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“Estamos cumpliendo”

El presidente Santos ha recorrido buena parte del país en las últimas semanas, acompañado de sus ministros, dizque para rendir cuentas a la ciudadanía de su obra de gobierno. La pomposa gira, con no disimulados propósitos electorales, fue bautizada por los genios en comunicaciones del Palacio de Nariño con el título que encabeza esta columna.

 

Pero, entrando en materia, se pregunta uno, ¿a quién y qué le está cumpliendo el gobierno? Si nos hemos de referir a la política económica los logros son más bien sombríos: rebrote inflacionario, déficit fiscal y externo, maxidevaluación traumática, desaliento empresarial por alta tributación, para solo mencionar algunos aspectos. El orgullo de esta administración parecía ser la política exterior, o al menos así lo pregonaba, pero los vergonzosos sucesos de la agresión venezolana y la errática y débil respuesta del gobierno colombiano, la dejaron por el piso. Hasta en el ámbito de otra esfera estelar, la infraestructura, que comanda el vicepresidente Vargas Lleras, las cosas no marchan como la propaganda quiere hacernos creer: no es cierto que ya se hayan entregado la casi totalidad de las cien mil viviendas gratis, por ejemplo, según lo acaba de denunciar la Contraloría. Como podríamos citar el fracaso tremendo de una de las “locomotoras” de Santos, la de la innovación, cual lo constata el declive de la inversión en ciencia y tecnología. Para solo citar algunos casos.

 

Pero no todo son fracasos e incumplimientos en el gobierno Santos. En esto queremos ser sinceros. Existe un área en la que los logros son notables y el nivel de realizaciones elevado. Se trata, nada más y nada menos que el proceso de “paz”, en el cual el grado de compromiso ha sido encomiable y sus resultados asombrosos. A Colombia y su pueblo Santos le ha fallado en un todo y por todo, pero, al contrario, lo que le ha concedido a las Farc no tiene antecedentes en nuestra historia, para utilizar una expresión recurrente del presidente. Un somero repaso de lo acordado hasta ahora, y de los “avances” que se conocen de las conversaciones sobre los demás puntos de la agenda, lo demuestra.

 

Recientemente tocamos este último punto al comentar, por ejemplo, la propuesta de una “comisión legislativa especial” que pusiera en vigencia legal los acuerdos que se pacten en La Habana. Nos parece una salida arbitraria, que se propone excluir a las mayorías -escépticas con los contenidos revelados de los acuerdos (impunidad, participación política de criminales, etc.)- de la discusión y decisión sobre los mismos; apelando a las maquinarias oficialistas del Congreso, conquistadas por medio poco transparentes el año pasado, con patrañas conocidas. Otro gallo cantaría si las elecciones al parlamento fueran hoy y se tratara de decidir sobre las concesiones otorgadas en Cuba como la impunidad a los criminales, o su participación en política. A eso es a lo que le quiere escurrir el bulto Santos, con una comisión legislativa calcada en su composición de las discutibles elecciones del año pasado, y añadiéndole la gabela de una representación inaceptable de las Farc para fabricar un organismo de bolsillo, donde todo está aprobado de antemano. De contera se quiere atar la supuesta refrendación popular a la aprobación previa de este mecanismo espurio, para reducirla después a un simple ejercicio forzado de responder con “sí” o un “no” a la pregunta genérica de si se quiere el acuerdo de paz firmado.

 

También nos hemos referido a los acuerdos sobre el tema agrario y el de participación política en numerosos artículos, lo que nos exime de repicar sobre ellos. Hoy queremos centrarnos, en cambio, en uno en particular, el referido a las drogas ilícitas, porque retrata bien la entrega que se fragua en las tertulias de La Habana y avanza a todo vapor sin que tengamos mayor conocimiento sobre él, ni la opinión haya tenido la oportunidad de debatirlo.

