ENCUENTRO CON LOS COLOMBIANOS POR EL REFERENDO

Septiembre 14 de 2003 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Quiero darles un saludo muy afectuoso, agradecerles inmensamente
este esforzado trabajo de ustedes.

Quiero agradecer profundamente a los congresistas
que han venido acompañando esta tarea, que nos han acompañado en
ese juicioso examen de las tesis del referendo en el Congreso de
la República, que lo convirtió en ley y que lo están
acompañando en la campaña para que los colombianos
nos ayuden con sus votos.

Ayer temprano, en Palmira, me entregaron
este papelito. Dice: “referendo,
abstención”.

Entonces, me parece pedagógico mirar dos puntos y hacer
el esfuerzo de contestarlos con argumentos, porque esta va a ser
una campaña de gente, una campaña pedagógica,
una campaña de persuasión, una campaña que
le dé brillo a nuestra democracia.

Nunca se ha hablado con el FMI el tema. ¿Cuál es
el problema real con el Fondo Monetario Internacional? Que si el
FMI certifica que una economía está mal manejada,
irresponsablemente manejada, a esa economía se le cierra
la inversión extranjera, a esa economía se le cierran
las fuentes de financiación y no sólo las externas,
sino las internas.

Quiero anotarle a ustedes lo siguiente:
cuando se habla de la deuda pública colombiana, muchos asociamos esa deuda, cuando
no la hemos mirado en las cifras, con deuda extranjera. La mitad
de la deuda del Estado colombiano está contraída
en el país y hoy hay un fenómeno de comunicaciones,
de transmisiones de sensaciones. Si se da una mala señal
del manejo de la economía colombiana al mercado internacional,
eso también repercute en el país y llena de desconfianza
a todos aquellos que, como los fondos de pensiones, están
de una u otra manera financiando al Estado colombiano.

Ahora, uno puede con el FMI estar en un
permanente y constructivo debate. De hecho, Argentina, que ha
tenido las mayores dificultades
del Continente y que si nosotros no corregimos esto no podemos
llegar, reniegan y reniegan del FMI en el discurso, pero ahí están
negociando con el FMI. Hace dos o tres días, tuve la oportunidad
de hablar con el Presidente argentino, quien nos pidió que
el delegado de Colombia en el FMI ayudara en esa negociación
y con el mayor gusto lo estamos haciendo.

Y con el FMI hay temas. Por ejemplo, nosotros
estamos pidiendo que ciertas inversiones no se contabilicen para
el techo fiscal,
etcétera.

Y hay otro tema: el déficit fiscal. El problema es que
cuando el déficit fiscal es muy alto, el país no
puede seguir indefinidamente –por más techo que nos
dé el FMI- endeudándose porque no va a encontrar
las fuentes. Inicialmente los créditos le resultan inmensamente
costosos y después se le cierran todas las fuentes de financiamiento.
Entonces, aquí hay un manejo responsable de la economía,
no una imposición del FMI.

Primero, quiero repetir: este Gobierno –y lo dijimos muy
claramente en la campaña- tiene la convicción de
que el clientelismo le ha hecho mucho daño a Colombia. El
clientelismo no genera empleo, uno le resuelve el problema a dos
o tres personas con un empleo clientelista, pero le hace mucho
daño al país.

La ecuación básica de la economía, la ecuación
del producto, indica que el Estado tiene dos maneras de aplicar
sus recursos: a través del gasto o de la inversión.
Cuando el Estado hace gasto burocrático, eso no genera multiplicador.
Cuando invierte, por ejemplo, en capacitación técnica,
eso tiene un gran multiplicador porque el muchacho que se capacita
técnicamente puede aspirar a tener su propia empresa o a
un empleo mejor, a unos ingresos mejores y agrega valor a la economía.
Ayuda, pues, a que la economía produzca más y mejor
calidad con nuevos valores. Lo que necesitamos es inversión
y no gastos de funcionamiento.

Derrotar los gastos de funcionamiento es
abrir espacios para que podamos hacer más inversión en educación
y salud. Este papelito dice todo lo contrario de lo que el referendo
propone.

