11 militares asesinados y 20 heridos como resultado de un ataque deliberado, en pleno “cese el fuego unilateral” declarado por las Farc y apenas cinco días después de que Santos suspendiera de nuevo los bombardeos.
La acción no es, aunque lo diga el Fiscal General, “un caso de homicidio en persona protegida y un hecho de grave violación a los derechos humanos por parte de las Farc. Un crimen de guerra”. Los militares, aunque estén descansando, no son “personas protegidas” a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), la acción no fue una “grave violación a los derechos humanos”, y son las infracciones graves al DIH (y no las violaciones de derechos humanos) las que constituyen crímenes de guerra. Preocupa la incomprensión del DIH por parte del ente investigador. Hay graves errores conceptuales en este caso, pero con seguridad se cometen también en las investigaciones y acusaciones contra los miembros de la Fuerza Pública.
Lo que sí hubo fue “perfidia”. La guerrilla engaña al declarar un cese unilateral y atacar y asesinar a los militares. Y con ello pone en grave dificultad el proceso de La Habana. El engaño y el crimen muestran que no es posible creer en la palabra de la guerrilla ni en sus compromisos, ni siquiera cuando son unilaterales, como en este caso. Y ahonda la profunda desconfianza de los militares y de la población sobre lo que allá se negocia.
La primera reacción de Presidencia fue un trino vergonzoso en que “lamenta muerte de soldados en Cauca”, sin una sola referencia a las Farc, como si hubiera sido resultado de un accidente o de un hecho de la naturaleza y no un asesinato (a propósito, ¿quién le maneja el twitter al Presidente?). Después anunció que se reanudaban los bombardeos. Le creo a la FAC cuando sostiene que no hubo apoyo aéreo por las malas condiciones climáticas. No dudo de que el Comandante de la Fuerza Aérea y los pilotos hubieran dado la asistencia necesaria si hubiese estado en sus manos. Pero ese hecho no cambia que las Farc tomaron ventaja de la suspensión hecha por Santos y que los soldados pensaron que no tendrían el apoyo aéreo que les urgía. Lo dijeron así, inequívocamente, algunos de los sobrevivientes. Suspender los bombardeos da una ventaja estratégica y táctica inaceptable a la guerrilla y significa renunciar al más importante método de la Fuerza Pública contra los terroristas. Mucho menos grave fue la salida del batallón Cazadores en el Caguán. Además, si se quieren acelerar las negociaciones es indispensable debilitar aun más a las Farc. No hacerlo solo contribuye a prolongarlas y, en consecuencia, a que haya más colombianos muertos y heridos. Exactamente lo contrario a lo que se busca.
Así que Santos toma una decisión correcta al permitir de nuevo los bombardeos. Pero es insuficiente, no basta con eso. El engaño y el crimen son de tal gravedad que es indispensable que el Presidente tome medidas adicionales tanto para reconstruir en algo la agotada confianza en el proceso como para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares.
Una, obvia, es advertir a la guerrilla que otro hecho igual supondrá la terminación de las negociaciones. Santos, por mucho que sea reticente a presionar a las Farc, debe transmitir que para el éxito del proceso son absolutamente inaceptables el engaño y el incumplimiento de la palabra por la guerrilla. Y que está dispuesto a pararse de la mesa. El mensaje contrario, que es el que viene dando, solo debilita la posición de sus negociadores en La Habana. Además, no tiene presentación que el proceso se suspenda por el secuestro de un general imprudente y que en cambio el asesinato de once soldados no tenga ninguna consecuencia. El reiterado anuncio presidencial de que solo valen la vida de los “importantes” es nefasto.
La segunda es establecer un plazo final para el acuerdo. Lo dijo Vargas Lleras, con razón, y por fin lo sugirió Santos el viernes. El diálogo fortalece a la guerrilla diplomática, política y militarmente y la ausencia de presiones solo impulsa a dilatar las negociaciones. Si bien la acción militar puede empujar a acuerdos más rápidos, lo único que puede evitar varios años más de conversaciones es establecer un plazo perentorio para suscribirlos. Así que no basta con decir que debe haber plazo. Hay que definirlo de verdad y públicamente, para que después no lo embolaten en Cuba.
La tercera podría ser exigir la concentración de tropas de las Farc, como ha propuesto el Centro Democrático, de manera que más allá de un cese al fuego en el que no se ataque a la Fuerza Pública, en realidad se impida que la guerrilla siga realizando actividades criminales como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. Si hay voluntad de paz, es el paso obvio y natural. Y el único que de verdad protege a los colombianos de la acción criminal de los terroristas.