Opacado por el tráfago de noticias del malhadado proceso de paz de estos días, un acontecimiento de inusitada gravedad para Colombia ha pasado desapercibido: la decisión del presidente Santos de negociar un nuevo tratado con Nicaragua, para ajustarnos al fatídico fallo de La Haya.
Sinuoso como siempre, Santos lo ha disfrazado con la engañosa explicación de que se trata de defender “los derechos de los raizales”, cuando se trata simple y llanamente de aceptar el raponazo de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. ¿No hubiera sido la mejor defensa de los derechos conculcados de los isleños y de los colombianos todos, haber desacato el fallo? No hay que tener dos dedos de frente para entenderlo.
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega ha repetido ahora lo que había confesado desde hace más de un año: que en la posesión del presidente de México Peña Nieto, en diciembre de 2012, había convenido con Santos negociar un nuevo tratado en el cual supuestamente se aseguraran por Nicaragua los “derechos de los raizales” (como el de pesca), pero sobre la base del reconocimiento de las nuevas fronteras por parte de Colombia.
Santos ha callado sobre este compromiso entreguista que tan temprano pactó con Ortega: que los nicaragüenses permitan a regañadientes a los isleños pescar en aguas a cuya soberanía Colombia renuncia. Distrajo a la opinión mientras tanto con su tesis de la “inaplicabilidad” del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ganó unos meses preciosos con una demanda ante la Corte Constitucional cuyo dictamen final fue el esperado por Santos: que el fallo de La Haya de noviembre de 2012 no era aplicable mientras no se firmara un nuevo tratado, porque toca con los límites del país y su modificación, según la Carta Política, requiere la firma previa de un tratado. La Corte agregó, de su cosecha, que de todos modos Colombia debía acatar la disposición de la CIJ.
Exactamente lo que se apresta Colombia a cumplir a pie juntillas. En sus declaraciones a la prensa el presidente Santos ha indicado: “Creo que es el camino correcto porque no tenemos otro camino, y creo que ya es hora de dar los primeros pasos en esa dirección”. ¿Cómo que “no tenemos otro camino” que doblegarnos y entregar el extenso territorio marítimo? ¿Y la alternativa del desacato, que la mayoría de los colombianos reclamamos, no es “el camino correcto”?
Negociar un nuevo tratado implicará, de ello no nos cabe la menor duda, aceptar incluir las disposiciones del fallo de La Haya, y renunciar al paralelo 82 como línea básica para definir nuestros límites con Nicaragua, como lo estipuló el Tratado Esguerra-Bárcenas. No habrá otra alternativa. Así lo vienen explicando expertos y funcionarios nicaragüenses, quienes sostienen que su país no cederá un milímetro de los derechos que supuestamente les otorgó la CIJ. En cambio la Cancillería y los agentes de Colombia se concentran en hablar de los derechos de pesca, del patrullaje conjunto de esas aguas para combatir a los narcotraficantes, de la defensa de Seaflower y otras minucias, como objeto del tratado, encubriendo su contenido esencial: la aceptación del despojo.
Tal negociación, además de ese límite infranqueable que la atenazará -el fallo de 2012-, se desarrollará bajo otra presión inconveniente: la nueva demanda que Nicaragua presentó desde septiembre del año pasado ante la CIJ para extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, lo que significaría copar el mar hasta cerca de Cartagena. Involucrase en una discusión de un tratado bajo esas premisas es una desvergüenza e implica colocar al país en una situación insostenible. Tienen que existir otras turbias razones detrás de estos movimientos diplomáticos que justifiquen tan torpe aventura.
El expresidente Andrés Pastrana, en carta que dirigió al presidente Santos, ha manifestado su preocupación por la declaración de Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la CIJ, en el sentido de que el nuevo tratado tendría entre sus cometidos “crear algún tipo de confirmación del archipiélago y asegurar su supervivencia”, con lo cual pone en duda que el Archipiélago de San Andrés y Providencia sea de Colombia. Pastrana argumenta que inclusive el fallo de la CIJ de 2012 confirma la soberanía de Colombia sobre el mismo, de suerte que negociar sobre esa materia es abrir el campo a ceder aún más. En ese sentido interroga al Presidente y a la Canciller. Talvez ignoraba Pastrana que en la declaración de la Cancillería que informa de la apertura de negociaciones con Nicaragua, y explica la directiva presidencial en ese sentido, se hace exactamente la misma afirmación de Arrieta sobre el archipiélago.
Semejante drama para el país no podía dejar de tener algunos ribetes de comedia. Con el ánimo de ganar a los isleños para su causa Santos los visitó hace unos días y les prometió –como tantas otras veces- el oro y el moro. Pero se destaca entre las carnadas que les lanzó, otorgar una curul más en el Congreso a los raizales, para lo cual no dudó en proponer raparla a los colombianos en el exterior. Ya en el parlamento, dentro de la colcha de retazos del proyecto de reforma conocido como “equilibrio de poderes” se incluyó la estrafalaria propuesta.
Este noviembre ha sido trágico para Colombia. Celebramos dos años de negociaciones con las Farc en medios de secuestros y atentados que ha conmocionado a la opinión. Y celebramos dos años del fallo de la Haya con la apertura de negociaciones para aplicarlo sin atenuantes. Ambos procesos seguramente no están desligados. ¿Dónde encontrar la explicación de una iniciativa tan absurda como la de negociar un nuevo tratado con Nicaragua si no es para ambientar en el eje castro-chavista la concreción del acuerdo de “paz” con las Farc? Aunque para el país las dos son entregas inicuas –de soberanía sobre el mar una, de soberanía interna otra-, para Santos significará coronar su obra magna, que le labre el camino para el Nobel. Qué desgracia.