presidencial para los DDHH y el DIH

CARLOS RODRIGUEZ

Presidente CUT

JULIO ROBERTO GOMEZ

Secretario General C.G.T.D.

APECIDES ALVIS

Presidente C.T.C..

TARSISIO MORA

Representante CUT

BORIS MONTES DE OCA

Representante CUT

PERCY OYOLA

Representante CGTD

ELBA BEATRIZ SILVA

Jefe Unidad Nacional de DDHH y DIH –Fiscalía
General

Mg. LUIS FAVIO GARCIA

Comandante Segunda División del
Ejercito Nacional

Cr JOSE RODRIGO PALACIO

Comandante Policía Arauca

Gral. GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO

Comandante Brigada 18 Arauca

RAFAEL BUSTAMANTE PEREZ

Director Dirección de DDHH del Ministerio
del Interior y de Justicia

Dr. ROYDMED JULIO CASTELLANOS

Director DAS Arauca

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