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“El eufemismo de la palabra ‘paz’ ha obnubilado el buen juicio del Gobierno”: Senadora Ana Mercedes Gómez

Bogotá, 18 de noviembre de 2014 (CD). El siguiente es el texto de la constancia radicada por la Senadora Ana Mercedes Gómez.

 

“El eufemismo de la palabra ‘paz’ ha obnubilado el buen juicio del Gobierno, criticando de manera despiadada a  aquellos que se preocupan por el curso de las conversaciones de La Habana.

 

Cabe recordar que la ley de inteligencia, en su artículo 2, define la función de inteligencia y contrainteligencia como: “aquella que desarrollan los organismos especializados del Estado del orden nacional, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta Ley”.

 

Ahora bien, un análisis del accionar político y militar de las Farc nos lleva a entender que este grupo terrorista genera amenazas en las dimensiones mencionadas por la ley:

 

PRIMERO:

 

De manera sistemática las Farc violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario asesinando de manera indiscriminada a población civil.

 

Recordemos los hechos de los últimas días: Dos indígenas asesinados por hacer respetar su resguardo de injerencias de milicianos y guerrillerada fariana, dos soldados secuestrados en Arauca y un General de la República secuestrado con su equipo de trabajo mientras realizaban una operación de acción integral y no una de combate.

 

Las Farc violan de manera reiterada el Derecho Internacional Humanitario al minar escuelas, vincular población civil al conflicto, reclutar menores de edad y usar armas no convencionales, entre otras infracciones al DIH.

 

LES PREGUNTO: ¿Acaso el tratado de Roma, en el que Colombia acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no deja claro que NO se puede dar participación política a miembros de grupos armados que hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad?

 

SEGUNDO:

 

Este grupo terrorista genera amenazas internas al orden constitucional por la ideología que pregona. En las democracias liberales no caben las ideologías totalitarias. Ni la extrema izquierda, ni la extrema derecha deben ser aceptadas en el espectro democrático. Es importante que antes de firmar cualquier acuerdo con las Farc, los líderes políticos, los líderes de opinión en medios de comunicación y la ciudadanía en general lean los documentos rectores de este grupo terrorista.

 

En la 7a Conferencia Nacional Guerrillera, las Farc establecen que el fin último de esa organización es la toma del poder para implementar el socialismo. En las 8a Conferencia Nacional Guerrillera continúan su estrategia adicionando el componente internacional Bolivariano y de socialismo del siglo XXI.

 

Aquellos Estados donde gobiernan mandatarios que siguen el socialismo del siglo XXI se caracterizan por ser abiertamente antidemocráticos; donde es inexistente la libertad de movimiento, de pensamiento, de flujo de capital, de propiedad y de expresión como derechos inalienables a los seres humanos.

 

LES PREGUNTO: ¿Si la imposición por parte de las Farc de un régimen totalitario, fundamentalista y de partido único que pretende restringir las libertades individuales no es una amenaza al orden constitucional, entonces que lo es?

 

TERCERO:

 

Las Farc generan amenazas a la seguridad hemisférica y mundial. No en vano la revista Forbes informó que este grupo es el tercero más rico del planeta con ingresos de aproximadamente 600 millones de dólares mensuales. No solo de secuestro y extorsión. También de narcotráfico, de minería ilegal y tráfico de armas.

 

LES PREGUNTO: ¿Cuantos países de América Latina se han visto afectados por el accionar terrorista y la trasnacionalidad de los delitos cometidos por las Farc?

 

CUARTO:

 

Las Farc amenazan la seguridad y defensa nacional al tener relaciones directas con gobiernos hostiles a Colombia. Cabe recordar que la constitución venezolana de 1999, en sus artículos 10 y 11, pretende despojar a Colombia de diversas áreas geográficas en la Guajira, Arauca y Vichada. De la misma manera, el gobierno de Nicaragua ha vuelto a demandar a Colombia ante el tribunal de La Haya para continuar el despojo de Zona Económica Exclusiva en el mar Caribe.

 

Recuerden que Daniel Ortega, hoy presidente de Nicaragua, condecoró al cabecilla principal de las Farc, alias “Tirofijo”, en el mismo momento en que el presidente Andrés Pastrana era dejado con una silla vacía en el Caguán.

 

LES PREGUNTO: ¿Uno acepta negociar con un grupo que abiertamente busca satisfacer los intereses nacionales y territoriales de otros Estados, en detrimento de los de Colombia?

 

QUINTO:

 

Las alocuciones de los negociadores del Gobierno, antes que generar confianza, producen incertidumbre. No son claros en la medida que no se sabe si se habla en términos de Estado Social de Derecho o en términos farianos.

 

Un ejemplo de lo anterior es el término DEJACIÓN. Mientras la ciudadanía espera que las Farc entreguen las armas al Estado para que este último recupere el monopolio de las mismas; las Farc entienden dejación como no entregarlas, mantenerlas y eventualmente transitar a una legalidad donde se convierta en una guardia rural y así ejercer el control territorial en las zonas de reserva campesinas, de las que se habla en el preacuerdo de tierras.

