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INAUGURACIÓN DEL FORO DE BIARRITZ


 

INAUGURACIÓN
DEL FORO DE BIARRITZ

Septiembre 29 de 2005 (Bogotá – Cundinamarca)

Apreciados asistentes todos, a este gran Foro:

En el año 2001 nuestro actual embajador en Gran Bretaña,
Alfonso López Caballero, me transmitió una
invitación de ustedes para asistir en calidad de candidato
a la Presidencia de la República a una de las reuniones
del Foro. Él representó nuestra campaña
y desde entonces hemos hecho un seguimiento cuidadoso de
este gran Foro, de agitación democrática, que
ustedes han venido creciendo tan exitosamente.

Hace muchos años conocí al presidente Ernesto
Samper, estaba en su primera juventud, casi un adolescente,
con una gran formación, vasta e integral, se había
graduado como jurista, como economista y profundizaba de
manera ejemplar en el examen de los temas sociales de nuestra
Nación y del mundo entero. Participamos a su lado
en muchas campañas que finalmente lo condujeron a
la Presidencia de la República.

Hoy, lo vemos en la misma actividad
de aquellos tiempos, en un magnifico proceso de agitación intelectual,
de animación del debate democrático, de preocupación
por los temas sociales, por la gobernabilidad local. A él,
en muy buena parte debemos, los colombianos, la presencia
de nuestro país en el Foro de Biarritz. Nuestra gratitud,
Presidente Samper.

Y quiero agradecer inmensamente al
alcalde de Bogotá,
Luis Eduardo Garzón, su decisión para que el
Foro de Biarritz viniera a la ciudad, un homenaje a esta
ciudad que tanto ha avanzando, que es una ciudad en proceso
de convertirse en una de las capitales más importantes
en materia de competitividad y de cohesión social,
con una sucesión de diversidad, pero con un elemento
común: buen gobierno.

Ha sido muy grato para mí, desde la Presidencia de
la República, esta coincidencia de períodos
con el alcalde Luis Eduardo Garzón. La vida y la democracia
nos han permitido hacer una tarea de gobernabilidad a partir
del respetuoso reconocimiento de la diversidad, una tarea
de gobernabilidad a partir del reconocimiento al ordenamiento
jurídico que de manera común nos rige a ambos,
una tarea de gobernabilidad a partir de entender cada uno
que el otro –con sus tesis y sus luchas- busca el bien
común.

Quiero públicamente, en frente de este Foro que ha
concitado todo el interés de su ciudad y del mundo
democrático, hacerle mi reconocimiento alcalde Garzón,
expresarle mi solidaridad, la gratitud y decirle que me siento
muy contento, en la conciencia de colombiano, de trabajar
conjuntamente con usted para que todos nuestros compatriotas
puedan recibir el mensaje de que la diversidad es para construir
consensos, para encontrar caminos de trabajo solidario por
nuestro pueblo.

Y quiero agradecer a usted señor alcalde Didier Borotra
su interés por Colombia. Cada vez que tengo la oportunidad
de adelantar un diálogo con usted, encuentro allí el
analista juicioso, en carácter, con prudencia. Usted
sabe los temas tan difíciles que nos ha tocado examinar,
siempre he llegado con muchas preocupaciones a nuestras reuniones
y siempre he salido de allí con prudentes reflexiones,
con tranquilas y serias reflexiones, que usted me ha causado
muy positivamente.

Permítanme, muy distinguidos asistentes a este Foro,
hacer unas referencias al tema de la gobernabilidad, unas
referencias a la integración y unas referencias al
acuerdo humanitario.

GOBERNABILIDAD

La gobernabilidad no tiene hoy sino
una manera de ser construida: alrededor de la práctica
cotidiana de una democracia moderna, incluyente, con liderazgos
constructivos sin caudillismo,
regida por instituciones y no por caprichos.

Para lograr esa democracia, están obsoletas las viejas
divisiones entre izquierda y derecha que fueron importantes
cuando en América Latina había gobiernos dictatoriales,
pero están hoy dejadas atrás por el curso de
los tiempos, divisiones polarizantes, como lo han demostrado
crecientes episodios que por fortuna se superaron como el
proceso para elegir al nuevo Secretario de la OEA (Organización
de Estados Americanos) y adicionalmente divisiones imprácticas.

Qué difícil es, cuando se tienen los mismos
retos del respeto a la regla democrática, de la construcción
de cohesión social, de la provisión de bienes
como el bien de la seguridad a los ciudadanos, profundizar
en el Gobierno diferencias que aparentemente son irreconciliables
en los discursos de campaña alrededor de supuestas
posiciones de izquierda o de derecha.

En lugar de ello, necesitamos, pues,
esa democracia que garantice la gobernabilidad, que tiene
que ser una democracia
con Seguridad Democrática, con respeto a la eficacia
y a las libertades públicas, en un proceso permanente
de construcción de cohesión social, con transparencia,
que genere confianza y con instituciones que hagan prevalecer
la permanencia del ordenamiento jurídico sobre el
paso efímero de los hombres.

Muchos de ustedes me han preguntado: ‘¿por
qué nuestro proceso de Seguridad lo llamamos democrático?’ Por
nuestra vocación en favor del pluralismo y para contrastarlo
y diferenciarlo de procesos que se dieron en América
Latina.

