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Pretenden llevar al bloque de constitucionalidad una serie de temas que nada tienen que ver con la humanización de las hostilidades: Uribe

 

  • “¿Por qué están convirtiendo a las Farc en constituyente? ¿Necesita la paz que conviertan a las Farc en Constituyente?”.

 

  • “Lo que hay que preguntar es: ¿por qué el Estado colombiano pretende entregarles todo?”.

 

  • “Nos preocupa que se constituya en un Golpe de Estado a las instituciones”.

 

Bogotá, 1º de junio de 2016 (CD). Texto de la intervención del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez durante el debate sobre el blindaje jurídico a los acuerdos del Gobierno con las Farc.

 

“Voy a hacer unas referencias a los siguientes puntos -procuraré de manera muy simple-: a las convenciones de Ginebra; al artículo tercero común; a los acuerdos especiales; al artículo sexto de la primera convención y a sus derivaciones; al protocolo dos; unas preguntas, preguntar por unas relaciones; el tema de la impunidad; de los niños; de los militares; de los civiles; la elegibilidad; las Farc y las instituciones; y unas conclusiones; plebiscito; y lo que nosotros nos preocupa: se constituya en un Golpe de Estado a las instituciones.

 

Toda esta legislación es compleja, yo me he dado a la tarea, para comprenderla, para mi propia compresión, de simplificarla.

 

Alcance de los convenios de Ginebra de 1949, el alcance es mitigar la crueldad. Yo no entiendo por qué se le quiere dar el alcance de llevar todos los temas que acuerda un Estado, en este caso con un grupo narcoterrorista en nombre de la paz, llevarlos a acuerdos que se derivan de las normas de Ginebra y pretender llevarlos al  bloque de constitucionalidad. Más adelante me voy a referir al tema del  Comité de la Cruz Roja Internacional que trajo el doctor Humberto De la Calle.

 

Veamos, la Convención número uno se refiere a la mitigación en el tratamiento a los heridos y a los enfermos, para protegerlos. La número dos, en el tratamiento de las tripulaciones enemigas. La número tres a los prisioneros de guerra. La número cuatro a la protección de civiles en época de guerra entre naciones.

 

El artículo tercero común, común a las cuatro convenciones, permite extenderlas a lo que se llama conflictos internos. Ustedes saben que nosotros en el Centro Democrático no hemos reconocido la categoría de conflicto a lo que se ha dado con la Farc y más adelante cuando veamos el protocolo dos y lo que ha dicho la Cruz Roja Internacional daré otras razones adicionales a las que ustedes me han escuchado.

 

Este artículo tercero busca en esas confrontaciones internas reducir la crueldad, se refiere a los siguientes puntos: a las personas protegidas, civiles que no intervienen para protegerlas frente a la violencia al asesinato, a la mutilación, al tratamiento cruel, a la tortura. Un segundo punto  se refiere a heridos y enfermos en enfrentamientos internos, y permítanme decir eso es un acuerdo de ejecución, no de cambio del orden jurídico.

 

Eso es lo que se debió hacer hace tiempo en Colombia, el Estado colombiano lo cumplió, quien no lo haya cumplido está en la cárcel o está acusado o en vísperas de irse a la cárcel, quien no lo ha cumplido esto y nunca lo quiso firmar ni poner en práctica fue las Farc.

 

Entonces, yo hago una pregunta: ¿por qué se invoca el artículo tercero que las Farc nunca cumplieron, como una base, como una fuente para llegar a los acuerdos especiales y a través de esos acuerdos especiales incorporar puntos diametralmente diferentes de los puntos de lo que se ha llamado, humanización de un enfrentamiento?

