PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN LANZAMIENTO DEL LIBRO SOBRE EL TLC, DE JORGE RAMÍREZ OCAMPO
Julio 26 de 2007 (Bogotá D.C. – Cundinamarca)

PALABRAS
DEL PRESIDENTE URIBE EN LANZAMIENTO DEL LIBRO SOBRE EL
TLC, DE JORGE RAMÍREZ OCAMPO
Julio 26 de 2007
(
Bogotá D.C. – Cundinamarca)

“Acudo a felicitar al doctor Jorge Ramírez
Ocampo por esta magnífica contribución al proceso
de la economía colombiana de nuestros días.
Durante toda la etapa de concepción del TLC por este
Gobierno, la siguiente de convencer a los Estados Unidos
para que empezáramos negociaciones, la siguiente de
los largos meses de negociación, y lo que ha sido
ahora el difícil tema de la ratificación en
los Congresos, hemos tenido la compañía, las
luces, el consejo del doctor Jorge Ramírez. Y de qué manera.
En nombre de mis compañeros de gobierno, quiero expresar
a él toda nuestra gratitud.

El libro y el tema, la agitación del tema que en
buena hora hace el libro, pone de presente la necesidad de
que una economía como la colombiana, por lo que produce,
por lo que puede ofrecer en el presente, por lo que se vislumbra
en su canasta productiva hacia el futuro, necesita incursionar
en los mercados internacionales y requiere estos tratados.

Alguna vez, en una discusión con el presidente Chávez,
le decía amistosamente: bueno, pero ustedes tienen
aquí en Venezuela petróleo, que todo el mundo
se los arrebata. La canasta productiva de Colombia es una
canasta que tiene que salir a competir con muchos países,
con muchas dificultades, y que requiere estos acuerdos de
comercio. Creo que la diferencia de lo que se produce en
países como Bolivia o como Venezuela y lo que se produce
en Colombia, empieza a marcar la diferencia, que puede ser
determinante, de las actitudes políticas y de la actitud
política nuestra en busca de estos tratados.

En este gobierno, antes de este tratado (y lo digo porque
tiene impacto en el examen constitucional, y aquí está el
ex presidente de la Corte Constitucional, el doctor Montealegre),
nosotros promovimos el tratado entre la comunidad andina
y Mercosur. Se hizo. Está perfeccionado. Hace cinco
años estaba totalmente descartado de la agenda. Había
mucha oposición. Y se logró. Creo que ahí mostramos
toda nuestra vocación de cumplir con el mandato constitucional
de darle esta prelación a América Latina, a
América del Sur.

No fue fácil el proceso con los Estados Unidos. Colombia
había negociado un tratado con los Estados Unidos
en la administración del presidente López Pumarejo,
visionariamente. Y las dificultades de la Guerra impidieron
la aplicación de ese tratado. Posteriormente, carteras
ministeriales aisladas de algunos gobiernos trataron de hacer
lo mismo, pero no se convirtió en ese momento en política
de gobierno.

El primer esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer fue para
que todo nuestro gobierno lo asumiera como política
esencial en el plan de gobierno. Que no fuera solamente la
cartera de Hacienda, la cartera de Comercio, sino que fuera
una política de todo el gobierno.

Después no fue fácil convencer a los Estados
Unidos de que debíamos negociarlo. Primero, propusieron
la objeción de que ellos estaban buscando era el Alca,
el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Que
no podían denunciar al Alca e insistir en la vía
de los acuerdos bilaterales.

Insistimos en nuestra tesis de que dadas las dificultades
políticas del Alca, las complejidades de la región,
podía ser menos difícil llegar a la integración
del continente vía acuerdos bilaterales, que seguir
esperando que las condiciones políticas permitieran
el Alca.

Además les expresamos reiteradamente cómo
las mismas características, peculiaridades, de cada
una de las economías de la región, generaban
prioridades diferentes. Cuando uno compara el comercio de
Brasil con China, la participación de las exportaciones
de Brasil en el mercado de Estados Unidos, con Colombia,
en esos mismos aspectos, encuentra que Brasil tiene menos
urgencia de un tratado de libre comercio con los Estados
Unidos, de lo que tiene Colombia. Basta hacer esas dos comparaciones.

