El tercer borrador de La Habana se refiere a las drogas ilícitas. Las siguientes son unas consideraciones básicas sobre su contenido, lo que revela y lo que oculta.
La claudicación del gobierno aquí es inconmensurable. No solo por el fondo, sino porque es una vil copia, en gran parte textual, de un documento de las Farc, publicado el 14 de enero de este año (http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/1640-programa-nacional-de-sustitucion-de-los-usos-ilicitos-de-los-cultivos-de-hoja-de-coca-amapola-o-marihuana.html), exactamente cinco meses antes de que se firmara el borrador que comentamos, a mediados de mayo. Me he tomado el trabajo de leer los dos textos y las similitudes en su redacción, categorías que utiliza, nombre de los planes, propuestas detalladas, calificativos, constituyen un calco grosero.
Como lo explicaré en seguida, los plenipotenciarios del gobierno han hecho simplemente de firmones de un mamotreto de los narcoterroristas, al que se le han efectuado solo algunos ajustes menores. Ya en un artículo que publiqué en DEBATE el 28 de marzo, comenté en extenso aquella propuesta de las Farc: mis previsiones de entonces se han confirmado ahora a plenitud (http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/4125-extradicion-drogas-tierra-plata-explosivo-punto3). Consolidemos entonces las observaciones al borrador publicado.
Empieza el documento con una especie de preámbulo de principios sobre el tema de las drogas ilícitas. Sin que nadie lo hubiera planteado, descarta desde un principio que el origen de las Farc tuviera que ver con este fenómeno, pues para entonces no se había desatado el narcotráfico en Colombia. De Perogrullo. No es sin embargo una anotación inocente: se propone insistir en que la organización delincuencial nació revestida de motivaciones sociales encomiables y no tras una empresa criminal.
No podía faltar tampoco la explicación del narcotráfico por factores principalmente sociales, como la pobreza, y otros de muy diverso orden (fenómeno “multicausal”, nos aleccionan estos narco-académicos de pacotilla), entre los cuales encontramos al final, por no dejar, la “existencia de organizaciones criminales” dedicadas a él. Obvio que las Farc no se cuentan entre las mismas, ni más faltaba, se deduce de las más de veinte cuartillas.
Para seguir desdibujando el papel de la guerrilla en esta esfera delincuencial, el texto nos advierte que todo en el país ha sido permeado por el narcotráfico, por lo cual no hay responsabilidades específicas de los alzados en armas. De tal manera que “las instituciones, tanto en el nivel nacional como en el local, han sido afectadas por la corrupción asociada al narcotráfico”, al igual que “distintos sectores de la sociedad se han visto comprometidos de manera directa o indirecta con la producción y comercialización de drogas ilícitas”. Mal de muchos, consuelo de tontos, advierte la sabiduría popular.
Pero tras esos aparentes axiomas se esconden falacias no despreciables. Una cosa es que algunos funcionarios del Estado, o empresarios, o dirigentes políticos, hayan caído en las redes del narcotráfico y se hayan beneficiado de ese negocio maldito. Innegable. Con la observación de que mal que bien la justicia ha actuado en los casos que se han destapado. Pero nunca ha sido política estatal, ni de las fuerzas militares, ni de los gremios empresariales, ni de las colectividades políticas, vincularse a tan turbias diligencias ni convertirlas en uno de los ejes o motores de sus actividades. En cambio en la guerrilla eso fue lo que sucedió. Como política oficial, adoptada por su cúpula y cumplida a pie juntillas por sus “frentes”, se decidió convertir el narcotráfico (como antes el secuestro, la extorsión, etc.) en un pilar esencial de su financiamiento. Eso es lo que la apreciación general del borrador disimula y encubre.
Por eso mismo es engañosa y maliciosa la afirmación terminante que efectúa ese preámbulo en cuanto a que “el cultivo, la producción y la comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. “El conflicto interno” sirve para todo a tamaños avivatos. Éste y no ellos dizque son los que han producido víctimas. Y el narcotráfico no los ha “alimentado y financiado” a ellos sino al “conflicto interno”. ¡Qué desfachatez! ¿Entonces a las fuerzas armadas, que dentro de la retórica santista y fariana es uno de los “actores” o “partes” del tal “conflicto interno”, también han sido “alimentadas y financiadas” por el narcotráfico? Solo en la mente corrompida de los bandidos puede caber esa lógica, aceptada obviamente por los delegados del gobierno en la mesa de La Habana.
En ninguna parte del documento, que se extiende en sugerencias de estudios y análisis sobre la relación entre las drogas ilícitas y “el conflicto”, se acepta estudiar el nexo indisoluble entre narcotráfico y guerrilla. Se parte del postulado de que una paz “estable y duradera” requiere esclarecer la conexión general, “incluyendo la relación entre paramilitarismo y el narcotráfico” (punto 4.3), pero de ninguna manera entre guerrilla y narcotráfico. ¿A quién se le ocurre?
