Mientras compongo estas palabras en la cárcel militar Ramo Verde, en Los Teques, Venezuela, me impacta lo mucho que han sufrido los venezolanos.
Por 15 años la definición de "intolerable" en este país ha decaído gradualmente hasta que, para nuestra desgracia, nos encontramos con una de las tasas de homicidio más altas del hemisferio occidental, una inflación del 57 por ciento y una escasez de bienes básicos sin precedentes en un tiempo que no es de guerra.
Nuestra impedida economía está a la par con un clima político igualmente opresivo. Desde que empezaron las protestas estudiantiles el 4 de febrero, más de 1.500 manifestantes han sido detenidos y se ha reportado que más de 50 han sido torturados estando bajo custodia de la policía. Más de 30 personas, incluyendo fuerzas de seguridad y civiles, han muerto en las protestas. Lo que empezó como una marcha pacífica contra el crimen en un campus universitario, ha expuesto la profundidad de la criminalización del disentimiento por parte de este gobierno.
He estado encarcelado por más de un mes. El 12 de febrero yo insté a los venezolanos para que ejercitaran su derecho legal a protestar y a la libre expresión, pero de manera pacífica y sin violencia. Tres personas sufrieron heridas de bala y murieron ese día. Un análisis del video hecho por parte de la organización noticiosa Últimas Noticias concluyó que los disparos provenían de donde estaban localizadas tropas militares no uniformadas.
Después de esa protesta, el presidente Nicolás Maduro personalmente ordenó mi arresto bajo cargos de homicidio, incendio provocado y terrorismo. Amnistía Internacional ha dicho que los cargos parecen ser un "intento por silenciar el disentimiento políticamente motivado". Hasta hoy no se han presentado pruebas de ningún tipo.
Pronto más alcaldes de la oposición, elegidos por una inmensa mayoría en las elecciones de diciembre, llegarán a acompañarme en la cárcel. La semana pasada el gobierno arrestó al alcalde de San Cristóbal, donde comenzaron las protestas estudiantiles, así como al alcalde de San Diego, quien ha sido acusado de desobedecer una orden de remover las barricadas de los manifestantes.
Sin embargo, no nos quedaremos callados. Algunos creen que hablar solo provoca al partido gobernante, invitando a Maduro para que se mueva aún más rápidamente para arrebatar derechos, y ofrecer una distracción conveniente de la ruina social y económica. Este camino es como una víctima de abuso que permanece en silencio por temor a invitar mayor castigo.
Más importante es que millones de venezolanos no tienen el lujo de jugar el "juego largo" de esperar el cambio que nunca llega. Tenemos que seguir hablando, actuando y protestando. Nunca podemos permitir que nuestros nervios sean paralizados ante el constante abuso de derechos que está sucediendo y tenemos que perseguir una agenda para el cambio.
El liderazgo de la oposición ha descrito una serie de acciones que son necesarias para seguir adelante. Víctimas de represión, abuso y tortura, así como familiares de las víctimas merecen justicia. Aquellos responsables deben renunciar. Los grupos paramilitares progobierno o "colectivos" que han tratado de silenciar las protestas con violencia e intimidación deben ser desarmados.
Todos los prisioneros políticos y disidentes forzados al exilio por el gobierno, así como todos los estudiantes que fueron encarcelados por protestar, deben ser liberados o los deben dejar regresar. Esto debe ser seguido por la restauración de la imparcialidad a instituciones civiles, incluyendo la comisión electoral y el sistema judicial.
Para que nuestra economía vuelva a encaminarse necesitamos que se investigue el fraude cometido en nuestra comisión para el intercambio monetario. El año pasado por lo menos 15 billones fueron canalizados hacia negocios fantasmas y sobornos, algo que ha contribuido directamente a la espiral inflacionaria y la severa escasez.
Finalmente, necesitamos compromiso real por parte de la comunidad internacional, particularmente en Latinoamérica. La franca respuesta por parte de organizaciones de derechos humanos contrasta fuertemente con el vergonzoso silencio de muchos de los vecinos de Venezuela.
La Organización de Estados Americanos, que representa a las naciones en el hemisferio occidental, se ha abstenido de ejercer verdadero liderazgo en la actual crisis de derechos humanos y el agobiante espectro de un Estado fracasado, aun cuando fue formado para manejar asuntos como este.
Quedarse callado es ser cómplice en la decadencia del sistema político venezolano, su economía y sociedad, y qué decir de la continuada miseria de millones.
Un cambio de liderazgo puede lograrse completamente dentro de un marco constitucional y legal. Tenemos que defender los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, a la vivienda, a la salud y la educación, la igualdad dentro del sistema judicial y, por supuesto, el derecho a protestar. No son metas radicales. Son los pilares fundamentales de la sociedad
*Leopoldo López, líder opositor, actualmente encarcelado.