Nuestro Continente fue recorrido
por el fantasma de la doctrina de la Seguridad Nacional,
la doctrina de la Seguridad Nacional
se utilizó para castigar y anular el disenso, para
perseguir la oposición, para suprimir las libertades
públicas en nombre de la seguridad, para frenar los
procesos contestatarios que buscaban reivindicaciones sociales.

La nuestra es Democrática porque tiene una total
vocación, un comprometimiento sin duda, en favor del
pluralismo. La nuestra es Democrática porque su interés
es que las instituciones protejan por igual al integrante
de la oposición que a aquellos seguidores más
afectos de las tesis de gobierno de turno. La nuestra es
Democrática porque busca proteger por igual a todos
los colombianos, independientemente de su condición
de líderes empresariales o de líderes sindicales,
de su condición de campesinos o de empresarios rurales.

Muchos me han preguntado: ‘¿por qué la
insistencia del actual Gobierno de Colombia para señalar
de terroristas a aquellos que insisten en la acción
armada?’ Déjenme referir a dos aspectos.

En otras partes, alcanzaron a tener
la legitimidad que aquí buscaron
porque allá su insurrección armada estaba justificada
en la lucha contra la dictadura. Aquí estamos en un
proceso de profundización democrática.

En algún momento, trataron de legitimar su acción
armada para construir un orden social más justo, su
acción armada ha producido más pobreza, menos
inversión, más desempleo, menos posibilidades
de construcción de cohesión social.

Recuerdo que, cuando finalmente nuestra
Patria se aprestaba a dar ese paso tan importante que el
Presidente Samper reclama,
que se debe generalizar como objetivo en la agenda política
del Continente, la elección popular de alcaldes después
de un siglo de debate, los movimientos guerrilleros se dirigían
a las universidades expresando que su insistencia en la lucha
armada se fundamentaba en la circunstancia de que Colombia
no permitía la elección popular de las autoridades
más cercanas.

Aprobada en los años 80 y complementada después
en la Constitución del 91, convocada por el entonces
presidente César Gaviria Trujillo –quien hoy
nos acompaña- con la elección popular de gobernadores
y con la introducción de magníficos mecanismos
de democracia directa, participativa, que acompañe
a la representación, ¿qué ocurrió?:
los grupos alzados en armas se convirtieron en los verdugos
de los gobernantes de la elección popular.

Alcaldes, gobernadores, diputados
y concejales elegidos por el pueblo, se convirtieron en
objetivos de la acción
de quienes habían justificado esa acción armada
porque no se daban esos pasos de democracia directa.

En Colombia falta mucho en materia
de seguridad, como en todo, pero permítanme decir que en agosto de 2002,
cuando este Gobierno empezó, casi 400 alcaldes de
la Patria, de los 1.096 que corresponden a igual número
de municipios, no podían ejercer las atribuciones
derivadas del mandato popular, por presión de los
terroristas

Hoy, gracias a la Seguridad Democrática, todos, con
dificultades en unos pocos casos, están ejerciendo
el mandato derivado del pueblo.

Me han preguntado muchos: ¿y
eso se justifica para denominar estos grupos terroristas?

Cuando leo las legislaciones europeas
encuentro que tienen, muchas, una cláusula común: señalan
como terrorista la acción armada o de simple amenaza
de uso de armas por razones ideológicas, políticas
y religiosas.

E indago con los profesores y con
los politólogos
europeos ¿por qué esa severidad en el señalamiento
de los estatutos jurídicos de aquél Continente?,
y me contestan: ‘ese es el balance necesario al compromiso
europeo con la democracia’.

En conclusión, la garantía europea a la democracia
les ha justificado a los europeos señalar como terrorista
cualquier acción armada perturbadora del libre ejercicio
democrático.

Un país que está haciendo los esfuerzos por
la profundización democrática que ha hecho
Colombia, tiene el derecho, el mismo derecho Europeo, de
señalar como terroristas a aquellos que perturban
con el uso ilegítimo de las armas el ejercicio cotidiano
de la democracia.

Amén de los procedimientos que utilizan, de sus fuentes
de financiación que empiezan con la droga y de sus
resultados sociales: más de 2 millones de desplazados
internamente por la acción de los grupos violentos,
4 millones de colombianos en estampida al extranjero, una
disminución preocupante de la inversión privada
que apenas empieza a recuperarse, un desempleo que en pocos
años saltó del 7.5 a casi el 20 por ciento,
todavía está muy alto, en el 11.6 (por ciento).
La pobreza, el endeudamiento, el déficit, que saltaron
presurosos y que casi convierte a nuestra Nación en
un territorio y una población inviables.

¿Se opone nuestro señalamiento de terroristas
a la negociación?: no se opone. Por eso, hemos propuesto
como condición para la negociación el cese
de hostilidades. A semejanza de lo que ocurrió con
el proceso irlandés del ‘Viernes Santo de 1998’. ¡Urgencia
para el cese de hostilidades, paciencia para el desarme y
la desmovilización!

