No quiero presumir de intérprete del contenido de las cartas que a fines del año recién terminado cruzaron el ex presidente Álvaro Uribe y el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Pero no resisto a efectuar unos comentarios personales que me sugiere la lectura de los dos documentos.
Sea lo primero indicar que existe una identidad entre ambos en cuanto a calibrar el peligro que se cierne sobre el país con el actual proceso de paz, lo mismo que coincidencia en reconocer que en el mismo la iniciativa política corre por cuenta de las Farc lo que genera una total dependencia del gobierno de la estrategia que imponen los narcoterroristas.
Sin embargo, estimo que hay una discrepancia apreciable en la manera de encarar esos desafíos de la hora en los dos mensajes. Mi percepción es que la actitud del ex comisionado es de desconfianza en cuanto a que el camino sea la oposición vertical que ejerce el Centro Democrático frente al gobierno, porque sus resultados al parecer son nulos. En el caso del cese unilateral decretado por las Farc, expresa que simplemente “criticar su decisión de cese unilateral como una trampa, o advertir de su intento por inmovilizar a la fuerza pública, no cambia la realidad de los hechos.” Según lo explica en su misiva, la única alternativa viable para “modificar el curso de los acontecimientos que se avecinan”, para no tener que “lamentarnos” después, es “entrar en conversaciones con el gobierno” –así se mantenga una posición crítica- para tratar por ese medio de “corregir el rumbo”. Lo dicho entraña suponer que la posición del gobierno es permeable y modificable por el CD, siempre que se converse con él, dado lo inane de la simple crítica.
Uribe en cambio en su respuesta de manera sutil reitera el papel del partido “como primera oposición dentro del establecimiento democrático”, “ajeno a las maquinarias politiqueras”, e insiste en que su credibilidad se debe cimentar en el “análisis permanente de los asuntos de la Nación”. En ningún momento acoge la idea de entrar en conversaciones con el gobierno para tratar de “corregir el rumbo” que éste lleva, como lo sugiere Restrepo. Sin rechazarlo directamente, con su silencio lo descarta, como ha ocurrido anteriormente con los numerosos llamados al diálogo con el gobierno, desde los sibilinos efectuados por el mismo Santos, hasta el formulado por Álvaro Leyva.
Efectivamente al extenderse sobre el tema del cese unilateral del fuego en marcha, Uribe se expresa de la manera más vertical y diáfana, rechazándolo sin atenuantes, pues equivale sencillamente “a imponer un cese bilateral para llegar a un armisticio”, lo que “constituye una nueva humillación a los soldados y policías al ponerlos de igual a igual con el terrorismo”, y además porque “el terrorismo en el pasado se valió de oportunidades semejantes para fortalecer su capacidad criminal.”
Eso no obsta para que pase a establecer las condiciones que el CD estima necesarias para un cese aceptable de actividades criminales por los narcoterroristas, con lo cual está indicando que es posible ser propositivos sobre estos temas sin caer en inútiles y riesgosas tratativas con el gobierno. Un “verdadero” cese unilateral de acciones criminales implicaría un sitio de concentración que posibilite una real verificación. Por lo tanto, el cese que hoy se adelanta permite a los terroristas “un escalamiento de la intimidación terrorista”, con prosecución de asesinatos, secuestros, narcotráfico y extorsión, “como parte de la estrategia de control territorial y sometimiento de la ciudadanía, que los terroristas utilizan con éxito en varias regiones ante la pasividad premeditada del Gobierno”.
Otro tema en el que Uribe ha despejado las incógnitas que generó su misiva a Álvaro Leyva –y con lo cual responde también a Restrepo- es el que se ha calificado como de los mecanismos de refrendación de los acuerdos de La Habana. Descarta de entrada el referendo propuesto por Santos, cuyo entramado jurídico y político ha venido meticulosamente armando, ya que se trata de un mecanismo para “que el Gobierno entregue el país al terrorismo”, haciendo “que coincida con otra elección atractiva de votantes, para aprobar todo en nombre de la paz, palabra cautivante que en estos tiempos coincide con fortaleza terrorista a causa del abandono de la seguridad.”
Pero igualmente considera improcedente una Asamblea Constituyente –que es la propuesta de las Farc-, para evitar “la inestabilidad que se deriva de la permanente reforma de la Constitución.”
En su lugar, y siguiendo con la actitud propositiva que de cierto modo reclama Restrepo, pero sin caer en la tentación de comprometerse a conversaciones desgastantes con un gobierno que ha demostrado ser tramposo hasta límites inverosímiles, lanza la idea de crear un Órgano Legislativo Transitorio. Sus condiciones serían muy precisas: “de elección popular, con la previa y verificada entrega de armas y desmovilización de la FARC, sin la posibilidad de que participen responsables de crímenes atroces”. Su origen, estrictamente por elecciones, sin concesión de curules ni aceptación de elegibilidad para autores de delitos atroces. Y sus funciones limitadas y concisas: “la discusión, aprobación, rechazo o modificación de los acuerdos de La Habana”. No se trataría de discutir todo lo que se quisiera, ni de efectuar transformaciones constitucionales, y si bien podría refrendar lo pactado con los narcoterroristas también podría rechazarlo. Sería la mejor manera de que lo pactado se pueda debatir, afirma Uribe, y de tratar de evitar que se le imponga arbitrariamente al país.
Ya han saltado a la palestra distintas objeciones, como la de un destacado jurista que señala que de todos modos crear ese órgano requeriría una reforma constitucional. Seguramente sí. ¿Pero no es preferible efectuar una reforma en ese sentido, transitoria, para facilitar que la discusión y decisión sobre los acuerdos sea plenamente democrática? Bien vale la pena, para que Colombia no se vea sometida a un remedo de apelación al pueblo, manipulado y amañado.
Pero talvez el punto crucial de la carta de Uribe, que los medios y los analistas han evadido, se refiere a la advertencia perentoria que hace Uribe a los colombianos de los pasos acelerados que el gobierno actual está dando para abrirle las puertas del poder al castro-chavismo, con la punta de lanza de los acuerdos de paz. “Tengo este dilema –expresa el expresidente-: a ratos pienso que el terrorismo prepara la amenaza de la violencia y la seducción de la paz para elegir un Presidente en 2018 que haga la transición hacia el Gobierno del totalitarismo en 2022; a ratos pienso que el actual Presidente quiere ser, él mismo, el tránsito que le permita a Farc, con cualquier velo, instalar su Gobierno en 2018.”
De una gravedad indiscutible. Así lo indican diversas medidas económicas, confirma Uribe, como la reforma tributaria, implantando una modalidad de ahogo de la iniciativa privada que conduce al “estatismo del derroche en el gasto público”. Se ha venido politizando la justicia, rompiendo su tradición de imparcialidad, para “atraer al terrorismo y al mismo tiempo garantizar que todos los sectores acepten concederle impunidad”. De igual modo se ha recurrido a judicializar cualquier crítica al proceso de La Habana, “para vencer la resistencia al indulto general del crimen”. Los civiles, en opinión de Uribe, están en la alternativa de “congraciarse con la impunidad a las Farc o de irse a prisión”. Y lo más preocupante: “han coaccionado a algunos militares para que acepten la humillante claudicación ante el terrorismo como requisito para sacarlos de la cárcel”.
Tal descripción de la situación que vive el país, de la cual la persecución a Luis Carlos Restrepo es una muestra fehaciente, agrega un argumento más para desechar la idea de que nuestra salvación pueda encontrarse en conversaciones con un régimen que así obra. Es la hora de la lucha decidida y erguida contra tamaña amenaza para el futuro de Colombia.