Sitio oficial
 

PROCURADOR RESPALDA REFORMA POLÍTICA

Bogotá, 29 ago (CNE).- Total respaldo a la Reforma Política dio hoy el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, en especial a los temas relacionados con la jurisdicción electoral, el régimen de los partidos y la oposición.

El jefe del Ministerio Público intervino ante la Comisión de Seguimiento Electoral del Senado de la República, que lo invitó a participar, junto con los miembros del Consejo Nacional Electoral, en un debate sobre deficiencias y posibles fraudes que se habrían presentado en las elecciones legislativas de marzo último.

El Procurador se refirió a la propuesta del ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, para darle un carácter de magistratura al Consejo Nacional Electoral, con funciones específicas propias de una labor jurisdiccional.

"Debe haber Corte Electoral o Consejo Electoral. Démosle la denominación que se quiera, pero debe haber una autoridad electoral estable para garantizar la transparencia. Desde luego debe haber Estatuto de los partidos para organizar los certámenes electorales. Y para garantizar el desarrollo de la política tiene que haber Estatuto de la Oposición", dijo.

El pronunciamiento del Procurador coincide con lo expresado por el ministro Londoño Hoyos durante sus intervenciones de esta semana en el Senado de la República.

El Ministro ha insistido en las bondades del proyecto de Referendo en materia de organización de los partidos políticos, para que se fortalezcan, conformen bancadas en las corporaciones públicas y se conviertan en una instancia entre los ciudadanos y el Estado.

También ha anunciado la presentación de un proyecto de acto legislativo (reformatorio de la Constitución) para darle un carácter de alto tribunal al Consejo Electoral, con funciones amplias y específicas que agilicen los procesos electorales.

El Procurador dijo que la investigación realizada por el Consejo Nacional Electoral sobre anomalías en las elecciones de marzo se cumplió en tres meses, con escasez de instrumentos y estrechez económica, mientras que una demanda electoral ante el Consejo de Estado puede resolverse con una demora de seis a 13 meses, razón suficiente que demuestra la necesidad de un órgano especializado en asuntos electorales.