Pero no solamente hemos recogido
ese ejemplo europeo sino otro. Ese proceso de paz de Irlanda
se dio, cuando las políticas
de seguridad de Gran Bretaña, habían producido
una derrota en el ala más violenta del IRA. Y eso
facilitó que aquellos sectores, inclinados a la negociación
al interior del IRA, aceptaran la negociación.

Europa nos ha enseñado que, cuando hay un proceso
democrático, transparente y profundo, el único
camino para enfrentar el terrorismo y conducir finalmente
a que hagan un alto, una revisión interna y se apresten
a la negociación, es el ejercicio severo de la autoridad.

Hemos propuesto el cese de hostilidades
con garantías.
Me han preguntado, del Ejército de Liberación
Nacional, si al aceptar ellos un cese de hostilidades, el
Gobierno entraría a perseguirlos. Les he contestado
en Colombia, en público y en privado, en el extranjero,
que este Gobierno tiene un compromiso de derrotar el terrorismo
pero es un Gobierno que lucha con armas constitucionales
y transparentes, que en el momento que acepten el cese de
hostilidades, el compromiso de las Fuerzas Institucionales
del Gobierno será: no continuar acciones ofensivas
contra el grupo que respete el cese de hostilidades.

Me preguntaron si aceptaría un garante, dije: ¡por
supuesto! Me indicaron que si podía ser México
e inmediatamente lo aceptamos. El Presidente (Vicente) Fox
envió un Embajador especial para el caso. ¿Y
qué pasó?: cuando estábamos próximos
a firmar el cese de hostilidades, dijeron que tenían
que excluir el secuestro del cese de hostilidades porque,
si se comprometían a cesar el secuestro, entonces
la organización se desintegraría.

¿Cuál fue la reacción del Gobierno?:
hoy secuestran contra la Ley y contra la voluntad gubernamental,
si se acepta excluir el secuestro de un cese de hostilidades,
seguirían secuestrando contra la Ley pero con la anuencia
del Gobierno y el Gobierno empezaría a ser cómplice
por ser solidario con la violación de la Ley y en
materia tan grave, como lo que refiere al delito del secuestro.

Pero seguimos ejerciendo simultáneamente el mandato
de autoridad con sentido democrático, para rescatar
la seguridad y buscando los caminos del diálogo.

Hace poco, después de una larga controversia, el
país aprobó la ley de Justicia y Paz. ¡Por
supuesto, no es una obra maestra pero si es un hito importante!

La revisábamos con voceros del Grupo de Toledo en
Madrid, con el señor ex presidente de los Estados
Unidos, Bill Clinton, con muchos analistas colombianos y
de ella se puede decir que es primera en Colombia y primera
en el mundo, en ofrecer un camino de paz y de reconciliación
y al mismo tiempo elevar drásticamente los estándares
de justicia y de reparación a las víctimas.

Hemos buscado con esa ley un balance
entre paz y justicia, hemos buscado que sea universal.
Y a los críticos,
les he formulado un llamado de atención para invitarlos
a la reflexión: ¿qué va a pasar el día
que haya una negociación formal con el Eln o con la
Farc?, ¿aceptarán esta ley?

Del Eln, lo primero que hemos escuchado
es que ellos demandan amnistía e indulto por cualquier clase de delitos.
Esta ley prohíbe la amnistía y el indulto para
los delitos atroces y delitos atroces comenten por igual
el Eln, la Farc, que los grupos paramilitares.

Nuestra Constitución de 1991 dispone que no pueden
ser elegidos miembros del Congreso de la República,
aquellas personas condenadas por delitos diferentes a los
políticos o al homicidio culposo. Excluye las posibilidades
de elección a los responsables de delitos atroces.

Esta ley, ustedes lo comprenderán, por su jerarquía
en el ordenamiento jurídico, no varía la Constitución,
menos osaría variar esas normas constitucionales de
inhabilidades.

La Farc y el Eln demandarían su llegada al Congreso
de la República, independientemente de la gravedad
de los delitos.

La Farc ha dicho que no reconoce
al Estado colombiano, de allí se deriva su desconocimiento al ordenamiento
jurídico, de allí se deriva la circunstancia
de que niega haber cometido delitos. ¿Cómo
podremos manejar, entonces, nuestros compromisos internacionales
y constitucionales que impiden la amnistía y el indulto
a los delitos atroces?

Por eso esta ley, que a la luz de
algunos parece muy suave con los paramilitares, también parece muy drástica
en relación con los guerrilleros, pero hemos buscado
que sea equilibrada, que se ajuste a los tiempos, cuando
ya no se permite en Colombia ni en la comunidad internacional
simples procesos de perdón y olvido, sin que se comparezca
a la justicia y sin que se responda por los derechos de las
víctimas.

La guerrilla, en los últimos lustros, expresó que
no negociaba porque en Colombia no había garantías
a la oposición, que no negociaba hasta que Colombia
no eliminara a los grupos paramilitares.

En este país se asesinó a la Unión
Patriótica, hubo allí varios errores que concurrieron.
Primero, se quiso insistir en la mezcla espúrea de
llevar al mismo tiempo la acción armada y la acción
proselitista democrática. Hay que estar en lo uno
o en lo otro, las únicas armas que acepta la lucha
democrática, son las armas argumentales. ¡Ojalá!,
ese error sirva para que no se repita. Y se cometieron errores
de Estado por falta de eficacia para proteger la oposición.

