Un reconocido político señaló que en el proceso de las leyes, la forma es fondo y la ética y la estética van de la mano. Lo que trasciende de sus palabras es que las leyes deben tramitarse respetando todo el proceso con la misma solemnidad que las ideas y donde la estética normativa se sustente en un trámite sin manchas de duda.
Lo que hemos visto en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo es motivo de lamento. El Gobierno abusó, sin rubor alguno, del Artículo 339 de la Constitución, que define el alcance de los planes de desarrollo, convirtiendo la Ley del Plan en una amalgama de reformas normativas, constitución de tarifas, creación de facultades sectoriales y caricias a intereses particulares.
No obstante las denuncias ante la descarada presencia de todo tipo de orangutanes legislativos, sin ninguna conexión con el documento de bases, la conciliación de las dos Cámaras legislativas dejó con vida peligrosos precedentes para la institucionalidad nacional. Con este Plan, la Nación puede ceder gratuitamente sus derechos de propiedad intelectual en programas financiados con recursos públicos, se reformó el Código Minero, se deja en libertad la creación de sobretasas de parqueaderos y cargos por congestión, se crea un tercer canal por la puerta de atrás con el Canal UNO, se autorizan las licencias ambientales exprés, se dan facultades extraordinarias presidenciales para transformar la institucionalidad agrícola sin explicar su alcance. Adicionalmente, se permiten cargos en las tarifas de luz para financiar los fondos eléctricos, se reestructuró el gobierno corporativo del Fontur y se permite la incorporación del suelo rural al perímetro urbano sin mayores garantías.
En lo relacionado con la forma, las discusiones generales sobre las bases y la consistencia económica del Plan Plurianual de Inversiones en las Comisiones Conjuntas Económicas fueron estériles y poco profundas. No se debatieron las lapidarias críticas de la Contraloría, que cuestionó de principio a fin la sostenibilidad y la materialización del Plan de Desarrollo, ni mucho menos las observaciones del Consejo Nacional de Planeación.
Como si se tratara del reino del absurdo, en la discusión de las proposiciones del Senado se excluyeron del debate sugerencias sin impacto fiscal, con el argumento de no contar con el aval del Gobierno, lo que viola flagrantemente la independencia de poderes. Para completar la faena, los principios de publicidad y debida información para el debate de una conciliación, contenidos en el Artículo 161 de la Constitución, fueron esquivados con una publicación que no cumple el día de antelación que requiere la Carta Política. El moño del regalo fue la supervisora presencia gubernamental en la Comisión de Conciliación, en la que se revivieron artículos rechazados por el Senado como las licencias exprés o el tercer canal, que nada tienen que ver con desarrollo.
Ha terminado la discusión de un plan que evidencia nuestro subdesarrollo institucional. Ante tanta fiesta de orangutanes y atropellos, guardamos la esperanza de que la Corte Constitucional haga valer el fondo y la forma, al igual que la ética y la estética de nuestras leyes.