INTERVENCIÓN ANTE LA 58 ASAMBLEA GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Septiembre 30 de 2003 (Nueva York, Estados Unidos)

Señor Presidente:

Permítame felicitarlo por su elección a la Presidencia
de esta Asamblea y desearle éxitos en el desempeño
de sus funciones.

Angustiados como estamos por el terrorismo
que afecta a tantos países, acudimos a reiterar nuestro compromiso para luchar
hasta dejar atrás dicho flagelo. Colombia reafirma su fe
en el multilateralismo, como el sistema más efectivo para
garantizar la paz, la seguridad, el desarrollo humano, económico
y social. Las Naciones Unidas son insustituibles, no obstante que
por el bien de la humanidad requieren constante actualización
de su estructura y procedimientos para aumentar la eficacia contra
el terrorismo.

Las Naciones Unidas han padecido recientemente el terrorismo con
la muerte de Sergio Viera de Melo, infatigable luchador por la
convivencia. Nos duele el sacrificio de quienes se sacrifican por
extirpar el terror. Y nuestro deber de reciprocidad aumenta por
toda la solidaridad de Naciones Unidas con Colombia.

Hace un año expuse la política de Seguridad Democrática
para liberar a nuestro pueblo del terrorismo. Esta política
es para proteger a todos los ciudadanos sin importar su estatus
económico o social, sean cuales fueren sus ideas políticas
o creencias religiosas. Esta política es para proteger por
igual al líder empresarial o sindical, al dirigente afín
al Gobierno o integrante de la oposición. Esta política
se fundamenta en el sueño de una Nación pluralista,
en permanente debate constructivo, sin odios y fraterno.

En casi 1.200.000 kilómetros cuadrados,
con cerca de 400.000 de selva, la ausencia del Estado en muchos
lugares ha sido aprovechada
por los terroristas.

De los 1.100 municipios, en 170 no había presencia de Policía.
Ya ha llegado a 151 y esperamos tener cobertura en todos dentro
de pocas semanas. Sin embargo, hay centenares de cascos urbanos,
que sin ser cabeceras municipales, requieren Policía. En
439 municipios hemos instalado soldados e infantes de marina, denominados
de Mi Pueblo, que prestan su servicio militar en la localidad donde
residen. Los resultados son buenos y grande la esperanza de contar
con ellos, después de su período activo en la Fuerza
Pública, como líderes en el respeto a la ley y por
siempre.

Estos esfuerzos, junto con otros emprendidos,
tendrán que
continuar para que el Estado desaloje al terrorismo.

Quiero compartir con usted Señor Presidente y con la Asamblea
algunos resultados logrados en los primeros nueve meses del año:

En homicidios, se registra un descenso
del 22 por ciento en relación
con el mismo período de 2002, al pasar de 21.253 a 16.531.
Los 1.485 secuestros ocurridos representan un descenso del 34,7
por ciento, las víctimas de secuestro en retenes ilegales
descendieron en un 49 por ciento y el número de rescates
de secuestrados se incrementó en un 22,8 por ciento. Sin
embargo, ¿qué país se puede conformar con
1.485 secuestros en 9 meses?

Las masacres y sus víctimas se han reducido en un 35 por
ciento y en un 41 por ciento respectivamente. Podremos cantar victoria
cuando estén erradicadas por completo, porque cada una que
sucede trae dolor a la Nación entera, como las causadas
por las FARC con un carro bomba en el Club El Nogal, con una embarcación
bomba en la comunidad rural de Puerto Rico, con un camión
bomba en el humilde poblado de Chita, que suman 47 muertos y 233
heridos. Y hace apenas algunas horas en Florencia con 12 muertos
y 46 heridos.

Se ha presentado una reducción de 120 a 36 sindicalistas
asesinados. Varios de los asesinos están en las cárceles,
como consecuencia de nuestra determinación contra la impunidad.

De 60 maestros asesinados en 2002, este
año se registran
24 casos.

Los asesinatos de periodistas han bajado de 9 a 5.

La disminución en todos estos crímenes es significativa,
pero el problema aún es alarmante. Ningún país
se puede conformar con tales circunstancias.

Reafirmo nuestro afán democrático de proteger con
especial énfasis a maestros, sindicalistas y periodistas.

Debo admitir con dolor que el asesinato
de indígenas ha
pasado de 72 a 75 casos. Las autodefensas son responsables de 33
casos y las diferentes guerrillas del resto.

En el primer semestre de 2003 se presentaron
73.586 casos de desplazamiento. Significa una reducción del 66 por ciento. Estamos empezando
con éxito el retorno de familias a los lugares de origen.

Reafirmo nuestra voluntad de lucha para
proteger a los indígenas
y frenar el desplazamiento.

De los 246 alcaldes que en agosto de 2002 se encontraban alejados
de sus municipios por amenazas, ya 191 han regresado gracias al
avance en seguridad.

