Asamblea Fedegán
2020
LA
SEGURIDAD POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA NOS OBLIGA A PENSAR PARA EL 22 EN LOS
FACTORES DE COMPETITIVIDAD PARA LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES, DE LA SEGURIDAD,
DE LA CREATIVIDAD PRIVADA, DE LA COHESIÓN SOCIAL, ANTES QUE EN NOMBRES DE
CANDIDATOS, PARTIDOS O COALICIONES.
Saludo al
doctor José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, a los distinguidos
integrantes de la Junta Directiva, a los funcionarios y a todos ustedes
estimados ganaderos de Colombia.
Acudo a esta
Asamblea, a pesar de la injusta afectación judicial que pesa sobre mi persona,
por honrosa invitación del doctor Lafaurie y por el sentimiento de gratitud y
afecto que me vincula con el gremio. Gratitud por tantos años de apoyo a mi
carrera pública, y afecto porque comprendo el abnegado trabajo de ustedes, cuya
compensación no es la rentabilidad del dinero sino la ilusión que se renueva en
cada día al primer contacto con la naturaleza, sus encantos y desafíos.
Las
reformas introducidas en 2018 y 2019, especialmente en reducción de impuestos y
en el llamado oficial a la confianza de inversión, mostraron una economía en
gran recuperación hasta febrero de este año.
El
Gobierno Duque ha fortalecido enormemente el sistema de salud durante estos
meses de pandemia; destacamos la dotación de unidades de cuidados intensivos,
el suministro de equipos de seguridad a todos los servidores de la salud, la
cancelación de 9 EPSs, el mejoramiento de muchas de ellas y de la mayoría de
los hospitales.
El
castigo de la pandemia a la economía y al tejido social de la Nación se
constituye en un reto que el Gobierno ha enfrentado y enfrentará bien.
El
endeudamiento del Gobierno Nacional Central, que en los últimos 8 años había
pasado del 36% del PIB al 50%, terminará este 2020 en 60% o más. El
decrecimiento del producto puede rondar alrededor del 7%. El déficit fiscal,
que sin pandemia podría ser inferior al 2.3%, este año puede situarse por
encima del 8%. El desempleo camina oscilante por el 15.5%. América Latina ha
perdido 10 años de reducción de pobreza. Colombia, que entre 2000 y 2013 redujo
la pobreza del 52% al 27%, este año, también con la nueva fórmula de medición,
puede terminar en el 36%. Los hogares de la Patria han perdido 25 billones en
capacidad adquisitiva.
Permítanme
recordar algunos de los principios que tutelan nuestro accionar político y que
enmarcan el conjunto de soluciones requeridas.
Debo
reiterar la convicción de un país con seguridad y libertades democráticas, con
inversión privada vigorosa y política social en expansión, sin droga y con
protección de los recursos naturales, con menos Estado Burocrático y más Estado
Social, con menos impuestos y mejor remuneración, con empresarios y
trabajadores unidos que demuestren que entre ambos manejan mejor los recursos
que el Estado. Un país de instituciones, de pluralismo, de diálogo entre la
comunidad y el Estado. Un país sin odio de clases, de economía fraterna.
Creo que
el país tendrá que subir moderadamente los impuestos, subirlos por el faltante
fiscal y el riesgo de perder el grado de inversión, moderadamente digo para no
perder la confianza de inversión. Es mejor hacerlo ya que diferirlo al debate
electoral con el riesgo de la demagogia que dinamiza el odio y el peligro de
los silencios que no se comprometen, pero que al final hacen el juego a la
izquierda socialista. Hacerlo ya da tranquilidad a los empresarios, aplazarlo
genera incertidumbre. Hacerlo ya implica tomar definiciones que se podrían
aplicar gradualmente, a medidas que se vaya registrando la recuperación de la
economía.
Nada más
injusto que hablar de impuestos sin exigir esfuerzos de ahorro. Por eso
insistimos en la necesidad de reducir el Congreso y gradualmente la
remuneración de los congresistas. Por eso insistimos que durante 6 años los gastos
del Estado, en funcionamiento y nómina, puedan crecer máximo con inflación.
Cálculos del Ministerio de Hacienda indican que, sin aplicar el límite a
transferencias regionales, salud y pensiones, el ahorro recurrente, permanente,
podría ser mayor al 1% del PIB en dinero constante. La dificultad de estos
trámites en el Congreso y el riesgo político de derogatorias aconsejan subirlos
a la Constitución mediante referendo.
La
situación económica y de desempleo ha llevado a que muchos pidan más flexibilización
laboral a través de autorizar de manera general el trabajo por días y por
horas. Esta propuesta no es socialmente sostenible ni políticamente viable dado
el nuevo aumento de la pobreza por la pandemia, y también por la pérdida de
ingresos de las familias que supera los 25 billones de pesos. El trabajo por
horas y por días cabe en economías donde los menores ingresos sean
relativamente altos, contrario a nuestro medio.
