Treinta años después del trágico episodio de la toma violenta del Palacio de Justicia en Bogotá, por parte de un comando del M 19, la polémica sobre lo acontecido no cesa. Aunque aún hay hechos sin esclarecer, y algunos que quedaron definitivamente sepultados entre sus escombros, lo protuberante es que los criminales han buscado a toda costa -en una perversa y planificada campaña de todos estos años-, encubrir su siniestra responsabilidad y darle la vuelta a la verdad.
Sin embargo la realidad es tozuda, pese a que en un acontecimiento de tal magnitud y complejidad no sea difícil provocar dudas, tergiversar episodios, torcer evidencias, trastrocar hechos. Ya el infundio de los “desaparecidos” por las fuerzas militares, por ejemplo, se empezó a derrumbar, dándole la razón a uno de los héroes de aquella trágica jornada, el coronel Alfonso Plazas Vega, hoy injustamente condenado. En este caso, como en los demás, paso a paso la verdad se irá imponiendo. Aunque son muchos los tópicos por esclarecer de aquel desastroso episodio, queremos hoy referirnos en particular a tres interrogantes que han dominado la información en estas semanas.
¿Cuál fue el propósito de la toma?
Es conocido que el 6 de noviembre, día de la toma del Palacio, la sala constitucional de la CSJ se disponía a votar sobre la constitucionalidad del tratado de extradición con Estados Unidos, que venía examinando desde hacía un tiempo. A juicio de Virginia Vallejo –en expresión textual que Jaime Castro cita, de un libro de la “diva”-, "ese día se estudiaban nuestras extradiciones y la evidencia contra nosotros era abrumadora". Previamente los autodenominados “extraditables” habían proferido numerosas amenazas contra los magistrados que debían fallar. El que la toma se realizara en esos momentos, y el que su foco fuera tomar como rehenes principalmente a los magistrados de las salas constitucional y penal, que tenían a su cargo tan señalados procesos, no fueron circunstancias accidentales. Obedecieron a un plan meticulosamente preparado jugosamente financiado.
Numerosas evidencias posteriores delatan que detrás del M 19 estaba la mano del cartel de Medellín, con Pablo Escobar a la cabeza. De allí provinieron los fondos de tamaña operación, no puede caber la menor duda. Si hay discrepancias entre las distintas fuentes de información, se refieren solo al monto de la comisión en dólares, que para la mayoría fue de dos millones, pero que algunos estimaron hasta en diez millones. Y tras la financiación estaba un interés inocultable.
Entre los indicios relevantes del nexo mafia-guerrilla para esa operación están las declaraciones de “Popeye”, principal jefe de sicarios del cartel de Medellín, al igual que las de Carlos Castaño en su conocido libro “Mi confesión”. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio, compuesta por varios exmagistrados, creada a mediados de la década pasada y que publicó su informe final en 2009, pese a que en otros puntos ofrece flacas y parcializadas explicaciones sobre los sucesos, corrobora este punto entre sus conclusiones.
Pero si hubiere dudas sobre testimonios que pudieran considerarse interesados, como los de “Popeye” o Castaño, ahí está para disiparlas el de Yesid Reyes, actual Ministro de Justicia, e hijo del inmolado presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía. En entrevista con Yamid Amat, publicada por El Tiempo el pasado 8 de este mes, Reyes efectúa un pormenorizado y convincente relato de episodios que prueban el papel del narcotráfico en la gestación del holocausto. Los magistrados de la Corte, asegura Reyes -y era sabido en el país-, estaban amenazados de muerte “si no cambiaban su concepción sobre la extradición”, pero su decisión era irrevocable. La mafia y el M 19 planearon el ataque al Palacio y la toma de la Corte como rehén, no tanto para quemar y desaparecer los expedientes contra los capos del narcotráfico, como se ha dicho, sino para “presionar una negociación para el fin de la extradición. Ese era el objetivo de la toma”, declara Reyes. Que de contera los terroristas del M 19, enajenados y delirantes, pensaran que era una buena oportunidad para asaltar el poder, no despoja al ataque de su pretensión esencial. Este punto está fallado por la historia.
