De todos los puntos contenidos en el acuerdo sobre víctimas y jurisdicción especial para la paz (JEP) las dos cuestiones que me parecen más problemáticas tienen que ver con la posibilidad de que los condenados por delitos de lesa humanidad puedan hacer política y con la conformación del tribunal para la paz aún por definir.
En cuanto tiene que ver con lo primero, las Farc se anotan un punto que para muchas víctimas resulta verdaderamente indignante. Además de obtener una reducción sustancial en sus penas y lograr una alternatividad con sanciones restrictivas de movilidad y residencia de no más de ocho años, una vez cumplan con ese castigo simbólico, podrán tener escaños en el Congreso de la República o, quién quita, ministerios en el gobierno de transición que se nos viene. No está mal que miembros de esa guerrilla cambien las armas por los votos, pero que justamente sean quienes más violaron las normas internacionales y causaron daños irreparables en miles de colombianos parece una concesión excesiva. Pero además supone una contradicción para el gobierno que hace unos meses se la jugaba por el marco legal para la paz y ahora lo abandona por petición de la guerrilla. Ese marco establece una clara prohibición para que condenados por delitos de lesa humanidad puedan entrar en la política como si nada. La misma Corte Constitucional ratificó esa prohibición y la fiscal de la Corte Penal Internacional se ha expresado en el mismo sentido. Grave que hayan hecho esa pirueta que tanto el derecho nacional como las instancias internacionales pudieran terminar rechazando, si todavía les queda algo de seriedad.
Pero el otro factor que enreda el catálogo de buenas intenciones firmado en La Habana atañe a la selección de magistrados del tribunal de paz. Ellos serán los encargados de soportar todo el peso de la JEP y de imponer sanciones que sean tolerables para la sociedad. Con una justicia tan desprestigiada y cada vez menos jueces nacionales que generen respetabilidad, será difícil integrar un tribunal honorable. ¿Quién postularía a esos prohombres? ¿Las organizaciones de víctimas con sesgos ideológicos fuertes? ¿La ONU y el Papa Francisco? ¿La Unión Europea?… Quien sea tendrá que pensar primero en que nos convenzan a los colombianos y no en que les genere simpatía a las Farc. Será difícil salir de esa trampa.