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¿Política anti-drogas o pro-drogas?

Me disponía a escribir una columna que analizara el viraje en la política frente a las drogas ilícitas, que ha implementado y prosigue el gobierno de Santos, a propósito de la reunión de las Naciones Unidas en Nueva York sobre el tema, que sesiona esta semana, cuando al repasar otros escritos míos sobre la materia me encontré uno de junio 5 del año pasado que mantiene una actualidad impresionante.

 

He decidido reproducir aquel escrito, que responde certeramente a las falacias del gobierno sobre la materia. Solo tendría que agregar dos comentarios. El primero, que el documento que seguramente expedirá la reunión de Nueva York, de cuya confección no es ajeno Colombia, pregona que los países deben tener un margen amplio de interpretación de las convenciones internacionales sobre drogas, “con arreglo a sus prioridades y necesidades”, lo que seguramente será aprovechado para tratar de escabullir sus estrictas previsiones y hacer pasar los acuerdos firmados con las Farc en La Habana.

 

El segundo comentario tiene que ver con el criterio, que también contiene el documento central de análisis del evento de la ONU, de que el combate a la criminalidad en la política anti-drogas debe adelantarse con un “enfoque de derechos humanos”. Santos ha indicado que ello significa, por ejemplo, cesar en la aplicación de la pena de muerte o la cadena perpetua a los narcotraficantes. Como en pocas partes existen esas penas, y menos en Colombia, se trata simplemente de encubrir la impunidad que en nuestro caso se quiere otorgar a las Farc, el mayor cartel de narcotráfico en nuestro medio, con el sambenito del respeto a los “derechos humanos”. ¡Habráse visto mayor despropósito!

 

Definitivamente hemos pasado de una política anti-drogas a una política pro-drogas.

 

Esta es mi columna del año pasado:

 

“La guerra que se perdió en Palacio

 

“Llevamos 54 años en guerra y no la hemos ganado”, indicó el presidente Juan Manuel Santos al dirigirse esta semana a los asistentes a la Conferencia Internacional contra las Drogas, reunida en Cartagena.

 

Pese a los enormes avances y las victoriosas batallas libradas en la refriega, que Santos no pudo ocultar del todo en su discurso, la semilla de la derrota estaba sembrada desde el Palacio de Nariño, pues para el comandante en jefe “un mundo libre de drogas simplemente, y digámonos la verdad, no es un objetivo, una ambición realista”. El mensaje del primer mandatario a los combatientes no es el más alentador: “a veces me siento como en una bicicleta estática, que uno pedalea, pedalea y pedalea, y hace un gran esfuerzo, mira para la derecha, mira para la izquierda, y está en el mismo sitio”. Y cuando en una guerra flaquea la moral del alto mando, todo está perdido.

 

Desdeñó también, de manera desvergonzada, el ingente esfuerzo económico de Colombia, pero también y sobre todo de los Estados Unidos, para adelantar la descomunal empresa, concluyendo demagógicamente que los “billones” utilizados en combatir el narcotráfico “deberían haberse invertido en hospitales, colegios, viviendas para los más pobres y generación de empleo”. De inmediato William Brownfield, ex embajador norteamericano en Colombia y su representante en la Conferencia, replicó con duras palabras, negando que la lucha contra las drogas haya fracasado y oponiéndose a la legalización de su consumo.

 

La tesis del fracaso de la guerra contra las drogas ilícitas ha sido el caballito de batalla de quienes defienden su legalización, pues les brinda el argumento para señalar que las estrategias aplicadas no son eficaces y se requiere un viraje sustancial. Pero los hechos, contundentes en Colombia, indican otra cosa. La reducción del área sembrada en estos cultivos ha sido evidente y significativa, para hablar de la variable fundamental en cuanto a la producción se refiere, si nos referimos a los tres últimos lustros, cuando el país se decidió a combatir de verdad esa economía ilegal. De casi 400 mil hectáreas sembradas hace quince años se pasó a menos de 50 mil hace cinco años. Si ahora las siembras se han multiplicado, como lo denunciaron las Naciones Unidas hace unos días, la responsabilidad recae en este gobierno que lo ha facilitado.

 

Partiendo de tan deleznable diagnóstico el presidente Santos insistió en la necesidad de que el mundo adopte “un nuevo enfoque” sobre el problema de las drogas. A fe que ya en Colombia se está poniendo en práctica con celeridad. Consiste, grosso modo, en modificar los “énfasis” de la lucha frente a los distintos eslabones de la cadena criminal: aflojar en el consumo y la producción, y supuestamente apretar en el tráfico. “¿Qué sacamos con encarcelar campesinos o consumidores? Debemos seguir atacando más bien los eslabones más fuertes de la cadena”, sintetizó Santos en Cartagena.

