Editorial El Frente 6 marzo, 2021

En este país, donde los próceres de la independencia nacional sacrificaron hasta sus vidas por la causa de la libertad, hemos sido ingratos a la hora de reconocer el esfuerzo y el sacrificio de líderes honestos que han contribuido a la preservación de las instituciones y a la defensa de la democracia.


Cuanta gratitud le debe Colombia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sometido a la infamia de un entramado criminal, construido paso a paso por sospechosos aliados de la subversión y el terrorismo, que no pudieron matarlo y adoptaron el camino de la salvaje conspiración montada por actores políticos de izquierda y de extrema izquierda, para sacarlo del Senado de la República.

  Una Corte Suprema de Justicia infiltrada por magistrados de la sala de instrucción penal, que se prestaron para el juego político del senador Iván Cepeda, para acorralarlo jurídicamente, convirtiendo el debate público que debe darse en las cámaras legislativas en un pleito judicial, donde Uribe era la víctima que reclamaba su derecho al buen nombre, mientras el congresista Cepeda ofrecía privilegios a sus áulicos en las cárceles del país para hacerlo víctima de la campaña de destrucción moral a que ha sido conducido el caudillo.

Nadie puede desconocer que el país era el terrible escenario de una guerra de guerrillas, que el Presidente Uribe tuvo que enfrentar y combatir, no solamente desde la gobernación de Antioquia sino desde los comandos militares, que al momento de posesionarse como el primer magistrado de la nación puso a funcionar con efectividad y resultados.  

La etapa de los ‘falsos positivos’, que tanto daño le han hecho a la imagen y prestigio del gobierno del expresidente Álvaro Uribe fueron fruto de la acción desesperada de sectores de las fuerzas armadas, en la época en que el ministro de defensa nacional era Juan Manuel Santos Calderón, elegido como sucesor del expresidente Uribe, precisamente por los buenos resultados en la lucha contra la subversión y el terrorismo.

Convertida la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia en el escenario de una venganza judicial, fraguada desde los propios estrados judiciales contra el expresidente Uribe, para castrarlo políticamente como el máximo líder político de la nación, por el odio visceral de unos magistrados venales que utilizaron la coyuntura jurídica para dictarle medida de aseguramiento en prisión domiciliaria, sus enemigos complotados lograron el propósito de sacarlo del Senado, abandonando un escenario político que le era consustancial a su condición de jefe de bancada del partido Centro Democrático.

Logrado el propósito de sacarlo del Senado, el país ha sacrificado al mejor congresista que haya tenido Colombia en estas dos últimas legislaturas, y el proceso jurídico ha hecho tránsito a la Fiscalía General de la Nación, donde el Fiscal Especializado, Gabriel Jaimes, luego de un juicioso examen de las piezas procesales, ha llegado a la conclusión que se trata de un pleito político, donde no existe prueba reina para enlodar la imagen del expresidente Álvaro Uribe, producto de una venganza del senador Iván Cepeda y de sus aliados, para llevarlo a la cárcel, en asocio del exfiscal Eduardo Montealegre, enemigos viscerales del líder político más importante que haya tenido Colombia en los últimos años.