El presidente tenía que solicitar a las autoridades judiciales la suspensión de las órdenes de captura contra alias Timochenko y los dirigentes del Eln, para viajar a Cuba, pero no lo hizo. Es lo que afirma contundentemente el señor Procurador, luego de la respuesta soberbia del presidente quien ante anteriores preguntas del jefe del ministerio público dijo que éstas no eran procedentes, porque las políticas de paz y relaciones exteriores eran del fuero presidencial.
Típico del señor Santos que ya tiene acostumbrado al país a respuestas destempladas o insultantes cuando alguien osa cuestionarlo, así como a las rodilleras cuando las Farc exigen algo.
El Estado de derecho se basa en el cumplimiento de la ley. Fue, precisamente, la solución que encontró Occidente contra las arbitrariedades del príncipe. La norma jurídica establece los límites de la acción del gobernante y del gobernado. Y estos límites fijan que aquél sólo puede hacer lo que tiene estrictamente permitido. El sentido de esto es que un mandatario –y, en realidad, cualquier funcionario público- no abuse de su poder.
Lo hecho por Santos no es un asunto menor. Este tiene la prerrogativa de encargarse de la política de paz, pero no a cualquier precio, mucho menos, al costo de ignorar la ley. En estas conversaciones, la transparencia y el respeto a la institucionalidad jurídica dan una señal, tanto a las Farc, como a los ciudadanos colombianos. A los primeros, les informa que no toda petición será aceptada, que hay alguien que se preocupa porque el ordenamiento constitucional colombiano se cumpla. En efecto, si las Farc perciben lo contrario, como lo ha venido haciendo desde siempre el presidente, pero ahora queda claramente establecido, no habrá límite para sus demandas, ni dique que las contenga. El mensaje es claro: tenemos a este presidente por el cuello, o, lo que es peor, Santos, hace lo que sea por nosotros, sin que siquiera se lo pidamos.
Los ciudadanos, por su parte, percibirán que la seguridad y la libertad que se supone les debe garantizar el Estado están en venta, o, incluso, que se está renunciando a ella, a cambio de nada. Y si un presidente viola la ley, dirán, cualquiera puede hacerlo. Es una invitación a la anomia.
Esto, para no hablar del anuncio que se le envía al exterior: a Cuba, Venezuela, Nicaragua y amigos, que tienen patente de corso para mantener a los terroristas en su territorio y moverlos entre sus países como a bien tengan ellos y sus amigotes de las Farc, porque el gobierno colombiano no sólo no hace nada para impedirlo, sino que lo aprueba, así tenga que violar su propia legalidad, y de ñapa, como muchos sospechan, en aeronaves nuestras, con todos los gastos pagos, que para eso tributamos; y a la comunidad internacional respetuosa del derecho, que aquí ya actuamos como una república bananera o una que ha realizado la hazaña de convertir el petróleo en bananos.
Por eso no le queda bien al presidente responder como un matón. Y si hubiere un Estado de derecho que no estuviese siendo demolido por aquel que juró defenderlo, y si las mayorías en el congreso tuviesen algo de dignidad, los medios de marras, una pizca de sensatez; y los que tienen por mandato constitucional investigar, no renunciaran a perseguir el delito, entonces, el primer mandatario tendría que ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Pero, nada de eso ocurrirá. Lo que se escucha son declaraciones justificatorias del delito (el que viola la ley comete un delito), provenientes del Congreso y de los partidos de la Unidad Nacional, de quienes tienen por misión investigar, y de los plumíferos que actúan por convicción porque todavía no están ahítos de mermelada. Y las Farc y el Eln, felices, junto con sus amigotes Maduro, Castro y Ortega.