 

A comienzos de julio pasado, el 5 para ser más precisos, la delegación de las Farc en Cuba emitió una declaración sorprendente. Eran los días de la finalización de la ofensiva terrorista de mediados de año, que concluiría con el anuncio de un nuevo cese al fuego unilateral el 8 del mismo mes, y el reinicio de la luna de miel entre las partes. El comunicado anunciaba que las Farc estaban interesadas “de tiempo atrás” en que se empezaran a implementar los acuerdos alcanzados en la mesa, sin esperar a que se evacuaran todos los puntos. Aquello de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” debía hacerse a un lado en algunos casos, y de todos modos “no puede ser excusa para que el gobierno y el Estado, se sustraigan de sus obligaciones constitucionales” (!), predicaron los rebeldes en insólita declaración de amor por las instituciones que han jurado destruir.

 

Claro que la petición no se refería a todos los temas, sino a uno en particular, el de las drogas ilícitas, correspondiente al punto 4 de la agenda. El gobierno tiene las herramientas legales para poner en marcha lo acordado en Cuba de una vez, argumentaron. Además percibieron como “pasos importantes” la declaración del ministro de Justicia Yesid Reyes en el sentido de que hay que “rediseñar” la política frente a las drogas, y sobre todo la recomendación de la Corte Constitucional de suspender las fumigaciones con glifosato. De tal manera que las Farc, y obviamente “las comunidades” (a cuyo nombre hablan) de las zonas cocaleras, están dispuestas a colaborar con el gobierno en tan grandioso proyecto. No es desinteresada esa propuesta, si consideramos el papel crucial del narcotráfico en la actividad de las Farc, por todos conocido; y si tenemos en cuenta que la mayor parte del borrador firmado el año pasado fue simple copia de propuestas anteriores de las Farc, como lo demostramos en su momento.

 

Ya sabemos que está en marcha el desmonte de las fumigaciones con glifosato, por orden presidencial. Si no se han suspendido totalmente, ello obedece a que por razones burocráticas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no ha producido la resolución que aplique lo que decidió el Consejo Nacional de Estupefacientes, como lo ha registrado la prensa esta semana. Información que resalta también cómo el alto gobierno está muy interesado en que a más tardar en octubre la medida entre en vigor, porque es una de las metas de “des-escalamiento” que necesita Santos dentro de este período de cuatro meses que se inició en julio, dizque para decidir si los diálogos en La Habana continúan.

 

Para cubrirse la espalda, el gobierno sostiene que la supresión de las fumigaciones estará acompañada de un incremento de los grupos de erradicación manual. Una falacia. Porque la fumigación ataca cultivos que no son susceptibles de erradicación manual, por estar ubicados en zonas selváticas profundas, con presencia de grupos armados ilegales, y en su mayor parte en territorios minados. Además de que lo acordado con las Farc es que la erradicación manual será voluntaria, acordada con las “comunidades”, y con períodos largos (al menos dos años) para su concreción. Tan fantasiosa es esa alternativa, como la de que se está estudiando una nueva molécula, distinta al glifosato, para fumigar: no es cierto que Colombia lo vaya a hacer, ni se conoce en el mundo (desarrollado sobre todo, que es donde hay investigación en estas materias) nada parecido que pueda reemplazarlo a corto plazo.

 

Lo que nos indica que la tal “cuarentena” de cuatro meses no es tanto para que las Farc demuestren su voluntad de paz, sino más bien para que el gobierno les pruebe que les está cumpliendo y que así lo seguirá haciendo. La misma información de prensa de esta semana es alarmante en este sentido. Veamos.

 

A tono con lo acordado en el borrador divulgado el año pasado, el gobierno está elaborando una nueva política frente a las drogas ilícitas, “integral”, para usar el término adoptado y que las Farc hábilmente incorporaron. Que significa un cambio de énfasis, para dejar atrás la estrategia anterior, que se supone fracasada, y que atacaba sobre todo la oferta; ahora lo que habrá será un “tratamiento diferencial” para cada uno de los “eslabones de la cadena”. Es inocultable el propósito de flexibilizar las herramientas para combatir el cultivo y tráfico de estupefacientes, mientras se hace alharaca sobre políticas de salud para tratar a los adictos. En últimas, se marcha hacia la legalización de tan dañina actividad criminal, con enorme perjuicio para Colombia, pero con beneficios inconcebibles para los carteles mafiosos, las Farc en primer término.

