Ayer se divulgó en Caracas el acuerdo del gobierno de Santos y la guerrilla del Eln para iniciar la “fase pública” de sus diálogos para “la paz de Colombia”.
El presidente Santos en alocución televisada indicó que este proceso -que se realizará en Ecuador, con paseos a otros países “bolivarianos”- tiene diferencias con el que marcha en La Habana, pero ambos se entrelazarán porque “el fin del conflicto es solo uno”. Alias Iván Márquez, jefe de los “plenipotenciarios” de las Farc en Cuba, exultante, trinó en Twitter: "Dos Mesas, un solo proceso. Con el ejemplo de Manuel Marulanda y Manuel Pérez, Eln y Farc en marcha hacia la paz". Curados de tantos engaños y sorpresas, la mayoría de los colombianos no comparten tanta euforia. Serán dos Mesas sí, pero la entrega es una y la misma. O peor. El tiempo lo dirá.
La comparación de los dos procesos es inevitable. Las similitudes son indiscutibles, pero no hablan bien del gobierno: en lugar de recapacitar y recomponer sus líneas fundamentales, no ha dudado en recaer, preservando lo peor de la primera experiencia y aplicando correcciones solo en favor de la contraparte.
Empecemos por la duración inusitada de la “fase exploratoria”, secreta. Más alta en el caso del Eln, de más de dos años, interesado en aprovechar las concesiones recibidas por las Farc para partir de allí, y en negociar en un momento de mayor debilidad del gobierno, que empieza a tener el “sol a las espaldas” y sufre el desgaste fatal de sus equivocaciones y dislates.
Coinciden también en la aceptación de la tesis de “negociar en medio del conflicto”, es decir, sin exigir a los criminales el cese de sus actividades delictivas y ataques a la población y la fuerza pública. Pero también, en el caso del Eln, con una dosis mayor de desvergüenza. Cuando se preparaba el comienzo de los diálogos con las Farc el gobierno les “exigió” que cesaran los secuestros, y éstos aceptaron de dientes para afuera, y expidieron una declaración en la que se comprometieron a terminar la práctica de las “retenciones con fines económicos”.
Con el Eln el gobierno no ha llegado siquiera a ese punto. Presionado por la opinión pública, Santos se puso “digno” hace unos días y condicionó los diálogos con esa agrupación terrorista a que al menos liberaran a Ramón José Cabrales (no a todos los secuestrados, se sobreentiende). Lo más burdo e infame es que el ministro del interior Juan Fernando Cristo resaltó como un gran “gesto humanitario” su liberación, casi la víspera del evento de Caracas, que dizque allanaba el terreno para las conversaciones, cuando se vino a conocer por boca del mismo Cabrales y de sus familiares, que habían tenido que pagar una gruesa suma de dinero y que el gobierno sabía y lo había aceptado. Es un ultraje a la inteligencia y dignidad de los colombianos la explicación que brinda el primer párrafo del documento divulgado ayer por las “partes”, en el cual se afirma que el proceso público de negociaciones se inicia en virtud de “su disposición manifiesta de paz” (!!).
Pero la farsa es mayor. En la intervención televisada de Santos, ayer, aseguró que esta “fase pública” de las conversaciones solo “comenzará en Ecuador tan pronto queden resueltos unos temas humanitarios, incluido el secuestro. Para el Gobierno NO es aceptable avanzar en una conversación de paz con el ELN mientras mantenga personas secuestradas”. Aparte de utilizar la jerga de los criminales –que llaman “humanitario” el juego diabólico de chantajear con la liberación de los plagiados-, quiso Santos tranquilizar a sus compatriotas, desconfiados y escépticos tras tantos embustes, pero estaba mintiendo de nuevo. Alias Pablo Beltrán, uno de los voceros del Eln en Caracas, ese mismo día, interrogado por los periodistas en rueda de prensa sobre los secuestrados, respondió que no había tal condición para iniciar las pláticas en Ecuador: el punto "que colocó el presidente en la alocución del mediodía se va a contemplar en la agenda en un punto en específico que se llama acciones y dinámicas humanitarias", que es el literal f) del punto quinto de la agenda acordada, referido al “fin del conflicto armado”. Para completar, el señor Frank Pearl, delegado del gobierno en esos diálogos declaró ayer que el gobierno no sabía cuántos secuestrados tenía el Eln.