Vino el entonces director de Comercio de los Estados Unidos,
el señor (Robert) Zoellick, y con muchas dudas nos
preguntó si estábamos listos para negociarlo.
Y recuerdo cuando dijo: “¿Y si ponemos todo
en la mesa?”. Y nosotros teníamos vacilaciones,
pero finalmente resultó que le da más dificultades
a los Estados Unidos ponerlo todo sobre la mesa, que a nosotros
mismos. Creo que ese es un buen punto para resaltarlo en
la historia de este tratado.

Me parece que fue ayer que estábamos en esa reunión
con usted, ministro Botero, cuando se dio esa discusión
con el Director de Comercio de los Estados Unidos.

En las semanas que vienen vamos a firmar el tratado con
tres países centroamericanos. Con Honduras, con el
Salvador y con Guatemala. Otro paso muy importante, porque
nos parece que no es lógico que mientras ellos han
suscrito con los Estados Unidos el Cafta y nosotros estamos
empeñados en la ratificación de los Congresos
de este tratado, nos demos la espalda entre Centroamérica,
Colombia y los demás países andinos. Creo que
es un buen paso la firma de este tratado. Creo que es ahora
en la primera semana de agosto.

Insistimos mucho en lanzar las negociaciones con Canadá.
Y eso se ha concretado con el Primer Ministro Harper. Después
de más de 50 años de las relaciones entre Colombia
y Canadá, por primera vez hemos tenido la visita del
Primer Ministro canadiense, con toda la voluntad, para adelantar
esta negociación. Confiamos hacerla rápidamente.
Los procesos de negociación enseñan. Ojalá esta
la podamos hacer más rápidamente. Y tenemos
mucha fe de que eso ayude a abrir otros caminos.

Después de sortear muchas dificultades con países
en manos de la Comunidad Andina, logramos lanzar las negociaciones
con la Unión Europea. Ojalá también
podamos sacar esas negociaciones rápidamente.

Anoto que en la negociación con Canadá, los únicos
dos países andinos que estamos participando somos
Perú y Colombia. Los otros dos hermanos andinos no
están en la negociación con Canadá.

Hemos empezado en este Gobierno los tratados de protección
de inversiones y de desmonte de la doble tributación
con algunos países. Queremos llegar a un tratado de
protección reciproca de inversiones con China. Ya
se le ha planteado al Gobierno chino.

Y estamos ahora iniciando con el Gobierno hindú,
porque también consideramos de gran importancia para
nuestro país tener el tratado de protección
recíproca de inversiones con la India.

Me parece que además la participación de los
laboratorios de medicamentos hindúes en el mercado
internacional, la proximidad de la llegada de sus productos
a Colombia, puede despejar muchas dudas al entrar un nuevo
actor en la oferta, sobre lo que estos tratados pueden influir
en el aumento de los precios de los medicamentos. Solamente
en el aspecto de medicamentos encontramos un gran atractivo
para avanzar en ese proceso con la India.

Para toda esta política nuestra de buscarles a los
colombianos mercados, para que haya más oportunidades
de empleo con afiliación a la seguridad social, de
empleo de calidad, es muy oportuno el libro del doctor Ramírez
Ocampo.

Y uno hace una comparación: Chile tiene 16 millones
de habitantes. Cuando se suman los habitantes de los países
con los cuales Chile tiene tratados de comercio, podría
uno decir que los 16 millones de chilenos pueden producir
para un mercado de 3 mil 500 millones de habitantes. ¿Por
qué Colombia, dada la composición actual de
su canasta productiva y la futura, no lo va a hacer? Creo
que ahí tenemos un gran reto.

En el libro el doctor Jorge Ramírez trae varias posibilidades
para Colombia en este tratado con los Estados Unidos. Me
voy a referir a cuatro de ellas: la posibilidad de los servicios.
Ayer me reunía con el sector de telecomunicaciones,
que viene con un gran crecimiento en nuestro país.
Ustedes saben el desatraso del país en telefonía
móvil: cómo pasó rápidamente
de 4 millones de celulares a casi 30 millones de celulares.
Y ahora en esta segunda administración estamos empeñados
en el desatraso en conectividad y en banda ancha.

La buena noticia de ayer es que en eso estamos creciendo
al 150 por ciento. Y que sectores como los call center, los
centros de llamada, donde tenemos un gran futuro con estos
tratados, empiezan a mostrar crecimientos anuales sostenidos
del 14 por ciento. Eso tiene que ayudar muchísimo.

La otra posibilidad, de las que quiero mencionar, que trae
el doctor Jorge Ramírez en su libro, es el tema de
los biocombustibles. Hace cinco años nosotros no producíamos
un litro en biocombustibles.

