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Terroristas podrán hacer política

El presidente Juan Manuel Santos declaró que los guerrilleros condenados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad podrán ser candidatos en elecciones e intervenir en política libremente y que ese punto deberá hacer parte del “acto legislativo por la paz” que empezará a ser discutido en el Congreso de Colombia a partir de marzo de 2016.

 

En declaraciones a una radio de Bogotá, Santos reveló que la versión inicial del “acto legislativo para la paz” será modificada para permitir que los guerrilleros que hayan cometido crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad puedan elegir y ser elegidos y puedan participar en política, una vez se firme la paz con las Farc. Meses antes Santos mismo había prometido lo contrario, que los jefes narco terroristas no podrían participar en política una vez se firmara la paz. Pues la opinión pública, según todos los sondeos, y la oposición parlamentaria, rechazan que los crímenes de los jefes guerrilleros queden impunes y que tales personajes sean amnistiados y queden en libertad de elegir y ser elegidos y participar en política.

 

Al cambiar de orientación, Santos precisó que “el proceso [de paz] determinará si un guerrillero acusado por crímenes de lesa humanidad puede hacer política”, pues, actualmente, según la Constitución colombiana, las personas condenadas por crímenes atroces no tienen la posibilidad de hacer política. “Pero el proceso [de paz] se hace para que ellos [los criminales] sí puedan hacer política”, insistió. De esa manera Santos confirmó que el llamado “proceso de paz” significa una demolición parcial o total de la Constitución colombiana. Y que el pretendido “acto legislativo por la paz” nacerá muerto pues será aprobado violando expresamente la legislación penal internacional de derechos humanos.

 

Los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia, que tienen, por ello, jerarquía constitucional, indican, en efecto, que las penas o procesos penales por los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra “no pueden ser objeto de amnistías, indultos o conmutaciones de pena”.

 

El jefe de Estado colombiano estima, en efecto, que Colombia podrá pasar por encima de la realidad jurídica internacional que persigue sin límite de tiempo a los criminales de guerra y a los criminales de lesa humanidad. Más precisamente: la Corte Penal Internacional es competente para juzgar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y el crimen de agresión.

 

Colombia es signataria de tratados internacionales que consagran las normas de derecho internacional citadas. Pese a ello, Santos estima que, si el Congreso de Colombia le otorga las “facultades especiales” que él ha pedido, los terroristas serán favorecidos con tales derogaciones. Otra posibilidad, según Santos, es que el Congreso mismo “tome esa decisión a través del acto legislativo”. Por voluntad de Santos, quien en eso recibe el respaldo total de las Farc, Colombia podrá elegir dentro de unos pocos meses congresistas, gobernadores, alcaldes y hasta presidentes de la República sin ningún tipo de límite, es decir que tales cargos podrán ser desempeñados por ex secuestradores, ex violadores, ex asesinos, ex terroristas y ex narcotraficantes.

 

Otro punto que desató una ola de inconformidad con el llamado “proceso de paz” es el de la conformación de una “justicia especial” que incluiría un “tribunal para la paz” integrado por jueces designados por el gobierno de Santos y por los jefes de las Farc. Las Farc elegirían así la mitad de los jueces que juzgarían a los jefes criminales.

 

Ante las masivas protestas que desató esa grotesca iniciativa, Santos cambió de discurso. Ahora hace saber que los magistrados del “tribunal para la paz” no serán escogidos por los jefes de las Farc. “No van a ser las Farc las que van a nominar a los magistrados. Estamos buscando algún tercero que tenga la legitimidad, credibilidad suficiente para poder escoger y nominar a esos magistrados que serán de las mejores calidades”. Santos indicó que esos jueces podrán ser nacionales y extranjeros.

 

Los más suspicaces inmediatamente replicaron que esos jueces, a pesar de las nuevas frases de Santos, sí podrían quedar bajo la influencia de las Farc si el “tercero” que Santos menciona como el eventual “nominador” es un simpatizante de las Farc.

 

Esos son pues los “progresos” que, en el lenguaje de Santos, está haciendo el curioso “proceso de paz”, proceso que millones de colombianos interpretan, por el contrario, como una marcha absurda hacia la asombrosa rendición del Estado ante las pretensiones revolucionarias de las Farc, a pesar de que esa organización narco terrorista, la más peligrosa del continente americano, había sido derrotada y desmantelada parcialmente por las Fuerzas militares y de Policía de Colombia en 2010.