 

Inclusive en uno de los documentos presentados a la opinión pública y extraídos del computador de alias Raúl Reyes, el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, denunció que en un mail del cabecilla Tirofijo a Timoshenko, fechado el 19 de marzo de 2005, se habla de la importancia de crear zonas de reserva… “De acuerdo a la división territorial aprobada por la octava conferencia nacional guerrillera, con el fin de poner a funcionar toda clase de organización de masas para generar las condiciones para la toma de poder”.

 

En La Habana solo se habla del futuro de la guerrillerada; no de las milicias populares y las milicias bolivarianas que continuarán el proceso antidemocrático después de firmados los acuerdos.

 

LES PREGUNTO: ¿Es moralmente aceptable que un presidente de la República, conociendo la estrategia del adversario, acepte conceder territorialidad a las Farc poniendo en riesgo la estructura política y social del Estado, además de la soberanía?

 

SEXTO:

 

La teoría de guerra afirma que uno no ataca al adversario sino su estrategia. Vale la pena revisar cuáles son los postulados estratégicos de las Farc para entender la importancia de una negociación para este grupo terrorista.

 

En el Pleno del Estado Mayor de las Farc de 2000 se afirma que: “… Adelantamos los diálogos con el Gobierno como parte del Plan Estratégico. Debemos analizar hasta dónde podremos avanzar en el logro del objetivo, de acuerdo a las circunstancias políticas y de confrontación existentes.

 

En el encuentro de 2003 de las Farc con el ELN, el cabecilla Raúl Reyes afirma: “no será a través de los diálogos que (sic) conquistaremos el poder. Son una trinchera de combate y no un lugar para entregar los principios revolucionarios. Son un espacio para hacer política.

 

LES PREGUNTO: ¿Cómo asegura el Gobierno que, una vez firmados los acuerdos de La Habana con las Farc y concederles participación política, este grupo se ajustaría a los principios de una democracia liberal donde la división de poderes es la regla y no pretendan implantar un régimen totalitario, al mejor estilo venezolano?

 

SÉPTIMO:

 

El Gobierno no debe olvidar que las Farc son más numerosas que las cifras que presentan. Dicho conteo solo presenta el número de tropa guerrillera y no tiene en cuenta la base de la pirámide política de miembros que se desarrollan a partir del componente militar.

 

Además de la estructura militar, las Farc cuentan con milicias bolivarianas, milicias populares, Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3) y el movimiento bolivariano. Ahí reside la verdadera amenaza en un eventual posconflicto.

 

No solo es que las Farc mantengan las armas. Sino que esas armas, ahora legalizadas, servirán para que la estructura política fariana desarrolle el plan estratégico y logre la toma del poder.

 

Un ejemplo de lo anterior es el actual gobierno de Argentina. Allí ciertos miembros, en diferentes áreas de la administración pública, fungían como milicianos del grupo terrorista montoneros, y ahora profundizan el desarrollo de “políticas públicas” para cumplir el propósito que tenía el grupo ilegal.

 

Recuerden que el proceso revolucionario y la toma del poder inician una vez firmados los acuerdos, no antes. Y ese plan es acabar la democracia, la institucionalidad, especialmente la Justicia y las Fuerzas Militares y de Policía para la captura del Estado e implantar la receta antidemocrática del socialismo del siglo XXI.

 

LES PREGUNTO: ¿Es esa la ‘paz’ y el posconflicto que desean?

 

Las consideraciones anteriores evidencian que el proceso de negociación de La Habana, como lo planteó el Gobierno, es una amenaza al orden constitucional y a la seguridad nacional. Atenta contra el régimen democrático vigente y abre a la incertidumbre que, de no corregir el rumbo, la larga tradición democrática colombiana solo sea un recuerdo en los libro de historia

 

El Estado colombiano, en cabeza del gobierno del presidente Juan Manuel Santos no debe aceptar la propuesta de un cese al fuego bilateral propuesto por los cabecillas del secretariado del grupo terrorista Farc.

 

El cese bilateral violaría abiertamente la Constitución Política de Colombia en su artículo 217 que reza “las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional.

 

Ningún Estado cede soberanía territorial a un grupo terrorista. Es función del Estado garantizar siempre, en tiempo real, la operatividad de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. De aceptar el cese, el Gobierno estaría creando una zona de distención en toda Colombia violando la ley 1421 que impide zonas de despeje (eliminar la territorialidad de la tropa de la Fuerza Pública) para realizar diálogos.

 

De aprobar el cese bilateral, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por acción u omisión, viola el mandato constitucional conferido al Presidente de la República y deja al desnudo a la población colombiana frente a las amenazas de las Farc, el ELN y las Bandas Criminales.