Con el ministro Junguito, quien hoy nos acompaña,
en nuestra primera reforma tributaria empezamos a introducir
los incentivos para que Colombia empezara a producir biocombustibles.
Y se fueron complementando. Y a eso se le sumó todo
el trámite con la Organización Mundial de Comercio.
Las reglas técnicas, los acuerdos con los distribuidores
de combustibles, etcétera. Hoy el panorama es bueno
y muy promisorio.

Estamos produciendo 1 millón 200 mil litros de alcohol
carburante. Los primeros 50 mil litros de biodiesel provenientes
de aceite de palma. Hay muchas plantas en instalación,
ya en construcción, y muchas en proyecto. El país
tiene todas las posibilidades.

Acabamos de producir los decretos para que por tarde en
el año 2012, con unas fechas intermedias, todos los
motores que se importen al país o se ensamblen en
el país, tengan que tener la condición de motores
flexibles para poder tener una mezcla mínima no inferior
al 20 por ciento en biocombustibles y de ahí para
adelante llegar hasta el ciento por ciento.

Y aparece algo bien importante: uno mira los Estados Unidos,
Argentina, Canadá, con esa gran producción
agropecuaria, donde se puede producir muchísima materia
prima para los biocombustibles, y no tienen manera de crecer
su frontera agropecuaria.

Por ejemplo, Estados Unidos para producir más etanol
tiene que sacrificar maíz de consumo humano directo
o de consumo industrial, o tiene que sacrificar áreas
de arroz. La Argentina lo mismo: tiene que sacrificar otros
productos. En el Brasil el crecimiento de la frontera agropecuaria
los tendría que obligar a derribar más selva.

Nosotros tenemos una gran ventaja: tenemos 44 millones de
hectáreas de pastos y sabanas. Muchísima extensión
despoblada: apenas 26 millones de cabezas de ganado en el
país. Esas 44 millones de hectáreas de pastos
y sabanas, todas son aptas para la producción de agricultura
de biocombustibles. El país apenas tiene un poco más
de 4 millones de hectáreas de agricultura comercial.

Entonces el país puede decir: tenemos una gran extensión
para producir biocombustibles, sin derribar un milímetro
cuadrado de selva, y sin afectar la seguridad alimentaria.

Algo bien importante: nuestra última ley forestal,
a tono con los tratados internacionales, prohíbe que
se cambie el uso de la selva, que se derriben árboles
de la selva para sustituirlos por agricultura, para cambiarles
de uso.

La gran crítica a los biocombustibles en el mundo
se da justamente por el temor de derribar la selva o por
el temor de afectar la seguridad alimentaria. En Colombia
podemos despejar esos dos temores.

Lo del Brasil, que puede ser el gran proveedor de biocombustibles
de los Estados Unidos, tiene un arancel grande en los Estados
Unidos. Y es difícil que lo desmonten mientras no
se haga el acuerdo de comercio Brasil-Estados Unidos. Nosotros
logramos en la negociación de este tratado, que nuestros
biocombustibles entren sin arancel y sin limitación
de cantidad al mercado de Estados Unidos.

Otro punto bien importante del libro, sobre posibilidades,
es el de repensar algunas industrias, como la industria de
textiles y confecciones, e ir abandonando lo básico
o lo simplemente maquilador. Y agregar valor, avanzar en
la escalera del valor. Y entrar Colombia a incursionar más
activamente en la competencia de confección con agregado
de moda.

Y resalta el libro del doctor Ramírez Ocampo la importancia
de la distancia de Colombia con el mercado de los Estados
Unidos, para poder atender con toda rapidez las exigencias
estacionales del mercado en los Estados Unidos.

Entre las muchas posibilidades que él trae, quería
haber resaltado estas cuatro. Me parece que una gran contribución
del libro es ponernos a pensar en los productos que podemos
mejorar, que podemos poner a transitar por una escalera tecnológica
para agregar valor, y en los nuevos productos para llegar
a ese mercado.

También plantea el libro retos, que son desafíos
para el Estado colombiano. El reto de las instituciones,
el reto de la formación de capital humano, el reto
de infraestructura, el reto de estabilidad de reglas de juego
y el reto de ciencia y tecnología.