Aprovechó el delincuente Beltrán para explayarse sobre este asunto, de la manera más indignante. Al atroz delito del secuestro lo calificó como apenas uno de “los dolores” que sufren algunos colombianos; pero también hay otros “dolores” del “resto de los colombianos”, que los del Eln “tenemos el deber de representar”. Como el “desplazamiento forzado” de más de seis millones de colombianos, agregó, queriendo significar que es un número muchísimo mayor que el de los pocos que sufren el “dolor” del secuestro ocasionado por ellos. “Hay dos dolores”, pontificó el bandido, ninguno vale más que el otro, “todos los dolores de los colombianos son iguales y vamos a buscar una solución política del conflicto para que eso deje de ocurrir”. Agregó que los secuestros extorsivos se justificaban para sostener su lucha, así como el Estado cobraba impuestos para financiar “la guerra” contra ellos. Como otros cometen crímenes y causan “dolor”, y como otros cobran impuestos, ellos tienen “igual” derecho a secuestrar y extorsionar de manera brutal. Solo dejarán de hacerlo si el resto de la sociedad se aviene a aceptar sus exigencias -no porque intrínsecamente sea una atrocidad-, y a través de una negociación entre “iguales”, que el gobierno ha aceptado.
Del mismo tenor que lo aceptado con las Farc, pero de mayor gravedad, fue el acuerdo de negociar sustanciales transformaciones de la vida del país, para supuestamente lograr la “paz”. Ya no será solamente la cuestión agropecuaria y la participación política. Ahora será todo. Mintió con desfachatez el presidente Santos cuando explicó: “El Gobierno tiene unas líneas rojas muy claras en sus conversaciones con las guerrillas, que NO hemos traspasado –ni vamos a traspasar– ni un solo milímetro. Desde el principio hemos dejado en claro al ELN –tal como lo hicimos con las FARC– que la agenda para acabar la guerra NO incluye la negociación de nuestro sistema económico o político, ni del régimen de propiedad privada. Ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública.” La simple lectura de la declaración publicada por las partes es prueba fehaciente de su felonía.
Empieza por señalar el documento que el propósito de las negociaciones que se inician es “suscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad.” En este como en la mayoría de los párrafos se hace gala de la mayor vaguedad posible, adornada de retórica barata, pero una cosa sí queda absolutamente clara: “acordar transformaciones” para conseguir una Colombia en “equidad” no es cualquier cosa; es la posibilidad de transformarlo todo.
El Eln, uno de los grupos más brutales y violentos de nuestra historia, como buen fariseo ha insistido hace tiempo en la necesidad de tener en cuenta a la “sociedad civil” en el proceso de construir la “paz”. Para darse un aire de “demócratas” y tratar de filtrar por los gaseosos poros de esa “sociedad civil” sus tósigos. Ningún gobierno anterior había aceptado semejante bodrio, pero éste no ha tenido reato en hacerlo. Ese será el artificioso mecanismo del grupo al margen de la ley para buscar la refundación del país. Según lo explican personas afines a ese proceso, se privilegiaría el mecanismo de foros y reuniones en las regiones, sobre todo las “zonas de conflicto”, gran parte de las cuales son a su turno áreas cocaleras o de minería ilegal, de donde podrá deducirse cuál será la calidad de la “sociedad civil” que urdirá las propuestas transformadoras que se anuncian. Santos, que a veces nos parece inteligente -sin dejar de ser perverso-, a veces también queriendo dárselas de ingenioso comete las peores imbecilidades. Como en este particular, cuando exponía el miércoles una de las supuestas ventajas del proceso con el Eln frente al de La Habana: “En lugar de pasar un largo tiempo en la Mesa redactando acuerdos detallados punto tras punto, queremos promover procesos de participación de la sociedad en las regiones que sirvan de base para acordar con el ELN medidas que contribuyan a la construcción de la paz.” Si discutir acuerdos encerrados, una decena de personas ha tardado más de tres años, ¿cuánto tardará convocar y reunir decenas y decenas de “comunidades” para consultarlas, y cuánto tiempo para filtrar y procesar lo que de allí salga?
