Durante el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, el Ministerio de Interior y de Justicia presidió el Comité de Reparaciones Administrativas, previsto en el Decreto 1290 de 2008.
El Decreto 1290 de 2008 creó el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley, y abrió el acceso a más de 330.000 víctimas a la reparación administrativa. Este decreto fue firmado por Oscar Iván Zuluaga, quien desde el Ministerio de Hacienda garantizó los recursos para que pudieran ser reparadas las víctimas, desembolsando cerca de 250 millones de dólares para julio de 2010.
Desde la expedición del Decreto 1290, en abril de 2008 y hasta el mes de abril de 2010, estuvo abierto el Registro Nacional de Victimas en cabeza de Acción Social. El Registro, que permitió la inscripción de más de 330.000 víctimas, buscó que ellas fueran reparadas administrativamente en un plazo de 10 años, por actos de violencia que incluso ocurrieron en los años 50.
El Gobierno de Alvaro Uribe, con base en el decreto 1290 de 2008, firmado por Oscar Iván Zuluaga, entregó durante el año 2009 cerca de 100 millones de dólares a más de 11 mil familias en todo el país. Para julio de 2010, ya había entregado 150 millones de dólares más.
La reparación a las víctimas no se la inventó el Gobierno Santos.