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SI REFERENDO NO ES APROBADO, EL PAÍS LE QUEDARÁ MAL A LOS PENSIONADOS

Bogotá, 18 ene (cne). De no aprobarse el texto del Referendo, el Gobierno Nacional no podrá pagar, en un mediano plazo, las pensiones de los trabajadores del país.

La advertencia la hizo hoy el presidente Álvaro Uribe Vélez, durante el XIV Consejo Comunal de Gobierno del Tolima. Indicó que actualmente por cada peso que produce el país, el Gobierno necesita casi dos y medio pesos para pagar las pensiones de los jubilados.

“Al ritmo que vamos, el país le va a quedar mal a los pensionados. Acá hay que salvar la posibilidad de pagar las pensiones”, reiteró el Presidente.

Por esta razón -explicó Uribe Vélez- el punto 8 del Referendo propone eliminar los regímenes privilegiados de pensiones que existen en varias empresas y entidades del Estado como Telecom y Ecopetrol.

Además de la supresión del sistema que cobija a los miembros del Congreso y el Presidente de la República, quien a partir de la aprobación del Referendo sólo se jubilará cuando cumpla con los requisitos que exige la ley a cualquier colombiano para que pueda pensionarse.

“En este tema hay que dar ejemplo. Yo seré el primer ex presidente que tendrá que someterse al régimen ordinario de pensiones”, indicó.

Uribe Vélez argumentó que la situación fiscal del país es difícil y es necesario implementar medidas –como las contempladas en el Referendo- que permitan reducir los altos costos de funcionamiento del Estado y reorientar los recursos hacia la reactivación social y económica.

“Les voy a pedir a los colombianos en todas partes, con todo respeto y apelando solamente a los argumentos, que estudien muy bien el Referendo, que no es la solución a todos los problemas del país, pero sí es un paso en la dirección correcta”, indicó.

Finalmente el Jefe de Estado explicó que el Referendo también le permitirá al Estado obtener recursos que serán destinados a la educación, la salud y el saneamiento básico.

Dijo que los dineros producto de la eliminación de las contralorías y las personerías los destinará el Gobierno a mejorar la educación en cada uno de los municipios y departamentos del país.

Aseguró que las contralorías y personerías implican altos costos de funcionamiento para el erario público, como es el caso de la Personería de Bogotá que cuesta 55 mil millones de pesos, lo equivalente a una reforma tributaria para la ciudad.