Doy por descontado que la Cámara de Representantes le dará aprobación al proyecto de ley que autoriza reducir a un irrisorio 13% del censo electoral, el umbral necesario en un plebiscito para aprobar los acuerdos que el gobierno firme con las Farc. Solo quedará faltando el concepto de la Corte Constitucional, de un lado, y de otro, la bendición de las Farc desde Cuba.
En el caso de que ambos eventos se protocolicen, se estaría materializando la estrategia del “paquete” trazada por Santos hace casi dos años. Como los colombianos son contrarios a que las Farc no paguen cárcel, a que los autores de delitos atroces gocen de elegibilidad política, entre otros graves asuntos, la astucia presidencial consiste en evitar a toda costa preguntarles sobre esos precisos temas y englobarlo todo en un engañoso pero bien adornado “paquete”, en el que solo se les interrogue sobre su acuerdo o desacuerdo con la paz.
El plebiscito, así no tenga la capacidad de convertir en norma constitucional o legal nada, sirve a los propósitos oficiales de buscar una legitimidad política, y ese es su cometido esencial. El resto –la implementación de las reformas convenidas con los terroristas- correrá por cuenta del “congresito” y la ley habilitante que otorga a Santos facultades omnímodas.
Las fuerzas políticas y sociales que aspiran a una paz sin impunidad necesitan definir una estrategia para hacerle frente a la santista. Hasta el momento no hay consenso. Con argumentos de peso unos optan por la abstención, mientras otros defienden la necesidad de participar pero votando por el NO. Las dos alternativas parten de considerar el plebiscito así deformado como una herramienta fraudulenta, manipulada, engañosa. Pero discrepan en la manera de encarar el reto. Personalmente me inclino por no participar. Si las cartas están marcadas, como todo parece indicar, lo único que haríamos al votar –así fuera por el NO- sería inflar el número de sufragantes y darle por ende una mayor apariencia de representatividad al certamen.
La drástica reducción del umbral revela que el gobierno duda del respaldo popular a los acuerdos. Pero siendo éste el último y definitivo paso del proceso, seguramente acudirá a cuánta treta pueda para imponerlo: lubricando con mermelada a tutiplén la maquinaria clientelista, enfilando sin hígados a los medios, manipulando empresarios, clérigos y otros sectores, sin descartar, de remate, los buenos oficios ante una registraduría maleable, como lo probaron los comicios del año pasado. Por mi parte, acataré la decisión mayoritaria que se adopte para oponerse a la entrega.
En lo que sigo firme, con o sin plebiscito, con o sin abstención, es en la idea de que se debiera adelantar una campaña de recolección de firmas por una paz sin impunidad, como herramienta crucial de una activa y enérgica resistencia civil contra semejante atropello. Podríamos contar con varios meses para recogerlas, en lugar de un solo día para movilizar a los votantes. Entraña costos y una participación masiva y recia de miles y miles de personas, pero la trascendencia del momento lo demanda. Es, por otra parte, la mejor manera de hacer visible ese rechazo a los distintos puntos de la claudicación gubernamental, que el plebiscito tiende a ocultar. Bien que se prefiera la abstención o participar votando por el NO, recoger firmas puede convertirse en el mejor mecanismo de educación para que los ciudadanos tomen una decisión consciente.
Con tal fin quiero dar a conocer un texto, elaborado con la participación de varios de los colaboradores de DEBATE, que podría ser el eje de dicha recolección de firmas, y que sometemos a consideración de las distintas personas, colectividades, gremios e instituciones interesadas.
“POR UNA PAZ SIN IMPUNIDAD
Los abajo firmantes declaramos que queremos la paz en Colombia, con el desarme efectivo de las guerrillas, acompañado de su desmovilización y reinserción en la vida civil. Con ese fin estamos dispuestos a que se les otorguen unos beneficios judiciales, siempre que haya reciprocidad de su parte y se respeten los derechos preferentes de las víctimas. Cualquier diálogo con las guerrillas debe partir de la base de que se reconozca la legitimad de las instituciones democráticas vigentes.
Beneficios:
1) Amnistía e indulto general a los miembros de las guerrillas que solo hayan incurrido en los llamados “delitos políticos” por nuestra Constitución: rebelión, sedición o asonada; se excluyen los contemplados en el Tratado de Roma, como los de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. No podrán contemplarse como conexos con el “delito político” otros graves delitos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores, y la violencia sexual. Los beneficiarios de esta amnistía e indulto podrán gozar de sus derechos políticos, con plena protección y garantías, en estricta igualdad de condiciones con los demás colombianos, y sin privilegios como circunscripciones especiales, curules otorgadas a dedo u otros.
2) Reducción sustancial de penas a quienes hayan cometido crímenes atroces, como los de lesa humanidad y de guerra, de suerte que paguen solo entre 5 y 8 años efectivos de cárcel. Estas personas tendrán derechos políticos restringidos: no podrán ser candidatos, ni elegidos a cargos de elección popular, ni designados como servidores públicos, ni contratar con el Estado.
3) Estamos de acuerdo en que se suspendan por el Presidente de la República las órdenes de extradición, mientras los implicados cumplan los compromisos pactados.
Condiciones:
1) Confesión plena de la verdad de sus crímenes ante los jueces respectivos, que no pueden ser escogidos con participación de los victimarios.
2) Aceptar los beneficios judiciales, cumplir las condenas correspondientes y no reincidir.
3) Reparar a las víctimas, no solo moralmente con la confesión de los delitos, la declaración de su arrepentimiento y la petición de perdón, sino materialmente aportando su trabajo en obras de beneficio colectivo y entregando los recursos económicos provenientes de su actividad delictiva.
4) Derecho a la no repetición. Se hará efectivo con la decisión irrevocable de los beneficiarios de renunciar a la violencia como medio de acción política; y con una reforma constitucional y legal que elimine el llamado “delito político” y los privilegios que hoy contempla, estableciendo en cambio penas muy severas a quienes atenten violentamente contra el Estado democrático.
5) No confesar la verdad plena, reincidir en los delitos cometidos, o no entregar los recursos mal habidos para reparar a las víctimas, serán causales de pérdida de los beneficios judiciales.
6) Los acuerdos del gobierno con dichos grupos no podrán versar sobre nuestro modelo económico, social y político, y solo se referirán a su desarme, desmovilización y reinserción; su aprobación, reforma o negación deberá efectuarse en consulta con los ciudadanos, directa o delegada, permitiendo una decisión democrática sobre cada punto y con pleno conocimiento.”