Nosotros tenemos tres principales objetivos en el Gobierno:
el objetivo de consolidar la política de seguridad
democrática y el objetivo de consolidar la confianza
inversionista. Nosotros pensamos más en la confianza
inversionista que en el propio crecimiento de la economía.
Confianza inversionista con responsabilidad social. Y el
objetivo de cumplir nuestras metas sociales.

El elemento que integra las metas sociales con la confianza
inversionista, es la Revolución Educativa, la formación
de capital humano.

Estamos haciendo un gran esfuerzo para que en el 2010 tengamos
plena cobertura en educación básica. Ya estamos
superando el 92 por ciento. Venimos de una cobertura en educación
universitaria del 22, estamos en el 29, aspiramos en el 2010
llegar al 34.

Todo está acompañado por esfuerzos de calidad.
La vinculación de los maestros por meritocracia, los
exámenes de calidad de maestros, los nuevos exámenes
a estudiantes, las Pruebas Saber, las pruebas a egresados
universitarios.

Estamos haciendo un esfuerzo grande para que en el 2010,
el 70 por ciento de la población de educación
básica tenga sus escuelas debidamente interconectadas.
Cuando hablamos de la necesidad del destraso del país
en fibra ancha y en conectividad, uno de los objetivos es
llegarle en este cuatrienio al 70 por ciento de la población
estudiantil en el nivel básico.

Estamos haciendo un gran esfuerzo con el Sena. Un esfuerzo
cuantitativo y cualitativo para responder a este desafío.
Ha pasado de atender millón 100 mil estudiantes por
año a atender 4 millones. Este año deben ser
4 millones 400.

Ha pasado de 5 millones de horas de enseñanza por
año a 15 millones. Tenía una empleabilidad
de egresados del 42 por ciento, se está acercando
al 70. Todavía hay un 35 de no empleabilidad de egresados
es un campanazo. El Gobierno tiene que seguir trabajando
para mejorar esa empleabilidad. Y en agosto está instalando
su nueva plataforma virtual, que le permitirá tener
permanentemente en el país en ambiente virtual un
millón 200 mil estudiantes.

Preocupa al doctor Ramírez el tema de la infraestructura.
Ahí tenemos un gran atraso. Y un atraso muy costoso
de superar y muy difícil. Uno compara la localización
de nuestras tradicionales capitales industriales con el resto
de América Latina. Uno ve una gran infraestructura
en Chile, pero cerquitica al mar. Buenos Aires, con el río
y el mar. Montevideo. Las ciudades industriales del Brasil.
Caracas al pie del mar. Lima en el mar. Nosotros por un lado
a 1.200 kilómetros y por el otro lado a 700. Las dificultades
nuestras de infraestructura son muy grandes.

Encontramos muy serios problemas: casi todas las concesiones
en pleito. Nuestra primera prioridad fue superar pleitos.
Hoy están casi todos superados. Nos encontramos a
la espera de la decisión final del Tribunal de Cundinamarca
sobre el acuerdo que hizo el Gobierno con Commsa.

A pesar de las dificultades fiscales que todavía
subsisten, tenemos un plan ambicioso en materia de carreteras:
primero, concluir el Plan 2.500, que pavimenta 3.100 kilómetros
de carreteras. Segundo, contribuir con 140 millones de pesos
al año por municipio para el mantenimiento de las
vías municipales. Tercero, avalarles a los departamentos
créditos por mil millones de dólares para que
ellos ejecuten el mejoramiento vías departamentales.
Cuarto, todos los nuevos esfuerzos del Gobierno Nacional
dedicados exclusivamente a los corredores de competitividad
de comercio exterior

Para mencionarles apenas dos. Confío que este Gobierno
deje totalmente contratados los trayectos Bogotá-Buenaventura
y Bogotá-Santa Marta, con dobles calzadas y con el
Túnel de la Línea en plena construcción,
al que le hemos propuesto el nombre de “Túnel
del Segundo Centenario”.

En el trayecto Bogotá-Buenaventura está contratado
y en plena ejecución Bogotá-Girardot, San Rafael
en el Tolima. Hace dos semanas adjudicamos la concesión
San Rafael en el Tolima, Ibagué-Cajamarca. Se han
venido construyendo los viaductos de La Línea. En
plena construcción el Túnel de la Línea.
Nos faltaría Calarcá, Armenia, Buga.

Hemos contratado ya varios de los trayectos de la doble
calzada de Buga-Buenaventura. Estamos reparando la carretera
alterna, que ha sido la vía Simón Bolívar,
porque la construcción de la doble calzada dificulta
mucho el tráfico hacia Buenaventura. Entonces tenemos
que tener la vía vieja en buenas condiciones. Y están
en estudios los trayectos que aún no se han contratado
para la ejecución de la doble calzada.