El referendo propone que, al recortar esos
gastos de funcionamiento, como los de las contralorías, el dinero vaya primero a educación.

El referendo propone una buena orientación de los recursos
del Fondo Nacional de Regalías, que el 56 por ciento vaya
a educación y el 34 por ciento se destine a saneamiento
básico.

Primero, yo les voy a explicar porqué la congelación
de gastos y el controversial tema de los salarios.

Asumo yo la Presidencia con un déficit fiscal (peso más,
peso menos) del 6 por ciento. Las estadísticas lo muestran
diferente porque dicen: sí, es muy alto en el sector central,
pero usted le puede restar las utilidades del sector nacional descentralizado
y del sector territorial. Y eso le da 3.6, el 4.2 por ciento.

Veamos las utilidades del sector central.
Las de Ecopetrol son verdad. ¿Dónde están las del Seguro Social
y dónde están, por ejemplo, las de Telecom?

Lo primero que tuvo que hacer este Gobierno,
en diciembre del año pasado, fue una adición presupuestal para darle
500 mil millones de pesos al Seguro Social. Habría sido
mejor dedicarlos a vivienda social, al régimen subsidiado.

Si no hacemos la reforma al Seguro, que
apenas está en
marcha, todavía en momentos críticos, esa institución
va a seguir demandando cuantiosísimas cifras del presupuesto
nacional, todo lo contrario de la utilidad que se esperaba.

Entonces me dijeron esto: ‘usted puede resolver ese déficit
muy fácil, no es sino que apruebe una reforma tributaria
imponiéndole un IVA del 16 por ciento a todo, que incluya
16 por ciento en educación –vayan multiplicando, súmenle
a una matrícula universitaria de 500 mil pesos un IVA del
16 por ciento-, súmenle a una fuente de servicios públicos
de 60 mil pesos un IVA del 16 por ciento, súmenle a un copago
de salud de 20 mil pesos el IVA del 16 por ciento. Entonces nosotros
dijimos: ¡no!

En efecto, se tramitó una reforma tributaria moderada,
que acaba de tener un traspié en la Corte Constitucional
al que le tenemos que buscar alternativas. Se avanzó, pero
insuficiente.

Sacamos adelante el impuesto al patrimonio
para la Seguridad Democrática,
que se derrama solamente sobre contribuyentes con patrimonios superiores
a 160 millones de pesos aproximadamente. Eso ayudó a financiar
la seguridad el año pasado, este año y queda un remanente
para contribuir a la financiación de la seguridad el año
entrante.

En Cundinamarca estamos adelantando el
Plan Patriota, una operación
militar y de seguridad de la cual hemos hablado muy poco, pero
se ha actuado mucho. Los resultados son muy buenos y creo que el
pueblo cundinamarqués empieza, lentamente, a percibir esos
resultados. Creo que los van a percibir en la comunicación
con la ciudadanía, los aspirantes a la gobernación
y los aspirantes a la asamblea del departamento.

Pero esos recursos de seguridad son unos
recursos que se originaron por una sola vez y que se agotan en
su remanente en el año
2004.

Hemos implementado la reforma administrativa,
controversial, difícil.
Tiene que empezar por la Presidencia de la República –aquí está el
Secretario General- que al final de este Gobierno debe ahorrarse
más de un 30 por ciento para dar ejemplo.

Vamos a buscar cómo, en los tres años que quedan,
se completa esa reforma administrativa. En buena parte la hicieron
departamentos y municipios con la Ley 617 y la Nación no
la hizo. Y es injusto imponerle a las entidades territoriales la
obligación de reestructurarse, cuando la Nación le
da la espalda a esa obligación.

Entonces, la reforma administrativa es
un gran paso. Lo estamos haciendo con criterio social, salvo
en las asociadas de Telecom
donde tuvimos un problema jurídico. En las demás
entidades, donde se está adelantando la reforma administrativa,
se ha aplicado el siguiente esquema social.

Primero: se garantiza la estabilidad de
la madre cabeza de familia sin alternativa económica, del discapacitado y del próximo
a jubilarse.