Diría yo, y miro a muy apreciados compatriotas que
han dejado sentir duramente y de manera constante su voz
de oposición al actual Gobierno, que hemos hecho un
esfuerzo eficaz por dar garantías a la oposición.
Que la oposición hoy, en Colombia, siempre ha tenido
garantías pero hoy las tiene de manera más
eficaz gracias a la Seguridad Democrática.

El referendo de 2003 fue una expresión de garantías
infinitas a opositores y abstencionistas. La elección
de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales de 2003
fue una expresión de garantías al pluralismo.

Se temía que a las grandes alcaldías, a las
de mayor importancia, a las gobernaciones de mayor importancia,
no pudieran llegar candidatos de los partidos alternativos
a los tradicionales, candidatos provenientes de partidos
apoyados por antiguos integrantes de guerrilla, movimientos
realmente contestatarios. Pues bien, nos aplicamos con el
acompañamiento de la justicia, de mano de la Constitución,
con la heroicidad de nuestra Fuerza Pública a proteger
a todos los candidatos y ¡lo logramos!

¡Qué paradoja para bien de la democracia colombiana!
En el Gobierno de la Seguridad Democrática, incomprendido
y criticado –lo que está bien en una democracia-,
se ha logrado propiciar garantías efectivas a candidatos
de la real oposición.

Más de 200 alcaldes han sido elegidos en los últimos
meses y la decisión del Gobierno ha sido proteger
todos los candidatos, prescindiendo del origen político
pero de manera eficaz, asumiendo el Gobierno, responsabilidades
por omisión.

Creo que allí hay un gran avance para que el mundo
le diga a la guerrilla: ‘encontramos, realmente una
oposición con mejores garantías efectivas en
Colombia, es hora de que ustedes, señores guerrilleros,
depongan ese argumento y se apresten a negociar’.

Insistía la guerrilla en el desmonte de los paramilitares,
siempre he sido de la tesis, que las fuerzas del Estado no
se pueden unir ni abierta ni subrepticiamente con grupos
al margen de la ley para combatir otros grupos al margen
de la ley. Nuestra política de Seguridad Democrática
ha buscado liberar a Colombia, por igual, de guerrilleros
y de paramilitares.

Confío, que primero la política de Seguridad
Democrática y segundo la ley de Justicia y Paz, el
proceso de reinserción –que ya lleva alrededor
de 20 mil ciudadanos, en su mayoría provenientes de
paramilitares y 6 mil provenientes de guerrilla-, nos permitan
avanzar y que Colombia quede bastante liberada del fenómeno
del paramilitarismo.

En mis circunstancias, por mis antecedentes
de enfrentar a la guerrilla, seguramente muchas personas
habrían
entendido que al inicio del Gobierno me hubiera unido de
manera clandestina o soterrada con el paramilitarismo para
acabar con la guerrilla. De pronto iríamos más
adelante en la lucha contra la Farc y contra el Eln, pero
qué mal camino le habríamos orientado a Colombia.

¡Por convicciones cristianas, democráticas,
por deberes de padre de familia, he creído que el único
camino válido, así muchas veces no parezca
efectivo y tome más largo tiempo, es el camino de
la apelación exclusiva de las instituciones!

Hace pocos días, una antigua compañera de
luchas políticas, me encontraba en mi ciudad y me
decía: ‘Álvaro ¿por qué están
desmontando el paramilitarismo sin haber acabado con la guerrilla?’ Le
dije: porque Colombia, para poder derrotar todos los factores
terroristas, los tiene que combatir por igual, porque el
mundo no nos va a acompañar en la lucha contra el
terrorismo si el Estado muestra parcializaciones. Y me dijo: ‘¿y
quién nos va a garantizar ahora la seguridad?’ ¡Las
Fuerzas Institucionales!, fue mi respuesta.

Ustedes no saben –apreciados visitantes de los diferentes
países- la preocupación que hay hoy en muchas
regiones, en Catatumbo, Urabá, para citar unas pocas,
porque durante muchos años sintieron a la guerrilla
como su verdugo, la indiferencia del Estado y encontraron
como su instrumento de defensa, otro finalmente convertido
en el nuevo verdugo, el paramilitarismo.

Este desmonte de estructuras paramilitares
ha llevado a que allí pregunten ¿y quién
nos va a defender? La respuesta es una: la institucionalidad.

¡Estamos haciendo todos los
esfuerzos y la comunidad internacional los puede constatar,
para que los colombianos
no tengan que someterse a la guerrilla ni apelar al paramilitarismo
para su seguridad!

¡Estamos haciendo todos los esfuerzos con la heroicidad
de nuestros soldados y policías para el rescate de
la prevalencia institucional!

Entonces, le pido a la comunidad
internacional recoger este argumento para decirle a la
guerrilla: ¡es hora de
negociar!, Colombia ha demostrado toda la determinación
para derrotar y desmontar el paramilitarismo.

Me decía esta mañana, uno de los muy distinguidos
interlocutores de primera hora: ‘¿por qué no
se legaliza la droga?, Colombia no tiene posibilidades de
superar este problema ni por la vía política
ni por la vía militar, el único camino es legalizar
la droga para acabarle ese negocio que financia los grupos
terroristas’.