 

La propia Corte Suprema de Justicia de Colombia, la Corte Constitucional en una de sus sentencias, dijo que estos acuerdos del artículo tercero, que yo creo que son simplemente decisión de ejecución, que al Estado colombiano lo obliga como signatario de estas convenciones de Ginebra, independientemente de que haya firmado un acuerdo de esta naturaleza con las Farc, o con el Eln, o con las Bacrim, o con los paramilitares , lo obliga, por su simple adhesión, su simple condición de signatario de los convenios de Ginebra, pero las Farc  que hoy lo reclama para incluir temas como la impunidad, que debió cumplirlos, nunca los cumplió. Yo creo que allí hay un gran abuso sobre el país.

 

Y ha sido la sentencia de la Corte Constitucional  colombiana, la que ha dicho que estos acuerdos o  que estas disposiciones, mejor, del artículo tercero, no cambian el orden jurídico interno ¿para qué? para de ahí inferir, como lo dijo esa sentencia, que cuando un Estado que es signatario de estas convenciones, cumple con el artículo tercero, no le está reconociendo estatus de beligerancia al grupo que está cometiendo crímenes o en hostilidades al interior de  este territorio y también para protegerse de invasiones extranjeras, por ejemplo.

 

Entonces, el artículo tercero dice que además de esa protección de heridos, de esa protección de civiles, a las cuales me he referido, las partes pueden hacer acuerdos especiales para ir más allá de lo que está en el artículo tercero, y algunos han creído que ir más allá de lo que está en el artículo tercero es querer incorporar cualquier punto que se negocie, es poder incorporar la impunidad, o poder cambiar las reglas sobre expropiación, o poder crear las circunscripciones especiales políticas excluyentes; no, no es así.

 

Cuando uno relaciona este artículo tercero para hacerse esta pregunta y buscar que los mismos textos la resuelvan ¿cuál es el alcance de estos acuerdos  especiales? ¿Tendrán algún objetivo ilimitado o tienen unas materias restringidas? Mi opinión es  que tienen unas materias restringidas, sus posibilidades no son ilimitadas. Y entonces conecto esos acuerdos especiales con el artículo sexto, creo que fue el senador Cepeda, quien refirió a ese artículo esta noche.

 

El artículo sexto, cuando habla, recogiendo lo que está por allá, en el artículo tercero común, de que las partes pueden ir más allá, se refiere a varios artículos, por ejemplo, al diez, que versa sobre el tratamiento a heridos y a enfermos; al quince, que versa sobre evacuación de heridos; al veintiuno, que nos dice cuáles requisitos hay que cumplir para poder justificar una desprotección a  servicios médicos; el artículo veintitrés, refiere a zonas hospitalarias; el veintiocho, al tratamiento al personal retenido y cuando ese personal está en misiones humanitarias cómo hay que devolverlo; el treinta y uno, para la protección a los servidores médicos, requisitos; el treinta y seis, sobre tratamiento a  aeronaves médicas; el treinta y siete, sobre los vuelos humanitarios en el espacio aéreo de países neutrales; el cincuenta y dos, sobre procedimientos sancionatorios  que implementen  las partes cuando hayan incumplido.

 

Esos son todos los artículos referidos por el sexto, en ninguno de esos artículos he encontrado la posibilidad de que en nombre de esos acuerdos se pacte cualquier tema diferente.

 

Entonces, vámonos al protocolo dos de 1977. Protocolo uno, tiene como regla general la protección de las víctimas en el conflicto interno  zonal; el dos, se orienta más a la protección de las víctimas en el enfrentamiento local.

 

El primer problema aquí para las víctimas… el acuerdo de víctimas, se lo dicen en universidades, los expertos, que es un acuerdo muy bien escrito, le faltan dos cositas: primero, no se les exige un peso al tercer grupo terrorista más rico del mundo para contribuir a la reparación de las víctimas; y segundo, con esa impunidad y cuyos efectos ya estamos viendo, no se le garantiza a la comunidad la más importante reparación: el derecho a la no repetición.