¿Quién asesinó a los magistrados?
Gustavo Petro, miembro del M 19 por aquel entonces y ahora alcalde de Bogotá, ha afirmado en estos días a través de Twitter que “ningún magistrado muerto tenía en su cuerpo munición de armas del M19”, tratando de revaluar lo que denomina “la historia oficial” y librar de culpas a sus compinches. Miente Petro sin lugar a dudas.
Lo que la Comisión de la Verdad en 2009 concluyó fue algo bien distinto. Solo en los caso de Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco coligieron que, pese a la calcinación de los cuerpos, las balas que produjeron sus heridas eran distintas a las usadas por los terroristas. Hacían parte de un grupo de unas setenta personas que se encontraban en el último reducto de los plagiarios, y pudieron haber muerto por balas del ejército cuando atacó el sitio y el M 19 los utilizaba como escudos humanos. Yesid Reyes en la entrevista con El Tiempo, que Yamid Amat utilizó tendenciosamente como titular para confundir (precisamente luego del trino de Petro), dijo: 'Bala que mató a mi padre no era del M-19'.
Pero esa fue la excepción. En muchos de los restantes cadáveres, por el grado de carbonización, no fue posible establecer la procedencia de las balas o la causa del deceso, aunque en otros está probado que sí fueron las balas de los asaltantes. Pero sobre todo, valiosos testimonios de sobrevivientes, ratifican que Andrés Almarales, el jefe de la intentona, cuando se vio perdido ordenó asesinarlos. Uno de ellos, estremecedor, es el relato que hizo el también magistrado Hernando Tapias Rocha, quien sobrevivió a semejante degollina y lo narró unos días después. “La suerte estaba echada. No quedábamos vivos sino unas 60 ó 70 personas encerradas en el baño. Había entre ellas varios heridos. Por las grietas entraba humo. El piso estaba inundado. El agua de los hidrantes se deslizó por las escaleras y entró en el baño. La primera vez que me senté, quedé como en una piscina. Sobre el agua pasaban pedazos de madera quemada”, explicó.
El cerco del ejército era cada vez más férreo, y los otros bolsones de guerrilleros fueron abatidos uno a uno. Cuando la situación se tornó crítica, los magistrados fueron separados de los demás. “Adiviné que nos iban a matar. Una ceremonia tan poco usual en la mitad de una tragedia de esas proporciones no podía tener otro fin que cobrarles la vida a los rehenes, y los rehenes para ellos no eran los 50 ó 60 inocentes que estaban con nosotros, sino nosotros, los magistrados. Yo estaba en cuclillas y traté de resguardarme de medio lado tratando de alejarme de los guerrilleros. Dispararon. Me hicieron un disparo por el costado izquierdo, debajo del brazo, que hirió el pulmón izquierdo, pasó por detrás de la columna vertebral y salió por el costado derecho. Quedé tendido y un montón de gente me cayó encima. Todo era un amasijo de cuerpos. Una confusión inenarrable.”
Tapias quedó herido pero logró salvarse de milagro. Optó por hacerse el muerto por un tiempo. Pese al caos reinante observó el asesinato de otros de sus colegas. “Mientras tanto pasaron cosas que no puedo describir muy bien. El magistrado Manuel Gaona salió, caminó fuera del baño y unos guerrilleros heridos le dispararon. Lo mataron. Horacio Montoya también salió y le pegaron un balazo en la frente y otro en el pecho. Ahí murió. Nemesio Camacho quedó tirado en el piso, con un tiro que le rozó la cabeza, pero no le tocó la masa encefálica. Esos disparos de los guerrilleros fueron con armas cortas. La bala que me dio fue de un revólver calibre 22.” De igual manera otros testigos ratifican lo dicho por Tapias, e inclusive uno indica que fue Irma Franco, guerrillera del “eme”, la que disparó contra Gaona.