Estamos esperando la definición del Tribunal de Cundinamarca
para contratar la doble calzada de Bogotá-Santa Marta.
Aspiramos en noviembre abrir esa licitación. Ya hay
un acuerdo con la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre
lo que sería el trazado: en lugar de 21 kilómetros
de túneles, menos distancia en túneles y unos
viaductos sobre la Hoya del Río Rionegro. Aspiramos
dejar eso totalmente contratado y en ejecución.

En materia de aeropuerto hemos avanzado en las concesiones.
La más importante es la de El Dorado. Las diferencias
que había con el concesionario sobre el terminal de
pasajeros y sobre el terminal de carga, ayer hubo una reunión
muy positiva. Confío que rápidamente se le
dé una buena noticia al país.

Estamos resolviendo los problemas de los puertos. Hemos
negociado recientemente la extensión de las concesiones
portuarias de Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura. La
extensión de la concesión portuaria en Buenaventura,
a lo que se suma una inversión adicional de 450 millones
de dólares por los concesionarios, y la adjudicación
de las concesiones para nuevos puertos en Buenaventura: Aguadulce
y el Puerto del Consorcio Industrial, ya adjudicados ambos,
permitirán que Buenaventura pase de una capacidad
portuaria de 11 millones de toneladas al año, a una
capacidad portuaria de más de 40 millones de toneladas
al año.

Estamos examinando ahora con la Sociedad Portuaria de Cartagena
a ver ellos cómo integran un servicio de cabotaje
por el río Magdalena y unos puertos en el río
Magdalena. Reconozco que ahí tenemos un gran cuello
de botella en infraestructura, pero hacemos todos los esfuerzos
a ver cómo los empieza a superar el país.

Las recientes decisiones del Congreso, como el acto legislativo
de Transferencias, dieron certeza en los mercados financieros
internacionales, y nos han ayudado a obtener unas ofertas
de mejor financiación, en términos de plazos
más extensos y tasas de interés más
bajas, para estas concesiones. En lo cual hay mucho interés
de los fondos de pensiones.

Y como todas estas concesiones necesitan un gran aporte
del presupuesto nacional, porque inicialmente no son autosuficientes,
entre más extenso sea el plazo de la financiación
y menos la tasa de interés, menor el aporte del presupuesto
nacional.

Reclama el doctor Ramírez Ocampo el tema de la estabilidad
de reglas de juego: nosotros tenemos allí un propósito
macro y una herramienta micro.

El propósito macro: poner el balance fiscal de la
Nación y el saldo de endeudamiento en condiciones
que le disipen el temor a todo el mundo. Hemos bajado el
déficit consolidado de la Nación del 4,2 al
0,7. El el Gobierno Nacional central sigue muy alto. Lo encontramos,
sumándole el agotamiento de reservas del Seguro, en
el 7 y medio. Está en el tres y medio y el cuatro.
Hay que seguir haciendo un gran esfuerzo.

El endeudamiento ha estado en el 48 – 50. Está en
el 28. Seguimos haciendo un gran esfuerzo para rebajarlo
más. Ya tenemos un pequeño superávit,
creciente, en el balance primario de la Nación. Endeudamiento
y balance fiscal son puntos fundamentales para tener esa
estabilidad en las reglas de juego.

Y la herramienta micro: la aprobación en el Congreso,
que bastantes dificultades le costó al Ministro Botero,
de la ley que autoriza al Gobierno Nacional a firmar pactos
de estabilidad. Confiamos que este año terminemos
con no menos de 60 pactos de estabilidad.

Y el tema de ciencia y tecnología. Yo tengo una apreciación:
el país produce excelentes resultados comparativos
en el mundo, a pesar de la poca inversión en ciencia
y tecnología.

Basta mirar lo de los últimos años: con lo
poco que se ha invertido, lo mucho que se ha logrado en biocombustibles.
Lo que el país ha logrado en transferencia, mejoramiento
de tecnología, de biocombustibles en estos últimos
cinco años.

Nosotros tenemos la meta de terminar este Gobierno con un
uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología. No
ha sido fácil, dadas las restricciones fiscales. Empezamos
en el 0,22 y espero que este año estemos por el 0,66
en el consolidado.