Ahora sí, adentrémonos en la sustancia de las propuestas. El asunto es vasto, pero trataré de remitirme a lo sobresaliente. Las Farc lograron que el gobierno aceptara su concepción de que el problema de las susodichas drogas no es la producción, ni el consumo, ni siquiera su tráfico, sino exclusivamente sus “usos ilícitos”, se lo que sea que esa expresión signifique.
La argumentación es sencilla. El cultivo no es lo ilícito, sino ciertos “usos” de lo que se cosecha y procesa, pues otros usos, como los “ancestrales” y los medicinales pueden ser perfectamente lícitos. Además los cultivadores han sembrado las matas malditas por necesidad, dada su pobreza y el abandono del Estado. Entonces el Estado no debe combatir ni criminalizar a los cultivadores, que son unas simples víctimas del sistema y de organizaciones transnacionales del crimen.
A los consumidores, tampoco. El suyo es un puro asunto de salud pública. Lloviendo sobre mojado (porque ya la Constitución así lo contempla gracias a reforma del gobierno de Álvaro Uribe), el documento abunda en consideraciones y sugerencias al respecto (punto 4.2.1), siguiendo con bastante fidelidad un comunicado de 8 puntos publicado por las Farc el 24 de febrero de este año, con el pomposo título de “Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores” (http://colombiasoberanalavozdelosoprimidos.blogspot.com/2014/02/tratamiento-del-consumo-de-drogas.html). Ambos, en suma, cultivadores y consumidores, son víctimas del sistema, los “eslabones débiles” (es la expresión del borrador y del documento de las Farc) de la cadena, que deben se exonerados de cualquier sanción.
Y en cuanto al procesamiento y tráfico, debe diferenciarse el de ciertas organizaciones criminales (nunca las Farc, al parecer), del otro que de manera “regulada” pueda adelantarse hacia adelante para “usos lícitos”. La nueva política debe “mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan”. Como en el caso de la marihuana, ahora la medicina se ha convertido en el vehículo expedito para legalizar el consumo de drogas altamente dañinas.
Entonces, bajo ese marco, el borrador es prolífero en planes, programas y proyectos de sustitución parcial, voluntaria, gradual y concertada con “las comunidades”, de los “cultivos de uso ilícito”. Se descarta implícitamente la erradicación forzosa, empezando por la fumigación aérea. Solo por excepción se podrá acudir a la erradicación manual, previo un trabajo de convencimiento de las comunidades reacias a hacerlo. Las Farc anotan que en esas eventualidades extremas solo serían partidarios de la erradicación manual.
Los planes y proyectos de sustitución nacerán de “las comunidades”, organizadas en “asambleas comunitarias”, que no solo se ocuparán de su diseño, sino de su implementación y control. El cronograma no está definido, y puede durar numerosos años, pues nacerá de acuerdos con las “comunidades”. Se creará un sistema nacional, desde el nivel local hasta el nacional, dedicado a adelantar el proceso y desarrollar cultivos alternativos, con participación del gobierno y “las comunidades” de cultivadores y recolectores, completamente financiado por el Estado. Para los planes se prevé que dichas “comunidades” tengan una “participación activa y efectiva… en el proceso de toma de decisiones y en la construcción conjunta de las soluciones.” Igualmente está convenido que “las Farc-ep… participarán en el Programa y contribuirán a la solución de los problemas de los cultivos de uso ilícito”.
Dentro de la multitud de cosas que el gobierno se compromete a financiar, está la concesión de una ayuda alimentaria completa a todas las familias de cultivadores y recolectores de coca, por un tiempo que no ha sido acordado, pues el gobierno lo estima en seis meses y la Farc no cede en que sea menor de dos años.
Las áreas geográficas escogidas para tan ambicioso proyecto serán definidas en acuerdo con las Farc y las “comunidades”. El plan de sustitución naturalmente, “apoyará los planes de desarrollo de las ZRC constituidas, y las que se constituyan”, en el entendido de que estas zonas de reserva campesina se considerarán de “prioritaria la atención” para la reforma agraria y demás programas pactados. Bien se sabe que las ZRC y las regiones cocaleras son casi las mismas. Pura coincidencia.