Segundo: aquellas personas por debajo del
nivel de dirección
que definitivamente salgan, son acogidas por un programa de renovación
laboral que les garantiza, hasta por un año, una compensación
mensual de ingresos muy semejante al salario que venían
devengando, con la condición de que estudien. Y eso está en
plena marcha. Eso va a ayudar muchísimo.

Entonces, la reforma administrativa es un gran esfuerzo apenas
empezando, pero no suficiente.

Tenemos que apelar a la lucha contra la
corrupción. Yo
creo que es bien importante, expedimos el decreto 2170, estamos
cuidando celosamente que se aplique en todo el país. Ese
decreto obliga a que antes de adoptar un pliego de condiciones
haya un prepliego, que ese prepliego se publique, que se atienda
a la crítica ciudadana, que para adjudicar el contrato haya
una audiencia pública y que todo contrato del Estado tenga
veeduría comunitaria.

Pero el referendo es otro paso esencial
en la lucha contra la corrupción. Ustedes conocen allí el artículo
que prohíbe que los condenados por delitos contra el patrimonio
del Estado puedan regresar al Estado bien sea por nombramiento,
por elección o por contrato. Todas estas reformas que hemos
implementado son convenientes, necesarias, pero insuficientes.
Entonces, nos toca afectar por referendo gastos de funcionamiento.

¿A quiénes afecta la congelación de salarios?:
a una parte del sector público, al sector privado no lo
afecta.

Es muy importante decirle a todo el pueblo
trabajador de Bogotá que
el sacrificio se le está pidiendo a una parte del sector
público, que no se le solicita ese sacrificio a los trabajadores
del sector privado.

Hace pocos días, alguien me preguntaba: ‘Presidente ¿y
ustedes cómo garantizan que el sector privado no siga el
ejemplo, no congele salarios?’ Mi compromiso, que vengo a
reiterar, enfrente de ustedes esta mañana, es reajustar
el salario mínimo durante los años del referendo.

El Gobierno continuará reajustando el salario mínimo
y eso garantiza que se cumpla el compromiso de no congelar los
salarios en el sector privado.

Ustedes saben muy bien a quiénes se les pide el sacrificio
en el sector público: a quienes tengan salarios y pensiones
por encima de dos salarios mínimos. En la Nación,
solamente el 29 por ciento de los funcionarios tiene salarios por
encima de dos salarios mínimos. O sea que el 71 por ciento
queda excluido.

Me han dicho que en la Alcaldía Mayor hay unos rangos salariales
superiores a los de la Nación. Entonces, es posible que
allí el porcentaje de personas que nos deba ayudar con su
sacrificio, sea mayor.

¿Pero miren qué pasa?: en muchas ciudades colombianas
ha habido atrasos hasta de dos años, de tres años.
La Guajira, hasta de 36 meses. Santa Marta, hasta 36 meses, para
pagar parte de salarios, prestaciones, para pagar pensiones.

La Nación, Bogotá (que yo conozca), Cundinamarca,
han estado pagando cumplidamente, haciendo los reajustes año
tras año, pagando a tiempo. ¿Qué estamos pidiendo?
Estamos pidiendo un aporte. Es mejor hacer un sacrificio de aumento
dos años, que exponernos a que la Nación llegue a
estar en la situación del Chocó, sin plata para pagarle
a los pensionados, sin plata para pagarle a los empleados. Eso
sería dramático.

Y hay unos atenuantes. Al congelar salarios,
de todas maneras se pone un piso: los ciudadanos que tengan esos
salarios congelados
no pueden afectarse si la inflación es mayor a lo que fue
en el año 2002. Y si hubiera una inflación mayor,
la diferencia queda descongelada.

PENSIONES

Miren, guarden esta comparación que es importante. El año
entrante, al Distrito, a los departamentos y municipios para educación
y salud, la Nación les girará 14 billones de pesos. ¿Ustedes
saben cuánto vale el cheque de la Nación para pensiones?
Vale 9 billones 800 mil millones de pesos el cheque de la Nación
para pensiones.