 

El “tratamiento diferencial” que el gobierno está diseñando, siguiendo con pelos y señales lo firmado el año pasado en Cuba, es muy sintomático. Empieza con la propuesta de reformar el Código Penal, para exonerar de responsabilidad penal a los pequeños cultivadores, a través del llamado “principio de oportunidad” que puede otorgar la Fiscalía, con la única contraprestación de parte de los cultivadores de comprometerse a cesar en la siembra de cultivos ilícitos, pero sin necesidad de entregar información alguna sobre las redes mafiosas (y narcoterroristas, agregamos nosotros) que controlan el negocio. El gobierno parte de un supuesto irreal, seguramente sugerido por las Farc: que los cultivadores pequeños (que son la inmensa mayoría) son víctimas de los grandes mafiosos y que poco o nada saben sobre ellos. La medida cubriría a cerca de 65.000 familias comprometidas con cultivos ilícitos.

 

De igual modo se pretende modificar el tratamiento a los pequeños traficantes, con similar argumento, otorgándoles el bendito (para los criminales) “principio de oportunidad”, para evadir penas que pueden ir hoy desde cuatro hasta veinte años de cárcel. Se argumenta que buena parte del micro-tráfico lo realizan personas que son a la vez adictos, y que son utilizados por su adicción para dedicarse al expendio de drogas, motivo por el cual deben tener un tratamiento benévolo. Y obvio, determina que el problema principal es tratar el consumo como un problema de salud y no un asunto penal (como ya lo dispone la Constitución).

 

Perdonar a los pequeños cultivadores y traficantes dizque para concentrarse en el ataque a los grandes mafiosos es, supuestamente, el giro de la política frente a las drogas (ya ni siquiera se dice “anti-drogas”). Pura palabrería. ¿Cómo así que los cultivadores no conocen ni tienen que denunciar a los traficantes que les financian, organizan y compran las siembras, y los pequeños traficantes no conocen a quienes les proveen de droga? Por esta vía lo único que se consigue es impunidad absoluta a amplios núcleos de cultivadores y traficantes, blindando en consecuencia la cadena criminal hacia arriba, pues los de la base de la pirámide no tendrán que delatar a los de arriba para obtener semejantes beneficios. Será el apogeo del narcotráfico, edificado sobre un “micro-cultivo” y “micro-tráfico” legitimados.

 

Siempre he pensado que la declaración de guerra a los grandes traficantes que el texto del acuerdo sobre el punto 4 contiene, después de todas las concesiones ya relatadas, es un típico embuste. Empezando porque al principal cartel, que son las Farc, se les exonera de toda responsabilidad al convertir el narcotráfico en “conexo” con el “delito político”, se les legalizan los dineros y bienes mal habidos en tan provechoso negocio, y se les designa como socios y supervisores del plan “integral” sobre drogas ilícitas. Además de que –piensa uno-, dado que desde hace años el entronque de las Farc con los grandes grupos narcotraficantes -desde el cartel de Sinaloa en México hasta los llamados “Urabeños”, “Rastrojos” y otras alimañas en Colombia- es tan estrecho, muy poca seriedad hay que otorgarle a los llamados de estos narcoterroristas a combatir a semejantes mafiosos.

 

La misma semana pasada, cuando se empezaron a conocer las gestiones para parir la tal “comisión legislativa”, se habló también de los “avances” sustanciales en lo tocante a la “justicia transicional” en La Habana. Uno de ellos, se decía, era que cubriera a todas las “partes” intervinientes en el “conflicto”, pero que a cada una se les aplicara un “tratamiento diferencial”: “juzgando” a la guerrilla de una manera, a los militares de otra, por ejemplo. Y se agregaba que hasta a las Bacrim se les podría incluir en semejante batiburrillo. Las Farc no son desagradecidas del todo, y no echarán al olvido a sus socios, a la hora de nona, a la hora de “intercambiar impunidades”. Ni estúpidas que fueran para trenzarse en una guerra en el “posconflicto” con sus compinches de la víspera.

 

Todo lo dicho pueden parecer especulaciones estrambóticas. Pero como van las cosas con el gobierno de Santos, nada es descartable. Porque en este terreno sí que está cumpliendo.