Le contesté: yo tengo todas las reservas como padre
de familia, tengo reservas ecológicas, en Colombia –país
de inserción amazónica- hemos visto destruir
1.700.000 hectáreas de selva amazónica por
el afán de sembrar drogas ilícitas.

Los científicos me han expresado que es menos difícil
avanzar en los procesos de educación, de prevención
y de rehabilitación, cuando están acompañados
por la ilegalización de la droga, que cuando están
acompañados por la permisividad que se deriva de su
legalización.

Temo mucho lo que podría pasar en la ecología
andina y amazónica si legalizamos la droga, pero hay
una cuestión absolutamente práctica: eso necesitará un
consenso del mundo, se pueden demorar décadas en tomarlo
y mientras tanto, el terrorismo nos va a destruir aquí.
Por eso, afanosamente, tenemos que destruir la droga y tenemos
que pedir la solidaridad de toda la comunidad internacional.

No estamos con el cuento de que aquí están
los productores y en Europa y en Estados Unidos los consumidores. ¡Estamos
cansados de ese cuento!

Cuando aquí había simplemente tráfico,
se decía: ‘nunca habrá cultivos’ y
de la noche a la mañana, sin darnos cuenta, Colombia
llegó a 180 mil hectáreas de droga. Cuando
mi antecesor, el Presidente (Andrés) Pastrana, firmó el
Plan Colombia, fue por un estado de necesidad porque ya había
180 mil hectáreas de droga.

Y se decía: ‘en Colombia hay tráfico
y producción, pero no hay consumo’. Hoy enfrentamos
el problema del creciente consumo, un millón de consumidores –cifra
que crece- con problemas muy graves que, en el caldo de la
pobreza, han estimulado uno de los flagelos que más
nos duele y que tenemos que superar: la prostitución
infantil.

Por supuesto, no estamos trabajando
sólo con la fumigación
contra las drogas –que tanto preocupa a nuestros países
hermanos y vecinos-, estamos trabajando con la erradicación
manual, este año la hemos impulsado muchísimo.
Aspiro que en diciembre de este año le podamos decir
al mundo que hemos erradicado 30 mil hectáreas manualmente
y que el año entrante, Colombia, puede erradicar 50
mil.

Avanzamos en los programas alternativos,
el mejor de los cuales es la Seguridad Democrática para recuperar
la economía y hoy tenemos 33 mil Familias Guardabosques.

Ese tema sí que es importante para nuestros países,
para que Europa lo comprenda. Porque inicialmente se decía
que ese tipo de programas no son sostenibles. Cada una de
las Familias Guardabosques tiene el compromiso de cuidar
el área libre de droga, bajo la supervisión
de Naciones Unidas, debe supervisar la recuperación
del bosque y recibe un pago anual del Gobierno.

Es bien importante para esta gobernabilidad
las libertades públicas, los derechos humanos, la cohesión
social. Vemos una relación de causa – efecto
entre la seguridad, la confianza, la inversión, el
crecimiento, la disponibilidad de recursos para la cohesión
social, lo que finalmente habrá de hacernos pasar
del estadio de la seguridad al estadio de la paz.

Nuestra política fundamental en materia de cohesión
social es la educación, es la de fondo, es la estructural,
es la que está llamada a producir un gran efecto en
la distribución del ingreso, a abrir los canales de
la movilidad social.

Si algo preocupa en países como el nuestro, es que
esos canales no fluyan, que todavía los hijos de los
pobres estén condenados a ser pobres. El camino que
hemos escogido es el de la Revolución Educativa, para
abrir esos canales.

Colombia este año, ya llega al 91 por ciento de cobertura
en educación básica y confiamos que rápidamente
podamos decirle al mundo que hemos llegado a la cobertura
de los países desarrollados.

Hemos dado grandes saltos en materia
de capacitación
técnica, los estamos impulsando para que se den en
materia universitaria y en materia de calidad educativa.

Esa política social la manejamos a través
de 7 Herramientas de Equidad, que las agrupamos alrededor
de un eje estructural que es la Revolución Educativa,
alrededor de la ampliación de la Protección
Social para formalizar, alrededor de la equidad, las relaciones
sociales.

Las ejecutamos con políticas asistenciales como las
políticas por la nutrición y contra el hambre,
con políticas estructurales como la construcción
de un país de propietarios y con la política
de calidad de vida urbana, de la cual ha dado ejemplo Bogotá.
Ese Transmilenio, que es un eje de construcción de
calidad de vida urbana en esta ciudad capital, estamos procurando
replicarlo en otras ocho ciudades colombianas, como un punto
de avance para la construcción de calidad de vida
urbana-.

La Seguridad Democrática y la cohesión social
tienen que confluir, para que cada individuo gane confianza
en el colectivo al cual pertenece y para que vayamos pasando
de una Nación que quisiera disolverse, porque cada
individuo quiere abocar su propia defensa, a una Nación
con conciencia de colectivo, a una Nación donde cada
uno se sienta responsable de la suerte de los demás.

Me preocupa muchísimo que cuando hemos reiterado
en Naciones Unidas nuestro compromiso para cumplir las luchas
del Milenio, la crisis energética amenace a muchos
países para que nos las puedan cumplir.