Y claro, el borrador se ocupa tangencialmente de lo que ocurrirá con la seguridad en lugares tan sensibles y violentos. Pues bien, las Farc han pedido expresamente su desmilitarización, en el documento que citamos al comienzo de este artículo; para ellos, la presencia del Estado debe darse solo en el terreno institucional, de obras, servicios a la comunidad y similares. Pues en el borrador se le hace un quite a la desmilitarización como tal, pero se insiste varias veces en que la presencia del Estado será sobre todo institucional, no de sus fuerzas militares. Para rematar con una vaga alusión, que remite al final del proceso la definición de este punto, cuando se expresa que “la seguridad en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito se garantizará” no por nuestra fuerza pública, como uno pensaría, sino “atendiendo a los fundamentos y garantías plasmados en el Acuerdo Final…”.
Narrado el plan de sustitución parcial y gradual de cultivos de manera sucinta, pasemos a considerar un asunto de grueso calibre: la política criminal frente a las drogas ilícitas. Aquí están algunos de los más sustanciosos aportes del borrador caribeño.
La política criminal del Estado tiene que ser diferencial, nos advierten. El consumo debe ser despenalizado, ya se dijo. Igualmente para los agricultores vinculados a cultivos ilícitos se expedirá una norma que faculta al Estado a “renunciar al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal”. El gobierno tramitará esta nueva norma al firmarse los acuerdos y los campesinos tendrán dos años para acogerse a ella a partir de su entrada en vigor. Solo se perseguirá, a través de la “investigación” y la “judicialización” a las organizaciones criminales dedicadas al comercio, procesamiento, lavado de activos, etc.
Con excepción de las Farc, a las cuales implícitamente no se las contempla en tal categoría. Se las excluye tajantemente de su responsabilidad como el mayor o uno de los mayores carteles de la droga del mundo, y se les perdonan sus crímenes en este terreno. La forma de hacerlo, fue estampar en el borrador esta explicación que el gobierno aceptó y validó con las firmas de sus delegados:
Las Farc adquieren el compromiso de “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”, empiezan diciendo; al igual que “en un escenario de fin del conflicto”, “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. De tal suerte que solo en el posconflicto dejarán de tener “cualquier relación” que se “hubiese” (no que hay, sino que talvez ha habido…) presentado con el narcotráfico (“este fenómeno”). Y lo más grave: cualquier “relación” en ese sentido ha sido “en función de la rebelión”.
De tal manera el gobierno acepta (el borrador no tiene ninguna anotación o excepción para ser discutida luego al respecto) que la vinculación y actividad de las Farc con el negocio del narcotráfico puede considerarse un delito “conexo” con el de “rebelión”, es decir con el “delito político”, o que puede “subsumirse” en éste, y por tanto ser objeto de favorabilidad judicial, y cubierto por indultos o amnistías. Coincidente con lo que contempla el Marco Jurídico para la Paz, que no lo excluye de los delitos que pueden considerarse “conexos” con la “rebelión”, y que acaba de ser convalidado por la Corte Constitucional.
Entonces las Farc no tendrán que responder penalmente por narcotráfico, ni tendrán la obligación de entregar los laboratorios, rutas, precursores, dineros y bienes mal habidos, ni conexiones con carteles criminales, sino simplemente decir, en “un escenario de posconflicto” que ponen fin a cualquier relación que “hubiesen” tenido con ese “fenómeno” en aras de los altruistas fines de su “rebelión”. Y de contera, no serán objeto de medidas tan gravosas como la extradición, pues no la puede haber para “delitos políticos” o “conexos”. Negocio redondo, sin duda.
Lo que algunos han resaltado como gran logro de este acuerdo es lo atinente al “desminado”. Pero entra uno a mirar y lo que se convino es un programa de desminado a cargo del gobierno, financiado y desarrollado totalmente por él. Las Farc no reconocen ninguna responsabilidad específica en el problema, y quedan colocadas al mismo nivel que la contraparte en su adelantamiento, pues este “es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y Farc-Ep por diferentes medios y en lo que corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información”. Desde hace años las fuerzas militares de Colombia no usan esas minas, y retiraron todas las que habían colocado en el territorio nacional; solo lo hacen las guerrillas. ¿Entonces cómo es que la “información” al respecto debe ser proporcionada según “corresponda a cada cual”? Otra manera de exculpar a las Farc, que en este acuerdo son las únicas que tienen inundados de minas antipersonas vastas zonas del país.
El acuerdo termina con la convocatoria de una conferencia internacional sobre el tema de las drogas ilícitas. Su propósito es, sin duda, avanzar en la estrategia de legalización de las drogas, que comparten las Farc y el gobierno de Santos, como lo han expresado en distintos escenarios. Con la carnada de “reflexionar”, “hacer una evaluación objetiva de la lucha contra las drogas” (que los dos han afirmado que ha fracasado), y “avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender”, teniendo en cuenta “los nuevo desarrollos internacionales en la materia”, se esconde la propuesta inequívoca de legalización. Lo demás son palabras necias para tratar de engañar incautos.