¿Existen límites morales para alcanzar un acuerdo con las Farc? ¿Será que la justicia, las instituciones y las leyes son accesorias al fin de un acuerdo y, por lo tanto, maleables? Las actitudes del Gobierno parecieran que conducen a un entorno en el cual no existen límites morales, y todo aquello que consideramos un marco institucional sólido está abierto a redefinirse por la urgencia de un acuerdo.
Colombia requiere que existan límites morales como elementos innegociables. La entrega verificada de las armas es sencillamente la mínima exigencia. No hacerlo tiene la lamentable consecuencia moral de validar la violencia como una herramienta política. Igualmente, sería reconocer que no tenemos un Estado de Derecho y que, por el contrario, estamos sumidos en una anarquía brutal, en la que las armas son parte de nuestra expresión.
Exigir justicia punitiva también es un límite moral. Dejar de castigar con cárcel los más brutales crímenes que haya conocido el país, es evidenciar que nuestra justicia es relativa y que la capacidad de presión política hace de nuestros principios un simple adorno que se cambia de lugar según la función. Las consecuencias morales de ceder en este frente solo conducen a premiar la capacidad vigorosa de daño como mecanismo de negociación con las instituciones. Vale recordar que fue este el método empleado por Pablo Escobar y, ahora, sofisticado verbalmente por las Farc.
Permitir la elegibilidad política de criminales de lesa humanidad también es una barrera incuestionable. El espacio de ser elegido en una democracia no puede ser un trofeo para quienes tengan sus manos untadas de sangre con crímenes cubiertos de atrocidad. Abrir ese camino es una degradación sin límites de los valores sociales.
En el plano institucional, una forma legítima para validar un acuerdo debería ser la expresión popular, soberana y directa de un referendo. Allí habría mayorías calificadas y los ciudadanos deberían votar separadamente por cada una de las principales preguntas sobre el alcance de un acuerdo, permitiendo que el voto fuera la expresión de sus valores. Todo indica que el Gobierno y las Farc no quieren ese camino y prefieren una sencilla consulta popular o plebiscito, a responderse con un sí o un no. Esas avenidas, aunque fáciles para el Gobierno, son frágiles y engañosas.
El espacio de una Constituyente no sería otra cosa que el triunfo de la violencia sobre las instituciones, pues una minoría armada sería capaz de incidir en su propio marco institucional, desconociendo el existente.
Sustituir al Parlamento con un ‘congresito’ o una comisión que produzca normas exprés, también es un límite moral. No podemos tener Congreso y leyes a la medida de los requerimientos de las Farc. Necesitamos respetar los trámites de la Ley y la Constitución.
No es fácil llegar a un acuerdo cuando el terrorismo no tiene límites morales e institucionales. Sería decepcionante que tampoco los tuviera el Gobierno, porque millones de colombianos sí los tenemos y esperamos que no se violen.