 

El protocolo dos habla de tribunales imparciales. Un tribunal, y voy a procurar tener la menor subjetividad, en cuya elección de jueces va a participar indirectamente la Farc, un grupo… cuando yo digo grupo terrorista tengo que pensar en quienes han tratado de la manera más benigna a las Farc. La OEA y muchas instituciones que la han tratado benignamente, en muchas ocasiones se han referido a acciones terroristas de las Farc.

Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos, los gobiernos que yo presidí siempre hablaron de grupo narcoterrorista. Hay organizaciones que han hablado de acciones terroristas de la Farc.

 

Las Farc, pongámoslo en el caso más benigno, que ha tipificado múltiples acciones terroristas, va a participar indirectamente en la escogencia de los jueces, eso le quita imparcialidad. La imparcialidad que se deriva de la simple lectura del protocolo dos del 77.

 

Y en cuanto yo estaba husmeando ese protocolo dos y preguntándome, y preguntándole al texto, ¿qué dice ese protocolo dos más allá del conflicto, del enfrentamiento? y se refiere únicamente al tratamiento que una vez firmada la paz se le debe dar a quienes fueron presos durante los enfrentamientos, no tiene referencia alguna adicional que vaya más allá de la humanización de los enfrentamientos.

 

Pero miren, el protocolo dos es restrictivo, también dice a quién hay que aplicarle toda esta normatividad: a grupos que tengan mandos responsables, posibilidad de operaciones militares sostenidas y que apliquen los protocolos ¿Cuándo aplicó las Farc estos protocolos? Nunca. Digamos que ha tenido operaciones militares… no, criminales sostenidas, y la responsabilidad del mando tampoco la cumple.

 

Doctor De La Calle, el mismo acuerdo de justicia exime de la responsabilidad del mando, como lo voy a explicar más adelante al referirme al tema de los militares en el acuerdo de justicia.

 

Entonces en mi concepto, el mismo acuerdo de justicia dice: no, aquí hay un mando que no es responsable, porque le dieron tratamiento a los cabecillas de la guerrilla de comandantes militares y así como a los comandantes militares en un artículo les dicen, lo que ya está en la ley y no siempre les aplican, que cuando ellos no hubieran conocido u ordenado un acto criminal no son responsables y con eso le han creado tranquilidad a un sector de las Fuerzas Armadas, cuando es lo que hay hoy. Si el comandante militar no conoció el acto, no lo provocó, no lo estimuló, después de haberlo conocido lo sancionó, tomó decisiones para que no se repitieran, pues no hay dolo.

 

Entonces, traer eso a la legislación en el acuerdo de justicia no es nuevo, lo grave es equipararlos con los cabecillas de la guerrilla, porque el artículo repite esa exención de responsabilidad en favor de los cabecillas de la guerrilla.

 

Y la vocación misional es muy diferente, la del comandante militar es la ley, la protección de los ciudadanos y la del Estado; la de la guerrilla, así ellos la llamen el ejercicio del derecho a la beligerancia, es el delito.

 

Si ahora un grupo guerrillero se instala aquí y entonces el cabecilla les dice: mire, hay que tomarnos el poder, recoger los recursos etcétera y producen un secuestro masivo en Villeta, entonces, el comandante militar puede decir que él no sabía e invocar ese artículo del acuerdo de justicia para que lo eximan de responsabilidad. Inaudito. Esa es la negación de la responsabilidad del mando, pero además va a ser inocuo, porque así sea responsable, desde que confiese a tiempo, no va a la cárcel, y en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia es elegible.

 

Yo creo que las Farc, en el ejercicio de sus actividades criminales, no cumplió con los mandatos de Ginebra ni reúne los requisitos del protocolo dos, y si fuéramos a comparar a las Farc con el Eln y las Bacrim para decir a la luz del protocolo dos que las Farc sí los cumplen, el ELN y las Bacrim también dirán que los cumplen; entonces dirán: que sostienen operaciones militares, que tienen mando responsable y que… uno les dirá, pero no aplican los protocolos, contestarán: las Farc tampoco. Les dirán: pero no tienen mando unificado completo, contestarán: las Farc tampoco, ahí también hay escisiones.

