El poco confiable fiscal general, señor Eduardo Montealegre Lynett, anunció que “en el transcurso de este semestre empezaremos a formular imputaciones por los crímenes de guerra contra los máximos responsables de las Farc. A finales de agosto vamos a empezar a formular y a solicitar estas imputaciones ante jueces de la República… Hablo en principio de personas que forman parte de la cúpula de la estructura jerárquica de las Farc, de las personas que durante décadas han formulado políticas que están contra los derechos humanos como el secuestro y el reclutamiento de menores”.
¿Hacia dónde marcha el fiscal con este anuncio, cuando él mismo reconoce que ya existen más de 55.000 casos de miembros de las Farc que están siendo investigados por su fiscalía? ¿Por qué habla él de crímenes de guerra y no de terrorismo de los narcotraficantes? ¿Pretende que aceptemos su idea de declarar como delitos políticos conexos con la guerra el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla, como el reclutamiento de menores, los secuestros, las extorsiones y las minas antipersona?
La respuesta a los interrogantes anteriores se complica cuando otros expertos aseguran que en Colombia no hay guerra, ni siquiera guerra civil, sino unos grupos de bandidos narcoterroristas que buscan control territorial para sus sembradíos y sus desplazamientos.
Se complica la respuesta cuando nos advierten que si se acepta la existencia de una guerra civil en lugar de actos terroristas, también se acepta a la par la existencia de dos ejércitos, el de Colombia y el de las Farc, con consecuencias funestas para una mayoría de 48 millones de colombianos pacíficos, porque nos equiparan, nos ponen en pie de igualdad ante la Justicia con unos 100 jefes guerrilleros de las Farc, abominados por todos.
Porque en este escenario, así como los cabecillas de las Farc deberían ir a la cárcel por sus delitos, o, al menos, aceptar pagar ciertas penas alternativas. Lo mismo les puede llegar a acontecer a nuestros expresidentes, generales y ministros, así como al propio exministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, por culpa de sus acciones y omisiones.
Se equivocan quienes traman imputarle cargos solo al expresidente Álvaro Uribe por la vía de las sospechosas imputaciones del fiscal a los jefes de las Farc. Tiene razón el señor Fernando Londoño cuando sostiene que crímenes de guerra requieren de una guerra entre los soldados de dos ejércitos, por causas justas, que respalden tal contienda. Las causas de la violencia de las Farc nunca fueron justas.