Al ritmo que está creciendo ese cheque, en pocos años
la Nación va a tener que girar más para pago de pensiones
que para atender educación y salud. El número de
jubilados crece en un 7 por ciento, año tras año
y se agotaron las reservas del Seguro Social. Veníamos insistiendo: ‘se
van a agotar, se van a agotar.’ Y no creíamos. Ya
se agotan.

A partir de julio – agosto del año entrante, el presupuesto
nacional tendrá que girarle mes a mes al Seguro Social,
para que el Seguro Social le sume a las cotizaciones lo que le
hace falta para pagarle a sus jubilados. ¿Por qué?:
porque se agotaron sus reservas.

Entonces, ahí viene el tema de pensiones. ¿Qué hacemos
en pensiones? Congelar parcialmente y desmontar regímenes
privilegiados.

Congelamos pensiones por encima de dos
salarios mínimos.
Pero ¿ustedes saben esto?: el 86 por ciento de los colombianos
no tendrá congelación porque ellos tienen pensiones
por debajo de dos salarios mínimos.

Y en salarios y pensiones hay dos escalas.
Entre dos salarios mínimos y 25, la congelación es de dos años.
Más de 25 salarios mínimos –Presidente de la
República, Congreso, magistrados de altas cortes-, la congelación
es de cuatro años. O sea que tenemos cero congelación,
congelación por dos años y para aquellos con ingresos
pensionales o salariales en el sector público por encima
de 25 salarios mínimos, congelación de cuatro años.

¿Dónde va esa congelación?: nosotros no congelamos
los recursos de educación y salud. Al departamento de Cundinamarca,
se le girará la transferencia. Entonces, el departamento
de Cundinamarca obtiene unos ahorros por el sacrificio que harán
profesores, funcionarios públicos, por el esfuerzo que tienen
que hacer para, con la misma cantidad de dinero, hacer los gastos
de funcionamiento. Ese ahorro lo debe llevar el departamento de
Cundinamarca a los fondos pensionales, territorial de Cundinamarca,
del sector salud y de los maestros. Entonces, es un ahorro para
pagar las pensiones de los servidores públicos.

Es una platica que ahorran servidores públicos hoy para
pagar la pensión de antiguos servidores públicos
y que va a servir para que los actuales servidores públicos,
mañana, cuando se jubilen, también les puedan pagar
sus pensiones.

Desmonte del régimen privilegiado
de pensiones

¿Ustedes creen que hay derecho que cuando no hemos tenido
dinero para pagar las pensiones de la gente pobre sigamos con regímenes
privilegiados? Por eso se eliminan y se impone la norma de que,
en adelante, no se puedan reconocer pensiones por encima de 25
salarios mínimos.

Aquí entro a hablar de los maestros. Llegó el ministro
Juan Luis Londoño (Q.E.P.D) a la oficina y me dijo: ‘Presidente,
vengo de reunirme con los maestros. La inmensa mayoría de
los actuales maestros se jubilan antes de 2007, ellos dicen que
por qué les van a quitar su régimen si están
próximos a jubilarse’. Ministro, ¿qué propone? ‘Presidente,
yo propongo que el referendo diga: Se eliminan los regímenes
privilegiados, pero a partir del año 2007.’ Así lo
aprobó el Congreso.

Eso produce la consecuencia de que los
maestros, próximos
a jubilarse hasta el año 2007, se puedan jubilar con el
antiguo régimen, que ese es un régimen bastante privilegiado.
El único caso en el cual el desmonte es inmediato es en
la Presidencia de la República. Porque yo le dije al ministro
Juan Luis Londoño: para evitar malos entendidos, cuando
escriban ustedes en el texto que habrá un período
de transición para el desmonte de regímenes privilegiados
hasta 2007, exceptúen eso, advirtiendo o imponiendo la norma
de que en el caso de los ex Presidentes de la República
se aplicará tan pronto se apruebe el referendo.

Y ya se firmó un decreto ley en virtud de la reforma pensional
que dispone que, desde ahora mismo, los ex Presidentes de la República
hacia delante, empezando por mi caso, tendrán que someterse
al régimen ordinario de pensiones.

