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De La Habana a Babel

En medio de un tire y afloje de versiones y rectificaciones, nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que acordó el Gobierno con las Farc en La Habana.

 

El comunicado n.° 60 conjunto y televisado del Gobierno y las Farc, del 23 de septiembre, no es lo mismo que el Acuerdo para la Jurisdicción Especial de Paz. Lo primero, para las Farc, es “simplemente una nota informativa firmada por las partes que de ninguna manera sustituye el texto del acuerdo”. Para De la Calle, sin embargo, el comunicado es “un acuerdo firme” que se construyó “sobre un documento más largo” que aún tiene temas pendientes de reglamentar. Babel.

 

– ¿El Acuerdo sobre el Tribunal Especial que juzgará a las Farc está cerrado?

 

Sí, dicen las Farc: “Está cerrado, y no puede ser variado en ninguno de sus puntos”. No, dice Humberto de la Calle. “Está contenido en un texto de 75 puntos (…) en el cual hay materias pendientes”.

 

– ¿La fecha del 23 de marzo para la firma de la paz es definitiva?

 

No, dice ‘Timochenko’: “Seis meses pueden ser cortos”. Para el Presidente, sin embargo, “aunque ‘Timochenko’ hable de postergar la fecha límite del 23 de marzo, el acuerdo ya fue cerrado”.

 

– ¿Álvaro Uribe será juzgado por el tribunal de las Farc?

 

Sí, dicen las Farc a través de Anncol. Los expresidentes serán llevados ante el nuevo Tribunal Especial, y el Fiscal precisa que, entre ellos, principalmente Uribe. No, dice el jurista Manuel Cepeda: “Jamás se pensó en abrir la puerta para juzgar a expresidentes”. No, pero sí, dice el ministro de Justicia, Yesid Reyes. A la FM le niega que veremos a Uribe juzgado en ese tribunal, “porque no está en la mente del Gobierno o del equipo negociador desmontar el fuero constitucional que cubre al expresidente Uribe”, pero en la W el Ministro dice que Uribe sí podrá ser juzgado ante el tribunal de las Farc por actos cometidos cuando era gobernador.

 

– ¿Cómo será la restricción de la libertad para los autores de delitos más graves?

 

Según el Fiscal, “implicará que los insurgentes se queden en ciertas partes del territorio nacional, como en “un municipio”. El Presidente corrige al Fiscal: “En ningún caso se tratará de un municipio o región, como se ha dicho. Tendrá que ser un lugar preciso”. Ni lo uno ni lo otro, dicen las Farc: “En el acuerdo firmado no se habla de concentración de tropas de las Farc ni de lugares de confinamiento para quienes brinden la verdad plena y exhaustiva”.

 

– ¿Al fin qué: ¿el castigo restrictivo de la libertad incluirá arraigo (ubicarse en un solo lugar) y vigilancia?

 

No, dice ‘Iván Márquez’: “Las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial de Paz no están condicionadas ni al arraigo ni a la vigilancia, sino al cumplimiento laboral de la sanción”. Sí, le dice Santos a EL TIEMPO: “Estarán en un lugar específico, imagino unas instalaciones austeras, bajo un régimen de vigilancia y control”.

 

– ¿En todo caso, los autores de los delitos más graves tendrán un régimen especial?

 

No, dice el Presidente. “Cumplirán sus sentencias en instalaciones donde habrá control efectivo y no gozarán de beneficios especiales”. Sí, dice el comunicado conjunto Gobierno-Farc: “Las sanciones de quienes reconozcan delitos muy graves incluirán una restricción efectiva de la libertad en “condiciones especiales”.

 

– ¿El Congreso será, en últimas, el que defina cómo funcionará el Tribunal Especial para las Farc?

 

Según De la Calle y Sergio Jaramillo, ante el Senado, ese funcionamiento aún no está acordado. Según el Fiscal, interpretando el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, el Tribunal nació con efectos normativos propios. Y según Leyva, sería un “acuerdo especial” que desde ya queda incorporado automáticamente a la Constitución de Colombia y, por lo tanto, el Congreso no podrá tocar lo acordado.

 

– ¿Cómo funcionará este tribunal de las Farc?

 

Según Leyva, como una aspiradora. “Será órgano receptor de lo que en el país se ha venido investigando”. Allí, “la Fiscalía, la justicia ordinaria, la justicia penal militar, la Comisión de Acusación de la Cámara, la Procuraduría y la Contraloría tendrán que botar todo lo que tienen”. (Entregar sus investigaciones).

 

– ¿Necesitará esta justicia transicional la refrendación de los colombianos?

 

No, dice Leyva, citando a Luigi Ferrajolli, su “equivalente al papa Francisco en lo jurídico”. Según el jurista italiano, “la paz es un valor supremo que no se puede dejar en manos de las mayorías”.

 

Entre tanto… Entre ‘Megateo’ y ‘Pijarvey’, que entre el diablo y escoja…