Reconozco que a pesar del gran esfuerzo que habrá que
hacer para llegar al punto sobre el PIB en ciencia y tecnología,
todavía será bajo.

Las dos dificultades de coyuntura para la aprobación
del TLC en los Estados Unidos: el tema del asesinato de sindicalistas
y el tema de los paramilitares.

Cuando este Gobierno empezó, en el país se
asesinaban a 256 sindicalistas. Desde el Manifiesto Democrático
de nuestra campaña en 2002, propusimos como expresión
de la Seguridad Democrática la protección de
todos los colombianos, de los empresarios, de los sindicalistas,
y nos dimos a eso desde la primera hora del Gobierno.

Inicialmente hubo una tendencia muy favorable, aunque uno
debería de decir: cero asesinatos de sindicalistas.
Eso se redujo de 256 a 25 en el año 2005. En el año
2006 se recrudeció, se subió a 60. ¿Por
qué? Porque al tradicional enfrentamiento entre guerrilla
y paramilitares, se sumó el enfrentamiento entre Eln
y las Farc, especialmente en Arauca.

Este año se ha presentado el asesinato de seis sindicalistas
en el país y de 12 profesores. Estamos haciendo todo
el esfuerzo en protección y en administración
de justicia.

Hasta ahora la justicia nos ha dicho que en ninguno de los
seis casos de sindicalistas, hay relación con su actividad
sindical. Y tenemos documentado cada uno de los casos.

En materia de protección. Hoy hay 6.000 colombianos
con protección individual. De ellos 1.500 son sindicalistas.
Eso le cuesta al presupuesto de la Nación 76 mil millones
este año.

En materia de impunidad se han hecho muchos esfuerzos: primero,
la adopción constitucional del Sistema Penal Acusatorio,
la oralidad, la reforma de los códigos.

Solamente el año pasado debimos invertirle a la Fiscalía
70 millones adicionales para poder implementar el Sistema
Penal Acusatorio.

Ahora hay otro compromiso. Va a tener la Fiscalía
una adición el año entrante de 75 mil millones,
que permitirá tener 230 fiscales más y 800
investigadores más.

Los esfuerzos no han sido estériles: este año
ya se han logrado 48 sentencias, que condenan a responsables
del asesinato de sindicalistas. Han condenado a 78 personas.

El tema de los paramilitares. Yo creo que el Gobierno es
el Gobierno que los ha enfrentado y los ha desmontado.

Cuando yo llegué a la Presidencia, la tercera parte
del país estaba en control directo de guerrilla o
paramilitares. Ya no se veía tanto un enfrentamiento
entre ellos, como una distribución del territorio
y un desalojo del Estado.

Me parecía comparar a Colombia con la Francia de
la invasión alemana. En la Francia de la invasión
alemana, se hablaba de Francia, pero el Estado real era el
alemán.

En la Colombia del terrorismo seguíamos hablando
de la patria colombiana, del Estado colombiano, pero el poder
efectivo en esas regiones lo tenían los invasores
terroristas. Esa realidad no se puede perder de vista.

Recuerdo haber llegado, antes de las 6:00 de la mañana
del 8 de agosto a Valledupar, a empezar la tarea de recuperar
la seguridad en las carreteras. Y estaba el departamento,
como tantas regiones del país, plagado de guerrilla
y paramilitares.

Decía: bueno, pero si el objetivo de los paramilitares
es enfrentar a la guerrilla, ¿qué es lo que
pasa aquí, qué es lo que han hecho entonces,
porque esto está plagado de los uno y de los otros,
y el Estado desalojado?

La política de seguridad democrática ha sido
una política imparcial, equilibrada. Uno de los determinantes
para ese proceso de paz con los paramilitares fue la acción
de la política de seguridad democrática: se
le dio de baja a 1.700, muchos fueron traídos a la
cárcel.

Hoy la mayoría de los líderes paramilitares
están en la cárcel. Tenemos entre guerrilla
y paramilitares 43 mil personas en un proceso de reinserción,
muy difícil, complejo. Hablar de 43 mil personas en
un proceso de reinserción es hablar de dos municipios
pequeños de Colombia. Colombia tiene alrededor de
800 municipios, cada uno con menos de 25 mil habitantes. ¿Ustedes
se imaginan dos de estos municipios, que el ciento por ciento
de su población sea población reinsertada?

