Durante la última década, Colombia ha experimentado una gran revolución petrolera. Sin ir muy lejos, entre los años 2002 y 2013 nuestro país pasó de producir un poco más de 300 mil barriles diarios hasta llegar a 1millón.
Esta transformación, detonada por la Seguridad Democrática, sumada a una nueva política de inversión y asociación dirigida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de una transformación organizacional en Ecopetrol, le dio un dinamismo impactante al sector.
La importancia que el petróleo tiene para Colombia es incuestionable. Representa más del 55 por ciento de nuestras exportaciones y más del 35 por ciento de la Inversión Extrajera Directa. Adicionalmente, si se suman los sectores de petróleo y gas se aprecia que generan más del 20 por ciento de los ingresos del Gobierno Central y mucho más si se agregan los ingresos derivados de regalías.
Esta fiesta petrolera que ha generado tantos recursos, también creó una relación de dependencia entre este sector y las finanzas públicas, que merece atención. El Marco Fiscal de Mediano Plazo, que se ha constituido en la brújula de la Hacienda Pública Nacional, contempla que durante la próxima década Colombia producirá más de 1 millón de barriles diarios y estima un precio promedio de cien dólares por barril. En un simple ejercicio de sensibilidad, por cada 10 mil barriles que disminuye la producción, la nación dejaría de recibir entre 300 y 400 mil millones de pesos. La misma situación se presentaría por cada dólar que disminuya el precio del crudo.
Hoy, el panorama del sector nos presenta grandes riesgos. La producción ha bajado frente a las expectativas y entre enero y junio de este año se ha situado por los 980 mil barriles diarios y, lo que es más preocupante, la Asociación Colombiana de Petróleos trabaja con un escenario base de producción para los próximos años cercano a los 830 mil barriles diarios. Para rematar, los escenarios de precios tienden a la baja por el aumento en la producción estadounidense, la desaceleración de la economía china y la situación europea.
Ante la dependencia de las finanzas públicas frente a la renta petrolera, existen otras preocupaciones. Colombia tiene en la actualidad reservas para siete años, lo que implica que la exploración y la producción deben aumentar para cumplir con los escenarios fiscales. Sin embargo, las consultas previas, las cuales tardan en promedio 13 meses, las licencias ambientales que toman 16 meses en aprobación, y los repetidos atentados a la infraestructura hacen las cosas más difíciles. En la pasada Ronda de Inversión Petrolera (Ronda Colombia) se ofrecieron 95 bloques y solo se suscribieron contratos para 26 de ellos, evidenciando un menor apetito.
Hasta el momento, las finanzas públicas habían gozado de la bonanza petrolera. Hoy las cosas están cambiando y debemos prepararnos para situaciones complejas. Esto implica planear escenarios con menores ingresos fiscales, racionalizar el gasto público y que el Gobierno entienda que la pachanga de financiar promesas con expectativas de producción de crudo puede llegar a su fin.
Senador