En el año 2006, yo terminaré la Presidencia con
54 años de edad. Con el régimen actual, saldría
con una pensión de cerca 16 millones de pesos. Con lo que
se ha aprobado y con lo que se propone en el referendo, tengo que
esperar cumplir 62 años, tengo que seguir cotizando, ajustar
las semanas de cotización y puedo aspirar máximo
a una pensión de 25 salarios mínimos. Lo mismo le
va a ocurrir a los congresistas, a toda la gente de Telecom, Ecopetrol,
etcétera.

Algunos sindicatos han dicho que les afectamos
el derecho a la negociación colectiva, eso quedó resuelto en la Corte
Constitucional. Yo pude en la audiencia de la Corte y la Corte
sí acogió la tesis, demostrar lo que ha dicho la
OIT: los países tienen que manejar esos convenios de acuerdo
a sus particularidades. Garantizar el derecho a la negociación,
no quiere decir garantizar privilegios pensionales.

Colombia tiene que escoger: o eliminamos los privilegios pensionales
o seguimos quebrando las entidades del Estado. Ese es el dilema.

¿Qué más hicimos por los maestros? El Plan
de Desarrollo aprobó un artículo inmensamente benéfico
para los maestros. Les salva el Fondo Prestacional y obliga al
Estado, como empleador de los maestros, a hacer las cotizaciones
de seguridad social de los maestros. ¿Saben cuánto
le cuesta eso al Estado el año entrante? 654 mil millones
de pesos.

¿Qué más hemos hecho por los maestros? Todo
el referendo es una orientación en favor de la educación,
del saneamiento básico.

Los maestros no pueden pensar en la educación como que
ellos fueran el único actor, tienen que pensar que en la
educación integralmente. Y la educación integralmente
es la gran beneficiaria del referendo.

Esta mañana vi una serie de pronunciamientos de directivos
sindicales del magisterio contra el referendo. Nosotros tenemos
problemas, por ejemplo, ahí decían que en la aplicación
de la Ley 715 aprobada con antelación –antes de llegar
este Gobierno-, todavía hay pagos que no se han hecho. Eso
es cierto y ese proceso de municipalización es muy complejo.

Por ejemplo, en mi departamento Antioquia
había unas primas
para los maestros que valían 60 mil millones de pesos al
año y las desmontó la Ley 715. Y el Gobierno no ha
podido resolver ese problema, no tenemos la facultad jurídica
ni tenemos los recursos. Eso es cierto. Pero creo que esos problemas
ahí van, mirando a ver hasta qué punto se pueden
resolver. Pero, este conjunto de normas que estamos proponiendo
es un principio altamente benéfico para la educación.

Lo primero es la manera como se está desarrollando este
referendo. Yo espero la noche del 25 de octubre poder decir: ‘¡qué bueno
que nadie se puedo quejar!’ Que Colombia les dé todo
el espacio a los que quieran dar argumentos en favor del No, y
a los que estén dando argumentos en favor de la abstención.
Eso es lo primero que contradice este papelito.

Segundo, el Gobierno fue muy cuidadoso
en que el umbral y la cifra repartidora organizaran la política, contribuyeran a eliminar
la dispersión, pero sin afectar las minorías.

Por ejemplo, en una votación de 10 millones al Senado,
un umbral del 6 por ciento que exigiría que una lista para
poder competir tuviera 600 mil votos, afectaría las minorías.
Pero el umbral quedó del 2 por ciento, de 200 mil votos.
No las afecta, las ayuda porque las obliga a organizarse. El Congreso
y el Gobierno han sido sumamente cuidadosos al procurar organizar
la política sin afectar las minorías.

Qué lástima que no pudimos acabar con todos. Por
ejemplo las contralorías departamentales y municipales,
con honrosas excepciones, cuestan 170 mil millones de pesos al
año y para poco han servido. Han sido, generalmente, organismos
de reparto, de puja política, a ver qué grupo las
controla para atender a sus amigos burocráticamente. Un
costo altísimo, sin resultados.