La
flexibilización laboral hay que mirarla en la línea histórica. Sin la ley 50 de
1990, que creó los fondos de cesantía y autorizó la liquidación anual, muchas
empresas habrían perecido y la liquidación de sus patrimonios no habría
alcanzado para cancelar la cesantía y otros pasivos a los trabajadores.
Bastante costo político se ha pagado por el ajuste de los recargos nocturnos y
de dominicales en nuestra reforma de 2002, que por fortuna creó el fondo
Emprender del Sena. Además, introdujimos los Beneficios Económicos Permanentes
para quienes no alcancen a pensionarse. El Gobierno actual ha dado un magnífico
paso con la creación del Piso Social Mínimo, bastante atacado por la oposición.
La
flexibilización se agota en sociedades pobres, hay que buscar alternativas. De
ahí nuestro lema de 2018 de Menos Impuestos y Mejor Remuneración. La prima
adicional, que por la pandemia hubo que retirar, correspondía a la reducción de
impuestos aprobada, implicaba un mayor costo, pero sin rigideces laborales ni
efectos en la base salarial.
Estamos
ante otra realidad, muchas empresas van a llegar a un 100% de recuperación en
producción y ventas con un 9% menos de trabajadores. Esto muestra un incremento
de productividad con más desempleo y más pobreza. El teletrabajo es un factor
imponderable de reducción de costos. Debemos dar el paso de disminución de la
jornada de trabajo de 48 horas semanales a 42, sin afectar el ingreso laboral.
Es mejor hacerlo a que quedemos rezagados en el mundo occidental y en América
Latina. El teletrabajo crea conciencia en el énfasis en el resultado de la
labor más que en los horarios.
La alta
informalidad, el desempleo profesional y general, y el subempleo que obliga a
muchos a trabajar en áreas ajenas a sus conocimientos con precariedad
remunerativa, hacen aconsejable reformar el Contrato de Aprendizaje. Que
cualquier colombiano, menor de 30 años, que no haya tenido un empleo formal,
pueda ser aprendiz hasta por dos años. Y no como hoy ocurre que solamente
pueden ser aprendices los estudiantes del Sena y de universidades.
Todo lo
anterior para ayudar a la economía privada y al empleo, pero con el
reconocimiento a los esfuerzos del Gobierno en favor de las empresas y de los
trabajadores en la gravedad de la pandemia.
Necesitamos
recuperar la dinámica de reducción de la pobreza, aspecto que no es peor porque
el Gobierno Duque reforzó las herramientas sociales e introdujo Ingreso
Solidario. Además, ha pasado el presupuesto educativo de 38 billones de pesos a
47.3 billones.
Debe
aceptarse que la mejor solución es el crecimiento destacado, sostenido y con
creación de empleo de calidad.
El
crecimiento nos conduce a la confianza para la inversión, que también reposa en
la seguridad física, jurídica y política.
Este
Gobierno ha tropezado con obstáculos heredados para avanzar más rápidamente en
el rescate de la seguridad. Angustia mucho la demora para fumigar la droga que
debería ir aparejada del pago por cuidados ambientales a las comunidades
asentadas en regiones donde no haya la alternativa del cultivo lícito. Anuncian
que vincularán Ingreso Solidario a esta tarea.
Insistimos
en que por lo menos se debe reformar la JEP, ilegítima en el nacimiento y
parcializada en la composición. ¡Qué error tan doloroso que en La Habana
hubieran puesto en pie de igualdad al terrorismo con nuestras Fuerzas Armadas,
que han sido democráticas, respetuosas del orden Constitucional, con severas
sanciones a los integrantes que han violado la ley!
No ha
sido posible en el Congreso crear una entidad independiente para investigar a
los miembros de las Fuerzas Armadas, que deben salir de la JEP, por supuesto
con el beneficio de la libertad con 5 años de pena privativa para delitos
anteriores al 1o de diciembre de 2016.
Mantener
en el Congreso o en cualquier cargo de representación a los responsables de
delitos atroces como el secuestro y la violación de niños, es una afrenta a la
democracia y un elemento que estimula a los delincuentes actuales y futuros.
Para
estos dos puntos creo que se necesita un Referendo porque no existe la mayoría
en el Congreso. Excluir de la corporación a los delincuentes de atrocidades no
implica Principio de Favorabilidad, cuya aplicación, por estar restringida a
materias penales, no obra en temas políticos.
¡!Qué tal
que en el Congreso estuvieran los responsables aparentes o reales de otros
magnicidios, o que allí hubiéramos asentado a los paramilitares, que no se
entiende por qué la diferencia en tratamiento con la guerrilla!
