Usuarios hemos pagado un cargo por confiabilidad que representa ocho mil millones de dólares en la última década.
Colombia se encuentra viviendo una preocupante crisis eléctrica. Sin las importaciones de energía desde Ecuador, el país estaría viviendo un periodo de cortes programados, y, a pesar de las medidas de ahorro promovidas por el gobierno, instituciones idóneas del sector eléctrico con la credibilidad de la firma XM y el Consejo Nacional de Operaciones (CNO), han sugerido la aplicación inmediata de racionamientos de energía, ante la aproximación de riesgos mayores.
¿Cómo pudimos llegar a esta situación? En la retórica gubernamental, el gran responsable está entre la suerte y la fuerza mayor. Unos culpan a ‘El Niño’ ‘más fuerte de la historia’, y otros indican que es una mala jugada del destino, como aconteció con el accidente de Guatapé. No hay duda de que estos fenómenos son parte importante del problema, pero no menos que los errores imperdonables de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Existen siete razones elementales por las cuales la Creg debe responder. Primero, debemos referirnos a la cobertura de energía en firme. Los usuarios hemos pagado un cargo por confiabilidad que representa ocho mil millones de dólares en la última década, para que se nos brinde energía suficiente en momentos de hidrología crítica, con un precio techo, considerando una cobertura de demanda que supere el promedio del sistema. La realidad evidencia que la regulación de la Creg fracasó. No solo se dejó de cumplir el compromiso de precio, sino que se incumplió la cobertura de energía que pagamos. Hoy, fuera de seguir pagando el cargo por confiabilidad para consumir una energía que no existe, se anuncian castigos por cumplir con el derecho de los consumidores.
En segundo lugar, existen ‘suculentas’ rentas para los generadores dentro del cargo por confiabilidad. La Creg paga por la energía en firme a una planta antigua, amortizada y que ya se depreció, lo mismo que a una planta nueva que tiene que recuperar y amortizar la inversión, creando rentas extraordinarias a plantas que si bien aportan energía, ya no incurren en costos de inversión. El caso más absurdo es que una planta vieja como Salvajina, recibe más remuneración por KWh que una planta nueva como El Quimbo.
El tercer error de la Creg consiste en que el ente regulador definió el mismo precio de escasez para todos los generadores, lo cual afectó a las plantas térmicas que con ese precio no pueden cubrir sus costos de generación, detonando un grave estrés financiero que amenaza la viabilidad del negocio.
Como cuarto elemento, la Creg decidió, ante las señales de escasez de gas para las plantas térmicas, que los usuarios pagáramos las inversiones de sustitución para generar con combustibles líquidos. Aunque bajo esa premisa solo algunas plantas térmicas podrían técnicamente sustituir, los recursos para ese propósito se pagaron a todos los generadores, incluyendo a los hídricos, que solo pueden generar con agua y también a algunas plantas que jamás se convirtieron. Ese premio a los generadores también salió del bolsillo de los usuarios.
El quinto pecado tiene que ver con señales confusas. Después de haber pagado la transformación a líquidos, incluyendo a algunos generadores sin capacidad de hacerlo, la Creg resuelve que las generadoras térmicas deben volver a generar con gas. La expresión más clara de esta aproximación fue cuando la Creg presionó la derogatoria del Decreto 2730 de 2010 que permitía la instalación de una planta de regasificación, cuyos costos debían ser asumidos por generadores que le apostaran al gas importado, y luego se demoró tres años en establecer alternativas viables. Lo que hizo fue cargar de nuevo la medida a los usuarios, obligando que ellos paguen el 50 por ciento del costo de la planta, luego de haber pagado la conversión a combustibles líquidos.
En sexto y séptimo lugar están los desaciertos recientes tanto con el anunciado programa de ahorro como con la configuración del famoso garrote a quienes derrochen.
Frente al programa de ahorro anunciado por el Presidente, se ha dicho que la zanahoria consiste en compensar con 450 pesos cada KWh ahorrado con respecto al mes anterior.
La Creg con su Resolución 26 de 2016 no refleja lo dicho en el discurso. Las compensaciones dependen de unas complejas fórmulas que premian el desempeño del conjunto del sector en el cual se ubica el usuario y no su comportamiento individual, haciendo que se refleje el garrote más no la zanahoria.
Si por otro lado analizamos el garrote, también existen grandes errores. La Ley de Servicios Públicos define que los usuarios solo pueden pagar el costo eficiente de la prestación del servicio. El garrote anunciado para los usuarios que ejercen el derecho a consumir lo que han pagado en el cargo por confiabilidad, tiene señales de ilegalidad, porque no solo se paga un sobrecosto mayor al costo eficiente de la energía, sino que se mantiene la obligación de pagar el cargo por confiabilidad.
La Creg le ha incumplido al país y su gestión hace agua. El Gobierno debe respaldar la solicitud unánime del Senado y pedir la renuncia de los comisionados actuales, reemplazándolos por personas idóneas. Esta institución debe dar señales de una responsabilidad política que siempre han eludido, y el país exigir que den la cara quienes se han convertido en los señores que nos conducen a revivir los malos recuerdos del apagón.