Cara le ha costado a Santos la estratagema de divulgar los borradores de La Habana, como supuesto gesto de “transparencia” de su proceso de paz. Si quería disipar las dudas que generan las negociaciones con las Farc, dando a entender que nada grave se les ha concedido, ha fallado en su intento.
Le salió el tiro por la culata. La disección detallada del entuerto, como lo viene haciendo el Centro Democrático, con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, ha brindado hallazgos impresionantes. Acorralado por las evidencias, Santos no ha atinado más que a mentir por enésima vez, afirmando que los borradores no dicen lo que evidentemente dicen. Mientras califica de mentiroso a Uribe y al CD, no ofrece, al igual que De la Calle, una sola prueba de su aserto. Por eso, mientras más patalea, más la embarra.
Me preocuparon desde un principio los tales borradores y por tal motivo me di a la tarea de examinarlos con lupa. Fruto de ese escrutinio fueron tres extensas columnas en las que estampé mis propias reflexiones. Otros analistas han abundado con sus luces, como el CD.
A riesgo de aparecer repetitivo, he decidido volver sobre la materia, condensando en una columna los rasgos esenciales de las “capitulaciones” o “claudicaciones” ante el terrorismo, como certeramente se las ha catalogado, precisando con más certeza y detalle algunos tópicos que ahora están absolutamente claros gracias el debate nacional. Para probar, sin lugar a dudas, que Uribe tiene la razón y Santos miente.
Primer borrador: Reforma rural confiscatoria
Partiendo del supuesto de las Farc de que la estructura de la propiedad y uso de la tierra son las causantes de la violencia, y la justificación de su levantamiento armado, el gobierno ha aceptado que se necesita una reforma agraria para cambiar esa situación y aclimatar la paz. Lo que en la jerga política se ha conocido como la “revolución por contrato”.
Entonces el primer borrador describe con cierto detalle la transformación convenida, a fin de conseguir la “desconcentración” de la propiedad rural y su distribución entre los campesinos sin tierra.
Se creará un Fondo de Tierras con distintas fuentes para el reparto general. Una, los baldíos o tierras particulares recuperadas de quienes las han usurpado ilegalmente. Nada nuevo, pues desde el gobierno anterior se venía trabajando en ese punto, con normas sobre extinción de dominio y reparación administrativa de las víctimas. Según el gobierno actual y por reclamos de las víctimas de despojo, se trataría de una cifra de más de tres millones y medio de hectáreas. La gran farsa de este punto es que se omite incluir a las Farc, que las víctimas han denunciado como el principal despojador, con cerca de un millón y medio de hectáreas expoliadas.
La segunda fuente, seguramente la mayor, la compondrían las tierras “inexplotadas”, que serían objeto de “extinción administrativa de dominio”, por no cumplir con la “función social y ecológica de la propiedad”. No se habla de indemnización, como en el acápite siguiente, lo que significa que sería una evidente confiscación. Las Farc, en una declaración que expidieron el 18 de enero de 2013 en cabeza de alias “Jesús Santrich”, indicaron que su apuesta es por la confiscación de 20 millones de hectáreas de ganadería que consideran extensiva, es decir, la mitad de la extensión dedicada a este uso en Colombia. De contera se acordó crear “una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos generales de uso de la tierra”, que por ende será la que dictamine cuáles predios serán objeto de expropiación por “inexplotadas”.
De la Calle ha ripostado señalando que todo lo contemplado en el borrador está ya en legislación vigente hace muchos años. No es exactamente así. La “extinción administrativa de dominio” que contempla la ley 160 de 1994, citada por él, se refiere a tierras sobre la “cuales se dejare de ejercer posesión” por más de tres años. Pero asimilar la ganadería o la agricultura extensiva a “tierras inexplotadas” para expropiarlas sin indemnización, como lo facilita el acuerdo, es otra cosa enteramente diferente.
La tercera fuente básica son las tierras “adecuadamente explotadas”, que pueden ser expropiadas por motivos de utilidad pública o beneficio social, pero con el pago de una indemnización. El monto de estas tierras, sobre las que pende esa terrible espada de Damocles pese a cumplir su función social, es de unas 20 millones de hectáreas de ganadería no extensiva, y poco más de 5 millones de uso agrícola.
Para colmo, violentando la misma idea de la “función ecológica” de la propiedad, el borrador acordó que se hará la “sustracción” de las extensiones necesarias de las Reservas Forestales (que suman más de 7 millones de has.) del país para engrosar este fondo de reparto. Sin duda para beneficio de las Farc que actúa en regiones selváticas y similares y quiere que se sustraigan de esa vocación natural para que se entreguen a sus áulicos.