 

La esencia del cambio, digámoslo sin tapujos, es la de la liberación de las distintas etapas del negocio, en particular las de producción y consumo. Pregonar mayores esfuerzos en la lucha contra la distribución y comercialización, sobre la base anterior, es un simple saludo a la bandera, como veremos.

 

En cuanto al consumo, el sofisma recurrente es englobarlo como un simple problema de salud pública. Pues claro que lo provoca, que la Constitución colombiana gracias a una reforma de finales del gobierno de Uribe así lo reconoce, y que hay que atenderlo. Pero de allí a legalizar el consumo hay una distancia enorme y entraña un contrasentido evidente. Si es tan dañino, ¿por qué legalizarlo? Por el contrario, la tendencia de la sociedad en casos como el tabaco y el alcohol, en virtud de sus efectos perniciosos es de cada día menor permisividad y mayores limitaciones y sanciones a su uso. Necesitamos más entidades como Alcohólicos Anónimos que traten a los enfermos, pero tenemos que ser más severos con quienes conducen embriagados por ejemplo, y llevar a la cárcel a quienes así procedan y atropellen a otros.

 

Nuestra Corte Constitucional hace años, con ponencia desafortunada del recientemente fallecido Carlos Gaviria, legitimó el consumo y porte de la llamada “dosis individual”, apoyándose en la supuesta defensa del “libre desarrollo de la personalidad”. Esa fue causa eficiente de la proliferación del consumo en Colombia, de la que Santos se lamenta en su discurso, al hacer notar que ya no somos simplemente un país productor y exportador de coca. Pero en lugar de aprender de la experiencia, persiste en su equivocación. En Cartagena abogó solamente por “la prevención del consumo y en la atención en salud a los consumidores”, omitiendo cualquier política sancionatoria para su uso que, como sabemos, está frecuentemente asociado a robo, atraco, actos violentos y otros comportamientos criminales. Apoyándose en Koffi Annan, ex secretario de la ONU, resumió de esta manera el cambio de política: “descriminalizar el uso de drogas, tratar la salud de los consumidores, y aprender a convivir con las drogas de tal forma que hagan el menor daño posible, así como hoy ocurre con el tabaco y el alcohol”. Un mundo sin drogas no es posible, lo único que puede hacerse es descriminalizar su uso y convivir con ellas, he ahí el nuevo evangelio.

 

Sobre la producción de drogas el nuevo panorama es igualmente oscuro. El Estado no debe atacar los cultivos ilícitos, advirtió Santos, no solo porque los siembran campesinos humildes, sino porque el uso de marihuana, por ejemplo, está legalizado en varios estados de los Estados Unidos. “¿Cómo llega uno, como llega el Presidente de la República o cualquier alto funcionario del gobierno donde un campesino colombiano que siembra hoja de coca o marihuana, y le digo que lo voy a meter a la cárcel porque usted está sembrando marihuana, mientras que en muchos países del mundo, en varios estados de los Estados Unidos esa marihuana es legal, cada vez más tolerada?” Lo fantasioso de esta comparación es que desde Colombia lo que se exporta a Estados Unidos ya no es marihuana sino cocaína, y que su consumo allí no está legalizado. Pero no hay embuste al que no esté dispuesto a recurrir Santos para sustentar el cambio de rumbo.

 

Aquí el “nuevo enfoque” es el siguiente: “frente a los cultivos… erradicación –ojalá voluntaria- y sustitución de cultivos”, con la consiguiente eliminación de la fumigación con glifosato. Un absoluto fraude. La erradicación manual está a punto de desaparecer en este gobierno y no es posible aplicarla en la mayoría de las regiones, donde hay minas antipersonas sembradas y grupos armados que protegen los cultivos; la única herramienta eficaz era la aspersión aérea y no hay sustitutos del glifosato como se hizo creer en un principio. Además será “voluntaria”, como lo han pedido las Farc, es decir, sometida a los designios de este grupo criminal. Y si la sustitución de cultivos no ha funcionado hasta ahora, como lo indica Santos, mucho menos en este gobierno que tan poca voluntad tiene de combatir este azote.