 

¿Qué creo yo? que el manejo de esta legislación que se ha dado en los acuerdos de La Habana, está poniendo las bases para que el Eln, bandas criminales u otros grupos que aparezcan en el futuro, porque el crimen muta, vengan a reclamar que también les apliquen la misma legislación, y es ese protocolo dos el que dice qué se deposita en el Consejo Federal Suizo y después en las Naciones Unidas y está restringido a lo de esta legislación, y por lo que veo y por lo que leo, el Gobierno van a depositar en el Consejo Federal Suizo y en las Naciones Unidas todos los acuerdos después de elevarlos al rango constitucional, de materias que exceden totalmente esta legislación.

 

Entonces nos han dicho, yo pregunto: en estas circunstancias, ante esos textos ¿por qué utilizar los acuerdos especiales para incorporar lo que está acordado con las Farc en La Habana? ¿Qué tiene que ver con la humanización del enfrentamiento lo que se ha hecho con las zonas de reserva campesina?

 

A propósito, claro que se está cambiando la ley ¿Que existe la ley de zonas de reservas campesinas? sí, pero ha mantenido una discrecionalidad del Gobierno y de un consejo agrario, firmado ese acuerdo esa discrecionalidad se acaba, ahí hay un cambio sustancial de la ley.

Y otro: nos parece muy grave lo del preámbulo, el derecho a revisar con las Farc todo el modelo económico y social o que sean las Farc la contraparte del Gobierno para determinar cuándo se aplica una extinción por razones ambientales.

 

Entonces nos han dicho: es que la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha dicho que se pueden utilizar acuerdos especiales para ponerle fin al enfrentamiento, léase conflicto, perdón, lo dice por una razón, para humanizar la eventual extensión de hostilidades, no para llevar todos estos temas ajenos a la humanización, no para llevarlos a acuerdos especiales; ahí tenemos una enorme diferencia.

 

¿Qué van a llevar esto al bloque constitucional?

 

El final de la Guerra civil de los Mil Días, por allá en el año 1902, en los tres acuerdos, nunca exigió que se tenía que reformar la Constitución, exigió unas prácticas políticas y unos acuerdos de gobernabilidad, y eran las épocas en, como lo dicen algunos historiadores, que las guerras civiles terminaban cuando los combatientes cambiaban los fusiles por una expectativa de textos constitucionales, y ahora me hacía caer en cuenta Paloma Valencia, la Constitución del 86 estaba en plena vigencia, se hizo el acuerdo que le puso punto final a la Guerra de los Mil Días, y el punto del acuerdo no fue sustituirlo, después en el 10 hubo una reforma constitucional que los historiadores no le encuentran una relación de causa y efecto con los acuerdos de 1902.

 

Están llevando a acuerdos especiales y pretenden llevar al bloque de constitucionalidad una serie de temas que nada tienen que ver con la humanización de las hostilidades.

 

Y paso entonces al tema de la impunidad.

 

¿Qué dice el artículo 77 de la Corte Penal? Dice que la pena de reclusión puede ser hasta de 30 años, nosotros discrepamos de lo que se ha dicho, que el margen de interpretación de los estados signatarios les permite que no haya pena de reclusión ante ciertas circunstancias, para delitos graves ¿Por qué discrepamos? Porque el texto de la Corte habla de penas de reclusión hasta de 30 años, pero siempre reclusión, o sea de las libertades para tasar la reclusión, no para evadir la reclusión; yo creo que ese es un tema bien claro.

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, seguramente en el pasado se pasó por alto, también exige penas severas a los delitos graves, tiene la palabra penas severas y por eso vino la sentencia de la Corte Interamericana, la sentencia del caso Gelman-Uruguay.

 

Y entonces viene lo que yo llamo impunidad abierta, impunidad disfrazada.

