La inquisición a Uribe

Por: María Andrea Nieto

La apretada decisión de la Corte Constitucional de equiparar la indagatoria con la imputación es solo un paso más en el plan para tratar de destruir al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Más cuando hoy todo el país sabe que Juan Manuel Santos llamó a varios magistrados. No lo digo yo, lo confirmó en varias entrevistas el magistrado ponente, Alejandro Linares. Es obvio que una llamada de Santos no es precisamente para favorecer a Uribe. ¡Qué hombre más macabro! El país debería saber qué magistrados le recibieron la llamada y qué les dijo.

Lo que ocurrió alrededor de la discusión en el alto tribunal deja mucho que desear. Todo parecía un reality show, que era contado minuto a minuto por una sola persona a través de Twitter. ¡Qué vergüenza! Presiones y prácticamente amenazas hacia los magistrados para que no votaran a favor de la tutela interpuesta por la defensa del expresidente.

La votación de cinco votos en contra y cuatro a favor deja a la Corte en una incómoda situación, porque también hubo muchos argumentos a favor de la tutela, en un caso tan trascendental con repercusiones judiciales, políticas y en plena campaña presidencial. Los magistrados santistas y alguna con probada relación laboral en el pasado con el maquiavélico Eduardo Montealegre, como era de esperarse, rechazaron la tutela apoyando la ponencia de Linares. Hubo otros muy valientes que no se dejaron intimidar, como el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Su salvamento de voto fue potente y dejó en el ambiente algunas preguntas: ¿cometieron una injusticia con Uribe por tratarse de Uribe?, ¿se trató de un fallo político y no en derecho?

Seamos claros, Uribe no puede estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que tendría cualquier colombiano frente a la justicia. Al expresidente lo han sometido a un proceso muy similar a los que desarrollaba la Santa Inquisición de Cartagena de Indias del siglo XVII. En ese entonces, el “inquisidor”, es decir, el funcionario que adelantaba el proceso, investigaba, acusaba, torturaba y condenaba. El procesado no tenía derechos. A Uribe hoy le pasa algo parecido; la jueza que dirige la audiencia de preclusión le impartió la orden a él y a todas las partes de no pronunciarse sobre el caso. A Uribe lo tienen amordazado. ¿Por qué Iván Cepeda sí pudo hablar del fallo de la tutela y Uribe y sus abogados no? Es evidente que al expresidente le toca ser más prudente, cualquier desliz se lo pueden cobrar muy caro.

Con el fallo de la Corte Constitucional, comenzó el desmonte del sistema acusatorio hasta hoy conocido. En la Constitución de 1991, a la Fiscalía se le asignó el monopolio de la imputación. Pero con el fallo de la Corte Constitucional, la imputación ya no será una función exclusiva de los fiscales. Es decir, si un fiscal se niega a realizar una imputación, entonces, el juez podrá realizarla. Esto afectará la garantía de los derechos procesales de cualquier ciudadano colombiano. 

Retrocedimos más de tres décadas en el tiempo por cuenta de las presiones y los enemigos de Uribe, que ya lo declararon culpable y lograron un segundo objetivo (además de meterlo preso): sacarlo de la campaña electoral de 2022. 

En el derecho moderno que propende por cuidar las garantías procesales y el debido proceso, la indagatoria forma parte de una etapa incipiente del proceso de investigación. El indagado es convocado por la autoridad, es decir, la Fiscalía, porque existen dudas sobre la existencia de un hecho jurídico. Luego se investiga y se pasa a la siguiente etapa que es la imputación de cargos, que es cuando al procesado se le entrega información de unos hechos jurídicos y de que hay suficiente material para llevarlo a un juicio.

Uribe seguirá imputado. Sin embargo, la Corte estableció en el fallo que el expresidente podría solicitar una audiencia innominada para buscar esclarecer si el proceso adelantado por la Corte Suprema de Justicia habría incurrido en violaciones procesales. Una parte del fallo que, con todo respeto hacia los magistrados, causa bastante gracia. ¿Qué juez subordinado de las altas cortes va a atreverse a llevarles la contraria a sus superiores?

¿Habrá un juez capaz de reconocer que a Uribe le iniciaron un proceso sin que nunca se le hubiese comunicado de la existencia del mismo, a pesar de que sus abogados insistieron, en dos oportunidades, que les fuera informado si existía el caso n.º 52240? ¿O que sus conversaciones fueron interceptadas 22.000 veces de manera ilegal, pero que, a pesar de ello, esas comunicaciones fueron incluidas en el proceso de investigación?, ¿que le fue violado el derecho de privilegio abogado-cliente?, ¿que nunca fue escuchado en versión libre?, ¿que no le permitieron a la defensa interrogar al testigo estrella en contra del expresidente, es decir, el condenado Juan Guillermo Monsalve?

No creo que haya un juez que se atreva a desafiar a la Corte Constitucional, que mediante este fallo avaló, además, lo actuado por la Corte Suprema de Justicia. 

Al perder la Fiscalía la función fundamental para la que fue creada, hemos quedado a merced de lo que los jueces decidan actuar como en la Inquisición. Y por cuenta del odio a Uribe, un pequeño grupo de poderosos políticos y periodistas de izquierda (los mismos que defienden la JEP y el proceso con las Farc) se llevaron por delante los derechos procesales conquistados por los colombianos en los últimos 30 años. Poco o nada les preocupa, porque al final lo que importa es enterrar el legado de Uribe. De eso se trata la venganza de Santos.


https://www.semana.com/opinion/articulo/la-inquisicion-a-uribe/202133/