Los avances en la protección de nuestros compatriotas nos
animan a continuar con denuedo en ese empeño.

Del 7 de agosto del 2002 al 7 de agosto
del 2003, se capturaron 2.544 miembros de las autodefensas ilegales,
lo que representa
un aumento del 146 por ciento. El número de dados de baja
por la Fuerza Pública aumentó en un 38.7 por ciento.
Los guerrilleros capturados han aumentado en un 126.3 por ciento,
y los dados de baja en un 78 por ciento.

Por acendrada convicción democrática
ratifico nuestro compromiso con los Derechos Humanos.

Hemos prolongado la permanencia de la oficina
del Alto Comisionado en Bogotá. Compartimos muchas de sus recomendaciones. No
dudamos en buscar su aplicación y discutimos en aquellos
casos de desacuerdo.

Nuestra consigna a los soldados y policías es: eficacia
y respeto por los Derechos Humanos. Estimulamos y queremos a nuestra
Fuerza Pública como lo demostramos recientemente con la
mejoría introducida al sistema de seguridad social, pero
no vacilamos en llevar a la cárcel a quienes violen la ley.

El sacrificio de nuestros soldados y policías ha sido inmenso:
este año, solamente por minas antipersonales han sido asesinados
109 soldados y 334 han resultado heridos, muchos de ellos definitivamente
mutilados.

Si pedimos apoyo internacional es porque
estamos abiertos a la observación internacional. Respetamos las organizaciones
y trabajadores de Derechos Humanos que proceden con seriedad, respetamos
sus críticas y sugerencias constructivas. Estas organizaciones
son un aporte al mejoramiento de las condiciones democráticas.
Por eso compartimos el informe sobre los niños reclutados
por los terroristas que ha presentado Human Rights Watch. Reservamos
el derecho de disentir frente a informes sesgados, que distorsionan
nuestros esfuerzos por un concepto democrático de seguridad.

Como lo registra Naciones Unidas, hemos
avanzado sustancialmente en la destrucción de la droga. Se ha erradicado el 70 por
ciento de los cultivos ilícitos y no desmayaremos hasta
desterrar de nuestro medio esa grave plaga. Se ha autorizado la
extradición de 94 personas por delitos de narcotráfico.

Hemos contratado como guardabosques a 5.400
familias que reciben una compensación económica para evitar la reaparición
de la droga allí donde se ha eliminado y para cuidar la
recuperación del bosque tropical. La meta es completar 50.000
familias.

Para confiscar el enriquecimiento ilícito se introdujo
agilidad en el procedimiento legal, lo cual ha permitido un aumento
en un año de 5 a 68 sentencias, producidas por la justicia.

En la situación colombiana, terrorismo,
droga, violencia e inseguridad son una misma cosa. Imploramos
del mundo su compromiso
para que derrotemos totalmente la droga. Imploramos del mundo que
no alberguen a nuestros terroristas, nos ayuden a confiscarles
sus bienes y solamente les abran sus puertas para ayudar a procesos
de paz.

El nuestro es un Estado de Derecho. Queremos superar el terrorismo
y poder mirar a ustedes a los ojos con la tranquilidad de haberlo
hecho con ajuste riguroso a la ley.

Para luchar contra la impunidad se ha incorporado
el sistema penal acusatorio y el procedimiento oral, que empezarán
a practicarse en 2005.

En la actualidad tramitamos una modificación constitucional
para permitir a la Fuerza Pública proceder con personal
especializado, en casos de terrorismo, a efectuar capturas, allanamientos
e interceptaciones. Con salvaguardias democráticas para
que el fiscal independiente intervenga en el curso de las siguientes
horas, la Procuraduría sea informada y también el
Congreso, competente para el control político. Las atribuciones
propuestas son infinitamente menores a normas vigentes en democracias
sin nuestro riesgo terrorista.

Este Gobierno encontró aproximadamente 30.000 personas
integradas a organizaciones que son terroristas por la naturaleza
de sus hechos. Una mirada y una reflexión sobre la cifra
imponen la necesidad de persistir en la política de autoridad
y de abrir caminos de negociación, previo cese de hostilidades.

Agradezco los esfuerzos realizados por
el Secretario General en el último año para buscar caminos de paz con las
FARC. El Gobierno apoya la gestión de buenos oficios que
hasta ahora ha sido infructuosa por falta de voluntad de los terroristas.
Este grupo mantiene en cautiverio a centenares de colombianos y
a algunos extranjeros, la mayoría en campos de concentración
que recuerdan a los nazis. Reitero al Secretario General la disposición
de buscar un acuerdo que él sugiera para liberar a los secuestrados,
en condiciones razonables ajustadas a las normas jurídicas
y que no fortalezcan la violencia.

