Nosotros no nos oponemos a la paz, que todos queremos. Lo que cuestionamos son unas políticas que demuestran que aquí no vamos hacia la paz sino hacia la entrega del país, hacia la claudicación de la democracia colombiana ante las pretensiones del terrorismo.
Hemos consignado nuestras preocupaciones en el documento “Las 68 Capitulaciones de Santos en La Habana”; que abarca tres grandes temas: narcotráfico, participación política y reforma rural integral.
Para empezar, en esta negociación es el Gobierno Nacional el que ha adquirido todos los compromisos, pero las FARC no han asumido ninguna responsabilidad ni han dado muestras de paz. A pesar de las concesiones que el Presidente Santos les ha dado para este proceso, siguen atentando en contra de los colombianos.
Las FARC siguen asesinando y secuestrando soldados, policías y civiles, reclutando menores, sembrando minas antipersonales, atentando contra la infraestructura y siguen siendo el primer cartel de drogas del mundo. La posición de nuestro partido, es que los guerrilleros que cometen estos crímenes de lesa humanidad no deben tener una silla en el Congreso, como lo pretende el Gobierno Nacional.
Así mismo en los acuerdos, no se reconocen a las FARC como narcotraficantes, principal actividad que financia su terrorismo ni se contempla la entrega de los bienes derivados de dicha actividad. Tampoco se comprometen las FARC a entregar cultivos ni rutas ni laboratorios para la elaboración de sustancias ilegales. Eso se constituye en una concesión al primer cartel de la droga en Colombia. Con ello, se multiplican la ilegalidad y los cultivos ilícitos.
Las FARC han insistido en que nunca entregarán las armas, pero aceptan que “dejarán” de usarlas solo cuando el gobierno haya cumplido todos sus compromisos: los 10 Planes Nacionales Rurales incluidos en el acuerdo podrían durar más de 20 años en ejecutarse.
La paz armada de las FARC es inadmisible. Con las concesiones, crearán un grupo político financiado por el narcotráfico y respaldado por las armas, atentando contra el orden democrático.
Y en el tema de tierras, entre otras cosas, el Gobierno aplicará extinción de dominio sin indemnización a los propietarios legítimos de las tierras que supuestamente no cumplan la función social y ecológica de la propiedad. Esto abre la puerta a la arbitrariedad, crea incertidumbre entre los inversionistas y, en consecuencia, retardará el desarrollo rural. En ninguna parte aparece el compromiso de las FARC de entregar cerca de un millón de hectáreas que han expropiado a los campesinos a sangre y fuego durante años.
El Centro Democrático piensa que para negociar con los violentos se necesita suspender las acciones terroristas. Para negociar con el terrorismo, la única agenda es la desmovilización, reinserción y entrega definitiva de armas. Para negociar con el terrorismo se debe respetar la justicia para que no haya impunidad. Que quede claro que nosotros no somos saboteadores de la Paz, somos opositores del terrorismo.