 

Cuando yo oía ahora a uno de mis distinguidos antecesores pensaba esto: las Farc van a alegar que secuestros masivos de militares, como lo que ocurrió en Mitú, fueron aprehensiones en enfrentamiento; las Farc van a alegar que los que asesinó fue en enfrentamientos, en circunstancias de enfrentamiento ¡Por favor! ¿En qué queda el respeto a la vida y a la libertad de los soldados y policías de Colombia?

Una de las cosas graves que me han parecido para la memoria histórica de este país es poner hoy a las Fuerzas Armadas de Colombia en el nivel de los ejércitos de la dictadura de Videla, de Pinochet o de Centroamérica. Aquí le oímos un magnifico discurso, un prontuario de fallas de la democracia al doctor Juan Carlos Henao, pero le faltó decir una cosita, que está democracia ha sido capaz de corregir todas esas fallas sin claudicación con el terrorismo.

 

Pensaba yo, la única manera de que ese secuestro de Mitú, que duró tantos años, se convierta en delito de lesa humanidad es por la tortura, pero el puro secuestro lo tendrán como un delito de enfrentamiento, sí tiene tortura entonces aparece la sanción, pero también si la confiesan a tiempo no habrá cárcel y en cualquier caso habrá elegibilidad.

 

Y ahí está el tema del narcotráfico. Claro, el mismo Gobierno ha dicho que lo considera conexo con el delito político, y ahí tengo que hacer una referencia a la Ley de Justicia, Paz y Reparación, que aquí la volvieron a mencionar algunas de las personas que intervinieron, porque dicen: ¿pero cómo se extraña Uribe de que aquí se les dé a las Farc está impunidad por el narcotráfico si se le dio a los beneficiarios de la Ley de Justicia, Paz y Reparación? Fueron tan beneficiarios 18 mil guerrilleros como 35 mil paramilitares, es muy difícil en los últimos lustros de Colombia distinguir entre paramilitares y narcotráfico puro, entre guerrilla y narcotráfico puro ¿Qué dijo la Ley? Las personas que participen en el narcotráfico, pero cuya actividad principal sea la guerrilla o el paramilitarismo, serán beneficiarios de esa Ley, pero la Ley no les dio ni elegibilidad política ni impunidad total, les dio unas sentencias reducidas pero tuvieron que ir a la cárcel, hay una gran diferencia con lo que ahora se propone para el narcotráfico, para el cartel de cocaína más grande del mundo.

 

Y después viene lo que yo he llamado la impunidad disfrazada.

 

¿Qué dice el Gobierno? No, en lo que concierne a atrocidad no va a haber impunidad, hay investigación, hay juzgamiento y hay sentencia, pero no hay cárcel.

 

Si esa confesión, ese reconocimiento, responsabilidad, es temprano, no habrá cárcel y en cualquier caso, en cualquier caso, lo que sí va a haber es elegibilidad.

 

Yo creo que eso da un mal ejemplo, si, ha crecido tanto las Farc, el Eln, las Bacrim en tres años con un diálogo de impunidad ¿cómo será cuando se protocolice la impunidad? Y sigo pensando que aquí vamos para unas legislaciones equivalentes a las leyes de punto final que son insostenibles, lo demostró Chile, Argentina, inaplicables como la de El Salvador.

 

Y quiero traer un tema muy delicado, el de los niños, la legislación colombiana es perentoria, los asesinos de niños no podrán ser beneficiarios del principio de oportunidad, no podrán ser beneficiarios de libertad condicional, no podrán ser beneficiarios de otros subrogados penales.

 

El asesino de niños que haya cumplido 65 años no será beneficiario de esa excarcelación por motivos de la edad ¿En qué queda esa legislación ante la impunidad de estos acuerdos, frente a uno de los mayores reclutadores de niños que ha sido las Farc?

