¿Puede la moral entrar en el debate de una privatización? Para muchos la respuesta es sencillamente no, debido a que las privatizaciones responden a criterios puramente financieros, desde donde se define su conveniencia. En ese sentido, a las privatizaciones se les aplicaría el concepto de la ‘adiáfora’, que son acciones de los seres humanos fuera del universo y de las obligaciones morales.
Sin embargo, sería simplista desconocer que más allá de las razones financieras, las privatizaciones deben tener un contexto, mucho más cuando estas se refieren a activos que, fuera de ser producto del ahorro nacional, generan externalidades en cabeza del Estado, que no son propias de una entidad privada con estricto ánimo de lucro.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha sido el adalid de la venta de Isagén, y nos dice que su finalidad con la enajenación de ese activo es darle al país las vías 4G, creando un conflicto moral y financiero sobre la base de la mejor rentabilidad para los recursos de la Nación.
Lo curioso es que en agosto del 2007, en un foro organizado por la Escuela de Ingenieros de Antioquia, el entonces director de Fedesarrollo, Mauricio Cárdenas, promovía la venta de Isagén con el objetivo de pagar intereses a nuestra deuda externa, minimizando todas las externalidades de la empresa. Posteriormente, ya como Ministro de Hacienda y habiendo definido las 4G como el objetivo de la venta, Cárdenas dijo, sin rubor alguno, que no tenía un plan B, es decir, que solo la venta de Isagén sería la salvadora de nuestras carreteras, y con los cerca de 5,2 billones de su venta lograría la Financiera de Desarrollo Nacional el añorado apalancamiento.
¿Dónde entra en juego la moral? En querer obtener 5,2 billones de pesos vendiendo un activo productivo, que es ejemplo de gobierno corporativo, tiene las mejores certificaciones ambientales, corrige fallas de mercado, tiene grado de inversión, desarrolla destacados programas sociales, es sólido frente a la competencia, es la segunda generadora de energía del país y ejemplo de manejo financiero, cuando el Gobierno, en los dos últimos años, se ha gastado más de 2,4 billones de pesos en publicidad y eventos, o cerca de 2,6 billones de pesos engordando pantagruélicamente la nómina de la Rama Ejecutiva en 18 mil cargos.
La moralidad también entra a jugar cuando se examinan las prioridades de gasto público, pues los mismos recursos que se esperan conseguir por la venta de Isagén son comparables a los utilizados para conjurar el paro agrario o el financiamiento de las 100 mil casas gratis. Como si fuera poco, existen múltiples opciones financieras para conseguir los recursos requeridos, sin vender Isagén y sin afectar la regla fiscal.
Es inmoral despojar a la Nación de un activo rentable social, ambiental y económicamente para validar la falta de priorización del gasto, el derroche estatal y la falta de creatividad financiera. Si ocurre la venta de Isagén, esta será recordada como la crónica de un despojo anunciado, en la cual la adiáfora defendida por un gobierno, convirtió los activos de la Nación en cajero automático.