Después ha habido mucho debate sobre el asesinato del magistrado Gaona, que supuestamente salió vivo y dizque fue asesinado afuera por los militares y de nuevo, al finalizar los combates, llevado adentro. Este relato, así como otros muchos de testigos presenciales, desmienten por burdas semejantes especulaciones.
Este es otro asunto fallado por la historia: el M 19 fue quien secuestró a los magistrados y el comandante del asalto dio la orden de asesinarlos cuando se vio derrotado y se negó a rendirse; orden que se cumplió de inmediato, así algunos de los rehenes fueran impactados por las balas del ejército al tratar de rescatarlos. Todos los magistrados perecieron por el infame ataque del M 19 y no por otra razón, y además la mayoría ejecutados sin compasión por los terroristas. Recuérdese también que unas horas antes Almarales había amenazado con ir matando un magistrado tras otro, y lanzarlos por las ventanas del Palacio, si no se acataban sus exigencias y el ejército detenía el operativo.
¿Fue la toma una “ratonera”?
Talvez la apreciación más equivocada de la Comisión de la Verdad de 2009, pero a la vez la más publicitada, consistió en considerar que la toma del Palacio de Justicia fue facilitada por las fuerzas militares con el fin de tenderle una celada a los terroristas y aplastarlos. Lo que se ha calificado como una “ratonera” o “trampa para cazar palomas”. Su único argumento, que se repite sin cesar por estos días, es el retiro de la vigilancia militar del edificio la víspera de la toma. ¿Qué se esconde tras ese falaz argumento? Expliquemos un poco.
En una excelente columna del domingo pasado, Rafael Nieto Loaiza ha desbaratado la justificación en boga sobre el particular. El Palacio no tenía vigilancia militar regular, sino privada, ordenada y contratada por la misma rama judicial; la tuvo sí muy especial y militar gran parte del mes de octubre de 1985, hasta el 1 de noviembre, porque se había conocido la intención del M 19 de atacarlo precisamente en esos días, aprovechando la visita al país del presidente de Francia Francois Mitterrand. El magistrado Tapias, a quien ya cité, lo corrobora en su escrito: “El M-19 había planeado esa toma para unos días antes, aprovechando la venida a Bogotá del presidente de Francia Francois Miterrand, pero su intención se frustró. El Gobierno y los encargados de la seguridad del Estado habían prevenido a la Corte Suprema sobre ese propósito.”
Luego se retornó a la misma vigilancia tradicional, más los escoltas de los magistrados. Entre otras razones, porque muchos de ellos se quejaban de las molestias de los rigurosos controles militares, hasta el punto de que el mismo Reyes Echandía solicitó que no se prosiguiera con ellos. Nieto Loaiza cita varios testimonios que ratifican lo dicho. Por otro lado, ha indicado Jaime Castro, ex ministro de Gobierno de la época, que la tesis de la encerrona carece de sentido, como quedó en evidencia por la sorpresa de los militares y la policía cuando se produjo la toma, la improvisación inicial de la respuesta, y la ausencia de fuerza pública en el interior del edificio (que hubiera sido la medida indicada, si se quería tender una trampa, para sorprenderlos desde dentro, frustrar la intentona y apabullarlos). Distintos dirigentes del mismo M 19, como Antonio Navarro, y hasta el mismo Petro, han descartado esa idea de la “ratonera”, por descabellada.
De todos modos quiero recordar un elemento de juicio que no ha sido tomado en cuenta, pero puede tener mucho sentido. Lo he recordado ahora, sobre todo cuando el ex presidente Belisario Betancur ha pedido perdón de una manera muy singular, afirmando: "Si errores cometí pido perdón a mis compatriotas por esos errores, que nunca fueron nada distinto de mi búsqueda de la paz, que el presidente Santos está buscando con ansiedad para todos los colombianos". Si se cometieron errores, dice Belisario, fue por “mi búsqueda de la paz” (hagamos a un lado el agregado sobre Santos, que además de no tener que ver con la petición de perdón, es solo una más de las empalagosas referencias del ex presidente, tan condescendiente siempre con los terroristas). ¿Los “errores” del gobernante aquel noviembre fatídico, se produjeron por su “búsqueda de la paz”? ¿No es eso un galimatías?
