El propio gobierno publicó a final de año unas cifras que dejan en claro quienes han sido los principales victimarios del país. Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas dijo, en un artículo publicado el domingo pasado por Semana, que según estadísticas llevadas por el Estado, desde 1985 ha habido, al menos, 6.8 millones de víctimas de todo tipo de delitos atroces. Una cifra aterradora.
Pero, tan importante como el número es el esclarecimiento de las responsabilidades que el estudio ofrece: “al menos 2,9 millones de víctimas han señalado a los grupos guerrilleros como sus victimarios; 1,2 millones, a los paramilitares, y 28.833 a la fuerza pública”, dice.
Queda en claro, entonces, quiénes son los principales victimarios del país: las guerrillas, de las cuales la principal son las Farc y la que más acciones delictivas ha cometido en ese período. Estos son los individuos que se niegan a reconocer a sus víctimas, quienes dicen que, a lo sumo, comenten errores de buena fe, como en el caso de Bojayá, cuando lanzaron un cilindro sobre la iglesia donde se refugiaba la población de un ataque de las Farc, que provocó 117 víctimas, 47 de ellos niños, en mayo de 2012.
Lo que las cifras reflejan es que a pesar del salvajismo y crueldad de los paramilitares, estos cometieron el 30 por ciento de los crímenes atribuidos a las Farc y las otras guerrillas; y que, aunque ningún delito de las fuerzas del orden es justificable, éstas han causado cien veces menos víctimas que aquellas.
A esto hay que agregar que la Ley de Justicia y Paz de 2005 hizo posible que los jefes y mandos medios paramilitares tengan que reconocer sus crímenes para beneficiarse de la rebaja de penas. Y a pesar de las dificultades, aquellos que no lo han hecho, han sido castigados con las penas plenas y algunos de los principales cabecillas han sido extraditados a Estados Unidos, sin que ello signifique que al cumplir su condena allá queden exonerados del castigo en Colombia. Esto, a pesar de que se ha dicho que la extradición fue una trampa para las víctimas, algo que los hechos niegan, pues la Fiscalía ha realizado decenas de visitas a las prisiones de ese país para escuchar sus versiones.
Por otro lado, no existen unas fuerzas armadas en el mundo más investigadas y vigiladas por las justicias, las ONG nacionales e internacionales amigas de las guerrillas y por cualquiera que desee hacerlo, Miles de oficiales, soldados y policías están empapelados y muchos han sido condenados, con una mano fuerte que ya quisiéramos para los narcoterroristas. Muchos en el país creen, razonablemente, que un buen número de esas condenas son injustas y politizadas. Y no existen en el mundo instituciones armadas que hayan hecho mayor campaña en sus filas para que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos
Los datos del gobierno y lo dicho sobre los crímenes de los paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad dejan ver, entonces, el equivocado tratamiento que éste le está dando al asunto de las víctimas en La Habana. No se entiende por qué si hay mecanismos independientes para hacer justicia en el caso de las autodefensas y las Fuerzas Armadas y de Policía, tenga que discutirse con las Farc delitos distintos a los cometidos por ellas. ¿Cómo puede una organización que es estructuralmente delincuente ocuparse de sus propios crímenes y de los cometidos por otros, que son esfera, en todos los casos, del Estado? ¿Cómo puede el Estado intentar pasar de agache y promover la impunidad con los mayores criminales de Colombia, según sus propias estadísticas (las del gobierno)?
Es una burla a las víctimas, una concesión inaceptable a los victimarios, una ofensa a los principios de justicia, un abandono al estado de derecho, todo a la vez. Y a nombre de la paz, como si la impunidad no generara más violencia.