Hay un hecho que hizo presagiar por dónde se movería el asunto de la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá: la decisión del Consejo de Estado de anular tanto la destitución como la inhabilidad de Alonso Salazar, exalcalde de Medellín.
Si a Salazar le tiraron tremendo salvavidas era obvio que a Petro lo iban a sacar del agua como fuera. Recuérdese que cuando los procuradores —no solo el actual— castigaban a políticos de partidos tradicionales, a nadie se le ocurrió la idea de disminuir su poder. Solo desde que Alejandro Ordóñez tocó a prominentes figuras de la izquierda empezó a hacer carrera la idea del poder exagerado del Procurador y la necesidad de recortar sus atribuciones, algo insólito porque las mismas le fueron investidas por la Constitución de 1991, con la participación directa de la izquierda a través del M-19.
Podría decirse que esta novela tiene un prefacio de sorprendente conclusión, y es la forma en que la sanción impuesta por Ordóñez a Piedad Córdoba fue aceptada sin mayor pataleo a pesar de ser tan cercana a las Farc y al fallecido Hugo Chávez. No se sabe muy a las claras por qué la izquierda no tuvo la misma solidaridad con ella. Acaso por militar en el Partido Liberal y no en el Polo, por ser negra, por ser mujer, por no haber un proceso de negociación con guerrillas en ese momento, por no tener perfil presidencial o, simplemente, porque la usaron y después la tiraron como un trapo viejo…
Con Petro, en cambio, la izquierda siente que no se puede dar el lujo de soportar una destitución del segundo cargo más importante del país y mucho menos una inhabilidad de 15 años que lo sacaría de por vida de la contienda ‘democrática’, que para ellos no es otra cosa que tomarse el poder guardando las formas para después acabar con los pesos y contrapesos y concentrar a todas las instituciones del Estado en torno a una sola cabeza que se atornillaría en el poder. Y, por ahora, el único que llena los requisitos para alcanzar ese objetivo es Petro.
Por tanto, la restitución de Gustavo Petro no es otra cosa que una decisión política y no de una medida tomada en derecho. No de otra forma se puede explicar que fuera la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, la que hubiera admitido una tutela en la que se exigía cumplir las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Petro, cuando todas las altas cortes colombianas habían rechazado tutelas en este sentido. Que cualquier sala y cualquier juez puedan impugnar decisiones ya falladas por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, es una aberración que solo ocurre en repúblicas bananeras, hoy regidas no por multinacionales sino por títeres del castrochavismo.
Es preciso reiterar que las medidas cautelares de la CIDH no son de obligatorio cumplimiento. Paradójicamente, han sido ignoradas por gobiernos de izquierda, como Venezuela, Brasil y Ecuador, a pesar de que esa entidad tiene un evidente sesgo izquierdista. Basta ver que mientras lleva años sin pronunciarse sobre casos como el del coronel Plazas Vega o el general Uscátegui —cuyo hijo se ha sometido a huelgas de hambre encadenado a sus puertas, en Washington—, el fallo a favor de Petro fue proferido con toda premura a medianoche, en un horario más propio de un burdel.
Destruidas la institucionalidad, el Estado de Derecho y la ciudad de Bogotá, muchos estarán preparando sus demandas para exigir el restablecimiento del derecho en los 1.800 y pico de casos similares en los que algún procurador ha destituido e inhabilitado a funcionarios elegidos por votación popular. Es el caos al que le apuestan los extremistas de izquierda para agudizar las contradicciones internas y propiciar saltos al vacío de los que la gente solo se percata cuando la marcan en los brazos para que no pueda comprar más de una bolsa de arroz hasta que la tinta indeleble se borre como sucede en un —otrora rico— país vecino. Sobrarán las crónicas de esa debacle anunciada.