Pues bien, hay una óptica desde la cual puede tener sentido. Belisario Betancur venía adelantando un riesgoso proceso de paz con las distintas agrupaciones guerrilleras de Colombia: Farc, Eln, Epl, M 19, Ado. Había hecho aprobar del Congreso en 1982, por anticipado, una amnistía general. Y había concretado ceses bilaterales al fuego con las Farc y el M 19 en 1984. En medio de las negociaciones con los grupos armados, Belisario tuvo inesperados gestos, como una reunión en España con Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina, máximos jefes del “eme”, para la cual se requirió seguramente el visto bueno y la colaboración logística del alto gobierno. Sin embargo el M 19 rompió el cese en 1985 alegando que las fuerzas armadas los estaban hostigando. Sus enfrentamientos con el ejército se recrudecieron los meses anteriores a la toma del Palacio de Justicia e Iván Marino Ospina pereció en uno de ellos. En ese marco se produjo el asalto.
Francisco Mosquera, fundador y jefe del Moir hasta su muerte, quien disentía del M 19 y sus métodos, se atrevió a plantear una hipótesis –basada en una información del mismo Belisario- que puede encajar en el rompecabezas que tenemos entre manos. Cito en extenso un párrafo del escrito de Mosquera, que se titula “A manera de mensaje de año nuevo” y que fue publicado el 31 de diciembre de 1988 en el diario El Tiempo:
“Luego de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que concluyó segando la vida de la mitad de la Corte, en cualquier país medianamente culto se habría procedido, ante lo trágico y nocivo de los acontecimientos, a una rectificación de fondo. Pero no. Al mes siguiente de los luctuosos episodios, el propio mandatario, en entrevista a Le Nouvel Observateur que reprodujo El Tiempo de Bogotá, orondamente reiteró no haber 'cerrado las puertas al diálogo' dentro del 'proceso de paz en que nos hallamos empeñados'. Con el agravante de que en dicho reportaje aceptaba que a la hora del día del asalto 'había cita' con el propósito de barajar acuerdos. En otras palabras, los terroristas desprevinieron al jefe del Estado mientras preparaban la temeraria ocupación. De momento no queremos extendernos sobre algo que pasó inadvertido pero que se dijo. Una confesión de cuyas verdaderas implicaciones nadie se ha ocupado pero que bien hubiera merecido una investigación, en lugar de la retórica denuncia ante la Cámara del ex procurador Jiménez Gómez en torno a las vicisitudes del operativo militar, puesto que concierne a la forma como se cumple con los deberes constitucionales de salvaguardar la seguridad pública inherentes al ejercicio del cargo presidencial. Apenas sí lo tomamos cual punto de referencia, ahora, cuando las figuras estelares del cuatrienio anterior, los doctores Betancur y Pastrana, conmovieron a su audiencia al demandar, en comunicado conjunto del nueve de los corrientes, las 'aproximaciones necesarias' entre el gobierno y la Coordinadora Guerrillera, con el sofisma de que los frentes de las Farc una vez más ''cesaron unilateralmente fuegos'.”
He buscado infructuosamente la entrevista de Belisario en Le Nouvel Observateur. Pero la explicación de Mosquera es inquietante. El “despeje” del centro de Bogotá probablemente fue manipulado por el M 19, planeando una supuesta “cita” con Betancur en el palacio presidencial, dizque para restablecer el rumbo perdido de los acuerdos de paz. Por tanto el que cayó en una “trampa para cazar palomas” no fue el M 19, sino el propio presidente. De allí que la reacción del primer mandatario, y de las fuerzas militares, tras semejante burla, no pudo ser sino la que conocemos, de recuperar a toda costa el Palacio. La descachada de Betancur, al hacer semejante revelación en esa entrevista, no es extraña en una persona de su talante, aunque se ha cuidado posteriormente de volver sobre el tema. Y casa perfectamente con su indicación de los últimos días: “errores” -como el fatídico despeje del centro de la capital- en la “búsqueda de la paz”. ¡Qué tal!