Uno conoce muchos casos en estos organismos
donde se absuelve por amistad política, se condena por diferencias políticas.
La Contraloría General de la Nación puede manejar
eso y el referendo dispone que lo maneje apoyándose en cooperativas,
en universidades, en entidades asociativas y que al eliminar estas
cooperativas territoriales, ese ahorro vaya a educación.

Miren, visionariamente, estos distinguidos
candidatos a la Gobernación
de Cundinamarca y a la Alcaldía de Bogotá, han entendido
que van a encontrar unos fiscos con dificultades. Si uno compara
Bogotá con el resto del país, Bogotá está muy
bien. Pero cuando uno compara Bogotá con su situación
fiscal, con la problemática social, Bogotá necesita
todavía millones de millones para resolver su problemática
social.

Yo recorro el país, veo la crisis de Santa Marta y digo:
Bogotá es un paraíso. Pero enseguida se asoma uno
a algunos sitios de Bogotá y uno dice: falta mucho. Por
eso, visionariamente han entendido que el referendo les va a dar
gobernabilidad porque los va a ayudar a mejorar la inversión
social. Probablemente no en el año 2004, porque en el año
2004 el ahorro de contralorías hay que dedicarlo a pagar
indemnización de funcionarios. Pero a partir del año
2005 sí les va a ayudar muchísimo.

Quiero, desde Bogotá hoy convocar a todos los candidatos
a todas las gobernaciones y a todas las alcaldías del país
a que nos ayuden con el referendo, porque van a encontrar unos
fiscos convalecientes, muchos en cuidados intensivos y el referendo
les ayuda a sacarlos adelante para que puedan gobernar.

He de ver a muchos de los alcaldes y gobernadores,
al mes de posesionados, diciéndole a la gente: no les he podido cumplir porque esto
está quebrado. Recorriendo las oficinas del Gobierno Nacional: ‘Presidente,
Ministros, ayúdennos que yo me comprometí a esto
y no he podido’. Y uno sin referendo les dice: ¿y
ayúdele con qué, si la situación de la Nación
es peor?

Para la gobernabilidad de los años que vienen, es fundamental
este ahorrito del referendo. Algunos han dicho: ¿cómo
van a eliminar las contralorías si eso es un paso atrás
para la descentralización?

No, nunca la descentralización ha tenido como elemento
esencial los organismos de control. La descentralización
es política, la descentralización es administrativa,
la descentralización es fiscal. Pero los organismos de control
no han sido elementos esenciales en la descentralización.
España, toda esa lucha por la autonomías y ha habido
momentos en que sólo ha tenido una Corte Nacional de Cuentas
con 600 empleados para toda la Nación, que también
hacen fiscalización en las autonomías.

En fin. Este papelito tiene muchos puntos,
pero yo me haría
muy extenso.

Eso no es cierto. El referendo dice categóricamente: “condenados
por corrupción contra el patrimonio del Estado” y
no abre la posibilidad de que devolviendo lo que se robaron, puedan
recuperar la capacidad de ser elegidos, nombrados o contratados
por el Estado. Eso no es cierto.

Colombia tiene unos compromisos de deuda
sumamente grandes en los años que vienen. Nosotros estamos renegociando eso a
la manera colombiana: cambiando títulos que se van a vencer
rápidamente por títulos de largo plazo, buscando
generar confianza en la economía colombiana para rebajar
el costo.

Este año, Colombia es el país más privilegiado
con desembolsos del Banco Mundial y del Banco Interamericano. Para
nosotros poder estar a toda hora muñequeando con estos organismos
para favorecer a Colombia, también tenemos que dar señales
inequívocas de buen manejo económico.

Ya expliqué lo de las minorías y lo de la oposición.

Ya lo hemos explicado.

Bueno, de mi siempre han dicho cositas
a lo largo de mi carrera pública, entonces esta dejémosla
quieta sin responder.

El referendo no tiene nada populista. Aprobar
un referendo en los términos en que este referendo está planteado,
exige mucha responsabilidad. La aprobación del referendo
puede dar gran confianza internacional.

Yo me he puesto en la simulación de pensar como analista
financiero el día siguiente del referendo, con el referendo
aprobado y el primer raciocinio que haría sería este:
responsables los colombianos, con ese problema de terrorismo y
de pobreza y desempleo y vea lo que aprobaron, responsable pueblo
y eso se tiene que traducir en oportunidades.