 

Y los militares. Dos temas frente a los militares, tres temas. Una justicia en cuya escogencia de jueces y magistrados indirectamente intervienen las Farc; segundo, como les irrespetan la vida y la libertad; tercero, como igualan a los comandantes militares con los cabecillas guerrilleros.

 

¿Por qué hemos dicho nosotros que los militares, policías, que se tengan que someter a esta jurisdicción van a correr el riesgo? Si se someten ¿Qué ocurre? Corren el riesgo de que lo absuelvan o los condenen, y para evitar ese riesgo de que una de las posibilidades es la condena, no les queda más camino que reconocer oportunamente que cometieron el delito, así no lo hubieran cometido.

 

Por eso nosotros insistimos en una solución de alivio judicial a las Fuerzas Armadas, sin impunidad y también de revisión de sentencias, porque hay algunos que dicen: no, este no es un tema de solamente de años de cárcel, este es un tema de honor.

Queda muy grave para la memoria histórica que militares, y esto le va a pasar a civiles, para evitar ir a la cárcel, se vean obligados a reconocer delitos que no cometieron.

 

Podrán decir los juristas: lo que pasa es que estos acuerdos los están llevando a la Constitución autónomamente el Estado colombiano, ¿entonces para qué les ponen las formalidades de los acuerdos especiales? Si este Gobierno, autónomamente con sus mayorías, quiere incorporar todo eso a la Constitución, lo pueden hacer ¿pero por qué nos engañan con la legislación humanitaria que nada tiene que ver con esto?

 

Yo sí creo que aquí hay un tema por el cual pregunto ¿Por qué están convirtiendo a las Farc en constituyente? ¿Necesita la paz que conviertan a las Farc en Constituyente? Aquí decía el doctor De La Calle: es que es un enorme avance que las Farc se someta a la Constitución, al Congreso ¿Cómo no va a aceptar si sabe que aquí le aprueban todo? ¿Cómo no va a aceptar si este Gobierno lo ha dado todo?

 

Si el presidente Pastrana le hubiera dado a las Farc la mitad de lo que le da la actual administración, habrían firmado con él. Yo creo que ese no es un gran avance, lo que hay que preguntar es: ¿por qué el Estado colombiano pretende entregarles todo?

 

Quiero recordarlo, tengo que recordarlo permanentemente, otros temas de la Ley de Justicia Paz y Reparación; si, la Corte Constitucional la moduló; dijo por ejemplo que ‘los que se sometieran a esos beneficios no podían reparar solamente con la riqueza ilícita, sino que el juez era libre para exigirles que entregaran la riqueza que hubieran obtenido lícitamente’, eso lo moduló la Corte Constitucional y ahora se niega todo frente a las Farc, ahora no se les exige a las Farc la sentencia de la Corte Constitucional ni tampoco lo mínimo, es que entregue el dinero mal habido.

 

Que el Gobierno nuestro incorporó a la Ley de Justicia Paz y Reparación el tema de la sedición, entonces dicen: ‘Uribe trató como delincuentes políticos a los paramilitares’; yo no he sido partidario en los estados de Derecho, del elevado respeto por la opinión pública donde no hay delitos de conciencia del delito político, que es un atenuante, pero dije en esa época, ya que lo hay aplíquenlo a ambo,  y fue la Corte Suprema la que dijo que no se le podía aplicar a los paramilitares; yo discutí con ellos porque dije todo grupo tiene una razón política, la invoca, así no haya sido su guía; entonces las Farc dice ‘quiero cambiar el establecimiento económico’, los otros dirían otra cosa. Lo grave es que ambos perturbaban el normal funcionamiento del Estado de Derecho y esa perturbación se constituiría en un delito político sin los otros, sin considerar los otros.

 

Y cuando la Corte Suprema desconoció eso, de todas maneras en este Congreso ya en la administración Santos, tuvieron que encontrar un mecanismo para no llevar a la cárcel a 19 mil paramilitares.