Es un problema muy complejo y muy costoso, bien manejado
por Frank Pearl, confío que eso nos salga bien. Han
reincidido unos 3 mil. De los reincidentes, hemos capturado
más de mil y hemos dada de baja a casi 500.

Yo he dicho que hoy no hay paramilitares. ¿Por qué?
Porque hoy no hay bandas de justicia privada enfrentando
a la guerrilla. Colombia ha recuperado lo que nunca debió perder:
el monopolio de la fuerza del Estado para combatir a los
grupos irregulares. En ninguna parte del país hoy
hay bandas privadas enfrentando la guerrilla.

¿Qué hacen los paramilitares fugitivos o los
reincidentes? Están dedicados a la extorsión,
al secuestro o al narcotráfico. Pero es muy importante
decirle al mundo, decirlo en todas partes, lo que ha venido
pasando con el paramilitarismo en nuestro país.

Tenemos ahora esta dificultad con la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia. Y quiero hacer una referencia a ella
aquí porque el tema se conecta.

Nosotros hemos trabajado el modelo de una democracia de
cinco elementos, que nos parece más importante que
persistir en la vieja división entre izquierda y derecha,
hoy obsoleta: una democracia de seguridad, de respeto a las
libertades, de construcción de cohesión social,
de respeto a la independencia de las instituciones y de búsqueda
de la transparencia como factor de confianza.

Sí, este es un Estado de instituciones independientes,
lo que evita desafueros. Pero también dice la Constitución
que las instituciones tienen que cooperar armónicamente
en busca de los fines superiores del Estado.

Creo que haber desmovilizado 43 mil personas, que le ha
traído un gran alivio al país, que ha contribuido
muchísimo a la reducción de la violencia, es
un fin del Estado, es un interés superior de la Nación,
es un bien público superior.

He dicho que esa es una razón para que todas las
instituciones tengamos que cooperar en busca de ese objetivo.

Pero también hay otro elemento para que haya unidad
de Estado, y que no se alegue la independencia en las instituciones
para eludir responsabilidades frente a esta desmovilización.
Estas decisiones han sido decisiones de Estado. Si bien lo
propuso el Gobierno, lo aprobó el Congreso y pasó por
el control de la Corte Constitucional.

Este proceso de desmovilización de paramilitares
y de los 10 mil guerrilleros que se han desmovilizado bajo
esta ley, es un proceso complejo donde ha intervenido todo
el Estado.

Es una política de Estado. Yo he dicho lo siguiente,
además de que es una política de Estado (y
mañana estamos buscando una reunión con la
Corte Suprema de Justicia): yo creo que el país no
le puede seguir dando un tratamiento diferente a guerrilla
y a paramilitares.

Se decía: es que la guerrilla busca sustituir al
Estado y los paramilitares lo defienden. Creo que esa es
una discusión irrelevante. Lo esencial es que ambos
están por fuera del ordenamiento jurídico.

Se decía: es que la guerrilla es altruista porque
quiere cambiar el orden social vigente. En la realidad no
lo ha cambiado, lo ha deteriorado. Entonces uno podría
decir: no hay altruismo. Y esa es una discusión valorativa,
bastante complicada.

Entonces se decía: como los paramilitares buscan
mantener el orden social existente, en ellos no hay ese altruismo
que debe caracterizar el delito político. También
es algo muy valorativo, muy subjetivo, porque así como
pueden decir que es altruismo buscar la sustitución
del orden social vigente, también se puede decir que
es altruismo buscar la preservación del orden social
vigente cuando está siendo atacado.

Particularmente creo que en un país de democracia
profunda, probada en esta política de seguridad democrática,
que en lugar de restringir la democracia la ha profundizado,
en un país de libertades como Colombia, donde no hay
delito de opinión, no debería haber delito
político.

Como también he dicho que en nuestro país
no deberíamos hablar de conflicto con los grupos armados,
sino de desafío de terrorismo a nuestra democracia.

Pero agrego: esos son elementos conceptuales, donde uno
puede estar equivocado o acertado.

Le he dicho al Comisionado: si hay que aceptarle al Eln
que hay conflicto para hacer paz, olvídese de mi tesis
y aceptamos que hay conflicto.

En el curso de la Ley de Justicia y Paz se definió que,
no obstante que pienso que en Colombia no debe haber delito
político para nadie, dada la profundidad de la democracia,
lo que sí debíamos hacer era extenderle el
delito político consagrado para la guerrilla a los
paramilitares, por la razones que acabo de decir.