Se recurrirá a “la sociedad” “en función de iniciativas y propuestas, que hagan viable la paz”, “sobre los temas de la agenda”, a fin de “construir una visión común de paz que propicie transformaciones para la nación y las regiones”, detalla la declaración de Caracas. Así se acordarán “transformaciones para la paz”, que se concretarán en “programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad”; tales planes “alternativos integrales con enfoque territorial”, constituirán “opciones económicas y productivas” en beneficio de las comunidades. Además de esos planes territoriales habrá un “Plan General de Ejecución” que los agrupe, con un cronograma preciso, el cual “contemplará las siguientes dimensiones: jurídica, política, social, económica y diplomática”, y que “incluirá mecanismos de control, seguimiento y verificación, que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el Gobierno y el ELN.” Solo con su pleno cumplimiento se podrán “materializar los cambios que permitan pasar del conflicto armado hacia la paz”.
¿Hay duda de que por ese medio sigiloso se quiere transformar todo? ¿Algo escapa a las dimensiones “jurídica, política, social, económica y diplomática” o a los “programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad”? Quién dice la verdad al respecto: ¿Santos o el documento citado?
En el futuro acuerdo con el Eln no se ha tenido el cuidado de corregir algunos aspectos que crearon malentendidos o fricciones en el de La Habana. Uno de ellos el de la refrendación de los acuerdos. Se habla de “refrendación” a secas, para eludir el tener que someterlos a ratificación del pueblo soberano. Para ellos basta que la “sociedad” que ellos manipulan en las regiones lance sus iniciativas, para considerar innecesaria la consulta a todos los ciudadanos. Está la puerta abierta para cualquier interpretación arbitraria de la validez de los pactos, incluida la de las Farc y el ex fiscal Montealegre, de considerarlos tratados incorporados de facto al ordenamiento constitucional.
El otro, el del desarme. En el acuerdo con las Farc se habló de “dejación” de las armas, que ellas interpretan como decisión de no usarlas, y que aún sigue siendo objeto de discusión en Cuba. En el acuerdo divulgado ayer en Caracas ni siquiera se habla de “dejación”. Se utiliza este postulado deletéreo: “En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado.” Habrá un acuerdo “sobre las armas”, no sobre su entrega o “dejación”. Por lo demás, se ratifica que se acordará un “cese del fuego y hostilidades bilateral”, sin indicar cuándo ni cómo. Es profusa la lista de mecanismos para garantizar la seguridad del Eln, pero ellos no dan garantías de nada.
Y, naturalmente, se propugna por la vinculación entre el proceso del Ecuador y el de Cuba, para establecer “mecanismos con la Mesa de La Habana para identificar temas en que se requiera coordinación y sincronía”. De tal manera que, presume uno, los pactos que apenas se vislumbran con el Eln se convertirán en una rémora para el avance de los que se tramitan con las Farc, si el propósito es sincronizarlos. Santos ha indicado que el Tribunal de Paz será el ya acordado con las Farc, y que los procedimientos y vigilancia del cese del fuego serán los mismos que se acuerden en Cuba. De donde se colige que no solo el Eln cuenta de antemano con la impunidad que asegura la JEP, sino que dispondrá de una herramienta expedita para prolongar los acuerdos con ambos grupos hasta donde lo desee.
Habrá que esperar a que se materialicen las negociaciones en Ecuador, que ya alias Gabino ha estimado que no tardarán menos de dos años (o sea, irán hasta después de que termine el mandato de Santos), para que la sincronización se produzca. Así, poco a poco, en una especie de juego de relevos, el Eln toma ahora la iniciativa para estirar los plazos, obligando a un gobierno ya de salida a concederles más, por el apuro de terminar dentro de la órbita de su mandato. En el entretanto, como lo vienen insinuando dirigentes políticos afines a la guerrilla, se propondrán influir en la escogencia del nuevo presidente de la república, con el manto de constituir un “gobierno de transición”, y que se constituya en el primer paso para asaltar el poder. Volveríamos, en los dos años que vienen, a la triste situación que se vivió a finales de la zona de despeje del Caguán, cuando las Farc convocaban a los candidatos presidenciales para exigirles que se comprometieran a continuar con el proceso de “paz” y a obrar según sus dictados.
Habría más tela para cortar, pero con estas ideas basta por hoy.
Lo que sí podríamos decir, de remate, es que si Santos pensó dar un golpe mediático con la cita de Caracas el miércoles, tanto para distraernos de su caída pavorosa en las encuestas, como para tratar de debilitar la marcha de este sábado, cosechará lo contrario. La nueva Mesa de entrega es un motivo más para desfilar con entusiasmo este 2 de abril.