EL INTANGIBLE DEL REFERENDO

Está movilización de colombianos que ustedes encabezan
en Bogotá y Cundinamarca, nos está dando la oportunidad
de crear una gran conciencia nacional contra la cultura de la corrupción.

La sola circunstancia de agitar estas tesis,
de movilizar al país
en contra de la corrupción y en contra de la politiquería,
va a traerle al país un enorme beneficio. Yo creo que el
país en materia de conciencia pública, de cultura
política contra la corrupción y contra la politiquería,
es diferente antes o después del referendo. Ese es un intangible
bien importante.

EL CONGRESO

Algunos dicen: ‘es que Uribe propuso Congreso unicameral
de 160’. Es cierto y yo tengo que darle la cara al país
y no lo pude sacar así, no tuve la fuerza en el Congreso.

Muchos congresistas que contribuyeron en
mi elección me
dijeron: ‘estamos de acuerdo con reducirlo pero que siga
siendo dos cámaras’. Entonces cuando empezaron a hacer
el ejercicio de los números de integrantes para dos cámaras,
dijeron: ‘si tuviéramos un Congreso de una sola cámara,
es posible que en Colombia funcione con 160, pero un Congreso de
dos cámaras, mínimo necesita 218’. Eso es diferente
a lo que yo propuse, pero hay un avance.

Hoy el Congreso tiene 268, pero si aplicáramos la Constitución
en debida forma, tendría 320 porque la Constitución
define un crecimiento en la Cámara de Representantes en
el número de sus integrantes, proporcional al crecimiento
de la población. Y la composición de la Cámara
hoy está definida por el número de ciudadanos que
tenía Colombia en 1985. Con el número de hoy, 2003,
tendríamos que tener 320 congresistas y seguiría
creciendo la composición del Congreso. Aquí queda
con 218 y se congela. Ocurra lo que suceda en adelante con el volumen
poblacional de la Patria, tendremos un Congreso de 218.

Pero a ese Congreso se le congela el salario
cuatro años,
a ese Congreso se le desmontan privilegios como el régimen
privilegiado de pensiones y se desmontan definitivamente los auxilios.
Con los auxilios hay una cosa bien importante: se prohíben
en el Congreso y también en las asambleas y en los concejos.
El referendo ha dado unos pasos muy importantes para impactar también
la política local.

El pago de auxilios se sanciona en cabeza
del integrante de corporación
que los tramite y en cabeza del funcionario público que
los otorga. Eleva esa conducta a la causal de pérdida de
envestidura y la pérdida de investidura, que hasta hoy ha
operado apenas en el Congreso, definitivamente se extiende a asambleas
y a concejos. Entonces, ahí tenemos que hacer concordante
ese artículo con el de las audiencias públicas.

El Director de Planeación Nacional (Santiago Montenegro)
ha celebrado 64 audiencias en Colombia para discutir la racionalización
de partidas del presupuesto. Ese es un anticipo de lo que propone
el artículo cuarto del referendo.

Si la memoria no me traiciona, el tema
de las audiencias públicas
lo propuso el honorable senador Rafael Pardo y finalmente lo acogió el
Congreso y el Gobierno lo comparte. A mí me parece sano,
porque vamos a establecer la diferencia entre el auxilio y la audiencia.

Imagínense ustedes que el doctor Mojica sea congresista
hoy y diga: ‘Presidente, yo le voto tal proyecto pero me
da una partidita de 40 millones de pesos para hacer un edificio
en tal pueblo’. Yo le digo: ‘bueno, doctor Mojica,
llamo al Ministro de Hacienda, a la Dirección de Presupuesto
y le digo: consígase esa platica de alguna manera que este
voto se necesita’. Pero me está pidiendo la platica
puede ser para un edificio de un colegio, puede ser que quede bien
y puede ser que lo contraten bien. En otros casos, la platica va
amarrada, le llega al alcalde y me lo contrata con fulano. Y son
innumerables los casos que se conocen, que parte va finalmente
a unas arcas privadas por los caminos tortuosos de la corrupción.