 

Aquí dijo el doctor Sergio Jaramillo –yo no sé por qué se amaño tanto trabajando en mi gobierno-; aquí dijo el doctor Sergio Jaramillo que yo estaba equivocado que porque los 18 mil guerrilleros desmovilizados, a la luz de la justicia de la Ley de Justicia Paz y Reparación, solamente habían 380 en la cárcel.

 

Es que nosotros hemos dicho: no lleven la base a la cárcel, reinsértela, trátela con toda generosidad, pero de no llevar a los máximos responsables por esos delitos graves, se da mal ejemplo y se crean riesgos de insostenibilidad.

 

Le pregunto al Congreso, muchos de ustedes fueron legisladores en el anterior periodo, aprobaron el marco para la paz y aprobaron una exclusión de elegibilidad en el caso de delitos de lesa humanidad, fue proposición del senador Juan Lozano aprobado por las mayorías de este Congreso. ¿Por qué quieren incluso eliminar eso como lo elimina el artículo 36 del acuerdo de justicia que en cualquier caso consagra el derecho de la elegibilidad?

Doctor De La Calle, la extradición de los paramilitares no fue una traición, fue un castigo a quienes estaban traicionando la generosidad del pueblo colombiano. Señor presidente (del Congreso Juan Fernando Velasco) me obligó a decir esto ¿por qué? porque este es un tema muy delicado, porque se dice: ‘no, hay que blindar esto para que no extraditen a las Farc’. Mire lo que les pasó a los paramilitares, es la interpretación de muchos colombianos: primero, por decisión mía se llevaron a la cárcel de La Ceja, (Antioquia); después, cuando fui informado que estaban fraguando un escape, los llevé a la cárcel de alta seguridad; y cuando se supo que continuaban los crímenes los extradité. Y hay que repetirlo, antes de hacer efectiva la extradición los Estados Unidos hizo público el acuerdo con nosotros que habría acceso de todo el Estado colombiano a esas cárceles. Por eso, muchos de mis declarados adversarios políticos que me señalaban de paramilitar y todos los días expresaban odio frente a los paramilitares, allá iban a las cárceles a volverse amigos de ellos haber que declaraciones obtenían en mi contra. Por eso los extraditamos.

 

A mí me parece grave las Farc como constituyente, esta impunidad, la elegibilidad, el mal ejemplo, el riesgo de la no sostenibilidad, me parece grave lo del plebiscito. Yo creo que todo esto configura- el doctor Darío Echandía, que hay que leerlo más de lo que los colombianos lo leemos: ‘inteligencia pura, vida pura’.

 

Frente al único Golpe de Estado que hubo en Colombia en el Siglo pasado y que las Fuerzas Armadas dijeron que era un golpe de opinión, yo he estudiado en estos días las interrupciones democráticas en América Latina en el siglo pasado para defender a nuestras Fuerzas Armadas. Los mexicanos se ufanan de que ellos tuvieron una interrupción de dos años, nosotros de cuatro, pero fue inducida por el establecimiento político, por los sectores que dirigían la opinión, no liderada por las Fuerzas Armadas. No es sino mirar los documentos de historia y la frase del maestro Echandía, yo creo que aquí hay un golpe a las instituciones.

 

Y el plebiscito. Muy posible que lo ganen doctor De La Calle, la palabra paz es cautivante ¿Por qué no permitieron desagregar en varios puntos? muchos  colombianos dirán ‘yo quiero votar por la paz pero yo no quiero votar por la impunidad total’; yo quiero votar por la paz pero yo no quiero votar por la elegibilidad de los responsables del asesinato y del secuestro de niños’; muchos colombianos dirán: ‘yo quiero votar por la paz pero yo no quiero que los reclutadores de niños dejen de ir a la cárcel’; y ¿por qué le bajaron al 13 por ciento el umbral doctor De La Calle?

Nosotros tenemos todas esas preocupaciones.

 

Gracias”.

 

(FIN)