Desde el Gobierno anterior, a través de Cuba por un lado
y de varios gobiernos por otro, se ha buscado un proceso de paz
con el ELN. Hemos hecho todos los esfuerzos hasta ahora inútiles.
A los líderes de esa organización que están
en la cárcel se ha dispensado el mejor trato posible. El
30 de junio, por intermedio de una comisión facilitadora,
ofrecí examinar una excarcelación a cambio de que
renunciaran a actividades armadas y se dedicaran a ayudar a construir
la paz. No tuve respuesta positiva, pero insistiré.

El ELN mantiene secuestrados 7 ciudadanos
extranjeros. Debería
liberarlos bajo su promesa de un cese de delitos durante el actual
proceso electoral.

También desde el anterior Gobierno, con mediación
de la Iglesia Católica, se ha buscado un proceso de paz
con las autodefensas ilegales. La condición es la misma:
cese de hostilidades. Grupos de estas organizaciones que representan
10.000 personas o más, han expresado la voluntad de desmovilizarse.
El Gobierno adelanta ese proceso.

En lo corrido de mi administración
se han desmovilizado 2.215 miembros de grupos terroristas. De
ellos el 70 por ciento
provienen de las FARC, el 18 por ciento del ELN y el 12 por ciento
de las Autodefensas.

Para reintegrar a la vida civil a los diferentes
grupos, Colombia necesita una norma jurídica que, con realismo, defina cómo
hacer justicia, reparar a la comunidad y asegurar la paz. El proyecto
de alternatividad penal, presentado por el Gobierno a estudio del
Congreso, propone encontrar herramientas legales transparentes
que permitan avanzar en esa dirección con las autodefensas
ilegales, las FARC y el ELN.

Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia
frente a delitos graves, pero también debe entenderse que
en un contexto de 30.000 terroristas, la paz definitiva es la mejor
justicia para una Nación en la cual varias generaciones
no han conocido un día sin actos de terror.

El proyecto ha generado controversia nacional e internacional.
Queremos el mayor consenso posible. Invitamos a examinar diferentes
opciones y a lograr con modificaciones el mejor texto final.

Para derrotar el terrorismo no tenemos
dilemas. Sin embargo, hay momentos que demandan ajustar la ecuación entre justicia
y paz para que esta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros
lo expresado por el Secretario General, Kofi Annan, quien ha propuesto
un magnífico balance entre la necesidad de la justicia y
la de salvar vidas inocentes.

Para proteger a la comunidad necesitamos
perseguir implacablemente a los terroristas y no desaprovechar
oportunidades de conseguir
acuerdos de paz, siempre que ellos con sus hechos convenzan a Colombia
y al mundo de su buena fe y de su ánimo de rectificación.

Nuestro problema es una amenaza internacional.
Si Colombia no destruye la droga, la droga destruirá la cuenca amazónica.
Si Colombia no frena el terrorismo, este pondrá en dificultades
a las democracias de la región. De este modo lo han entendido
el Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez y el Grupo de
Río que aprobó su proposición para que Naciones
Unidas adelante esfuerzos tendientes a la negociación con
los terroristas colombianos o en su defecto se busquen alternativas
para superar el problema.

Nuestro Estado de Derecho es Social. La
pobreza y las desigualdades han sido agudizadas por el terrorismo.
Estamos avanzando en medio
de la estrechez de los recursos para aplicar las 7 herramientas
de equidad: la revolución educativa, la ampliación
de la protección social, el impulso a la economía
solidaria, el manejo social del campo, de los servicios públicos,
la construcción de un país de propietarios y el mejoramiento
de la calidad de vida urbana.

A manera de ejemplos, algunas cifras: han
sido creados 500.000 cupos escolares pero todavía tenemos 1.500.000 niños
sin educación básica. El micro crédito ha
aumentado en un 50 por ciento, pero aún estamos lejos del
país de propietarios. La tarea social es ardua, pero con
la determinación que nos jalona, venceremos todos los obstáculos
para construir una sociedad justa.

La seguridad es el primero de los Derechos
Humanos de los pobres que necesitan el éxito de nuestra política para que
haya tranquilidad, confianza, inversión, empleo y equidad.

En medio de tragedias la democracia colombiana
es vigorosa. El 25 de octubre los ciudadanos decidirán si aceptan o no un
referendo propuesto para derrotar la corrupción y fortalecer
la inversión social.

Y al día siguiente, el pueblo elegirá 30 gobernadores
entre 133 candidatos; 914 alcaldes entre 3.441 candidatos; 398
diputados entre 373 listas integradas por 2.723 candidatos; de
6.105 listas con 56.590 candidatos se elegirán cerca de
9.000 concejales municipales y, de 3.156 listas con 13.387 candidatos,
serán elegidas las juntas administradoras locales.

Hoy vivimos una democracia plural y entusiasta
a pesar del desafío
terrorista.

Señor Presidente: sería una tragedia que el mundo
civilizado no uniera definitivamente sus esfuerzos para derrotar
el terrorismo y para respaldar a las democracias que luchan contra él.
Necesitamos la unión de todos los demócratas para
derrotar el terror.

Muchas gracias.

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