Y en el evento de que el doctor Mojica
y yo manejemos ese acuerdo transparentemente, se afectan varias
cosas: se afecta la independencia
del Congreso. Yo creo que hemos avanzado mucho este año
en tener un Congreso independiente para criticar al Ejecutivo y
la crítica incomoda pero es necesaria para la democracia.
Y se afecta también la planeación, porque muchas
veces se entregan esos dineros sin rigor de prioridades.

La audiencia pública es muy útil, dispendiosa, difícil,
hay que tener paciencia y vocación democrática. Discutir
en una audiencia pública cómo se asignan unos recursos
presupuestales, es muy difícil. Es más fácil
sacar el bolígrafo, ejercitar poderes omnímodos y
decir como funcionario: ‘la plata se gasta así y asá y
no más’. Aquí hay que someterse a una discusión.
A mí me gusta porque cuando el pueblo conozca todas las
cifras, los políticos no podemos mentirles más.

Esas audiencias van a facilitar un manejo
popular de los presupuestos, van a ampliar la base colombiana
de conocimiento de las finanzas
públicas. Consecuencia: más difícil engañar
al pueblo. Va a haber más participación popular en
prioridades y también va a haber más conciencia de
limitaciones. Cuando la ciudadanía conozca todas las limitaciones,
también todo el mundo va a moderar sus expectativas. Yo
creo que es bueno desde todo punto de vista.

Algunos han dicho: ‘¿para qué referendo para
implantar el voto público, para prohibir los suplentes?’ Nunca
pudimos implantar el voto público. ¡Nunca, años
y años tratando de sacarlo adelante!

Ahora se aprobó una reforma política porque había
la presión del referendo. ¿Cuántas reformas
políticas se habían ahogado? Yo me pregunto: ¿qué habría
pasado con las propuestas de reforma política si no hay
un referendo caminando? Y el voto público nunca se ha aprobado.
Es muy importante que los colombianos puedan prender la televisión
y enterarse cómo votan sus parlamentarios y sus concejales
y sus diputados, para hacer control político.

LOS SUPLENTES

Ya la Constitución del 91 los había eliminado y
los revivió el Congreso por norma constitucional.

En 1998 el país eligió 267 congresistas y en ese
cuatrienio hasta el año 2002, oficiaron 500. Muchos han
entrado allí por el carrusel pensional. Le dicen a quien
encabeza la lista: ‘le doy 100 millones de pesos para la
campaña, póngame de cuarto, no hablo de elegirlo
sino a usted, pero me deja asistir seis meses para ganar mi pensión
o para mejorarla’. Eso no puede seguir.

Entonces a alguien que le faltaba seis
meses para pensionarse y aspiraba a una pensión de 2 millones, entró 6 meses
al Congreso (los que votaron por esa lista no sabían que
estaba votando por él porque no conocía sino la cabeza)
y salió con una pensión, no con la de 2 millones
que aspiraba, sino con la pensión de 11 millones del Congreso.
O alguien que tenía una pensión de 600 mil pesos,
entró un rato al Congreso, la tuvieron que revisar y dio
el brinquito de 600 mil a 11 millones. Eso no puede seguir.

El Presidente Turbay Ayala me decía una vez, con todo el
talento político que lo caracteriza, me decía: ‘hombre, Álvaro,
conozca muy bien a los congresistas por nombre propio, porque ellos
muchas veces le exigen a uno más el reconocimiento que los
propios contenidos del discurso’. Y yo he hecho ese esfuerzo.
Hoy me declaro vencido.

Entran tantos suplentes que, en cada nueva
reunión que
tengo con las bancadas parlamentarias, se ha cambiado la composición
y es imposible ya reconocerlos a todos y memorizarlos. Y cambia
la orientación programática del Congreso y no hay
manera de definir bancadas.

Entonces, eso que lo había eliminado el Constituyente,
lo revivió el Congreso. Estoy seguro que eliminándolo
el pueblo, no habrá Congreso que se atreva a revivirlo.

Muchas gracias.

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