En Colombia no hemos podido recuperar
aún la producción
y mayores cantidades de reservas en materia de hidrocarburos,
pero confiamos que la creciente confianza inversionista en
el país nos va a permitir lograrlo.

Sin embargo, a pesar de las dificultades
en petróleo,
estamos agregando reservas en gas, casi duplicando las exportaciones
de carbón. Vamos bien en materia de nuevas alternativas
energéticas, ya tenemos las primeras instalaciones
experimentales de energía eólica y entre este
mes de septiembre y enero, el país empezará a
producir un millón de litros diarios de alcohol carburante.

Hemos dado, con el Congreso de la
República, los
pasos para introducir los incentivos para estas alternativas
energéticas y confió que en pocos meses el
país esté empezando a producir biodiesel.

Pero nos preocupa mucho la región. Países
con los mismos problemas de pobreza, que son totalmente importadores
de energéticos, con los actuales precios del petróleo
y sin alternativas, pueden verse abocados a lo siguiente –que
me parece catastrófico-: a desviar los recursos que
estarían dirigidos a cumplir las metas sociales del
Milenio, para la adquisición de la canasta energética.

Ningún foro hoy, creo Presidente
Samper, puede ignorar esta realidad. Con la comunidad internacional,
con los bancos
multilaterales, con los esfuerzos de unos y otros, tenemos
que enfrentar este problema.

Punto fundamental de la gobernabilidad
es el balance entre la democracia participativa y la representativa.
La apelación
directa al pueblo es el reconocimiento de que es la institución
fundamental en el esquema democrático y al mismo tiempo,
la organización de la representación evita
que la apelación directa al pueblo sea anarquizante.

Creo que el debate no es sobre cuál de las dos expresiones
de la democracia debe prevalecer, sino cómo se llevan
en equilibrio. Así lo ha definido sabiamente la Constitución
Colombiana de 1991 y los esfuerzos legislativos que se han
hecho con posterioridad.

Fundamental para la gobernabilidad,
es construir una visión
de largo plazo a partir del debate democrático, porque
cuando en el debate democrático se construye y se
revisa permanentemente una visión de largo plazo,
todos los integrantes de este colectivo, que es la Nación,
se siente comprometidos en la construcción de esa
visión, en contribuir a todas las instituciones a
que logren los objetivos de esa visión, independientemente
de sus raíces ideológicas.

Fundamental para la construcción de gobernabilidad
es el buen manejo de la contradicción.

Cuando veo este foro, que a pesar
de líneas muy comunes
en la inclinación ideológica de sus concurrentes
es una expresión de la diversidad democrática,
me suscita esta reflexión: la contradicción
es inevitable en el mundo actual, la contradicción
profunda, como quiera que es un mundo de diversidad, pero
de diversidad en permanente interrelación.

Una cosa es la diversidad aislada
y otra cosa es la interrelación
permanente de los actores de la diversidad.

Para que los actores de la diversidad –que se da tanto
en el mundo, como en nuestra Patria colombiana- puedan concurrir
a formar gobernabilidad, se necesita estimular un debate
permanente pero solidario, sin antagonismos insuperables,
sin dogma, buscando opciones para proveer la atención
a intereses legítimos. Un debate con inclusión,
sin odios. Un debate que le haga honor a la sinceridad y
que también respete la decencia.

INTEGRACIÓN

Hemos dado el paso de la integración Comunidad Andina – MERCOSUR,
paso trascendental en lo económico, que ayuda para
avanzar en la integración en lo político.

Estamos ahora en las negociaciones
del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los Estados Unidos,
no por razones ideológicas
sino por razones prácticas.

Creo que este ejemplo me releva de
dar muchas explicaciones. Una cosa es concurrir al mercado
internacional a ofrecer
petróleo o energéticos, o a ofrecer soya o
a ofrecer hierro o a ofrecer acero y otra cosa es concurrir
al mercado internacional a competir con confecciones, con
textiles, con turismo, a competir con el sector agropecuario.

En el primer caso, esa gama de productos
la arrebata la demanda, no requiere de acuerdos de comercio
para colocarla,
en el caso nuestro se requieren los acuerdos de comercio. ¡Confiamos
que podamos dar este paso con equidad!

Hemos reclamado de los países industrializados que
se atrevan, rápidamente, a desmontar los subsidios
a la agricultura. Los Estados Unidos nos dice que lo hará cuando
lo haga Europa y Europa nos dice que lo hará cuando
los Estados Unidos lo decidan.

Pues bien, requerimos que ambos se
pongan de acuerdo y lo aceleren. Nosotros necesitamos acuerdos
de comercio para
acceder a mercados, para generar puestos de trabajo, para
poder colectar recursos que nos permitan construir inversión
social y esos desbalances, esos desequilibrios, afectan las
negociaciones de los acuerdos de comercio.

Entonces, que Europa y los Estados
Unidos resuelvan ese problema o que nos permitan compensaciones,
que si tienen
que subvencionar a los agricultores, que eso no se constituya
en una subvención a productos que nos compitan deslealmente,
que subvencionen también el uso ocioso de la tierra
para darle descanso por razones ecológicas.