De la Calle indica que el Fondo de Tierras se nutrirá casi exclusivamente de la primera fuente, y que la apelación a las otras dos será excepcional y marginal. En ninguna parte del texto aparece nada de ese tenor, sino que por el contrario se insiste en que se requerirá contar con tantas tierras como requieran los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, que seguramente no podrán ser satisfechos sino en mínima parte con las áreas mencionadas en el primer acápite.
Este análisis quedaría cojo si no le incorporamos el componente de la actualización del catastro y las tarifas de impuesto predial, que contempla el borrador. Conectado, sin remedio, con al afán distributivo de la reforma agraria. Dichos cambios no solo se proponen “incrementar el recaudo efectivo de los municipios y la inversión social”, sino también “estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva” (1.9). En todo caso, se buscará que los municipios “adopten exenciones al impuesto predial para los beneficiarios de los programas de acceso y para los pequeños productores” (1.9.6).
La pretensión es evidente: elevar el avalúo de los predios y las tarifas del impuesto predial para forzar la “desconcentración” de la propiedad rural, exceptuando a los beneficiarios de la reforma agraria y los pequeños propietarios. Es decir, elevar tanto los avalúos e impuestos a la tierra que obliguen a medianos y grandes propietarios a entregar sus fundos por una irrisión o perderlos ante el Estado por la imposibilidad de pagar los gravámenes. Tanto los dueños de predios adecuadamente explotados como inexplotados. Una confiscación por otra vía.
A lo cual debemos agregar las zonas de reserva campesina, que tendrán tratamiento prioritario para los planes de reforma agraria, de reparto de tierras, y de planes de “sustitución” de cultivos ilícitos. Suman alrededor de 10 millones de hectáreas, entre las ZRC constituidas y las solicitadas, que el acuerdo concluye que deben ser aceptadas y estimuladas. Y que, como se ha visto en el Catatumbo, quedarán al arbitrio de las Farc.
Segundo borrador: Partido político armado con insólitas ventajas
Los que salimos debiéndole a los terroristas, en el acuerdo del segundo borrador, somos los colombianos. Ellos se alzaron en armas por el carácter recortado y discriminatorio de nuestras instituciones políticas, concluirá cualquier lector desprevenido. En consecuencia, para conquistar la anhelada paz, hay que hacerles todo tipo de concesiones y otorgarles prerrogativas insólitas, mientras ellos, que llevan medio siglo atentando contra la democracia no adquieren compromiso alguno.
De entrada no admiten desarmarse, entregar los fusiles, desmovilizarse y reinsertarse en la sociedad. A tono con lo que han expresado mil veces, no entregarán las armas, sino que “dejarán” de usarlas mientras vigilan el cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. Ni renuncian a “la combinación de todas las formas de lucha”, enmascarando su felonía con la expresión calumniosa –que el gobierno aceptó sin vergüenza- de que se busca la “proscripción de la violencia como método de acción política” no de los terroristas sino de ¡”todos los colombianos”!
De nuevo De la Calle responde, ratificando lo que quiere negar: que no está pactada la entrega de las armas. El cumplimiento de los acuerdos, indicó ayer, “exige el cumplimiento integral y simultáneo de todas las obligaciones contraídas, entre ellas la dejación de armas”. “Dejación” y no “entrega”, diferencia radical que las Farc han explicado en todos los tonos y que significa simplemente dejar de usarlas mientras se cumplen los acuerdos, y a la espera de que se materialicen.
En consecuencia las partes llegaron a sustanciales concordancias para convertir a las Farc en un partido político, sin entregar las armas y dotado de las más extravagantes prebendas que es posible imaginar. El fin no es solo que participen en la actividad política legal y hagan oposición, sino que sean “verdaderas alternativas de poder”, dicen los redactores.
Gozarán de financiación preferencial del Estado; no requerirán del umbral para adquirir y mantener su personería; contarán con el más sofisticado y robusto sistema de seguridad, brindado por el gobierno; dispondrán de cadenas radiales, medios impresos y un canal de televisión a su servicio. Gabelas descomunales que desequilibrarán a su favor cualquier contienda política, amén de que dispondrán de la presión silenciosa pero temible de su brazo armado.
Y de sobremesa, la nueva corriente política será premiada con una jugosa representación parlamentaria. El borrador establece la creación de un número aún no conocido de circunscripciones especiales a la Cámara, en zonas de “conflicto”, en las cuales no podrán presentar listas los demás partidos. El acuerdo es tajante: “Los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos para esas Circunscripciones”.
