Una de las conductas más peligrosas que puede asumir cualquier sociedad es la del pacifismo a ultranza, una respuesta que pretende solucionar la violencia enterrando la cabeza y haciendo ojos ciegos a una realidad inocultable, como son los peligros que se ciernen sobre un país y sus gentes cuando se quiere ignorar la existencia de enemigos.
Precisamente, son las gentes del común, con su ingenuidad y bonhomía naturales, las que facilitan esa conducta al dejarse poner anteojeras con llamados propagandísticos al amor, al perdón, a la amistad, a la tolerancia. En su búsqueda incesante del mayor bienestar posible, los seres humanos suelen ser vulnerables y caer fácilmente en manipulaciones como esos cantos de sirena que pretenden convencernos de que un bien supremo como el de la paz puede alcanzarse arrodillándose ante el verdugo.
Es por ese aprovechamiento de la docilidad de las masas, convertidas en una manada de borregos, que la campaña ‘Soy capaz’ es una maniobra del Gobierno para ganar el favor de los colombianos. Y señalo al Gobierno porque hay que ser muy ingenuo para creer que esa campaña es una iniciativa de origen privado cuando esta ha sido lanzada por la Andi, que dejó de ser un gremio independiente para convertirse en un validador de las políticas gubernamentales bajo la dirección de uno de los más cercanos hombres del presidente Santos como es Bruce Mac Master.
Incluso, ni siquiera es una campaña nueva sino la segunda parte de la que fuera lanzada en 2013 con el lema ‘Mi aporte es creer’, cuya misión también consistía en ambientar, entre los colombianos, la negociación con las Farc en La Habana. La única diferencia entre ambas es que la primera era de declarado origen gubernamental mientras que la última se ha pretendido adornar con el cuento de que se trata de una iniciativa de la sociedad civil.
Además, estas campañas guardan ciertas semejanzas con la recordada iniciativa de las palomitas de la paz que miles de colombianos pintaron en el gobierno de Belisario Betancur, confiando en que la paz se conseguiría con el deseo y las buenas intenciones, o, como hoy, que basta con que la sociedad civil se vuelva tolerante y abandone todas las expresiones de violencia para alcanzar esa conquista.
Sin embargo, acierta de lleno el analista Eduardo Mackenzie al afirmar que la campaña se equivocó de destinatario. Es que no son los colombianos del común los que tienen que ser ‘capaces’ de algún sacrificio para firmar un papel con las guerrillas; es a aquellas a las que hay que preguntarles de qué son capaces en pos de su desmovilización y reintegración a la sociedad.
Pero no se trata de un desliz. Es que la campaña ha sido creada en consonancia con esas afirmaciones obtusas que las Farc han venido haciendo desde Cuba y que dinamitan la fe de los colombianos en ese sainete: “No hemos hecho sufrir a nadie”, “Somos víctimas, no victimarios”, “Las víctimas lo son es del conflicto” y muchas más por el estilo. De ahí que lo que esta campaña insinúa es que los colombianos en general son los responsables de la violencia de las Farc y que es la sociedad la que debe cambiar para alcanzar la concordia.
¿Y cambiar hacia dónde? La mayoría de las muertes violentas en Colombia son producto de la violencia cotidiana: las riñas callejeras, las venganzas personales, los atracos y demás. El país daría un giro muy positivo con solo mejorar esa realidad pero, aun así, muchos despistados seguirían diciendo que “estamos en guerra” solo porque se combate a organizaciones terroristas como las Farc. De hecho, tenemos una cifra anual de asesinatos que ronda los 15.000 mientras que la de Venezuela bordea los 25.000. Y eso que la población colombiana es 35% mayor que la venezolana: 47 millones de habitantes acá y 30 millones allá. Es decir, en números redondos, Colombia tiene una tasa de 32 asesinatos por cada 100.000 habitantes, en tanto que la de Venezuela es de 83,3 asesinatos por cada 100.000. O sea, más del doble de la nuestra; luego, ¿quién está en “guerra”, Colombia o Venezuela? Y eso que Venezuela es solo un ejemplo, podríamos mencionar en su lugar a muchos otros países de la región.
La verdad es que todo el discurso profarc busca convencer a los ingenuos de que todos somos culpables de todo, de que las Farc y el Eln merecen reintegrarse en condiciones ventajosas y que para que nada de esto vuelva a suceder hay que abrazar el socialismo del siglo XXI, que es hacia donde nos quieren dirigir hasta con la participación de las principales empresas del país. ¿Será que por andar haciendo dinero, sus directivos no conocen aquella frase atribuida a Lenin que dice que ‘los capitalistas nos venderán las sogas con las que los ahorcaremos’? Ni viendo lo que pasa en Venezuela, aprenden.
Un caso paradigmático de toda esta manipulación, es el spot publicitario de la Fundación Social, grupo empresarial al que pertenecen Colmena y el Banco Caja Social, y que pertenece a la comunidad de los Jesuitas, la cual tiene una rama claramente profariana de la que hacen parte el Cinep, el sacerdote Javier Giraldo y otros. Un aparte del comercial, dice: “Soy capaz de abrir los ojos y ver que si seguimos declarando la guerra, descalificando y anulando a quienes piensan distinto, en vez de entenderlos e incluirlos, no vamos a alcanzar la verdadera paz”.
No seamos ingenuos, combatir delincuentes y terroristas no es declarar ninguna guerra, es acatar una obligación constitucional, es mantener el Estado de derecho, es cumplir el pacto social: proteger la vida, honra y bienes de las personas. Y quienes secuestran, torturan, asesinan y demás, no son personas que “piensan distinto” y a las que se deba “entenderlos e incluirlos”. No seamos tan majaderos, seamos verticales y rechacemos con toda contundencia estas abyecciones. No hay derecho a tanto manoseo infame para entregarles el país a una horda de asesinos. Esa no es la paz que anhelamos y en la que hay que “creer”. Yo tampoco soy capaz.