Se ha dado el paso del acuerdo entre la Comunidad Centroamericana
y los Estados Unidos, nos preocupa que no demos el paso entre
la Comunidad Andina y la Comunidad Centroamericana.

En lo político, es absolutamente necesario avanzar
en nuestra América Latina. Colombia participa de la
unidad suramericana pero es consciente que con Panamá tiene
la responsabilidad de unir al Continente y por eso hemos
empezado a participar también del Plan Panamá – Puebla,
como país observador, para trabajar inicialmente en
proyectos de infraestructura como la interconexión
eléctrica, gasífera y también a buscar
la interconexión en transporte.

Es bien importante que estos procesos
no sean excluyentes y que lo económico no excluya lo político.

Creemos que los principios del Grupo
de Río, son
los principios que mejor inspiran la unidad latinoamericana
y que nos ponen en condiciones de acercarnos más con
Europa.

El profesor Mark Leonard recientemente
ha publicado un libro en el cual sostiene la tesis que
Europa será el poder
dominante en el Siglo XXI. Lo dice sobre la base de que Europa
ha construido su unidad sobre instituciones, que Europa ha
repartido el poder democráticamente como el elemento
codiciado por todos los actores, que Europa no es mirada
por los enemigos de la globalización como su adversario,
que mientras otros poderes pueden suscitar grandes controversias,
la institucionalidad europea permite la creación de
un poder democrático y sutil que no genera esa oposición.

A partir de estas tesis, déjenme afianzar nuestra
expresión del interés de podernos acercar más
con Europa.

Recientemente, nos han extendido
las preferencias unilaterales por 10 años, pero
sabemos que necesitamos el acuerdo con Europa. No vemos
hoy posibilidad ni en los Estados Unidos
ni en Europa de nuevas extensiones unilaterales de preferencias.

Y la institucionalidad europea es
necesario traerla a nuestro medio. ¿Por qué no funcionan nuestros acuerdos
regionales de integración? Porque no hay instituciones
que obliguen a cada país a cumplir los acuerdos, porque
cuando nos sentamos y decimos: ‘antes de dar nuevos
pasos hagamos el inventario de incumplimientos’, todo
el mundo elude la responsabilidad.

Creo que estamos en mora de armonizar
nuestros indicadores macroeconómicos, como lo hizo Europa en un período
anterior a la unificación de su moneda y que esa unificación
de indicadores macroeconómicos nos puede llevar a
cumplir debidamente nuestros pactos.

EL ACUERDO HUMANITARIO

Tengo que proponer el tema con respeto a la sinceridad y
con respeto al debate impersonal y constructivo.

¿Quién más lo quisiera? No tener el
acuerdo humanitario es un freno a la Seguridad Democrática,
es un factor de preocupación permanente del Gobierno,
que no le permite concentrarse en otras tareas públicas.

¿Qué propuse como candidato cuando emulaba
con algunos de los aquí presentes como mi buen amigo,
el doctor (Horacio) Serpa Uribe o mi buen amigo, el alcalde
de Bogotá, el doctor Luis Eduardo Garzón? Lo
que repetí en las primeras semanas de Gobierno: que
un acuerdo humanitario tendría que acompañarse
de la iniciación de un proceso de paz y que ese proceso
de paz tenía que tener, como base, un cese de hostilidades.

A los pocos días conversé con el Presidente
(Jacques) Chirac, con el secretario general de Naciones Unidas,
Kofi Annan, con los familiares de los secuestrados y por
petición de todos ellos, acepté separar la
búsqueda del acuerdo humanitario de la exigencia de
un nuevo proceso de paz a partir del cese de hostilidades.

Hemos aceptado que muchos ciudadanos
sean facilitadores, entre ellos el señor ex presidente Samper, que sea
facilitadora la Iglesia Católica, gobiernos como el
francés o el suizo y hemos exigido que se libere a
todos los secuestrados, que no haya zonas desmilitarizadas,
que quienes salgan de la cárcel –liberados por
el Gobierno como parte del acuerdo-, no vuelvan a delinquir
y que haya una mediación de Naciones Unidas.

La Iglesia Católica me expresó que no era
aceptada por la guerrilla la exigencia del Gobierno de que
los guerrilleros que lleguen a salir de las cárceles,
como garantía operativa de que no volverán
a delinquir, se tienen que ir al extranjero –como en
su momento lo propusimos-, a un país como Francia.

Le dije a la Iglesia Católica: busquemos opciones,
porque lo que no podemos aceptar es que salgan de la cárcel
para volver a delinquir.

Este país, para recuperar el imperio de las instituciones,
no necesita sólo más soldados y más
aviones y más helicópteros, necesita alta moral
en las instituciones y en sus titulares.

¿Qué pasa con la moral de la institución
democrática armada, si 1.700 policías y soldados
mutilados por las minas antipersona de estos grupos terroristas,
ven desde los pabellones de sanidad de los hospitales que
sus sicarios y verdugos salen tranquilamente y regresan,
no solamente a la libertad sino a la delincuencia?
Señora Ministra (Nicole Gueds, representante del Gobierno
de Francia): el Gobierno aceptará, en un acuerdo humanitario,
que guerrilleros recuperen la libertad pero no que regresen
a la delincuencia. Que ellos recuperen la libertad, pero
no para afectar la tranquilidad de los colombianos. Por eso,
es muy importante el compromiso de que al salir de la cárcel,
regresen a la libertad pero no a delinquir en sus antiguas
organizaciones.

