Una reforma saludable

Por: Libardo Botero C.
Blog Debate Nacional, Medellín
http://debatenacionalconaltura.blogspot.com/
Martes, 8 de Febrero de 2010

Ante los decretos de la emergencia social para atender la crisis del sistema de salud observamos el contraste entre una legión de críticos que se han ido lanza en ristre contra ellos, movidos más que nada por un afán oposicionista con claro tinte electoral, y por otro lado la actitud responsable del gobierno, dispuesto a encarar la situación aún a sabiendas de los riesgos que entrañaba en un ambiente caldeado por la cercanía de los comicios. Hubiera esperado unos meses por cálculo electoral, aún a riesgo de sumir en la quiebra no pocos hospitales, pero primó en él la responsabilidad a la hora de decidir.

No es de poca monta el problema. Sus causas encajan dentro de lo que los exegetas consideran hechos “sobrevinientes”, es decir, imprevistos, que colocaron al sistema de salud en peligro, sin que hubieran podido preverse fácilmente por las autoridades, para adoptar medidas preventivas con tiempo.

Paradójicamente fue nuestro sistema judicial el propiciador de los severos desajustes, como veremos, el mismo que –a través de la Corte Constitucional- habrá de fallar sobre la validez de la emergencia.

El primer desajuste nace de la multiplicación exponencial de los tratamientos y medicamentos no cubiertos por el plan obligatorio de salud (POS), conocidos como No POS, ordenados por jueces a través de fallos de tutelas. Se han disparado en los dos últimos años, afectando a la vez las finanzas del régimen contributivo y las de los departamentos, que sufren el impacto de los extracostos en el régimen subsididado. El déficit se está acercando a dos billones de pesos, casi la mitad de los cuales pesaba sobre los fiscos departamentales. De ahí la preocupación de los gobernadores, que acompañaron al gobierno central en la búsqueda de salidas.

El segundo hueco se genera por la determinación de la Corte Constitucional, hace como año y medio, de igualar al POS del régimen contributivo el del subsidiado (que es menor). Además, se ha hecho indispensable, por obsoleto, revisar el mismo POS. Cumplir esas metas no es solo un imperativo legal, sino de equidad social. Pero dadas las limitaciones económicas del país, cualquiera esperaría que su adopción fuera gradual. No es solo un asunto de derechos y de justicia, es también de recursos, de respaldo fiscal. Fedesarrollo calcula que la unificación de los POS costará unos cinco billones de pesos, cifra respetable cuya consecución pondrá a prueba al erario público en los años por venir.

Pues bien, el gobierno ha adoptado, después de mucho debatir con gobernadores, expertos, gremios de la salud, ministerios, unas medidas de fondo para encarar el reto. De una parte se ha acudido a elevar algunos gravámenes (y facilitar la creación de otros), a licores, cigarrillos, actividades de juego y azar, que fortalecerán las finanzas departamentales y nacionales. Tuvo el cuidado el ejecutivo, como se sabe, de no afectar la canasta familiar. Y de otro lado, adoptó medidas tendientes a racionalizar algunos aspectos institucionales y operativos del sistema de salud, con el objetivo de aliviar las cargas económicas.

La mayor parte de las críticas a la reforma ocultan la realidad descrita, y de manera demagógica le atribuyen disposiciones y efectos no contemplados, o centran las objeciones en normas subsidiarias que, en la medida en que se ha ido detectando que pudieran tener efectos dañinos se han ido corrigiendo en los decretos reglamentarios. Como la autonomía de los médicos, el porcentaje de contratación con la red pública, la utilización de las cesantías para pagar parte de procedimientos no contemplados en el POS (“excepcionales”), etc.

Ahora se quiere olvidar la gran revolución de los últimos años, que acerca el país a la cobertura universal: pasamos en menos de ocho años de 12 a 18 millones de afiliados al régimen contributivo, y de 11 a 23 millones en el subsidiado, para 41 millones asegurados, de una población de 45 millones. Falta sin duda mejorar la calidad y oportunidad del servicio, pero el salto ha sido enorme.

Valdría la pena preguntarles, sobre todo a los candidatos al Congreso o a la Presidencia: ¿Derogarían las medidas básicas adoptadas en la emergencia social? ¿Qué otras medidas adoptarían para llenar el monumental faltante de varios billones de pesos?

¿Quiénes son los que realmente juegan con la salud de los colombianos? Vistas las cosas en su conjunto, sin apasionamientos ni sectarismo, y sin negar errores o falencias que se han corregido o pueden enmendarse, la emergencia ha producido una reforma saludable.