Hace un año se materializó el mayor golpe que hayan recibido las finanzas del Huila en su historia, y las de varios municipios, cuando entró en vigencia la Ley 1530 de 2012, la cual reglamentó el Acto Legislativo No. 5 de 2011. Mediante esas normas el Gobierno actual y su bancada de amigos en el Congreso, los despojaron de las regalías.
Para el presidente Santos y sus áulicos congresistas, según ellos, lo que hicieron fue “un acto de justicia” con las regiones no productoras, porque irían a recibir lo que nunca habían tenido. Sin embargo, lo que ocurrió fue un engaño de mala fe para todos.
Al Huila, por ejemplo, le hicieron un verdadero saqueo porque de entrada pasó de $350 mil millones a $140 mil millones aproximadamente, y el manejo de esa porción restante fue centralizado por el Gobierno con el fin de “amarrar” descaradamente los recursos mediante mil trabas para su desembolso; es decir, lo poco que dejaron no lo giran fácilmente. Pero, a las regiones no productoras que eventualmente serían las beneficiarias, tampoco les llegan los dineros, por las mismas razones. En otras palabras, el despojo fue total.
Los famosos OCAD, convertidos en fortines burocráticos, han mostrado ineficiencia en los procesos de aprobación, contratación y ejecución de proyectos; ahora, no se sabe si la ineficiencia sea por estrategia. La negligencia o mala fe en el manejo de los pocos recursos que dejaron a las regiones es tan grave que a junio de 2013 solamente se había ejecutado el 0,9%, y a la misma fecha todavía quedaban pendientes muchos proyectos de 2012. Al Huila, desde que entró en vigencia este desdichado sistema solo le han aprobado 11 proyectos que aún no se han podido ejecutar. No hay derecho.
Pero miremos por qué no giran los recursos. Este Gobierno revivió los “auxilios parlamentarios” que abolió la Constitución del 91, y para tramitar los proyectos que ha llevado al Congreso y con el afán de buscar el apoyo de sus amigos congresistas para la aspiración reeleccionista del presidente Santos, los dineros de las regalías fueron convertidos en lo que hoy llaman “mermelada”; es decir, contratos que direccionan los congresistas. Muy pronto se hará la denuncia puntual. Por esa razón no hay plata para cumplir el mandato legal de entregarle a las regiones lo que les corresponde por concepto de regalías. O, mejor, lo poco que les dejaron.
Entonces, además de atacar la corrupción que se engendró con los dineros de las regalías, debe ser un propósito de todos revertir los efectos de las nocivas normas aquellas, a través de otra reforma desde luego, para recuperar unos recursos que son patrimonio de las regiones productoras, y de los cuales fueron despojadas.
Las entidades territoriales que tienen recursos naturales no renovables no pueden quedarse con los daños colaterales de su explotación y sin el producto de esa riqueza; ni el Gobierno central tiene el derecho del manejo abusivo de esos dineros que le corresponden a aquellas.
El Gobierno y su bancada de “unidad nacional” le han causado un grave daño al Huila por el cual tienen que responder. Y la dirigencia huilense, sin excepciones, tiene el compromiso de liderar el proceso de reparación de ese daño.
@emaciastovar