A comienzos del siglo XX, el economista estadounidense Thorstein Veblen popularizó el concepto de consumo conspicuo. En una crítica a la sociedad americana de la época. Veblen definió el consumo conspicuo como aquellos gastos orientados exclusivamente a hacer una demostración pública de riqueza y poder, incluso si la riqueza y el poder no existen en la práctica, con el único fin de presentarse como conspicuo. El ejemplo tradicional es el ejecutivo comprando un Mercedes Benz o un BMW y que no tiene como pagar el mercado de su casa, pero que se preocupa en exceso por la imagen que refleja. El consumo conspicuo es una forma, en cierto sentido irracional, de mantener el estatus ante un grupo social.
Pues bien, el gobierno de Juan Manuel Santos nos han permitido observar la evolución de ese antiguo concepto hacia el gasto público. Hemos sido testigos de cuatro años de derroche entre 2010 y 2014, de gasto conspicuo del gobierno que se manifiesta en el excesivo gasto en personal burocrático por parte del Estado: en las altas consejerías innecesarias y con grandes remuneraciones, en ciertos eventos más dignos de farándula que de estadistas, en unos gastos de publicidad insultantes para el bolsillo de los colombianos (alrededor de $2 billones en publicidad y eventos solamente para 2013), en contratismo rampante disfrazado de inversión social.
Las malas prácticas no se olvidan. Para el Presupuesto General de la Nación para el año 2015, muchas de las entidades de la administración de Juan Manuel Santos han tenido un escandaloso crecimiento en sus gastos de funcionamiento del Gobierno Central, en comparación con el comportamiento de su presupuesto de inversión.
En un análisis realizado para 82 entidades, con base en la información de presupuesto publicada por el Ministerio de Hacienda, se encuentra que las siguientes 33 entidades, todas del orden nacional, presentan un mayor crecimiento (o un menor decrecimiento) del funcionamiento frente a la inversión:
· Presidencia de la República
· Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
· Fondo Rotatorio del DANE
· Ministerio de Hacienda y Crédito Público
· Superintendencia Financiera de Colombia
· Ministerio de Defensa Nacional
· Instituto de Casas Fiscales del Ejército
· Policía Nacional
· Unidad de Planeación Minero Energético –UPME
· Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones para las Zonas no Interconectadas –IPSE
· Agencia Nacional de Hidrocarburos
· Ministerio de Educación
· Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
· Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
· Instituto Nacional de Vías
· Defensoría del Pueblo
· Rama Judicial
· Fondo Rotatorio de la Registraduría
· Fiscalía General de la Nación
· Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
· Ministerio de Cultura
· Instituto Colombiano del Deporte –Coldeportes
· Instituto Caro y Cuervo
· Auditoría General de la República
· Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
· Ministerio de Salud y Protección Social
· Instituto Nacional de Salud –INS
· Superintendencia Nacional de Salud
· Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA
· Ministerio del Interior
· Ministerio de Justicia
· Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC
· Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias.
Es más que sabido que el Gobierno Nacional tiene un déficit en su presupuesto para 2015 de alrededor de $12,5 billones, y ya ha hecho un gran alarde de supuesto apretón de funcionamiento de alrededor de $2,5 billones, los cuales no tendrán efecto alguno para hacer una súper reforma tributaria correspondiente a la irresponsable desfinanciación ya mencionada.
Con el ánimo de exponer una postura propositiva frente a un gobierno dilapidador de recursos, se presentan dos alternativas de aplicación inmediata que ayudarían a solventar de manera supremamente importante el déficit producto de una mala planeación presupuestaria. Estas alternativas están relacionados con un control estricto a estas 33 entidades, todas ejemplos, en unos casos mayores que otros, de lo que se debe erradicar del sector público: la ineficiencia, la indolencia sobre los recursos de los colombianos.
La primera alternativa se basa en un manejo empresarial del Estado, tal como debería ser el de todas las entidades, donde una disminución de ingresos lleva de manera inmediata una reducción proporcional de los gastos. Y para efectos de entidades estatales, el presupuesto de inversión es correspondiente a los ingresos de una compañía privada. De acuerdo con esta propuesta, si se resolviera reducir los gastos de funcionamiento para estas 33 de la misma manera en que se reducirá efectivamente la inversión de los mismos para 2015. Para ejemplificarlo con claridad, si una entidad reduce su inversión en un 40%, los gastos de funcionamiento deberían disminuirse en el mismo 40%. Así, con esta alternativa, el ahorro solamente en estas 33 entidades sería de $11,2 billones, es decir, un 90% del actual déficit.
La otra alternativa, menos acorde con la realidad de un manejo eficiente de los recursos del Estado, toma como consideración que en esas 33 entidades de derroche obstinado se hiciera un incremento de gastos de funcionamiento igual a la inflación esperada de un 3%, manteniendo el impensable decrecimiento en inversión que propone el gobierno Santos. Con esta alternativa, el ahorro sería de $3,8 billones, correspondiente al 30% de la necesidad fiscal fruto de la improvisación del gobierno Santos.
Tiene a la mano el Gobierno un mecanismo expedito, fácil, directo para conseguir los recursos que obligó al Congreso a buscar. Con este análisis, se demuestra que no hay necesidad de meterle la mano a los colombianos en sus bolsillos, tal como el gobierno Santos desea con tanta vehemencia. La decisión es simple: solamente falta la voluntad política de un gobierno que enaltece el derroche y olvida la austeridad.