¡Cómo así
que la JEP puede durar 20 años con un costo anual de 330 mil millones de hoy!
Si algo
necesita la seguridad es devolver toda la confianza a las Fuerzas Armadas para
que recuperen la totalidad de la iniciativa. Los validadores de FARC han tenido
la astucia de debilitar la moral de las Fuerzas Armadas. Hoy se quejan de la
inseguridad que incubaron al legitimar el mar de droga que desprecia la ley y
las buenas costumbres.
El sector
agropecuario necesita seguridad jurídica sobre la tierra. Los poseedores y
explotadores de buena fe seguirán con el riesgo de la restitución hasta el año
2031. Se requiere sacar de la incertidumbre a quienes, también de buena fe, no
tienen títulos sobre tierras que explotan con esmero y por el bien general. Las
prescripciones adquisitivas anteriores a 1994, declaradas en procesos lícitos,
también demandan seguridad jurídica. Hay temas de ley que deben encararse. Otros
de decretos y resoluciones que autorizarían arrendamientos y comodatos de largo
plazo, con garantías claras de renovación.
La
reglamentación de las Zonas de Desarrollo Agropecuario debería acompañarse de
adquisiciones de predios para campesinos, tecnólogos y profesionales que
presenten proyectos productivos. Esto, sin crear pánicos expropiatorios.
Distinguidos
compatriotas: La seguridad política nos obliga a mirar al proceso electoral de
2022. Enfrentamos el riesgo de la extrema izquierda socialista y de las
mentalidades permisivas que les hacen el juego. Estas opciones expropian la
iniciativa privada o la asfixian con impuestos y regulaciones hostiles. En
ambos casos dejan sin posibilidades a los pobres que dicen defender, como en
Venezuela que pasaron la pobreza del 40% al 86%. Y lo peor es el olimpismo de
algunas personalidades democráticas que subestiman estos riesgos.
Ojo con
estos seductores que ya se cuidan en el discurso contra la empresa privada,
pero avanzan en el desprestigio de los empresarios, como lo hacen con los
ganaderos, para abrir el camino de la expropiación y de la regulación hostil.
Debemos
advertir el peligro, trabajar para precaverlo, cada uno de nosotros tiene que
ser un pedagogo en la explicación del riesgo.
Debemos pensar
en los factores de competitividad para la defensa de la democracia antes que en
nombres de candidatos, partidos y coaliciones.
Afectado
como estoy por mi situación judicial, me atrevo a proponer algunos factores
para la defensa de la democracia. Es esencial que se conozcan más los buenos
logros del Gobierno y que este tenga todo el éxito frente a los desafíos de la
pandemia y de los daños de la naturaleza, por ejemplo, en San Andrés,
Providencia y el Chocó.
Es
esencial que la agenda de los partidos afines tenga cumplida ejecución en el
Congreso, ya me referí a algunos de los temas, que tendrían positivas
consecuencias en el campo y en las grandes urbes, cuyas clases medias duermen
con más pesadillas que ilusiones.
Pienso
que esa agenda de competitividad para la defensa de la democracia tendría en el
Referendo un buen apoyo, que convoque a reformar la JEP, a dar pautas para
modificar altas cortes, que cree la Comisión Legislativa para profundizar en la
Justicia. Que avance en la gratuidad de la educación completa y universal, sin
monopolios que adoctrinan, pero no enseñan. Que fije líneas de superación de
pobreza y de construcción de equidad con Ingreso Solidario y el Bono Pensional
para los recién nacidos de hogares vulnerables, que algo nivele la cancha de
las oportunidades. Que reduzca el Congreso e imponga el ahorro con la
limitación del crecimiento de los gastos de nómina y de funcionamiento, en
nombre de Menos Estado Burocrático y Más Estado Social. Que ordene el cuidado
de los ecosistemas estratégicos, con remuneración y facilitación de ingresos a
los moradores comprometidos en la tarea.
Para
llegar a la conclusión de estas palabras quiero felicitar a Fedegan y al doctor
José Félix Lafaurie por la tarea concientizadora sobre las obligaciones y posibilidades
ambientales de la ganadería al orientarla a los sistemas silvopastoriles.
Algunos
desean un Gobierno de izquierda, léase socialista o socialistoide, con el
argumento de que Colombia no lo ha tenido. No olvidemos que hemos asistido a la
tragedia en la frontera. Además, la interferencia narco terrorista y las
políticas del anterior Gobierno han frustrado aquello que necesitamos: períodos
largos y sostenidos de desempeños sobresalientes en seguridad, inversión y
cohesión social.
Sigamos
trabajando no obstante que a muchos nos ofenden cuando en el sombrerito
arrugado y en el poncho que llevamos nos adivinan nuestro amor por la
naturaleza.
Álvaro
Uribe Vélez,
Noviembre
27 de 2020