 

Si la demanda de drogas se facilita y estimula con la política de despenalizar el consumo, y la oferta también se potencia al desmontar el principal mecanismo de ataque a los cultivos y prometer que no habrá cárcel para los cultivadores, ¿es de esperar que funcionará y tendrá éxito la lucha contra las drogas enfatizando solo en combatir la distribución y financiación? Por el contrario. Si no hay problema en producirla y el consumo está asegurado y en crecimiento, se desatarán unas fuerzas económicas tan potentes que no habrá talanquera que las detenga. La corrupción se multiplicará para abrirle rutas a los envíos crecientes, y asegurar la llegada de los insumos a los cultivos y laboratorios, y la violencia en lugar de decrecer se multiplicará. Eso, si efectivamente se quiere acentuar la lucha contra este eslabón de la cadena; pero dudamos que así sea. En el terreno de “lavado de activos o el comercio de precursores químicos”, según Santos, “infortunadamente no se ha hecho lo suficiente”; mucho menos ahora, cuando los vientos que soplan son de permisividad y laxitud. La tal política “integral” de lucha contra las drogas ilícitas finalmente solo será la liberación integral del negocio.

 

No faltó en la cita de Cartagena la alusión presidencial al proceso de paz de La Habana, santo remedio para esta dolencia del país. Santos parte de un presupuesto cierto, pero deriva de él una conclusión absurda. El narcotráfico “sigue siendo el principal financiador de la violencia y el terrorismo”, advierte. Pero, en contravía de la realidad, remata diciendo que “este flagelo ya no es una amenaza estructural a la seguridad nacional, a la institucionalidad o a nuestra democracia, sino que se ha circunscrito a ser un problema de criminalidad y de salud pública”. ¿Entonces por qué colocarlo como uno de los ejes de la discusión con las Farc? ¿Y si las Farc, que son el principal cartel de la droga en Colombia, ya no son ninguna amenaza a la institucionalidad, por qué negociarla con ellos en Cuba? Y entonces, si ya no hay peligro para la institucionalidad y es un simple problema de criminalidad y salud pública, ¿de dónde acá “la construcción de una solución conjunta e integral del problema de las drogas ilícitas está relacionada con el fin del conflicto armado, de nuestra guerra que llevamos más de 50 años”?

 

Lo único cierto es que en la agenda convenida con las Farc se incluyó el punto de las drogas ilícitas y el año pasado se firmó un acuerdo parcial con los narcoterroristas sobre ese tema. Que entre otras cosas reproduce textualmente, en su mayoría, documentos anteriores de las Farc sobre la materia. Dicho acuerdo parcial contiene exactamente todos los puntos que ahora Santos sostiene como una gran innovación para afrontar el problema de las drogas: despenalización del cultivo, terminación de las fumigaciones, erradicaciones manuales voluntarias, tratamiento del consumo como un problema de salud pública. Eso es incuestionable.

 

Santos se vanagloria en Cartagena de semejantes aportes. Pero sobre todo de lo que constituye la mayor ironía de este proceso. El presidente narró cómo se han desvertebrado los grandes carteles de Medellín, de Cali, del Norte del Valle, por la heroica actuación de las fuerzas militares, jueces, funcionarios, etc. en los años pasados, a partir de lo cual “el negocio se atomizó y ahora enfrentamos organizaciones criminales más pequeñas y locales”. Y llega hasta mencionar que “se ha llegado a decir” (es apenas un chisme, parece indicar, que él no lo comparte…) “que las FARC son el primer cartel del mundo”. Mientras a los demás carteles se les ha derrotado y aplastado, a las Farc en cambio se le ha ofrecido una salida excepcional: legalizar su entramado criminal y dizque convertirlo en el principal socio y acompañante en este nuevo ciclo, bajo los novedosos “enfoques”.

 

Las Farc se han comprometido a “poner fin a cualquier relación que hayan tenido con este fenómeno”, reseña Santos, repitiendo como cotorra el borrador firmado en La Habana. No explica que en dicho borrador se convino que el “fenómeno” será considerado “conexo” con el “delito político” de rebelión y por tanto contemplado como un ejercicio altruista. El cartel no pagará cárcel, ni sufrirá la extradición, ni tendrá que entregar rutas, ni laboratorios, ni armas, ni dineros acumulados en la comisión de sus fechorías, ni delatar a sus compinches, ni nada; solo asesorar al gobierno y las comunidades para la sustitución voluntaria y otras lindezas de ese tenor, si algo de eso se da en el ambiente de permisividad y libertad que se habrá impuesto. Para Santos, en todo caso, si se consigue que las Farc “en cierta forma cambia de bando y ayuda”, “eso sería realmente un paso histórico.” Como todo en este mandato.

 

No son buenas las noticias que nos llegan de “la siempre idílica Cartagena de Indias”.”

 

(Junio 5 de 2015. http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/8707-la-guerra-que-se-perdi%C3%B3-en-palacio)