En esta columna se ha venido sugiriendo la necesidad de adelantar una resistencia civil activa, enérgica, contra la entrega que se protocoliza en las negociaciones de “paz” que se adelantan en La Habana entre el gobierno y la narco-guerrilla de las Farc.
Sin desestimar las sugerencias de una Asamblea Constituyente de exclusivo origen popular, o de un referendo constitucional o derogatorio según las circunstancias, hemos propuesto que desde ya se emprenda una vigorosa campaña de recolección de firmas por una paz sin impunidad, que ofrezca respuesta política a la estrategia oficial.
Las encuestas siguen ratificando un hecho aplastante: si bien los colombianos queremos la paz, una amplia mayoría (alrededor del 80 por ciento) no comparte el empeño gubernamental de conceder impunidad absoluta a los terroristas, con condenas simbólicas que no conllevan pagar cárcel, así como el propósito de concederles derechos políticos a los autores de graves crímenes.
A contrapelo de esa opinión de los ciudadanos, y con el propósito de embaucarlos, el gobierno busca afanosamente mecanismos de refrendación de los acuerdos con la guerrilla, que no impliquen preguntar con precisión y detalle sobre tamaños tópicos sensibles. La estafa consistirá, según se trama en el Congreso, en convocar al pueblo a una votación plebiscitaria, sin umbral (ningún mínimo de votos requeridos), y con una sola pregunta engañosa en que se le pide que diga “si” o “no” a los acuerdos firmados. De contera, a través de un “congresito” de bolsillo y de facultades extraordinarias del presidente, por mecanismos expeditos y antidemocráticos, se buscará darle desarrollo legal a la entrega, sin que sea posible modificar ni una coma a lo que dicten los constituyentes y legisladores de facto sentados en La Habana.
La recolección de firmas propuesta se dirige a poner en evidencia ante toda Colombia y ante el mundo lo que revelan las encuestas de más de tres años: que millones y millones de colombianos anhelamos la paz, pero sin impunidad. No hay otro medio factible en este momento para lograr que el querer de los colombianos se exprese de manera abierta y contundente. Con tal fin me atrevo a dar un paso más en esa dirección, sugiriendo en un borrador –que naturalmente puede ser modificado y mejorado-, el texto básico que debería ser sometido al respaldo de las rúbricas.
“POR UNA PAZ SIN IMPUNIDAD
Los colombianos abajo firmantes, declaramos que queremos la paz en nuestra patria. Para lograrlo es indispensable el desarme efectivo de las organizaciones terroristas que operan en el país, acompañado de su desmovilización y consiguiente reinserción en la vida civil, como objetivo prioritario. A fin de conseguirlo los colombianos estamos dispuestos, en un gesto de generosidad, a otorgar algunos beneficios a los miembros de dichas agrupaciones, pero sobre la base de unas condiciones y una reciprocidad clara de los mismos, de manera que se respeten los derechos preferentes de las víctimas. Los diálogos de paz con las guerrillas, con esos precisos fines, como lo han dicho los gremios económicos, deben partir de la base “que la negociación tiene que ser asimétrica en favor del Gobierno, en quien reposa la legitimidad institucional del país”.
Estamos de acuerdo, en primer lugar, (artículo 150 de la Constitución, numeral 17), con que el Congreso otorgue amnistía e indulto general a los miembros de esas organizaciones criminales, limitado a los que solo hayan incurrido en los llamados delitos políticos; quedan excluidos por consiguiente los contemplados en el Tratado de Roma, como los de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Así mismo, declaramos nuestro rechazo a que se contemplen como conexos con el delito político -para que puedan ser objeto de amnistía o indulto-, graves delitos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores, y la violencia sexual.
De acuerdo con lo ordenado por la Constitución, quienes se beneficien de la amnistía y el indulto podrán adquirir plenos derechos políticos; sin embargo, también de acuerdo con nuestra Carta, quienes sean objeto de condena por delitos diferentes a los llamados políticos, no podrán ser congresistas (artículo 179, numeral 1), al igual que “quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior” no podrán “ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado” (artículo 122).
En segundo lugar, a quienes hayan cometido crímenes atroces, como los de lesa humanidad, distintos a los llamados delitos políticos, se les deberá conceder una reducción sustancial de las penas contempladas en nuestra legislación penal, de suerte que paguen solo entre cinco y ocho años efectivos de cárcel, de manera similar a lo que estableció la Ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005). No es aceptable que los delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo por parte de funcionarios del Estado o por particulares distintos a miembros de las guerrillas, sean abocados por la misma jurisdicción, como no es aceptable que –como en casos anteriores-, se les apliquen penas superiores, mientras los agresores del Estado terminan gozando de total impunidad.
En tercer lugar, estamos de acuerdo en que se suspendan por el Presidente de la República las órdenes de extradición para quienes tengan pedidos en ese sentido, mientras cumplan los compromisos pactados para su desmovilización. Por mandato de la Constitución (artículo 35), la extradición no procederá para delitos políticos.
Para obtener estos beneficios, los miembros de las organizaciones criminales deberán cumplir una serie de compromisos, a fin de satisfacer las legítimas reclamaciones de la sociedad y las víctimas, y de asegurar su derecho a la no repetición.
En primer lugar, efectuar una confesión plena de la verdad de sus crímenes ante los jueces respectivos, que no pueden ser escogidos con participación de los victimarios. En segundo lugar, aceptar los beneficios judiciales y cumplir las condenas correspondientes. En tercer lugar, reparar a las víctimas, no solo moralmente con la confesión de sus delitos, la declaración de su arrepentimiento y la petición de perdón, sino materialmente aportando su trabajo en obras de beneficio colectivo y entregando los recursos económicos provenientes de su actividad delictiva. El derecho a la no repetición requiere no solo lo anterior, sino la declaración expresa por parte de los criminales de su decisión irrevocable de renunciar a la violencia como medio de acción política, así como también amerita una reforma en nuestro ordenamiento legal para que deje de tratarse con benevolencia (y considerar altruista) el ataque armado contra las instituciones democráticas, brindándole un castigo severo.
La aprobación, reforma o negación de los acuerdos con estas organizaciones ilegales, deberá efectuarse en consulta con los ciudadanos, directa o delegada, pero en condiciones que permitan una decisión democrática y con pleno conocimiento.”