A mí me parece que además hay otra razón
para no discriminarlos en materia de delitos. La teoría
moderna del derecho penal está indicando que la naturaleza
del delito hay que referirla en grado muy importante al impacto
sobre las víctimas.

Y preguntaba ayer, en la Universidad Santo Tomás
de Bogotá: ¿qué diferencia hay entre
la crueldad del asesinato de un colombiano previamente torturado
y mutilado, cometido por la guerrilla o cometido por los
paramilitares, en el impacto a la familia, a la sociedad?
Ninguna. Creo que el país no puede darles tratamiento
diferente.

Y aquí entramos en un problema grave. Nosotros todavía,
de los 43 mil desmovilizados, tenemos 18 mil que no están
incursos en delitos atroces, que no están en la cárcel,
que están en el programa de desmovilización,
que lo están cumpliendo, a quienes se les venía
resolviendo la situación jurídica con la cesación
de acción penal. Y esta sentencia de la Corte ahora
nos pone en aprietos.

Además vemos dos sentencias diferentes, que le causan
mucha dificultad al Gobierno. Mientras la Corte Constitucional
dijo: la sedición de la Ley de Justicia y Paz es inexequible,
no por vicios materiales o de fondo sino por vicios de procedimiento,
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia dice que estos
delitos materialmente no pueden ser calificados como delitos
políticos. ¿Qué hace el Gobierno ante
dos sentencias con tamaña diferencia?

La Corte Suprema de Justicia ha dicho que no puede tratarse
a estos desmovilizados con el beneficio de la favorabilidad,
porque en su concepto la sedición nunca existió.
La Corte Constitucional, cuando declara inexequible la sedición,
dice: esta sentencia no tiene efecto retroactivo. Lo que
llevó al Gobierno a concluir que había existido
la sedición, entre la promulgación de la Ley
y el fallo de la Corte Constitucional.

Bien difícil para el Gobierno cuando encontramos
estas sentencias contrapuestas. Además la Corte Suprema
de Justicia en el último año cambió totalmente
la jurisprudencia en materia de favorabilidad.

¿Qué vamos a hacer? Presentar un proyecto
de ley.

Yo le proponía ayer al país, en la Universidad
Santo Tomás, que un proyecto de ley con una de dos
posibilidades: o revivir la sedición, lo que no se
puede interpretar como un desafío a las Cortes, porque
la Corte Constitucional no la declaró inexequible,
por razones materiales o de fondo, sino por razones de forma.
O crear otra figura jurídica que permita la cesación
de la acción penal. ¿A quiénes? No a
los que han cometido delitos atroces. Aquellos que están
en la cárcel por delitos atroces, esa no es la situación
que se discute. La que se discute es la situación
de aquellos que pertenecían a esos grupos, los 18
mil, pero que no se les hace imputación de ningún
otro delito distinto a la pertenencia al grupo.

De donde me preguntan: ¿y si secuestraron? ¿si
estaban en el narcotráfico? El delito político
no subsume estos delitos.

Si incurrió en narcotráfico, en secuestro,
en otro delito atroz, se le juzga por ese delito atroz, no
por el delito político. Eso es muy importante aclararlo
en esta discusión al país. Y porque esto, como
todo tema relacionado, empieza a tener trascendencia internacional.

Y lo otro. Ayer dije, con toda claridad, en la Universidad
Santo Tomás, que la figura que se adopte debe excluir
a los servidores públicos, para que no haya ninguna
duda sobre el tema de la parapolítica.

Entonces si excluye a los servidores públicos, quiere
decir que esta propuesta en ninguna forma tendría
que ver con las investigaciones que hoy se adelantan contra
congresistas. Que debo repetirlo en este auditorio, en nombre
del ex presidente Alberto Lleras: investigaciones que se
adelantan por presuntos delitos, en su inmensa mayoría
cometidos antes del Gobierno nuestro. Investigaciones que
se han facilitado por dos razones: porque la política
de Seguridad Democrática ha quitado a los colombianos
el temor a acudir a la justicia, y porque la Ley de Justicia
y Paz severamente exige la confesión como requisito
para obtener los beneficios.

Vamos, pues, a seguir con su ayuda en esta tarea, doctor
Ramírez Ocampo. En el prólogo talentoso, como
todo lo de él, del ex presidente López, dice
que su obra no es una defensa rabiosa del TLC. Pero muy conveniente.

Muchas gracias”.

Deja una respuesta