En su edición más reciente, la revista Semana dedica un espacio destacado a analizar las relaciones entre el presidente y el expresidente, para lo cual acuden, incluso, a recordar históricas rivalidades del pasado. Desde luego, es muy difícil ser exhaustivo en esos empeños.
Pero, lo cierto es que los analistas dejaron por fuera temas que, en el sentir de muchos, son los que verdaderamente le importan al país.
¿Qué es lo que interesa en realidad a los colombianos? ¿La atención se dirige a imaginar si Santos y Uribe se sentarán algún día a tomar café? ¿O lo que suscita preocupación es la posibilidad de que haya un acuerdo entre los dos para hacer frente común a las arrogantes pretensiones de las Farc?
Con independencia de la expectativa que pueda existir alrededor de lo primero para alimentar la tradicional comidilla de pasillos, lo básico tiene que ver con la segunda pregunta.
Para estudiar un escenario hipotético, es necesario formular un nuevo interrogante: ¿Uribe y Santos están en desacuerdo en todo, o existen asuntos sobre los cuales hay acuerdos implícitos o coincidencias básicas?
Las diferencias entre los dos son muy grandes, por supuesto. Ellas se desprenden de su origen, de la aproximación que tienen a lo que debe ser la lucha política, de la historia reciente de sus relaciones, del estilo de cada quien, de sus convicciones, entre otros.
No obstante, tanto el uno como el otro han tenido y tienen responsabilidades superiores con la democracia colombiana. Y en los tiempos que corren, además de que el objetivo de las Farc consiste, en la práctica, en imponer en las conversaciones lo que han buscado implantar mediante el terrorismo, surgen temas que ameritan un rechazo nacional contundente a la posición de esa organización.
Uno de ellos es el relacionado con el difícil equilibrio entre la justicia y la paz. Los herederos de ‘Tirofijo’ quieren que la comunidad nacional e internacional les acepten la tesis de que no son victimarios sino víctimas, razón por la cual las leyes internas y el Estatuto de Roma, lo mismo que otros instrumentos globales, son ‘maleza jurídica’ que debe ser erradicada. En resumen, están en la búsqueda de que se les garantice la impunidad total.
Como esta posición es inaceptable y sometería un acuerdo que se hiciera en esas condiciones a una inseguridad jurídica y política inevitable, surge en este punto otra incógnita:
No obstante que entre Uribe y Santos se han presentado diferencias de fondo en el debate público acerca de la impunidad, ¿será posible discutir y acordar una posición nacional que le deje claro a las Farc qué es lo que piensa y quiere la inmensa mayoría del país en materia tan delicada?
A nadie escapa que la respuesta es bien difícil. Sin embargo, tratándose de algo fundamental para Colombia, no hay ninguna razón para dejar de hacer la pregunta.