Firme con la Resistencia

“Escucha más una pared que el gobierno de Santos”: así se ha expresado en estos días el ex presidente Uribe para justificar su llamado a la resistencia civil contra los acuerdos de impunidad que se tejen en La Habana. Y tiene razón. Un gobierno arrogante y torvo que desoye e ignora el clamor ciudadano para que se corrija su rumbo catastrófico, no le deja a esa misma ciudadanía más camino que resistir valientemente para dar al traste con sus pretensiones de doblegarse ante el terrorismo.

 

Está más que justificada la resistencia civil que ha propuesto el ex presidente Uribe y que ha recibido alborozada la mayoría de la población colombiana. Es necesario enfrentar con decisión el reto de la hora y pasar a la acción para defender nuestra institucionalidad democrática, gravemente amenazada. Y ya empieza a recibir el respaldo de distintos sectores políticos, sociales, gremiales, pues se trata de una tarea que trasciende los intereses del Centro Democrático –así lidere la movilización- para convertirse en una empresa de la mayoría de los compatriotas.

 

El primer paso que se anuncia dentro de esta titánica brega es la recolección de firmas en respaldo a un documento básico, que precise los lineamientos de una paz sin impunidad, como lo quiere la mayoría, según lo indican las más distintas encuestas. Ya se ha anunciado que se iniciará el 4 de junio. ¡Enhorabuena! Se trataría de traducir en cifras concretas de firmas recogidas, eso que las estimaciones estadísticas ratifican a diario, y que nos sugiere el contacto con muchos colombianos. Eso que las marchas del 2 de abril revelaron. El mecanismo de recabar firmas tiene la ventaja de que puede adelantarse durante semanas y aún meses, mientras que las marchas o las votaciones se dan en un momento preciso, limitado por las dificultades de movilización de las personas; aquí podríamos decir que no esperamos que la montaña venga a nosotros, sino que nosotros vamos a la montaña.

 

Se buscará ahora generar un hecho político contundente, que ratifique el rechazo popular a la entrega en marcha, y que se erija en el pilar esencial de las demás estrategias de resistencia. Le mostrará a la comunidad internacional (ONU, CPI, OEA, Unión Europea) y a las tres ramas del poder en Colombia, cuál es el verdadero anhelo de nuestro pueblo.

 

La recolección de firmas ha de ser para buscar UNA PAZ SIN IMPUNIDAD. Hemos propuesto desde hace más de medio año, en compañía de un grupo de ilustres escritores y analistas, un texto que contempla esos criterios, que ha sido presentado a consideración de los promotores de la resistencia civil, y que expongo de manera sucinta.

 

Queremos la paz en Colombia, con el desarme efectivo de las guerrillas, acompañado de su desmovilización y reinserción en la vida civil. Por esas mismas razones discrepamos de muchos de los acuerdos básicos que se han pactado en La Habana y han sido publicados, así como otros que se anuncian, por considerar que no se ajustan a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por Colombia; porque colocan en igualdad de condiciones al Estado y sus fuerzas armadas con los terroristas; porque no satisfacen adecuadamente a las víctimas; porque pueden convertirse en la semilla de nuevas violencias.

 

Estamos de acuerdo en que a las guerrillas se les otorguen unos beneficios judiciales como los siguientes: 1) Amnistía e indulto general a los miembros que solo hayan incurrido en los llamados delitos políticos por nuestra Constitución. No podrán contemplarse como conexos con el delito político otros graves delitos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores, y la violencia sexual. Los beneficiarios de esta medida podrán gozar de sus derechos políticos, con plena protección y garantías, sin privilegios como circunscripciones especiales, curules otorgadas a dedo u otros. 2) Reducción sustancial de penas –pero penas efectivas de cárcel, proporcionales a sus delitos- a quienes hayan cometido crímenes atroces, como los de lesa humanidad y de guerra, de suerte que paguen solo entre 5 y 8 años efectivos de cárcel. Estas personas tendrán derechos políticos restringidos: no podrán ser candidatos, ni elegidos a cargos de elección popular, ni designados como servidores públicos, ni contratar con el Estado. 3) Suspensión por el Presidente de la República de las órdenes de extradición mientras los implicados cumplan los compromisos pactados.

 

Para ser merecedores de los beneficios mencionados, los guerrilleros deben cumplir con unas condiciones mínimas. 1) Confesión plena de la verdad de sus crímenes ante los jueces respectivos, que no pueden ser escogidos con participación de los victimarios. 2) Aceptar los beneficios judiciales, cumplir las condenas correspondientes y no reincidir. La justicia acordada solo cubrirá a las guerrillas que firmen los acuerdos mencionados. 3) Reparar a las víctimas, no solo moralmente con la confesión de los delitos, la declaración de su arrepentimiento y la petición de perdón, sino materialmente entregando los recursos económicos provenientes de su actividad delictiva. 4) Se hará efectivo el derecho de los colombianos a la no repetición, especialmente con la decisión irrevocable de los beneficiarios de renunciar a la violencia como medio de acción política y a la “combinación de todas las formas de lucha”. 5) Los acuerdos del gobierno con dichos grupos no podrán versar sobre nuestro modelo económico, social, político, militar, y solo se referirán a su desarme, desmovilización y reinserción. La aprobación, reforma o negación de los mismos deberá efectuarse en consulta democrática con los ciudadanos, sobre todos y cada uno de sus puntos, y previo conocimiento de la totalidad de los mismos.

 

Algunos han pensado que la meta sería recolectar una cifra de más de cuatro millones de firmas, superando el exiguo 13% del censo electoral que el gobierno ha previsto para su pretendido plebiscito. Sería un gran logro, no lo dudamos. Pero a mi juicio, insuficiente. Hay que pensar en duplicar esa cifra, y creo que es posible, dado el grado de descontento general con el gobierno actual; de suerte que pueda desmontarse el argumento falaz de que la votación espuria por Santos de hace dos años legitima lo que anda negociando en La Habana. Entonces no habrá necesidad de buscar su renuncia o la revocatoria de su mandato: políticamente estará noqueado, en la lona, sin posibilidad de levantarse de nuevo.

 

Es una empresa titánica, que ha de vencer el intento de sabotaje y entorpecimiento del gobierno y sus compinches con la decisión y participación masiva de millones de conciudadanos. La falta de recursos será suplida con la convicción de que se tiene la razón, y de que un triunfo contundente en esta batalla será el punto de apoyo para derrotar el plebiscito tramposo que se quiere montar, o adelantar con éxito un referendo derogatorio del fatídico “acto legislativo para la paz” que se tramita en el Congreso, un auténtico golpe de Estado. 

 

Llegó la hora compatriotas. Desde el 4 de junio: ¡Firme con la Resistencia!