Hemos aceptado que la única opción válida
no sea la de irse al extranjero. Por sugerencia de la Iglesia
Católica, también hemos aceptado que puedan
vincularse al proceso de reinserción.

Estamos abiertos a encontrar opciones,
pero pido la comprensión
internacional, y especialmente la comprensión de Francia,
al punto de que es esencial que aquellos que salgan de la
cárcel, ganen la libertad pero no regresen a la delincuencia.

Opciones que nos permitan satisfacer
ese interés
legítimo del pueblo colombiano, serán bienvenidas.

Hemos dado muchos pasos, apreciados
asistentes. Juan Antonio Cruz, un integrante de la Farc
o su organización internacional,
fue designado al principio de este Gobierno por la Farc como
su vocero para el acuerdo humanitario. Nos pusieron una prueba,
nos dijeron que teníamos que pedir que se levantara
una orden de Interpol y la levantamos en 24 horas y no hubo
respuesta favorable de la Farc.

Liberamos unilateralmente 27 guerrilleros de la Farc, en
un gesto de buena voluntad.

La verdad es que yo sé que negociar estos temas conmigo
no es fácil, porque yo quiero cumplir hasta el último
día –para bien de la credibilidad popular, que
es un supuesto necesario de la confianza en las instituciones-,
mi obligación asumida ante el pueblo en procura de
la Seguridad Democrática, Pero hemos buscado intereses
legítimos, no posiciones dogmáticas.

¡Nosotros no podemos aceptar la desmilitarización!
El resultado para este país no ha sido bueno, las
desmilitarizaciones han creado paraísos de droga,
han creado depósitos de armas, lugares de cautiverio
de secuestrados.

¡Un país donde sus gentes le dicen permanentemente
al gobernante: ‘necesitamos más Policía,
más justicia, más Ejército, más
inversión social, no queremos estar en manos de guerrillas
y de paramilitares’, no puede permitir que el Estado
abandone zonas, así sea transitoriamente!

Se dice que la desmilitarización es necesaria para
la seguridad de los guerrilleros que concurran a este acuerdo. ¿Y
entonces qué pasa con la seguridad de los ciudadanos
que viven en esas zonas, que claman que esa seguridad se
las garantice exclusivamente la presencia del Estado?

Hemos ofrecido como alternativa,
no una zona desmilitarizada, sino un lugar. Hemos dicho:
una embajada, la Nunciatura en
Bogotá, una iglesia, una escuela y que la Farc diga
quién los debe conducir a ese sitio, que les garantice
toda la seguridad, qué organización nacional
o internacional. Que la Farc diga cómo se provee seguridad
a ese sitio durante los días de la negociación.
Que la Farc diga quién los retorna a los lugares de
origen.

Estamos dispuestos a dar en un sitio
todas las garantías
para el acuerdo humanitario, pero pediría también
la comprensión internacional y especialmente del Gobierno
de Francia, a nuestras razones de porqué no podemos
ofrecer en Colombia zonas desmilitarizadas. ¡Ojalá podamos
lograr ese acuerdo!

Si liberamos los guerrilleros para
que vuelvan a delinquir ¿qué pasa
con el secuestro?

En este Gobierno llevamos tres años sucesivos de
disminución del secuestro. En el primer año
se disminuyó en un 27 por ciento, en el segundo año
en un 35 por ciento y este año va una disminución
del 58 por ciento.

Bogotá apenas ha tenido un lunar, se denunció hace
3 días que 3 alcaldes del departamento de Santander
fueron engañados por estafadores aquí, fueron
víctimas de un secuestro rápido, los extorsionaron
y los dejaron en libertad. Con la excepción de ese
lunar, y lo he celebrado permanentemente con el alcalde Luis
Eduardo Garzón, en esta ciudad de Bogotá no
se ha dado un secuestro extorsivo en lo corrido del año.

¡Por favor, la lucha del pueblo colombiano contra
el secuestro no se puede desestimular permitiendo que salgan
de la cárcel delincuentes para volver a secuestrar! ¡Que
ganen la libertad, pero que no vuelvan a secuestrar!

Mi generación no ha vivido un día de paz.
Usted sabe, Presidente Samper, que usted ha sufrido en carne
propia esto que yo digo de mi generación.

Usted sabe, Presidente Gaviria, que
usted tuvo que correr todos los riesgos personales para
conducir las banderas de
Luis Carlos Galán a la Presidencia de la República.

Exíjanos transparencia, exíjanos racionalidad,
exíjanos respeto a los derechos humanos, que hacen
parte de nuestras devociones, pero que el mundo entero nos
acompañe en esta tarea por la seguridad, que es un
camino a la cohesión social, que es un camino al pluralismo,
que es un camino para que las nuevas generaciones de colombianos
puedan vivir felices en esta Patria, que ustedes honran mucho
al visitarla y al haber escogido a su ciudad capital como
sede de este Foro de Biarritz.

Muchas gracias.

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