A la vez, los electores podrán sufragar por esas listas amarradas, “sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias de sus departamentos”. Es decir, podrán votar dos veces para Cámara, con el ingrediente de que no se prohíbe a los nuevos movimientos inscribir listas para las elecciones “ordinarias”. Se viola, por supuesto el principio democrático universal de “una persona, un voto”.
Valga reseñar que los nuevos partidos paridos por las guerrillas, en dichas circunscripciones especiales no tendrán las mismas normas que rigen los comicios en el país, pues, según el borrador “las Circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos”. Así como con “financiación especial y acceso a los medios regionales”.
Tercer borrador: Legalización del mayor cartel de drogas del mundo
En la tónica de hacerle concesiones a las Farc, sin exigirle contraprestaciones, el acuerdo sobre drogas ilícitas se convierte en la operación de saneamiento o lavado de activos más descarada del mayor cartel de droga del mundo.
De entrada, el gobierno no ha explicado por qué la mayor parte de este texto está tomada de un documento de las Farc publicado cinco meses antes de firmarse el borrador en La Habana (http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/1640-programa-nacional-de-sustitucion-de-los-usos-ilicitos-de-los-cultivos-de-hoja-de-coca-amapola-o-marihuana.html). En la mesa simplemente se ratificó lo propuesto por los narcoterroristas, con pequeñas modificaciones.
Se impusieron los criterios de las Farc sobre erradicación y sustitución de cultivos. Que será voluntaria, decidida por las “comunidades” en acuerdo con el gobierno. Que será gradual, en etapas cuya duración también se pactará con ellas. Que será parcial, pues una porción de los cultivos pueden conservarse para “usos lícitos”, como los culturales, medicinales y otros. Que solo por excepción se apelará a la erradicación forzosa, preferentemente manual (excluyendo la fumigación aérea), sobre lo cual quedó registrada una constancia de las Farc en el sentido de que solo aceptan esa alternativa. Que todo correrá por cuenta de recursos públicos, sin que las Farc tengan que entregar un solo centavo de los abultados dineros y bienes que han obtenido en el negocio. Y, que, paradójicamente, contará con la participación de las Farc en todo el proceso, desde las instancias de diseño y planeación del proceso, hasta su ejecución misma.
Se repite en el borrador la idea de las Farc de que la presencia del Estado en las zonas cocaleras hacia el futuro se remita solo a su actividad institucional de prestación de servicios y realización de inversiones según los planes convenidos con las comunidades, lo que implicaría su desmilitarización. Esta última aspiración de las Farc no aparece en el documento (como no aparece que el Estado hará presencia con sus fuerzas militares y de policía), sino que se apeló a una forma elíptica, que deja viva esa posibilidad: “la seguridad en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito se garantizará”…, “atendiendo a los fundamentos y garantías plasmados en el Acuerdo Final…”.
Pero lo más sustantivo es lo relativo a la política criminal. El consumo es un problema de salud pública, advierte el borrador como gran cosa, y por ende no se puede criminalizar a los consumidores: nada nuevo pues ya es norma constitucional desde el gobierno de Uribe. Frente a los cultivadores sí es claro el propósito de excluirlos de cualquier sanción, para lo cual el Estado debe “renunciar al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal” (como la extinción del dominio de los predios cultivados con coca u otras drogas, como lo establece la ley 160 de 1994 tan citada por De la Calle, en su artículo 52). Extinguir administrativamente el dominio de las tierras agrícolas o ganaderas “inexplotadas”, así sean bien habidas, y simultáneamente eximir de ese mecanismo a los predios que se han dedicado a cultivos ilícitos: esa es la lógica criminal de las Farc que el documento transpira.
En cuanto al tráfico, el borrador señala que debe perseguirse a las organizaciones dedicadas a él y al lavado de activos, pero no se incluye a las Farc entre los objetivos. Tácitamente se les perdona su involucramiento en el narcotráfico y se les convierte en asesores y coequiperos del gobierno en la tarea de erradicar y sustituir cultivos. ¿Por qué “investigar” y “perseguir judicialmente” a los demás carteles y no a las Farc? ¿Porque han manifestado que “dejarán” esa actividad? ¿Y si algún otro cartel manifiesta lo mismo recibirá igual trato?
Pero sobre todo se acepta la tesis de los narcoterroristas de que su actividad en esa esfera criminal se ha desarrollado en “función de la rebelión”. Es decir, se acepta que el narcotráfico es “conexo” con el “delito político” y por ende puede ser objeto de indultos y amnistías, de igual manera que ese criterio implica bloquear la posibilidad de la extradición de los sujetos pedidos por otros países por semejante delito internacional.
Finalmente el gran balance: el gobierno hace todo tipo de concesiones y las Farc no hace la más mínima. Si eso no es capitular, entonces ¿qué es?