Las salidas en falso del Presidente Santos tras el escándalo de las chuzadas lo dejan en posición delicada. Afectada su credibilidad por sus contradicciones, los hechos son tan elocuentes como el silencio de Humberto De La Calle o la alharaca de las Farc. Si el Ejecutivo conocía las operaciones, estaríamos ante una nueva cortina de humo para ocultar revelaciones asociadas con la mesa de La Habana. Si las ignoraba, no sería difícil ver las fracturas abiertas por el proceso de paz entre el poder civil y el militar.
Ambas opciones serían un bumerán contra la campaña reeleccionista. Santos intentó inculpar a la oposición tras el eufemismo de “fuerzas oscuras”, para retroceder 24 horas después con la teoría de la “licitud” de la maniobra. ¿Qué más podía hacer si el Ejército reconoció la operación “Andrómeda” y el allanamiento del CTI a la sede encubierta, 11 días antes de revelarlo semana.com? La Fiscalía tenía indicios de “chuzadas ilegales” desde agosto de 2013, cuando la sala de control de los hakeos fue trasladada del CIME, calle 100, al búnker. ¿No se informó al Presidente, siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Todo indicaría que el mandatario ya sabía.
Pero, aceptemos que se hizo a sus espaldas. ¿Cabría la desobediencia entre un sector del Ejército desconfiado de La Habana, que gravita peligrosamente sobre el futuro de la institución castrense? Se podría establecer causalidad entre este escándalo y la reciente intervención del comandante de las Fuerzas Armadas al Presidente, para que reiterara que el estatus del Ejército y las Fuerzas Armadas no estaba en discusión en Cuba. El asunto salió a relucir en las propuestas de las Farc en los tres puntos en la mesa, con la intención de convertirlas en una “fuerza de paz”, sin impacto en los territorios que podrían quedar bajo el control de los narcoterroristas, en especial las Zonas de Reserva Campesinas, en negociación.
Pero si se descartan “ruedas sueltas” militares –como sugirió Santos y desmintió el Ejército– y se acepta la “licitud” de “Andrómeda”, surge la otra conjetura: una estrategia autorizada desde el Alto Gobierno para espiar más de 400 cuentas, muchas de manera ilegal según semana.com, entre las cuales estarían las de los negociadores de las Farc en La Habana. Es un escándalo a lo Watergate que podría “herir de muerte” los diálogos y la reelección. Las “chuzadas” serían evidencia de los peligrosos intríngulis que allí se cocinan, incluso en agenda de los cabecillas de las Farc con gobiernos “amigos” y hasta con terroristas de ETA y traficantes de armas.
De la exhaustiva investigación que ordenó el Presidente no se esperaría más de lo que pasó: desprestigiar a miembros honrosos del Ejército, chivos expiatorios para ocultar una estrategia que el Gobierno tenía la obligación constitucional de ejecutar para la seguridad nacional. Con la imprudencia de la Fiscalía termina siendo de dominio público. Y había que entregar un “culpable”, lanzando a la hoguera, sin necesidad, a dos altos oficiales de inteligencia del Ejército, aunque el
Gobierno no sale inmune. Un nuevo manto de desconfianza se levanta en la opinión pública, que vuelve a sentir un engaño.
@jflafaurie
FUENTE: eluniversal.com.co